Estados Unidos será sede esta semana de dos citas económicas de alcance global. La primera es el simposio de política económica organizado por la Reserva Federal de Kansas City en Jackson Lake Lodge, Wyoming, que se celebra del jueves 27 al sábado 29 de agosto bajo el tema de la innovación financiera y sus implicaciones para los pagos y la política monetaria, con la asistencia de autoridades de más de setenta países.

El foco principal está en el discurso central de Kevin Warsh, previsto para la mañana del viernes 28 y que será su primera intervención en Jackson Hole desde que asumió la presidencia de la Reserva Federal el 22 de mayo de 2026. Warsh ha reducido de manera deliberada la orientación anticipada que la Fed solía ofrecer a los mercados. La tasa de política monetaria se mantiene en el rango de 3,50% a 3,75%, tras una votación de nueve contra tres en la reunión del 29 de julio, en la que tres presidentes de bancos regionales se pronunciaron por un alza. La próxima decisión del Comité Federal de Mercado Abierto está prevista para el 16 de septiembre.

La segunda cita es la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20, que se celebrará en Asheville, Carolina del Norte, presidida por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en el marco de la presidencia estadounidense del grupo. Según informó el Tesoro, la agenda incluye la modernización de la regulación financiera, los desequilibrios macroeconómicos globales, la transparencia y reestructuración de deuda, los activos digitales, los sistemas de pagos transfronterizos, el fraude financiero y la educación financiera. La cumbre de mandatarios está programada para el 14 de diciembre en Miami.

Ambos encuentros se producen en un momento marcado por el creciente volumen e intereses de la deuda estadounidense, el bloqueo persistente en el estrecho de Ormuz y los desafíos que plantea la fragmentación financiera global, según reportó la agencia EFE.

Para las empresas colombianas, lo que se defina en estas dos citas incide directamente sobre el costo del financiamiento en dólares, las condiciones de refinanciación de deuda corporativa y la volatilidad de la tasa de cambio. La combinación de una comunicación menos anticipada por parte de la Reserva Federal y de un debate abierto sobre la deuda soberana estadounidense sugiere que conviene revisar los supuestos de tasa y de cobertura cambiaria en los presupuestos del último trimestre.

El índice compuesto preliminar de gerentes de compras elaborado por S&P Global para Estados Unidos subió a 56 puntos en agosto, la lectura más alta desde abril de 2022, según datos publicados el viernes y reportados por Bloomberg Línea. Las lecturas superiores a 50 puntos indican expansión de la actividad.

Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence, señaló en un comunicado que la actividad empresarial estadounidense atraviesa un momento de auge y que las empresas registran el crecimiento de producción más rápido en más de cuatro años. El avance estuvo impulsado por una mayor demanda y por perspectivas más optimistas, que a su vez alentaron una oleada de contrataciones.

El dato contrasta con el entorno de tensiones comerciales y de incertidumbre geopolítica que ha marcado el año. En paralelo, los bonos del Tesoro cerraron una semana volátil mientras los inversionistas evalúan hasta dónde puede llegar el Tesoro para contener los rendimientos, un debate que llega a Jackson Hole en los próximos días.

Una demanda estadounidense más dinámica es una señal favorable para los exportadores colombianos con presencia en ese mercado, particularmente en agroindustria, alimentos procesados, confección y servicios. No obstante, la coincidencia entre expansión de la actividad y presión sobre los rendimientos de la deuda mantiene abierta la posibilidad de condiciones monetarias más restrictivas, lo que aconseja moderar los supuestos de costo financiero para el cierre del año.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, defendió el domingo el memorando de entendimiento suscrito con Estados Unidos y lo describió como la mejor vía para que su país supere lo que calificó como una situación de ni guerra ni paz. En un discurso difundido por la agencia estatal IRNA, el mandatario afirmó que los miembros del Consejo Supremo de Seguridad Nacional consideran que el documento representa el mejor acuerdo posible en términos de dignidad, prudencia e interés nacional.

Pezeshkian sostuvo que ninguna disposición del acuerdo equivale a una capitulación y añadió que el líder supremo fija las políticas y que el Gobierno seguirá ese camino. El memorando, firmado por el presidente Donald Trump en junio, establecía un plazo de sesenta días para poner fin a la guerra y alcanzar un entendimiento sobre el programa nuclear iraní. Ese plazo venció la semana pasada sin que las partes lograran acercar posiciones.

Uno de los principales puntos de desacuerdo continúa siendo la reapertura del estrecho de Ormuz, ruta esencial para el transporte marítimo internacional. Pezeshkian vinculó además la salida del conflicto con las perspectivas económicas de su país y sostuvo que Irán no puede atraer inversión en la fase actual, al afirmar que el capital es extremadamente sensible al riesgo y que ese riesgo debe eliminarse.

Tras casi seis meses de guerra con Estados Unidos e Israel, la economía iraní opera bajo sanciones y un bloqueo naval, con dificultades para exportar petróleo, según los reportes de AP y de medios internacionales que recogieron el discurso.

El punto de mayor incidencia para las empresas colombianas es el estrecho de Ormuz. Mientras el bloqueo persista, la prima de riesgo sobre el crudo y sobre los fletes marítimos se mantiene elevada, con efectos sobre los costos de combustible, de transporte internacional y de insumos petroquímicos. Un eventual desbloqueo tendría el efecto contrario y merece seguimiento en los modelos de costos.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, tiene previsto anunciar este lunes nuevas medidas contra Irán, después de que Estados Unidos se comprometiera a aplicar un nivel de guerra económica y aislamiento sin precedentes contra Teherán, según reportó The Associated Press.

El anuncio llegaría en paralelo a un endurecimiento del discurso iraní. El nuevo responsable del principal órgano de seguridad de la República Islámica adoptó una postura más desafiante y advirtió que habrá represalias si los países vecinos se suman a las amenazas estadounidenses de ampliar las sanciones contra Teherán, de acuerdo con la misma fuente.

También para el lunes está prevista la llegada a Teherán del jefe del Ejército de Pakistán, según reportaron medios iraníes citados por AP, en el marco de los esfuerzos de mediación para reactivar las conversaciones entre las partes.

Las empresas con operaciones internacionales deben anticipar una posible ampliación del perímetro de las designaciones y de las obligaciones de debida diligencia asociadas, en particular en transporte marítimo, seguros, comercio de hidrocarburos y servicios financieros vinculados a esas cadenas. Conviene revisar los procedimientos de tamizaje de contrapartes antes de que las medidas se hagan públicas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro sancionó a ocho personas y siete compañías con sede en Ecuador, a las que vincula con una red que presuntamente traslada miles de kilogramos de cocaína cada mes desde Suramérica hacia México, con destino final al mercado estadounidense. La medida también identificó como bloqueadas diez embarcaciones pesqueras ecuatorianas.

Según el comunicado del Tesoro, los bienes de las personas y entidades designadas quedan bloqueados en Estados Unidos y los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido entablar negocios con ellas. Las autoridades sostienen que la red opera mediante barcos pesqueros que cargan y ocultan la droga en lanchas rápidas desplegadas en el océano Pacífico.

El Gobierno estadounidense atribuye a los designados presuntos vínculos con Los Choneros y Los Lobos, dos de las principales organizaciones criminales ecuatorianas, designadas como organizaciones terroristas extranjeras por Washington en septiembre de 2025. Según el reporte oficial, los cargamentos ingresaban a México por conducto del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis L. Donovan, destacó la medida en un mensaje difundido por esa instancia, en el que se refirió a la designación de individuos que, según afirmó, operan bajo la apariencia de empresas pesqueras legítimas.

La designación de embarcaciones y de empresas del sector pesquero eleva el estándar de debida diligencia para las compañías colombianas con operaciones logísticas, de comercio exterior o de servicios marítimos en la cuenca del Pacífico. La verificación de contrapartes, armadores y embarcaciones frente a las listas de la OFAC deja de ser un trámite formal y pasa a ser un control operativo.

Actores políticos, sindicales y sociales de Canadá respaldaron este domingo a su primer ministro, Mark Carney, y su decisión de no ceder ante Estados Unidos, ante la perspectiva de una confrontación comercial prolongada con su vecino del sur, según reportó la agencia EFE desde Washington y Toronto. Desde los principales medios nacionales hasta los primeros ministros provinciales y las organizaciones sindicales respaldaron la negativa de Carney a aceptar un acuerdo que, según explicó el sábado, amenazaba la soberanía canadiense, habría limitado la capacidad del país para negociar tratados con terceros y perjudicaba a sectores estratégicos como el automotriz.

El respaldo cruzó las líneas partidistas. El líder conservador Pierre Poilievre, habitualmente crítico con el Gobierno, sostuvo que Canadá no podía aceptar un mal acuerdo y reclamó unidad nacional frente a los aranceles estadounidenses. La principal excepción fue la primera ministra de Alberta, Danielle Smith, quien respaldó el abandono de las negociaciones, pero cuestionó la respuesta arancelaria canadiense. En el frente sindical, Unifor, el mayor sindicato del sector privado del país y con fuerte presencia en la industria automotriz, afirmó que los negociadores actuaron correctamente al retirarse de la mesa y pidió represalias de carácter estratégico.

Los aranceles estadounidenses del 50% vigentes desde la medianoche del sábado, recaen sobre unos 28.000 millones de dólares canadienses en exportaciones, equivalentes a cerca de 20.000 millones de dólares estadounidenses, concentradas principalmente en manufacturas. Ottawa confirmó represalias dólar por dólar a partir del 8 de septiembre. El Royal Bank of Canada estima que las nuevas tarifas pueden restar alrededor de cuatro décimas al producto interno bruto canadiense, y ubica entre los sectores más expuestos a la electrónica, los textiles, los muebles, la madera y el papel.

El presidente Donald Trump guardó silencio durante el sábado, pero en la madrugada del domingo volvió a referirse a lo que ha calificado como discriminación continua y trato desigual al comercio estadounidense por parte de Ottawa. En su red Truth Social escribió que "Canadá quiere los beneficios de ser un estado, sin serlo" y añadió que el país impuso durante años aranceles elevados a los agricultores estadounidenses. Un día antes, el representante comercial Jamieson Greer había declarado a Fox News que no hay nuevas conversaciones previstas con los canadienses y describió las medidas como contramedidas frente a un año de represalias. Según reportó AFP, la administración advirtió este domingo que Canadá enfrentaría un impacto devastador si sostiene la confrontación.

Las críticas también surgieron dentro de Estados Unidos. Los gobernadores demócratas Gavin Newsom, de California, y Abigail Spanberger, de Virginia, cuestionaron la imposición de aranceles a un socio comercial clave y aliado histórico, y advirtieron sobre el efecto negativo de una guerra comercial para los productores estadounidenses. El exvicepresidente Mike Pence señaló este domingo a CNN que la disputa plantea nuevos riesgos para la primera economía mundial en un momento en que los consumidores estadounidenses ya enfrentan costos elevados.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas informó a comienzos de agosto que esperaba que todos sus oficiales y agentes en el terreno estuvieran equipados con cámara corporal para finales de mes, un plazo que se cumple esta semana. La expansión podría aportar un registro visual sin precedentes de las operaciones federales de control migratorio.

El director interino de la agencia, David J. Venturella, afirmó que ICE está comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas y que el despliegue avanzaba antes de lo previsto. A mediados de julio, el Departamento de Seguridad Nacional había informado que las cámaras se habían distribuido en más de la mitad de las oficinas de campo y que el resto las recibiría dentro de los sesenta días siguientes. El Congreso asignó veinte millones de dólares en el presupuesto del año fiscal 2026 para adquirir, desplegar y operar estos equipos.

La difusión pública de las grabaciones, sin embargo, seguirá dependiendo en gran medida de la propia agencia. ICE defendió su política ante preguntas sobre disposiciones que permiten a la dirección retener o aplazar indefinidamente la divulgación de imágenes tras lesiones graves o muertes bajo custodia. Venturella sostuvo que esas restricciones buscan proteger las investigaciones y la privacidad, que se ajustan a la legislación federal y que son congruentes con las políticas de otros organismos federales de seguridad.

Venturella afirmó además que The Associated Press tergiversó la política al confundir una disposición específica con la autoridad más amplia de la agencia para divulgar imágenes. La agencia de noticias respondió que su reporte no sostuvo que esa disposición rigiera todas las divulgaciones, sino que se centró en la política aplicable a los encuentros con lesiones graves o muerte. Christopher Schneider, profesor de sociología de la Universidad de Brandon, en Canadá, señaló a AP que las divulgaciones selectivas son habituales en algunas agencias policiales, aunque no suelen quedar contempladas de forma tan explícita en la política escrita.

El presidente Donald Trump se negó a descartar la posibilidad de declarar una emergencia de seguridad nacional vinculada con las elecciones intermedias de noviembre, durante una entrevista en Real America’s Voice recogida por CNN. El comentarista Wayne Allyn Root planteó ese escenario como alternativa ante el estancamiento en el Senado del proyecto electoral conocido como SAVE America Act.

Root sostuvo durante la entrevista que esa vía permitiría establecer requisitos como la identificación con fotografía, la prueba de ciudadanía para el registro electoral y límites al voto por correo. Trump no confirmó que fuera a adoptar esa medida ni especificó qué autoridad legal invocaría, y se limitó a responder de forma ambigua que han sucedido cosas más extrañas.

La administración de las elecciones corresponde tradicionalmente a los gobiernos estatales y locales. Según los análisis citados por CNN, no está claro que una declaración de ese tipo pudiera modificar por sí sola las reglas electorales. El punto de seguimiento inmediato será el trámite del proyecto en el Senado y si la Casa Blanca convierte la posibilidad mencionada en una propuesta formal.

Los comentarios se producen en la antesala de unas elecciones intermedias en las que se renovarán escaños del Congreso y que definirán el control de ambas cámaras durante la segunda mitad del mandato presidencial.