La Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos examinó este miércoles los fundamentos legales y fácticos de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a casi todas las importaciones del país, bajo el argumento de que varios socios comerciales no han hecho lo suficiente para frenar el ingreso de bienes producidos con trabajo forzoso.

Un panel de tres jueces escuchó en Manhattan los argumentos de las demandas que cuestionan la medida. Los demandantes sostienen que los gravámenes buscan restablecer una autoridad arancelaria amplia que la Corte Suprema de Estados Unidos limitó en febrero, cuando concluyó que el presidente no podía usar poderes económicos de emergencia para imponer tarifas de manera unilateral a todos los socios comerciales.

Las demandas fueron presentadas por cuatro pequeñas empresas y 25 estados gobernados por demócratas. Según los demandantes, los aranceles aplicados a importaciones de 60 socios comerciales, incluidos la Unión Europea, China y Colombia, esta última sujeta a la tarifa de 12,5%, exceden la autoridad presidencial y no cumplen con los requisitos legales exigidos para justificar medidas de este alcance.

Pratik Shah, abogado de dos de las pequeñas empresas demandantes, afirmó ante el tribunal que la administración Trump utilizó de forma inadecuada la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que, según su argumento, otorga una autoridad arancelaria acotada. Según su argumento, el Gobierno impuso los gravámenes sin realizar hallazgos específicos por país que demostraran por qué cada tarifa estaba justificada frente a presuntas fallas en la prevención del trabajo forzoso. Shah contrastó esta medida con los aranceles impuestos bajo la misma norma durante el primer mandato de Trump, cuando la USTR elaboró informes y tarifas específicos para cada economía.

En representación del Departamento de Justicia de Estados Unidos (U.S. Department of Justice, DOJ), Eric Hamilton sostuvo que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (United States Trade Representative, USTR) evaluó de forma suficiente la presencia de bienes producidos con trabajo forzoso en el comercio internacional. El abogado del Gobierno afirmó que la administración no estaba obligada a demostrar con certeza absoluta que esa práctica representaba una carga para el comercio estadounidense antes de imponer los aranceles.

Durante la audiencia, los jueces formularon preguntas a ambas partes sobre el nivel de detalle que debía contener la investigación oficial. También consultaron si los demandantes buscaban únicamente una justificación documental más extensa y si el Gobierno había recurrido a una autoridad comercial amplia en lugar de aplicar disposiciones más específicas sobre trabajo forzoso.

El tribunal emitirá una decisión por escrito en las próximas semanas. Los demandantes pidieron anular por completo los aranceles, aunque la corte también podría adoptar una decisión más limitada y ordenar al Gobierno rehacer o ampliar su investigación para presentar mayores detalles y justificaciones sobre las tarifas, que entraron en vigor el 24 de julio y oscilan entre 10% y 12,5%.

COMERCIO

EE.UU. y sus socios acuerdan una respuesta coordinada al exceso de capacidad del acero

El Foro Global sobre Exceso de Capacidad del Acero aprobó el 30 de septiembre en Milwaukee un marco de acción conjunta para abordar las distorsiones que afectan a esta industria. Según la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (United States Trade Representative, USTR), el acuerdo fue alcanzado durante una reunión presidida por Jamieson Greer y busca coordinar respuestas frente a un problema que repercute en la producción, el comercio y el empleo.

Greer defendió la combinación de aranceles, acuerdos comerciales, tratamiento tributario y política energética aplicada por la administración Trump, a la que atribuyó una recuperación de la industria estadounidense. También invitó a otros miembros del foro a adoptar políticas similares. Esa posición expresa el enfoque de Washington; el marco acordado contempla que cada país actúe de acuerdo con sus circunstancias y legislación.

El problema de fondo es que la capacidad mundial para fabricar acero crece más rápido que la demanda. De acuerdo con las proyecciones de la OCDE, el exceso de capacidad podría alcanzar 745 millones de toneladas en 2028. No se trata de acero ya producido y almacenado, sino de una brecha entre lo que la industria puede fabricar y lo que el mercado demanda. La organización advierte que este desequilibrio presiona los precios, la rentabilidad y las decisiones de inversión.

El texto del Marco de Milwaukee, publicado por el propio foro, concreta varias líneas de trabajo: reducir los subsidios que contribuyen a mantener capacidad económicamente inviable, fortalecer las investigaciones comerciales y mejorar la cooperación aduanera. También propone recopilar información sobre el país donde el acero fue producido inicialmente en estado líquido y convertido en su primera forma sólida. Esta trazabilidad permitiría identificar mejor su procedencia y detectar posibles maniobras para eludir medidas comerciales mediante operaciones en terceros países.

El acuerdo no establece un arancel común ni impone automáticamente nuevas restricciones. La declaración ministerial señala que las acciones deberán desarrollarse dentro de los marcos jurídicos nacionales y respetar los compromisos internacionales. Su importancia está en la coordinación: los países buscan que sus decisiones se refuercen entre sí, en lugar de limitarse a trasladar el problema de un mercado a otro.

Para Colombia, una posible implicación es el desvío de comercio: si grandes mercados restringen determinadas importaciones, parte de ese acero podría buscar destinos alternativos y aumentar la competencia para los productores nacionales. Al mismo tiempo, cambios en precios o abastecimiento podrían afectar a constructoras y fabricantes que utilizan acero. Son efectos potenciales, no consecuencias ya comprobadas del anuncio, y su alcance dependerá de las medidas finalmente adoptadas. El foro identifica precisamente el desplazamiento de exportaciones hacia otros mercados como un riesgo que requiere seguimiento.

Para los exportadores colombianos de acero y productos que lo contienen, la iniciativa también anticipa posibles exigencias adicionales de documentación sobre proveedores y fabricación. No representa por sí misma una reducción ni un aumento de los aranceles aplicables a Colombia. Lo relevante será observar qué productos quedan comprendidos en las futuras decisiones y cómo se implementan los controles de trazabilidad. Los miembros del foro prevén evaluar anualmente las acciones y sus resultados.

ECONOMÍA

PIB de EE.UU. crece 2,2% en el segundo trimestre tras revisión al alza

La economía de Estados Unidos creció a una tasa anualizada de 2,2% en el segundo trimestre de 2026, según el tercer estimado publicado por la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos (Bureau of Economic Analysis, BEA). El dato representó una revisión al alza frente al cálculo previo de 1,5%, mientras que un consenso de economistas esperaba que la cifra se mantuviera sin cambios.

La revisión reflejó un mayor aporte del gasto de los consumidores y de la inversión empresarial, en particular en sectores vinculados con infraestructura tecnológica e inteligencia artificial. El resultado mostró una actividad económica más fuerte de lo estimado inicialmente, después de que el crecimiento del primer trimestre también fuera revisado al alza, de 2,1% a 2,5%.

El consumo de los hogares, que representa más de dos tercios de la economía estadounidense, creció a una tasa anualizada de 3,8% en el segundo trimestre. La cifra fue superior al 3,4% reportado anteriormente y marcó una aceleración frente al avance de 0,7% registrado entre enero y marzo.

Otro indicador seguido por analistas, las ventas finales reales a compradores privados domésticos, aumentó 4,6% en el trimestre, por encima del 4,2% calculado previamente. Esta medida excluye comercio exterior, inventarios y gasto público, por lo que suele utilizarse para evaluar la fortaleza de la demanda privada interna.

Desde el lado del ingreso, el ingreso interno bruto real creció 2,6%, frente al 2,2% estimado inicialmente, apoyado por mayores ganancias corporativas. El promedio entre el PIB y el ingreso interno bruto, considerado por algunos economistas como una medida más amplia de la actividad, avanzó 2,4%, también por encima de la estimación anterior de 1,8%.

El dato se conoce en una semana marcada por nuevas cifras de inflación y consumo, que influyen en las expectativas sobre la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

ECONOMÍA

Inflación PCE de EE. UU. sube 0,3% en agosto, por debajo de lo previsto

La inflación en Estados Unidos aumentó menos de lo esperado en agosto, un resultado que podría reducir las expectativas del mercado sobre un nuevo incremento de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) el próximo mes. El dato fue publicado en un momento en que los inversionistas evalúan si la autoridad monetaria mantendrá su ciclo de ajuste tras haber elevado recientemente los costos de endeudamiento.

El índice de precios de los gastos de consumo personal, conocido como PCE, subió 0,3% en agosto, después de un avance revisado a la baja de 0,1% en julio, según informó la BEA, adscrita al Departamento de Comercio de Estados Unidos.

El PCE mide la variación de los precios de los bienes y servicios que consumen los hogares, incluidos gastos que se pagan en su nombre, como los servicios médicos cubiertos por empleadores o programas públicos. A diferencia del índice de precios al consumidor (IPC), también refleja los cambios en los hábitos de compra cuando algunos productos se encarecen, por lo que suele registrar una inflación algo menor. Por su cobertura más amplia, la Fed lo utiliza como referencia para su meta de inflación de 2%.

En la medición anual, la inflación PCE avanzó 3,4% en agosto, el mismo ritmo revisado para julio. El dato previo de julio había sido reportado inicialmente en 3,7%, pero la BEA modificó su metodología para calcular precios de software y accesorios, comisiones de administración de portafolios y servicios legales, además de revisar la serie de inflación desde 2021.

Al excluir los componentes volátiles de alimentos y energía, el índice PCE subyacente aumentó 0,2% mensual, tras una variación revisada de 0,1% en julio. En términos anuales, la inflación subyacente se ubicó en 3,0% en agosto, también igual al dato revisado de julio, frente a una estimación inicial que había mostrado un avance de 3,3%.

La Fed sigue de cerca los indicadores PCE para evaluar el avance hacia su meta de inflación de 2%. En septiembre, el banco central elevó su tasa de referencia al rango de 3,75%-4,00%, en el primer aumento en tres años, y anticipó posibles incrementos adicionales. Sin embargo, las expectativas de un alza en octubre se moderaron después de que John Williams, presidente de la Fed de Nueva York, afirmara que no veía urgencia para tomar nuevas medidas.

Pese al efecto potencial de la inflación y de los mayores costos de endeudamiento sobre los hogares, el gasto del consumidor mostró fortaleza en agosto. El consumo, que representa más de dos tercios de la actividad económica de Estados Unidos, aumentó 0,9% durante el mes, tras un avance revisado a la baja de 0,1% en julio, aunque la confianza del consumidor cayó en septiembre a su nivel más bajo en casi 12 años y medio, según The Conference Board.

ECONOMÍA

Presidente Trump anuncia inversión surcoreana de hasta US$200.000 millones en energía

El presidente Donald Trump anunció este miércoles un paquete de inversiones de Corea del Sur por hasta US$200.000 millones en infraestructura energética en Estados Unidos, como resultado de los acuerdos alcanzados por su administración con la República de Corea. El mandatario presentó la iniciativa como una de las mayores inversiones en infraestructura energética en la historia del país.

Trump explicó que los recursos estarán dirigidos a tres frentes principales: una instalación de generación eléctrica de seis gigavatios en Texas, ocho nuevas plantas nucleares de gran escala y el proyecto de gas natural licuado de Alaska. Según dijo, la inversión forma parte de los compromisos asumidos por Corea del Sur en el marco de acuerdos comerciales y estratégicos con Washington.

Dentro del paquete, el componente más destacado es una inversión cercana a US$54.000 millones para impulsar la exportación de gas natural desde Alaska. El proyecto contempla un gasoducto de unos 1.300 kilómetros entre la región de North Slope y una terminal de exportación en el sur del estado, para comercializar gas natural licuado en mercados internacionales, especialmente en Asia. La iniciativa ha sido discutida durante años por su potencial energético y comercial.

El mandatario vinculó el anuncio con el acuerdo comercial alcanzado con Corea del Sur en 2025, que contempló compromisos de inversión por US$350.000 millones en Estados Unidos —US$150.000 millones para construcción naval y US$200.000 millones para otros sectores estratégicos— a cambio de menores aranceles para automóviles, autopartes y otros productos surcoreanos. Trump sostuvo que la reducción de tarifas a 15% estuvo asociada a esas inversiones y afirmó que parte de esos recursos se destinará al proyecto energético en Alaska.

El Gobierno surcoreano había clasificado previamente el proyecto de Alaska y la construcción de las ocho centrales nucleares como asuntos pendientes de discusión, por lo que el alcance final de esos compromisos aún está por definirse.

En el caso de Texas, se trata de una central de generación a gas de más de seis gigavatios en la localidad de Encinal, que el Ministerio de Comercio, Industria y Recursos de Corea del Sur seleccionó la semana pasada como el primer proyecto de su programa de inversión estratégica de US$200.000 millones. No se detallaron plazos de construcción ni el esquema de financiación de cada componente.

La Casa Blanca no precisó de inmediato con qué rapidez el Gobierno surcoreano aprobaría los desembolsos ni cuánto se ejecutaría en cada etapa. Los detalles finales dependerán de los acuerdos posteriores entre ambos gobiernos, las empresas involucradas y las autoridades encargadas de aprobar los proyectos energéticos y de infraestructura.

DIPLOMACIA

Embajadora Araújo recibe a exfuncionarios estadounidenses para diálogo sobre agenda bilateral

La embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, recibió a Michael McKinley, Kevin Whitaker, Juan Cruz, Kirsten Madison y Mark Feierstein, a quienes la Embajada describió como diplomáticos y ex altos funcionarios estadounidenses con amplia experiencia y conocimiento de Colombia y de la relación bilateral.

Según la publicación oficial de la Embajada de Colombia en Estados Unidos, el encuentro permitió sostener una conversación sobre el estado de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos y las oportunidades que podrían desarrollarse hacia adelante. La reunión se enmarca en los esfuerzos diplomáticos de Bogotá por mantener canales de diálogo con figuras que han seguido de cerca la agenda bilateral.

La comunicación no detalló compromisos específicos ni anuncios derivados del encuentro. Sin embargo, el mensaje destacó el componente institucional de la reunión y la importancia de preservar espacios de intercambio con actores estadounidenses con trayectoria en asuntos hemisféricos y en la relación entre ambos países.

DIPLOMACIA

Presidente Trump anticipa nuevas acciones de Rubio sobre Cuba en acto de Herencia Hispana

El presidente Donald Trump pidió este miércoles prestar atención a las próximas acciones del secretario de Estado, Marco Rubio, frente a Cuba, durante un acto en la Casa Blanca por el Mes de la Herencia Hispana. El comentario se produjo en medio de una política de mayor presión financiera de Washington sobre La Habana y en un momento en el que el diálogo bilateral permanece limitado.

Durante la recepción, Trump invitó a Rubio a subir al escenario y afirmó: “Atentos a lo que va a hacer con Cuba”, antes de cederle la palabra ante representantes de la comunidad hispana en Estados Unidos. Rubio no detalló medidas específicas sobre la isla en su intervención y centró sus comentarios en la experiencia de los hispanoamericanos y en su valoración sobre Estados Unidos.

Las declaraciones se suman a pronunciamientos recientes de Rubio, en los que afirmó que Washington espera que Cuba “elija un camino diferente” y advirtió que quienes crean que pueden esperar el final de la administración Trump “aprenderán la lección de la manera difícil” si no cambian de rumbo.

En paralelo, la OFAC publicó nuevas reglas y alertas relacionadas con el programa de sanciones a Cuba, que entraron en vigor este miércoles. Entre los cambios figura la eliminación de una autorización que permitía a bancos bajo jurisdicción estadounidense abrir y mantener cuentas a nombre de emprendedores privados cubanos independientes para determinadas transacciones autorizadas o exentas.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, cuestionó las nuevas medidas y sostuvo que buscan afectar al sector privado de la isla y aumentar la presión económica sobre la población. Según su versión, las restricciones contradicen el argumento de Washington de que sus sanciones están dirigidas únicamente contra el Gobierno cubano y sus empresas estatales.

Las medidas financieras se suman a una serie de acciones recientes de la administración Trump contra sectores y entidades vinculadas con Cuba, incluidas restricciones relacionadas con energía, minería, finanzas y estructuras asociadas al aparato estatal. Aunque Trump sugirió que Rubio tendrá un papel central en los próximos pasos, la Casa Blanca no anunció durante el acto una medida concreta adicional sobre la isla.

SEGURIDAD

Departamento de Estado advierte sobre amenazas de grupos armados en Norte de Santander

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos en Colombia por un riesgo elevado de ataques de grupos armados ilegales en Norte de Santander. La advertencia señaló especialmente la situación en la región del Catatumbo y reiteró la recomendación de no viajar a ese departamento ni a zonas cercanas a la frontera entre Colombia y Venezuela.

Según el comunicado, entre los grupos presentes en la zona se encuentra el Ejército de Liberación Nacional, catalogado por Washington como organización terrorista extranjera. La alerta indicó que estructuras armadas ilegales podrían realizar ataques con poca o ninguna advertencia contra estaciones de Policía, edificios gubernamentales, instalaciones militares e infraestructura relacionada.

El Departamento de Estado sostuvo que grupos en el Catatumbo han utilizado de forma reiterada drones comerciales equipados con explosivos, en ocasiones combinados con disparos de fusil, para atacar instalaciones policiales y militares. Por esa razón, recomendó a sus ciudadanos aumentar la vigilancia, mantener un perfil bajo, evitar multitudes y manifestaciones, revisar sus planes personales de seguridad y seguir las noticias locales.

La advertencia se conoce en medio de recientes hechos de violencia en Norte de Santander. El viernes 25 de septiembre, dos integrantes de la Policía Nacional fueron asesinados en el municipio de Ábrego cuando realizaban labores de patrullaje en un vehículo institucional, en el marco de una actividad preventiva en un colegio de la zona. Según las autoridades, los uniformados fueron atacados con armas de fuego por personas que se movilizaban en un vehículo y que posteriormente huyeron en dirección a Cúcuta.

SEGURIDAD

Juez ordena al Gobierno de EE.UU. entregar memorando legal sobre ataques contra embarcaciones

Un juez federal de Estados Unidos ordenó al Gobierno del presidente Donald Trump entregar en un plazo de 14 días el documento que recoge la justificación legal de los ataques estadounidenses contra embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico. La orden fue emitida por el juez Paul Engelmayer, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, y exige que el memorando sea presentado de forma privada ante el tribunal. En un fallo de 66 páginas, el juez rechazó la mayoría de los argumentos de privilegio invocados por el Gobierno para mantener el documento en reserva y determinó que debe revisarlo antes de decidir si su contenido se hace público.

El documento solicitado corresponde a un memorando de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia de Estados Unidos (Office of Legal Counsel, OLC), elaborado en septiembre de 2025. Según la información disponible en el caso, el texto contiene el análisis del Gobierno federal sobre la autoridad del presidente para ordenar ataques letales contra embarcaciones presuntamente vinculadas con narcotráfico.

Desde septiembre de 2025, la administración Trump ha llevado a cabo más de 70 ataques contra lanchas señaladas por presunto narcotráfico, con al menos 230 personas muertas, según la información citada en el proceso. El Departamento de Defensa comenzó a ejecutar formalmente estas operaciones el mismo mes en que fue elaborado el memorando jurídico solicitado por el juez.

Además de pedir el documento, Engelmayer requirió al Gobierno que informe quiénes han tenido acceso al memorando, cuándo lo consultaron y con qué propósito. El juez también solicitó una relación detallada que explique las razones por las cuales esas personas pudieron revisar el análisis legal, en medio de la discusión sobre si parte de su contenido debe hacerse público.

El caso se originó a partir de una demanda presentada por el Centro para los Derechos Constitucionales, la Unión Americana de Libertades Civiles y su filial de Nueva York. Las organizaciones acudieron al tribunal después de que el Gobierno negara una solicitud tramitada bajo la Ley de Libertad de Información, con la que buscaban obtener el memorando y otros documentos relacionados con los ataques.

Las organizaciones demandantes sostienen que existe un interés público en conocer la base legal utilizada por la administración para justificar operaciones letales en aguas internacionales. El Gobierno, por su parte, ha defendido públicamente que sus actuaciones tienen sustento jurídico, aunque hasta ahora no ha divulgado el memorando completo que detalla su razonamiento.

SEGURIDAD

Presidente Trump celebra salida de tropas de EE.UU. de Irak tras cierre de misión militar

El presidente Donald Trump afirmó este miércoles que la salida de las últimas fuerzas estadounidenses de Irak representa una victoria para Estados Unidos, para Irak y para la lucha contra el Estado Islámico. El anuncio coincidió con el cierre de la misión militar de la coalición internacional liderada por Washington, que estuvo desplegada en el país desde 2014 para apoyar las operaciones contra el grupo extremista.

Trump sostuvo que la retirada marca el final de una operación prolongada y costosa, y aseguró que las fuerzas estadounidenses abandonaron Irak de manera ordenada. El mandatario comparó el proceso con la salida de Afganistán durante el gobierno de Joe Biden, a la que ha cuestionado en reiteradas ocasiones por la muerte de militares estadounidenses y por el equipo que, según ha señalado, quedó en el país.

La salida se produjo principalmente desde la base aérea de Erbil, en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, y forma parte de un acuerdo alcanzado en 2024 entre Washington y Bagdad. El acuerdo fijó el 30 de septiembre como fecha límite para completar la retirada de las fuerzas de la coalición, mientras Irak asume una mayor responsabilidad sobre su seguridad interna. Según el Comando Central de Estados Unidos, la coalición contra el Estado Islámico trasladará su sede a Jordania.

El primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi, presentó el fin de la misión como una nueva etapa para la soberanía del país, aunque señaló que el cierre de la coalición no implica el fin de la lucha contra el terrorismo.

Las tropas estadounidenses regresaron a Irak en 2014, a solicitud del Gobierno iraquí, después de que el Estado Islámico llegara a ocupar amplias zonas del territorio. Ese despliegue ocurrió años después de la invasión liderada por Estados Unidos en 2003 para derrocar a Sadam Husein y de la posterior retirada de fuerzas estadounidenses en 2011.

SEGURIDAD

Irán confirma haber recibido respuesta oficial de EE. UU. a su propuesta para terminar la guerra

Funcionarios iraníes indicaron este miércoles que Teherán recibió una respuesta oficial de Estados Unidos a su más reciente propuesta para poner fin a la guerra, que ya completa siete meses. Las autoridades no precisaron el contenido de la comunicación ni aclararon si se trató de un rechazo, días después de que el presidente Donald Trump descartara públicamente la iniciativa iraní.

La vocera del gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani, dijo a la agencia estatal IRNA que el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, presentó la respuesta estadounidense al presidente Masoud Pezeshkian durante una reunión de gabinete. Pezeshkian afirmó que Irán hará esfuerzos para concretar un acuerdo, aunque sostuvo que cualquier entendimiento debe basarse en una estrategia de beneficio mutuo.

La reunión se produjo tras el regreso de Araghchi de Nueva York, donde participó en actividades paralelas a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante su visita, funcionarios iraníes sostuvieron conversaciones indirectas con representantes estadounidenses y reuniones con mediadores de Catar y Pakistán, en medio de los intentos por abrir una vía de negociación sobre el conflicto.

Según la información divulgada por Teherán, Araghchi también informó al gabinete sobre las condiciones iraníes para reabrir el estrecho de Ormuz, que habrían sido transmitidas por medio de mediadores. La propuesta planteaba restablecer el paso marítimo en una semana si Washington levantaba el bloqueo a puertos iraníes, liberaba activos congelados y suspendía sanciones sobre las ventas de petróleo de Irán, entre otras condiciones.

En paralelo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra personas y empresas que, según Washington, facilitaron financieramente o apoyaron la cadena de suministro militar iraní. La medida incluyó a individuos y entidades con sede en Irán, Hong Kong y Pakistán, señalados por presuntamente participar en la adquisición de armas y componentes para el Ministerio de Defensa iraní.

El contexto económico también presiona a Teherán. La moneda iraní cayó esta semana a un nuevo mínimo histórico frente al dólar, en medio del deterioro económico asociado a la guerra, las sanciones y las restricciones comerciales.

POLÍTICA

Casa Blanca retoma celebración de Herencia Hispana antes de las legislativas

El presidente Donald Trump encabezó este miércoles en la Casa Blanca una recepción por el Mes de la Herencia Hispana, celebración que no se realizó el año anterior y que volvió a la agenda oficial a poco más de un mes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. El acto reunió a representantes de la comunidad hispana cercanos al Partido Republicano y se produjo mientras sondeos recientes muestran cambios en el apoyo latino al mandatario.

Durante el evento, Trump destacó la contribución de los estadounidenses de origen hispano en ámbitos como la fe, los negocios y el servicio público. También prometió a los asistentes que serían los primeros invitados a conocer las obras del nuevo salón de baile de la Casa Blanca, uno de los proyectos promovidos por su administración.

El mandatario aprovechó su intervención para pedir participación electoral y llamó a los asistentes a difundir lo que considera avances de su gobierno.

La población hispana fue relevante en la elección presidencial de 2024, cuando Trump obtuvo 48% del voto latino, según el estudio de votantes validados de Pew Research Center. Sin embargo, un análisis posterior del mismo centro mostró que su aprobación entre los latinos que votaron por él cayó a 66% en abril, frente a niveles más altos registrados al inicio de su segundo mandato.

El cambio en el ambiente político también ha generado tensiones dentro del Partido Republicano en estados con alta presencia hispana, como Florida. La congresista María Elvira Salazar ha cuestionado públicamente el alcance de las redadas y deportaciones, al sostener que las políticas migratorias “han ido demasiado lejos”, mientras el partido busca mantener el respaldo de un electorado clave para varias contiendas legislativas.

POLÍTICA

Nueva York deberá rehacer el proceso de aplicación del impuesto a segundas residencias

El juez Wayne Ozzi, de Staten Island, ordenó a la ciudad de Nueva York reiniciar la implementación del recargo a segundas residencias de alto valor, conocido por la expresión francesa pied-à-terre, luego de concluir que el procedimiento utilizado trasladó de forma inadecuada a los propietarios la carga de demostrar que sus inmuebles eran su residencia principal. La decisión deja sin efecto las notificaciones enviadas hasta ahora y exige que la administración emita nuevas comunicaciones con información más precisa sobre las propiedades alcanzadas.

El fallo afecta el mecanismo diseñado por el Departamento de Finanzas de la ciudad para aplicar el gravamen a segundas residencias con un valor superior a US$5 millones. Sin embargo, la administración municipal solicitó una suspensión de la orden judicial, por lo que el recargo seguirá incluido en las facturas fiscales y deberá pagarse el 1 de enero mientras continúa el litigio.

De acuerdo con la decisión judicial, la ciudad debía identificar de manera individual los inmuebles sujetos al impuesto antes de avanzar con las notificaciones. El juez consideró que el proceso generó confusión entre propietarios que, según su versión, fueron incluidos en listados públicos o recibieron cartas pese a que las viviendas señaladas correspondían a su residencia principal.

La orden también instruyó a la ciudad a retirar de la página web del Departamento de Finanzas el listado de propietarios e inmuebles divulgado durante el proceso. Las nuevas comunicaciones deberán especificar qué propiedad sería gravada y estarán dirigidas a los contribuyentes que la administración determine como potencialmente sujetos al recargo.

Randy Mastro, abogado de propietarios que cuestionaron las notificaciones, afirmó que la administración del alcalde Zohran Mamdani no cumplió con los pasos exigidos por la ley antes de intentar aplicar el impuesto. Según su versión, el gobierno local buscó que miles de neoyorquinos asumieran que debían pagar el cargo y demostraran que vivían en sus propias viviendas.

La administración municipal defendió el recargo como una medida de equidad fiscal para propietarios de segundas residencias de lujo. Matt Rauschenbach, portavoz del alcalde, sostuvo que quienes pueden pagar una segunda vivienda de alto valor en Nueva York también pueden contribuir al financiamiento de servicios públicos, mientras que la oficina de la gobernadora Kathy Hochul anticipó que defenderá la norma ante los tribunales.

POLÍTICA

Senado de EE.UU. bloquea proyecto sobre compra de acciones por congresistas

El Senado de Estados Unidos bloqueó este miércoles un proyecto de ley que buscaba imponer nuevas restricciones a la compra de acciones por parte de miembros del Congreso, sus cónyuges e hijos dependientes. La iniciativa, aprobada en julio por la Cámara de Representantes, no superó el umbral procedimental necesario para avanzar hacia el debate, tras una votación de 53 votos a favor y 47 en contra, todos estos últimos de senadores demócratas, cuando se requerían 60 votos afirmativos.

El proyecto, denominado Stop Insider Trading Act, presentado por el senador republicano Pete Ricketts, habría prohibido a los legisladores y a sus familiares directos comprar acciones de empresas que cotizan en bolsa. La discusión respondió a cuestionamientos recurrentes sobre las operaciones bursátiles de congresistas, debido a que los legisladores participan en la elaboración de normas que pueden incidir en sectores, empresas y mercados financieros.

Los demócratas se negaron a entregar los votos necesarios para avanzar con la iniciativa y sostuvieron que el texto no establecía una prohibición completa. Según sus críticas, el proyecto permitía a los congresistas conservar acciones que ya poseen, usar dividendos para adquirir más títulos y mantener posibles operaciones a través de cónyuges o hijos dependientes.

La iniciativa también incluía una disposición republicana para endurecer los requisitos de identificación con fotografía en las elecciones federales. Los demócratas calificaron esa cláusula como una medida adicional que, según su posición, podría dificultar el voto de ciudadanos habilitados, mientras que los republicanos defendieron el texto como una respuesta a preocupaciones de los votantes sobre integridad pública y electoral.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, afirmó que las disposiciones del proyecto abordaban asuntos relevantes para la ciudadanía. En contraste, el líder demócrata Chuck Schumer cuestionó la iniciativa y sostuvo que los republicanos buscaban presentar una respuesta política en medio de la campaña para las elecciones legislativas de noviembre.

El debate ocurre mientras aumenta la atención sobre las finanzas personales de funcionarios electos. Un estudio de Common Cause señaló que miembros del Congreso de ambos partidos realizaron 13.324 operaciones bursátiles por US$635,6 millones durante el año anterior, mientras sectores demócratas han propuesto una prohibición total que también cobije a otros altos funcionarios del Ejecutivo y de la Corte Suprema.

                   

SANCIONES

EE.UU. sanciona red financiera del Tren de Aragua por fraude con cajeros automáticos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 10 personas y entidades, entre ellas dos empresas con sede en México, señaladas de participar en una red financiera vinculada al Tren de Aragua, en un esquema de fraude con cajeros automáticos que, según Washington, se convirtió en una fuente relevante de ingresos para la organización. La medida, adoptada por la OFAC, incluye a Juan Gabriel Rivas Núñez, alias “Juancho”, descrito por las autoridades estadounidenses como un alto dirigente del grupo con operaciones en varios países de Suramérica, entre ellas actividades de minería ilegal de oro.

De acuerdo con el Tesoro, la red estaría encabezada por Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias “Prometheus”, incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados de la Oficina Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation, FBI). Las autoridades estadounidenses sostienen que Canelón Aguirre habría coordinado una conspiración internacional para enviar equipos a Estados Unidos con el fin de extraer dinero de instituciones financieras mediante ataques a cajeros automáticos.

El esquema descrito por el gobierno estadounidense se basa en una modalidad de vaciado de cajeros automáticos, conocida en inglés como jackpotting, en la que los responsables instalan software malicioso en cajeros automáticos para forzar la entrega de dinero sin cargarlo a una cuenta bancaria. Según el Tesoro, los fondos obtenidos eran posteriormente lavados y transferidos a integrantes del Tren de Aragua en distintos países, incluso mediante operaciones con criptomonedas.

La administración estadounidense indicó que las pérdidas reportadas por presuntos ataques de este tipo en el país sumaban US$40,73 millones hasta agosto de 2025, en más de 1.500 incidentes. Además, el Departamento de Justicia (DOJ) ha acusado desde octubre de 2025 a 98 personas por su presunta participación en esquemas de jackpotting, con cargos que incluyen apoyo material a una organización terrorista extranjera designada, fraude bancario, lavado de dinero y acceso no autorizado a sistemas protegidos.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la administración del presidente Donald Trump no permitirá que organizaciones como el Tren de Aragua exploten el sistema financiero estadounidense ni obtengan recursos mediante robos u otras actividades dirigidas contra personas y empresas en Estados Unidos. Según Bessent, el gobierno continuará utilizando sus herramientas financieras y de aplicación de la ley para limitar los recursos de estas redes.

El Tesoro señaló que la acción hace parte de una campaña más amplia contra organizaciones criminales transnacionales, que desde 2025 ha incluido más de 30 medidas contra más de 300 personas y entidades. En el caso del Tren de Aragua, Washington afirma que busca afectar tanto a sus líderes como a sus facilitadores financieros y redes de apoyo, en línea con sanciones previas contra la organización y sus estructuras operativas.