La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Office of Foreign Assets Control, OFAC) publicó este lunes las Licencias Generales 46E, 48D y 49B, que sustituyen respectivamente a las versiones 46D, 48C y 49A. Las tres autorizaciones cubren distintos eslabones de las actividades de petróleo, gas, petroquímica y electricidad en Venezuela, desde la comercialización de crudo hasta el suministro de equipos y la preparación de nuevas inversiones.

La Licencia General 46E autoriza a determinadas empresas estadounidenses a realizar operaciones relacionadas con petróleo de origen venezolano, incluidas actividades de levantamiento, exportación, reexportación, venta, almacenamiento, comercialización, compra, entrega, transporte y refinación. También contempla productos petroquímicos venezolanos destinados a Estados Unidos y permite servicios asociados, como fletamento de buques, seguros marítimos y utilización de puertos y terminales. La autorización se limita a entidades constituidas en Estados Unidos a más tardar el 29 de enero de 2025.

Para esas operaciones, los contratos celebrados con el Gobierno venezolano, Petróleos de Venezuela (PdVSA) o entidades controladas en al menos 50% por la petrolera estatal deben establecer que cualquier procedimiento de resolución de disputas tenga lugar en Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Singapur. Los pagos monetarios a personas bloqueadas, salvo impuestos, permisos y tasas locales, deberán dirigirse a los Foreign Government Deposit Funds establecidos por el Tesoro o a otra cuenta que esa institución determine.

La 46E también establece requisitos de información para las ventas de petróleo venezolano cuyo destino final sea un país distinto de Estados Unidos. Quienes realicen estas operaciones deberán reportar al Departamento de Estado y al Departamento de Energía las partes involucradas, cantidades, valores, destino final, fechas y pagos realizados al Gobierno venezolano; el primer reporte deberá presentarse diez días después de la operación inicial y posteriormente cada 90 días mientras continúen las transacciones. 

La Licencia General 48D, por su parte, autoriza el suministro desde Estados Unidos o por personas estadounidenses de bienes, tecnología, software y servicios necesarios para explorar, desarrollar o producir petróleo, gas y productos petroquímicos en Venezuela. También incluye actividades destinadas a generación, transmisión, almacenamiento y distribución de electricidad, así como mantenimiento, reparación y reacondicionamiento de equipos utilizados en estos sectores.  

 

Esta licencia no permite, sin embargo, crear nuevas empresas conjuntas u otras entidades en Venezuela para desarrollar esas actividades, ni autoriza la exportación o reexportación de diluyentes al país. Tampoco permite pagos en oro, canjes de deuda o monedas digitales emitidas por el Gobierno venezolano, e impone obligaciones de reporte similares sobre bienes, tecnología, software y servicios suministrados, incluidos sus valores y los pagos efectuados al Gobierno.  

La Licencia General 49B cubre una etapa diferente: permite negociar y suscribir contratos contingentes para nuevas inversiones en petróleo, gas, productos petroquímicos y electricidad. Estos acuerdos pueden abarcar nuevos proyectos de exploración, desarrollo o producción, ampliación de operaciones existentes, nuevas actividades de generación y transmisión eléctrica e incluso la creación de nuevas empresas conjuntas. También quedan autorizados pasos preparatorios como evaluaciones comerciales, legales, técnicas, ambientales y de seguridad, pero la ejecución de los contratos requiere una autorización separada de OFAC.   

Las tres licencias mantienen restricciones frente a determinadas operaciones relacionadas con Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba, mientras que las condiciones respecto a China varían según cada autorización. Además, OFAC incorporó expresamente dentro del concepto de productos petroquímicos a fertilizantes y sus precursores, con anexos que incluyen, entre otros, azufre, roca fosfórica, ácido sulfúrico, amoníaco, metanol, urea y distintos fertilizantes nitrogenados, fosfatados y potásicos.

DESARROLLO DE NOTICIAS

ECONOMÍA

Colombia presentará en la Semana Milagro (Milagro Week) en Nueva York 176 proyectos para atraer capital internacional

El Gobierno colombiano realizará a partir del 16 de noviembre en Nueva York la primera edición de la “Semana Milagro” (Milagro Week), una iniciativa orientada a conectar proyectos nacionales con inversionistas, corporaciones y fondos de capital internacional. La agenda estará encabezada por el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, bajo las directrices del presidente Abelardo De La Espriella.

Durante el encuentro, Colombia presentará un portafolio de 176 proyectos, de los cuales 37 fueron clasificados como prioritarios, en sectores como infraestructura, energía, minerales críticos, turismo y tecnología. La iniciativa forma parte del programa Misión Crecer, con el que el Ejecutivo busca promover inversión extranjera directa, transferencia tecnológica y nuevas oportunidades económicas.

La “Milagro Week” dará continuidad a la agenda desarrollada recientemente por la delegación colombiana en Nueva York, donde cerca de 300 inversionistas, empresarios y representantes de fondos internacionales conocieron las oportunidades de inversión presentadas por el país. Durante esos encuentros, Restrepo expuso el mismo portafolio de proyectos y sostuvo reuniones con entidades financieras y compañías internacionales.

El Gobierno indicó que la iniciativa trabajará en articulación con el Banco de Proyectos Patria Milagro para vincular las iniciativas seleccionadas con fuentes de financiación. Según la Presidencia, el objetivo es facilitar la estructuración de los proyectos y promover inversiones que contribuyan al crecimiento económico, la generación de empleo y el desarrollo de diferentes regiones del país.

Restrepo ha señalado que la estrategia busca posicionar a Colombia como destino de inversión y convertir los contactos establecidos con empresarios y fondos internacionales en proyectos concretos. La agenda de noviembre se concentrará en presentar las oportunidades disponibles ante centros financieros internacionales y facilitar conversaciones entre los responsables de los proyectos y potenciales fuentes de capital.

ECONOMÍA

Gobierno colombiano busca iniciar conversaciones con el FMI para superar crisis fiscal

El presidente Abelardo De La Espriella anunció que instruyó al Ministerio de Hacienda y al equipo económico del Gobierno para avanzar en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el propósito de explorar alternativas frente a la situación fiscal del país. Durante su alocución del domingo, el mandatario afirmó que el objetivo será buscar una “salida negociada” a las dificultades de las finanzas públicas, aunque no precisó qué tipo de instrumento, programa o financiamiento planteará Colombia ante el organismo.

De La Espriella sostuvo que los ingresos del Estado enfrentan restricciones para cubrir simultáneamente las obligaciones de deuda y los gastos de funcionamiento, y señaló que el Gobierno deberá recurrir a diferentes alternativas para atender sus necesidades de financiamiento. El deterioro fiscal también ha sido advertido por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), que ha señalado la necesidad de adoptar medidas estructurales para reducir la vulnerabilidad de las cuentas públicas.

Durante su intervención, el presidente atribuyó buena parte de la situación fiscal al manejo de las finanzas durante el Gobierno de Gustavo Petro.

El acercamiento con el organismo tiene antecedentes: en julio, el entonces vicepresidente electo José Manuel Restrepo acordó con el FMI una agenda de asistencia técnica para fortalecer el diagnóstico de las finanzas públicas. Por ahora, el Gobierno no ha informado si buscará formalmente un crédito con el FMI ni cuáles serían las condiciones de una eventual operación. Las conversaciones podrían abarcar alternativas de financiamiento, asistencia técnica o un programa de acompañamiento fiscal, aunque los detalles dependerán de las negociaciones entre las autoridades colombianas y el organismo multilateral.

La presión sobre las cuentas públicas se produce además después del terremoto del 10 de agosto, que incrementó las necesidades de gasto para atender las labores de emergencia y reconstrucción. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, ha estimado que el déficit fiscal de 2026 se ubicaría entre 7% y 8% del PIB, por encima de la meta de 5,3% fijada por el Gobierno anterior.

ECONOMÍA

Estados Unidos reduce los estándares de eficiencia de combustible para automóviles y camionetas

El Gobierno de Estados Unidos finalizó este lunes nuevos estándares de eficiencia de combustible para automóviles y camionetas livianas, reduciendo las exigencias establecidas durante la administración de Joe Biden. El Departamento de Transporte de Estados Unidos (U.S. Department of Transportation, DOT) indicó que la nueva regulación busca dar mayor flexibilidad a los fabricantes y modificar los requisitos que deberán cumplir sus vehículos durante los próximos años.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) estima que las nuevas reglas llevarán el promedio de eficiencia de la flota estadounidense a aproximadamente 34,9 millas por galón para los vehículos modelo 2031. Bajo los estándares aprobados en 2024 durante el Gobierno Biden, la proyección era de aproximadamente 50,4 millas por galón para ese mismo año modelo.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, afirmó que la modificación permitirá reducir los costos de los vehículos y ampliar las opciones disponibles para los consumidores. Según las estimaciones del DOT, las nuevas reglas podrían disminuir en unos US$1.300 el costo promedio de un vehículo nuevo y generar ahorros por US$138.000 millones durante los próximos cinco años, cálculos que corresponden a las proyecciones presentadas por la propia administración.

La medida forma parte de una serie de cambios impulsados por el Gobierno Trump sobre la regulación del sector automotor, que también ha incluido la eliminación de incentivos federales para determinados vehículos eléctricos y modificaciones a otras normas relacionadas con emisiones y eficiencia. La administración ha descrito las regulaciones anteriores como un mecanismo que incentivaba una transición obligatoria hacia los vehículos eléctricos.

Representantes de la industria automotriz respaldaron la decisión. John Bozzella, presidente de la Alliance for Automotive Innovation, sostuvo que los nuevos estándares se ajustan mejor a las condiciones del mercado y a la demanda de los consumidores, mientras Ford señaló que evaluará el impacto de la regulación sobre sus operaciones. La industria también ha pedido estabilidad regulatoria de largo plazo para planificar inversiones y producción.

El anuncio coincide además con mayores costos para compradores y conductores estadounidenses. El precio promedio de un vehículo nuevo alcanzó US$50.089 en agosto, de acuerdo con datos de Kelley Blue Book, mientras que el precio promedio nacional de la gasolina llegó el domingo a US$4,47 por galón, frente a US$4,09 un mes antes, en medio de las disrupciones del mercado energético relacionadas con el conflicto con Irán.

         

Organizaciones ambientales cuestionaron la reducción de las exigencias y señalaron que podría aumentar el consumo de combustible y las emisiones frente a las normas anteriores. El Center for Biological Diversity sostuvo que la decisión reduce los incentivos para incorporar tecnologías de mayor eficiencia, mientras Sierra Club afirmó que vehículos con menor rendimiento podrían elevar el gasto de los conductores en gasolina; estas apreciaciones corresponden a las posiciones de ambas organizaciones frente a la nueva regulación.

ECONOMÍA

Mesabi Metallics anuncia planta de acero de US$15.000 millones en Iowa

El presidente Donald Trump anunció este lunes que Mesabi Metallics, empresa con operaciones mineras en Minnesota, proyecta construir una planta siderúrgica en Iowa con una inversión estimada en US$15.000 millones. El anuncio fue realizado en la Casa Blanca junto con directivos de la compañía, que recientemente inició operaciones en una nueva mina de mineral de hierro en Minnesota.

La planta estará integrada verticalmente con la operación minera de Mesabi en Nashwauk, Minnesota, desde donde se suministrará el mineral de hierro utilizado en la producción de acero. La primera fase tendrá capacidad para producir 7,5 millones de toneladas anuales y posteriormente podría alcanzar 10 millones de toneladas, volumen que la Casa Blanca describió como el mayor para una instalación siderúrgica en Estados Unidos.

Según un funcionario de la Casa Blanca, el proyecto generaría al menos 1.750 empleos permanentes y entre 5.000 y 6.000 puestos de trabajo durante su construcción. La administración estima además que la primera etapa podría producir un impacto económico total de US$95.000 millones durante el periodo de construcción y los primeros diez años de funcionamiento, mientras el inicio de la producción de acero está previsto para 2030.

Mesabi Metallics forma parte del conglomerado indio Essar Group, que ha invertido más de US$2.500 millones en su proyecto minero de Minnesota. La mina comenzó recientemente su fase de puesta en marcha y tiene capacidad prevista para producir hasta siete millones de toneladas anuales de pélets de mineral de hierro de alta calidad destinados a procesos modernos de fabricación de acero.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, indicó que la planta siderúrgica no recibirá apoyo federal directo, aunque el financiamiento público sí respalda la operación minera. El Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Export-Import Bank of the United States, EXIM) anunció apoyo de hasta US$10.000 millones para la expansión de la mina y la planta de pélets de Mesabi en Minnesota, como parte de una estrategia orientada a aumentar la producción nacional de insumos siderúrgicos y reducir la dependencia de importaciones.

El anuncio se produce mientras Estados Unidos mantiene aranceles de 50% sobre las importaciones de acero. El presidente Trump señaló estas medidas como impulso para el proyecto, dentro de su estrategia para estimular la producción industrial doméstica y nuevas inversiones en manufactura.

ECONOMÍA

Departamento de Energía acelera mejoras en la red ante el crecimiento de los centros de datos

El Departamento de Energía de Estados Unidos (U.S. Department of Energy, DOE) anunció el 24 de septiembre que prevé destinar US$1.900 millones a 31 proyectos en 26 estados para ampliar la capacidad de transmisión eléctrica mediante la modernización de infraestructura existente. La iniciativa, denominada SPARK, busca aumentar el aprovechamiento de las líneas actuales y responder al crecimiento de la demanda de electricidad sin depender exclusivamente de la construcción de nuevos corredores de transmisión.

Los proyectos movilizarán en total US$5.250 millones, incluidos US$3.350 millones aportados por los beneficiarios, y permitirán habilitar más de 23 gigavatios de capacidad adicional. Según el DOE, ese volumen equivale aproximadamente al consumo de 16 millones de hogares y las mejoras podrían beneficiar la confiabilidad del suministro eléctrico para cerca de 100 millones de estadounidenses.

Las intervenciones contemplan la sustitución de conductores o la reconstrucción de más de 2.400 kilómetros de líneas de transmisión con conductores de mayor capacidad, además del despliegue de tecnologías de mejora de red a lo largo de casi 34.000 kilómetros. El objetivo es aprovechar derechos de vía ya existentes y acelerar proyectos que, de requerir nuevas líneas de transmisión, podrían enfrentar procesos de construcción y permisos considerablemente más prolongados.

Entre las tecnologías previstas se encuentran sensores capaces de medir en tiempo real variables como la temperatura y la velocidad del viento, información que permite determinar con mayor precisión cuánta electricidad puede circular de manera segura por cada línea. El secretario de Energía, Chris Wright, señaló que estas herramientas permitirán utilizar con mayor eficiencia la infraestructura existente y aumentar la capacidad de transporte de electricidad.

El programa coincide con un rápido aumento de la demanda energética asociado, entre otros factores, a la expansión de centros de datos vinculados con inteligencia artificial. En algunas regiones, estas instalaciones están entrando en operación más rápidamente que las nuevas fuentes de generación, mientras las tarifas eléctricas han registrado incrementos superiores a la inflación en distintas zonas del país.

Uno de los proyectos corresponde a PPL Corp., empresa eléctrica del este de Pensilvania, que recibirá US$71,5 millones para modernizar cerca de 48 kilómetros de una línea de alta tensión. La compañía informó que dos centros de datos comenzaron a operar este año dentro de su área de servicio, otros seis están en construcción y, si avanzan los proyectos actualmente planificados, su demanda máxima de electricidad podría multiplicarse por cinco hacia 2032.

Los recursos federales proceden del programa federal de alianzas para la resiliencia e innovación de la red eléctrica, autorizado mediante la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos aprobada durante la administración de Joe Biden. Entre los receptores figuran empresas de servicios públicos, cooperativas y agencias estatales de Colorado, Indiana, Ohio y Oklahoma, que en conjunto recibirán US$810 millones; el DOE indicó que priorizó iniciativas con capacidad de entrar en operación rápidamente.

La expansión de los centros de datos también ha generado cuestionamientos en algunas comunidades y entre legisladores por sus posibles efectos sobre las tarifas eléctricas y la infraestructura local. Paralelamente, el Gobierno Trump ha promovido que las empresas tecnológicas conecten nuevas instalaciones directamente con plantas de generación y líneas de alta tensión, mientras el DOE espera que algunas de las mejoras financiadas mediante SPARK puedan comenzar a aportar capacidad adicional antes del próximo invierno.

COMERCIO

EE. UU. y China publican listas de productos con alivio arancelario

Estados Unidos y China dieron a conocer las listas de bienes no sensibles que podrían recibir un tratamiento arancelario más favorable, por US$30.000 millones en cada dirección, en el marco del esquema denominado “30 por 30” de la Junta de Comercio EE. UU.–China. La lista china incluye 1.619 partidas de productos estadounidenses, mientras que la estadounidense abarca 77 categorías de bienes procedentes de China.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, indicó que la medida permitiría mejorar las condiciones de acceso para cerca del 30% de las exportaciones estadounidenses dirigidas a China. Según Greer, se trata de bienes que podrían beneficiarse de aranceles más favorables en el futuro, a partir de las recomendaciones formuladas por ambos países.

Entre los productos estadounidenses incluidos por Pekín se encuentran maíz, trigo, sorgo, carne, lácteos, aceites vegetales, pescado y mariscos, así como madera, cosméticos y dispositivos médicos. La soja no fue incorporada a esta lista, aunque China ya había reanudado compras de este producto bajo un acuerdo anterior. Por su parte, Estados Unidos aplicaría un tratamiento más favorable a importaciones chinas como cafeteras, tostadoras, vajillas, mantas, ropa de cama, juguetes y otros artículos para el hogar. Los bienes considerados estratégicamente sensibles, como semiconductores, vehículos eléctricos y baterías, quedaron excluidos.

En agricultura, la Junta puso en marcha un grupo de trabajo para abordar las barreras de acceso a mercados y la regulación de productos. Según el Gobierno estadounidense, China asumió además un compromiso de compra de productos agrícolas por US$17.000 millones. Pekín indicó también que evaluará solicitudes de entidades extranjeras de servicios financieros, incluidas firmas con capital estadounidense, para operar y abrir sucursales en China, y ambos gobiernos mantendrán conversaciones sobre un eventual aumento de los vuelos directos.

Las listas dan continuidad a los resultados de la visita de Estado de Xi Jinping a Washington la semana pasada, que incluyeron la prórroga de la tregua comercial entre ambos países hasta el 10 de enero de 2027. La Junta de Comercio EE. UU.–China fue creada durante la visita de Trump a Pekín en mayo para administrar el comercio de bienes no sensibles entre las dos economías.

COMERCIO

EE. UU. y México cierran caso laboral de Akwel bajo el USMCA

Estados Unidos y México anunciaron la resolución del caso laboral relacionado con la planta de Akwel Juárez México, ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua, bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del USMCA. El proceso se originó por señalamientos de trabajadores sobre presuntas afectaciones a sus derechos de libertad sindical y negociación colectiva, que incluían interferencia de la empresa en actividades sindicales y despidos considerados como represalia.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (Office of the United States Trade Representative, USTR) informó que las medidas acordadas para corregir las vulneraciones ya fueron implementadas. Como resultado, el representante comercial, Jamieson Greer, ordenó al secretario del Tesoro reanudar la liquidación de las importaciones pendientes procedentes de la planta, que habían quedado sujetas al procedimiento mientras se desarrollaba la revisión.

El caso se remonta a octubre de 2024, cuando el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Especializados C.T.M. presentó una petición ante las autoridades estadounidenses. La denuncia señalaba que Akwel se había negado a negociar un contrato colectivo, había despedido trabajadores por su afiliación sindical y había ejercido presiones para desalentar su participación sindical. México aceptó revisar el caso y concluyó que se había producido una denegación de derechos.

Posteriormente, ambos gobiernos acordaron un Plan de Reparación que estableció medidas específicas para la empresa y para las autoridades mexicanas. Entre ellas se incluyó ofrecer la reinstalación a trabajadores despedidos, con salarios retroactivos y prestaciones completas, o el pago de la indemnización correspondiente para quienes optaran por no regresar a sus puestos. Según el anuncio de este lunes, tres trabajadores fueron reinstalados con el pago correspondiente y otros seis recibieron indemnizaciones completas.

Akwel también reestructuró su dirección de recursos humanos y relaciones laborales y adoptó medidas disciplinarias contra personal que hubiera vulnerado los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva. El plan exigió además implementar una declaración de neutralidad, establecer una política de tolerancia cero frente a nuevas infracciones y capacitar anualmente al personal sobre estas obligaciones.

La empresa debía asimismo informar a los trabajadores sobre las vulneraciones identificadas, realizar reuniones en las que reconociera las prácticas señaladas durante el proceso y mantener mecanismos confidenciales y anónimos para recibir denuncias. El acuerdo estableció además que la información sobre derechos laborales, el contrato colectivo, los materiales de capacitación y los canales de reclamación permanecieran disponibles para los trabajadores. 

Por su parte, México asumió compromisos de supervisión y capacitación dentro de la planta. Las autoridades debían explicar a los trabajadores sus derechos de libertad sindical y negociación colectiva, ofrecer formación separada a supervisores y personal de recursos humanos y mantener canales oficiales para recibir denuncias sobre posibles actos de interferencia, intimidación o discriminación antisindical.

El Plan de Reparación también contempló sanciones conforme a la legislación mexicana, incluidas multas contra Akwel u otras personas u organizaciones que hubieran infringido las normas laborales aplicables. Con la implementación de estas medidas, Estados Unidos y México determinaron que las preocupaciones planteadas en la solicitud original fueron atendidas y dieron por concluido el procedimiento bajo el mecanismo laboral del USMCA.

SANCIONES

EE.UU. revoca visas de la senadora Martha Peralta y el empresario Euclides Torres

El Gobierno de Estados Unidos anunció una nueva política de restricción de visas para ciudadanos extranjeros que, según determine el Departamento de Estado de Estados Unidos, socaven gobiernos elegidos democráticamente mediante actos de corrupción o actividades de narcotráfico. La medida, que también puede aplicarse a familiares inmediatos, comenzó a implementarse en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Según el Departamento de Estado, la decisión responde a compromisos asumidos en la Cumbre de Doral y reafirmados en la declaración de líderes de la iniciativa Escudo de las Américas del 22 de septiembre.

En Colombia, Washington revocó las visas del empresario Euclides Antonio Torres Romero y de la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, junto con las de sus familiares inmediatos. El Departamento de Estado identificó a Torres como propietario de un conglomerado con actividades principalmente en los sectores de energía, señalización vial y alumbrado público, mientras señaló que Peralta está afiliada al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). Peralta afirmó que no ha recibido una comunicación oficial de las autoridades estadounidenses ni conoce los motivos concretos de la decisión.

La política se sustenta en la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (Immigration and Nationality Act, INA), que permite restringir el ingreso de personas cuya entrada o actividades puedan tener consecuencias adversas graves para la política exterior estadounidense. El Departamento de Estado indicó que el mecanismo permitirá adoptar medidas de manera rápida a medida que surja nueva evidencia y en coordinación con otros países de la región.

En Bolivia, la administración Trump revocó las visas de 12 personas y sus familiares, entre ellas fiscales, jueces, exfuncionarios, un coronel de la Policía y un empresario. Adicionalmente, otros nueve ciudadanos bolivianos que actualmente no poseen visa fueron declarados, en términos generales, inelegibles para recibirla, junto con sus familiares.

Washington también revocó las visas de dos ciudadanos ecuatorianos y sus familias, así como la del juez peruano Juan Carlos Núñez Matos y sus familiares. El Departamento de Estado vinculó estas decisiones con los compromisos asumidos para coordinar acciones contra la corrupción, el narcotráfico y otras actividades que, según la administración estadounidense, afecten la seguridad, el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática en el hemisferio.

De manera separada, el Departamento de Estado designó públicamente al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, por presunta participación en corrupción significativa. Washington sostiene que Mariaca habría solicitado y aceptado sobornos para facilitar actividades de narcotráfico y habría ayudado a personas acusadas de delitos violentos a evadir la justicia; estos señalamientos corresponden a la posición oficial del Gobierno estadounidense. La designación también hace que sus familiares inmediatos sean, en términos generales, inelegibles para ingresar a Estados Unidos.

MIGRACIÓN

Gobierno Trump anuncia restricciones de visa por casos de sustracción internacional de menores

El Gobierno de Donald Trump anunció una nueva política para restringir la emisión de visas a personas que sean consideradas responsables o cómplices de obstaculizar la resolución de casos de sustracción internacional de menores por parte de uno de sus padres. La medida, anunciada por el secretario de Estado Marco Rubio, también podrá aplicarse a familiares inmediatos de las personas alcanzadas por las restricciones.

El Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que la política podrá abarcar a funcionarios de gobiernos extranjeros, jueces, administradores judiciales, miembros de organismos de seguridad y otras personas que, según las autoridades estadounidenses, impidan deliberadamente la aplicación de leyes, políticas u órdenes judiciales destinadas a resolver estos casos. El Gobierno no identificó países, funcionarios o casos específicos que vayan a quedar sujetos inicialmente a las restricciones.

Washington busca utilizar la medida como un mecanismo adicional para promover el cumplimiento de las obligaciones internacionales relacionadas con el retorno de menores a su país de residencia habitual. La Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores establece un marco para procurar el retorno oportuno de niños trasladados o retenidos indebidamente fuera de ese país, sin determinar de manera definitiva las disputas sobre custodia.

El Departamento de Estado ya desarrolla programas para prevenir estos casos y asistir a las familias en los procedimientos de retorno, además de presentar informes al Congreso sobre el cumplimiento de otros países. Rubio señaló que la nueva política de visas ampliará las herramientas disponibles para actuar cuando las autoridades estadounidenses consideren que un país no está cumpliendo sus obligaciones en esta materia.

SEGURIDAD

Embajador Perdue afirma que Trump planteó a Xi la compra de armas estadounidenses

El presidente Donald Trump preguntó a su homólogo chino, Xi Jinping, si China estaría interesada en comprar armamento estadounidense, según afirmó el embajador de Estados Unidos en Pekín, David Perdue. El diplomático reveló la conversación durante una entrevista con Fox News, aunque no precisó cuándo se produjo el planteamiento ni indicó que exista actualmente una negociación formal entre ambos gobiernos sobre una eventual venta.

Perdue mencionó el intercambio al responder sobre las ventas estadounidenses de armas a Taiwán, uno de los principales asuntos de fricción entre Washington y Pekín. Según el embajador, Trump ha defendido ante Xi que Estados Unidos vende material militar a diferentes países y, en algún momento de sus conversaciones, le preguntó si China también estaría interesada en adquirirlo. La revelación se produjo días después de la visita de Estado de Xi a Washington.

Una eventual reanudación de las ventas de armamento estadounidense a China supondría un cambio significativo frente a la política seguida durante las últimas décadas. Estados Unidos realizó ventas militares a Pekín en la década de 1980, pero la relación de defensa se modificó posteriormente, mientras Washington ha mantenido restricciones sobre la transferencia de determinadas tecnologías militares y una política diferenciada respecto a Taiwán.

La cuestión también se produce mientras continúan las discusiones entre Washington y Pekín sobre las ventas de armas a Taiwán. La política estadounidense se rige, entre otros instrumentos, por la Ley de Relaciones con Taiwán, que contempla que Estados Unidos ponga a disposición de la isla artículos y servicios de defensa necesarios para mantener una capacidad suficiente de autodefensa. China, por su parte, ha cuestionado reiteradamente estas ventas y sostiene que Taiwán forma parte de su territorio.

Perdue rechazó que la administración Trump esté limitando el respaldo militar a Taiwán para favorecer sus relaciones con Pekín y afirmó que las conversaciones sobre futuras ventas continúan. La revelación se suma a una agenda bilateral en la que Trump y Xi han abordado recientemente asuntos como comercio, inteligencia artificial y Taiwán, mientras ambos gobiernos buscan mantener abiertos los canales de diálogo pese a sus diferencias estratégicas.

SEGURIDAD

Andrew Bailey dejará la subdirección del FBI tras poco más de un año en el cargo

Andrew Bailey, uno de los dos subdirectores de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (Federal Bureau of Investigation, FBI), anunció este lunes que dejará el cargo después de poco más de un año. Bailey indicó que regresará a Missouri para pasar más tiempo con su familia, mientras medios locales señalaron que su salida se hará efectiva el 2 de octubre.

Bailey fue designado en agosto de 2025 y asumió en septiembre de ese año como subdirector, junto con Dan Bongino, en una estructura poco habitual para la agencia, que tradicionalmente había contado con una sola persona en ese puesto. Su nombramiento se produjo en medio de tensiones entre altos funcionarios del FBI y del Departamento de Justicia por el manejo de la divulgación de documentos relacionados con Jeffrey Epstein.

Tras la posterior salida de Bongino, Bailey permaneció en la subdirección de la agencia y desde enero compartió funciones con Christopher Raia, un agente de carrera designado también como subdirector bajo el director Kash Patel. Antes de incorporarse al Gobierno federal, Bailey se desempeñó como fiscal general de Missouri entre 2023 y 2025.

En un mensaje publicado en X, Bailey agradeció al presidente Donald Trump, al fiscal general Todd Blanche y a Patel por la oportunidad de trabajar en el FBI, y señaló que dejaba el cargo satisfecho con los resultados de su gestión. Patel, por su parte, destacó su servicio y afirmó que Bailey participó en la implementación de reformas dentro de la agencia.

Bailey mantuvo un perfil público relativamente limitado durante su paso por el FBI, aunque participó en algunas operaciones de alto nivel. En enero estuvo presente durante la ejecución de una orden de registro en una instalación electoral del condado de Fulton, Georgia, como parte de una investigación federal relacionada con las elecciones de 2020. Hasta el momento no se ha anunciado quién asumirá sus funciones tras su salida.