La administración del presidente Donald Trump decidió avanzar con la reasignación de US$52,1 millones del programa de Financiamiento Militar Extranjero (Foreign Military Financing, FMF) hacia Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. Los recursos habían sido asignados originalmente a Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak, pero el Departamento de Estado notificó al Congreso el 15 de septiembre su intención de modificar su destino.

El programa FMF permite financiar la adquisición de equipos, servicios y entrenamiento militar estadounidense por parte de gobiernos extranjeros. Según el Departamento de Estado, la reasignación responde a una mayor prioridad de la administración Trump sobre el hemisferio occidental y busca apoyar objetivos como el combate al narcotráfico, la seguridad del Canal de Panamá y el fortalecimiento de capacidades de seguridad de los países receptores.

La decisión generó cuestionamientos en el Congreso después de que la senadora demócrata Jeanne Shaheen, principal representante de su partido en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y el representante Gregory Meeks, su homólogo en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, mantuvieran un bloqueo sobre la transferencia. Ambos enviaron una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que sostuvieron que los fondos habían sido aprobados por el Congreso para objetivos específicos relacionados con Ucrania, aliados europeos y socios de Oriente Medio.

Shaheen y Meeks afirmaron que el Departamento de Estado no ha demostrado que el nuevo destino de los recursos cumpla con las disposiciones legales aplicables. Los legisladores también señalaron que Colombia, Ecuador, Panamá y Perú no habrían brindado asistencia de seguridad significativa a Ucrania o a aliados europeos afectados por la invasión rusa, argumento con el que cuestionaron la relación entre la reasignación y el propósito original de los fondos.

El Departamento de Estado respondió por escrito a las preguntas de los comités el 29 de septiembre, aunque los dos congresistas consideraron que las explicaciones no resolvieron sus objeciones. En su carta, advirtieron que avanzar con la transferencia mientras el bloqueo legislativo permanece vigente podría, según su interpretación, incumplir requisitos establecidos por el Congreso y afectar la relación del Departamento con ambos comités.

SEGURIDAD

Alias Araña se declara no culpable ante tribunal federal en California

Geovany Andrés Rojas, alias Araña, se declaró no culpable ante el Tribunal del Distrito Sur de California por cargos de narcotráfico y narcoterrorismo, tras ser extraditado por Colombia el 25 de septiembre. Durante la audiencia, presidida por el juez magistrado Steve B. Chu, recibió formalmente copia de la acusación.

Su abogado, Eduardo X. Pereira, afirmó que por ahora la defensa no contempla negociar con la justicia estadounidense y que su estrategia se concentrará en revisar y controvertir las pruebas que presente el Gobierno.

Pereira sostuvo que una eventual negociación con la Fiscalía “no está puesta sobre la mesa” y que la defensa analizará el expediente antes de definir los siguientes pasos. La próxima audiencia está prevista para el 16 de octubre.

La acusación sostiene que Rojas habría participado en una estructura dedicada al tráfico de cocaína desde Colombia y Ecuador con destino a Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses también le imputan un cargo de narcoterrorismo, al señalar que habría proporcionado recursos a personas u organizaciones vinculadas, según la Fiscalía, con actividades terroristas. Las acusaciones permanecen sujetas a prueba y Rojas es considerado inocente mientras no exista una condena.

El Departamento de Justicia identifica a Rojas como antiguo portavoz y dirigente de los Comandos de la Frontera, una estructura armada con presencia en el suroccidente colombiano. De acuerdo con la acusación, el grupo habría obtenido recursos de la producción y tráfico de cocaína y utilizado armas y violencia para mantener control territorial, señalamientos que deberán ser examinados dentro del proceso judicial.

Rojas había participado como negociador durante los diálogos de paz impulsados por el Gobierno de Gustavo Petro y permanecía detenido en Colombia desde febrero de 2025. Su extradición fue ejecutada por la administración del presidente Abelardo De La Espriella, después de que el nuevo Gobierno diera por terminadas las conversaciones con distintas estructuras armadas y reactivara su traslado a Estados Unidos.

COMERCIO

EE.UU., México y Argentina suscriben declaración para eliminar el trabajo forzoso de las cadenas de suministro

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, anunció el 1 de octubre que los tres países emitieron la declaración durante la reunión ministerial de Comercio del G20. "Aplaudo a mis colegas de México y Argentina por ponerse del lado de la realidad moral y económica y reconocer la persistencia del trabajo forzoso como un problema abominable de derechos humanos que distorsiona las cadenas de suministro globales", afirmó Greer. Agregó que muchos países reconocen la necesidad de abordar el tema y reiteró el llamado a todas las naciones a intensificar el trabajo conjunto para erradicarlo.

En el documento, los ministros señalan que el trabajo forzoso es una violación grave de los derechos humanos y, a la vez, una preocupación comercial de primer orden. Citan la estimación más reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según la cual 28 millones de personas se encontraban en situación de trabajo forzoso en 2021. La cifra representa un aumento de cerca del 10 % frente a los cinco años anteriores, equivalente a 2,7 millones de personas adicionales. La declaración sostiene que los bienes producidos con trabajo forzoso ingresan a los mercados con una ventaja artificial de precio. A juicio de los firmantes, esto distorsiona el comercio y la competencia y perjudica a los trabajadores y a las empresas que no recurren a esta práctica.

Los tres gobiernos reconocen que la mayoría de los países prohíben el trabajo forzoso en su territorio. Sin embargo, advierten que se requieren medidas internas y cooperación internacional para impedir que se importen y comercialicen bienes producidos total o parcialmente con trabajo forzoso en otros países. Recuerdan además que, en los últimos seis años, numerosas economías han adoptado o se han comprometido a adoptar medidas para frenar la importación de estos productos.

Entre sus compromisos, los ministros instan a los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a utilizar los órganos pertinentes, incluido el Consejo del Comercio de Mercancías, para analizar el impacto del trabajo forzoso en el comercio mundial y compartir información sobre importaciones y cadenas de suministro en riesgo. También se comprometen a adoptar o mantener, y aplicar de manera efectiva, prohibiciones a la importación o venta de estos bienes. Por último, acuerdan intercambiar información y buenas prácticas sobre su aplicación y cooperar en esta materia en adelante.

COMERCIO

EE.UU. y México acuerdan plan de reparación laboral para planta de llantas en Jalisco

Estados Unidos y México anunciaron un plan de reparación para la planta de Corporación de Occidente, ubicada en El Salto, Jalisco, y dedicada a la fabricación de llantas automotrices y especiales. El acuerdo se enmarca en el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) y corresponde al decimocuarto caso en el que ambos países pactan formalmente medidas correctivas bajo este mecanismo.

El plan busca corregir una denegación de derechos laborales relacionada con la libertad de asociación y la negociación colectiva. Entre las principales medidas, la empresa deberá ofrecer la reinstalación a 12 trabajadores despedidos, con el pago completo de salarios retroactivos y prestaciones, o entregar la indemnización correspondiente a quienes prefieran no regresar a sus cargos. Estas acciones deberán completarse a más tardar el 15 de octubre.

Corporación de Occidente también deberá aplicar y mantener una carta de neutralidad y lineamientos internos sobre libertad sindical y negociación colectiva, capacitar a su personal y establecer una política de tolerancia cero frente a violaciones de estos derechos. El plan contempla además la publicación de avisos sobre las prácticas irregulares identificadas y el compromiso de la empresa de respetar en adelante el ejercicio de los derechos laborales de sus trabajadores.

El acuerdo exige igualmente fortalecer los mecanismos de denuncia dentro de la planta. La empresa deberá mantener canales anónimos y confidenciales para reportar posibles violaciones, publicar información sobre los mecanismos gubernamentales disponibles y garantizar que no existan represalias contra quienes los utilicen. También tendrá que mantener accesibles en su página web y plataformas internas los materiales relacionados con el contrato colectivo, las capacitaciones y los procedimientos de queja.

México, por su parte, deberá supervisar la implementación del plan, realizar capacitaciones presenciales sobre libertad de asociación y negociación colectiva, explicar a los trabajadores los recursos disponibles frente a posibles violaciones y monitorear el cumplimiento de la legislación laboral en la planta. Las autoridades mexicanas también podrán imponer sanciones económicas u otras medidas previstas por su legislación a la empresa o a cualquier persona u organización que haya infringido las normas aplicables.

El caso se originó a partir de una petición presentada en octubre de 2025 por dos trabajadores despedidos, quienes alegaron represalias por cuestionar al sindicato existente y promover mayor transparencia y representación democrática. Estados Unidos solicitó formalmente a México revisar el caso en noviembre de 2025 y, aunque las autoridades mexicanas concluyeron inicialmente que no había ocurrido una denegación de derechos, posteriormente la empresa aceptó adoptar medidas correctivas y ambos gobiernos acordaron el plan de reparación.

Además de las medidas sobre despidos y libertad sindical, el acuerdo incluye la implementación de un sistema para supervisar la distribución de materiales de producción de manera justa y no discriminatoria, así como la obligación de comunicar oportunamente evaluaciones, informes de desempeño e incidentes a los trabajadores. Al concluir el plan, Estados Unidos y México deberán consultar sobre su implementación y determinar dentro de los 30 días siguientes si las medidas fueron cumplidas adecuadamente.

ECONOMÍA

Empleo en Estados Unidos se desacelera en septiembre y el desempleo sube a 4,2%

La economía de Estados Unidos creó 29.000 empleos en septiembre, una cifra inferior a los 90.000 puestos que esperaban los economistas y por debajo de los 133.000 registrados en agosto, según informó el Departamento de Trabajo. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo aumentó de 4,1% a 4,2%, mientras las revisiones de los datos de julio y agosto redujeron en conjunto en 60.000 el número de empleos previamente reportados para esos dos meses.

El informe también mostró una moderación en el crecimiento de los salarios, con un aumento interanual de 3% en los ingresos promedio por hora, el menor desde mayo de 2021. Aunque la tasa de desempleo continúa en niveles relativamente bajos, el debilitamiento de la contratación podría adquirir mayor relevancia para la Reserva Federal, que debe equilibrar sus objetivos de máximo empleo y estabilidad de precios mientras la inflación permanece por encima de su meta de 2%.

Por sectores, los gobiernos federal, estatales y locales redujeron sus nóminas en 17.000 puestos, mientras los servicios profesionales y empresariales eliminaron 9.000 empleos. El sector salud agregó 17.000 plazas, por debajo del promedio mensual de 33.000 registrado durante el último año, mientras la construcción incorporó 11.000 trabajadores y la manufactura sumó otros 9.000.

El aumento del desempleo estuvo relacionado, en parte, con el ingreso de 485.000 personas a la fuerza laboral, de las cuales una proporción no encontró empleo de manera inmediata. En lo corrido de 2026, los empleadores han creado en promedio 68.000 puestos mensuales, una mejora frente al promedio de 9.700 registrado en 2025, aunque el ritmo de contratación continúa siendo moderado en comparación con años anteriores.

Economistas han descrito la situación actual como un mercado laboral de “baja contratación y pocos despidos”, caracterizado por una relativa estabilidad para quienes ya tienen empleo, pero mayores dificultades para quienes buscan incorporarse o cambiar de trabajo. Indicadores privados de confianza entre empleados también han mostrado un deterioro, mientras menos trabajadores estarían dispuestos a renunciar ante la percepción de menores oportunidades disponibles en el mercado.

Los datos se publican un mes antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, mientras persiste la preocupación de los hogares por el costo de vida y la situación económica. Tras conocerse el informe, los futuros de los índices S&P 500 y Nasdaq ampliaron sus avances y los rendimientos de los bonos del Tesoro disminuyeron, ante las expectativas de que la Reserva Federal pueda mantener sin cambios su tasa de interés en su próxima reunión.

ECONOMÍA

G7 acuerda liberar 100 millones de barriles de sus reservas de petróleo

Los países del Grupo de los Siete (G7) acordaron liberar 100 millones de barriles de petróleo de sus reservas durante los próximos cuatro meses, con una salida inicial significativa de diésel durante los primeros 20 días. La medida comenzará de manera inmediata y será coordinada por la Agencia Internacional de Energía (AIE), en medio de las presiones que continúan afectando los mercados internacionales de combustibles.

El acuerdo fue anunciado por Francia, que ejerce la presidencia rotatoria del G7, después de una videoconferencia encabezada por el presidente Emmanuel Macron. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participó en las conversaciones y había abordado previamente con Macron la situación de los precios de los combustibles y la disponibilidad de productos derivados del petróleo.

La decisión busca aumentar la oferta disponible después de varios meses de interrupciones en los mercados energéticos asociadas al conflicto con Irán y a las restricciones sobre el transporte de petróleo en Medio Oriente. La AIE señaló en septiembre que las exportaciones de diésel y gasóleo desde los países del Golfo se habían reducido de manera considerable frente a los niveles previos al conflicto, mientras otras disrupciones en el suministro internacional también han contribuido a la presión sobre los productos refinados.

En Estados Unidos, el precio promedio nacional del galón de diésel se ubicó el viernes en US$6,37, después de alcanzar un récord de US$6,52 el 22 de septiembre. La decisión del G7 llega mientras los elevados costos de los combustibles mantienen la presión sobre los precios de la energía y la administración Trump busca ampliar la disponibilidad de diésel en el mercado estadounidense.

El G7 también acordó evitar restricciones a las exportaciones de energía y productos energéticos entre sus integrantes, al considerar que ese tipo de medidas podría aumentar las tensiones en los mercados. El grupo pidió además a otros productores abstenerse de imponer prohibiciones a las exportaciones, manteniendo el flujo de suministros entre economías mientras se ejecuta la liberación coordinada de las reservas.

La nueva intervención se suma a las medidas adoptadas anteriormente durante 2026 para responder a las disrupciones del mercado petrolero. En marzo, los 32 países miembros de la AIE acordaron liberar 400 millones de barriles de sus reservas de emergencia, la mayor operación coordinada de este tipo realizada por la agencia, mientras el G7 había señalado posteriormente la importancia de mantener mecanismos de reservas suficientes para responder a nuevas alteraciones del suministro.

ECONOMÍA

Amazon invertirá más de US$1.000 millones en comunidades cercanas a sus centros de datos

Amazon Web Services (AWS), la división de computación en la nube de Amazon, anunció que invertirá más de US$1.000 millones durante los próximos cinco años en comunidades de Estados Unidos donde opera centros de datos. La iniciativa estará orientada a educación, capacitación laboral, asequibilidad energética, conservación de agua y energía, y otras prioridades locales vinculadas con la expansión de esta infraestructura.

El anuncio llega mientras los centros de datos enfrentan cuestionamientos en distintas regiones del país por su impacto sobre la demanda de electricidad, las tarifas de servicios públicos y el consumo de agua. Actualmente se analizan más de 100 propuestas de moratoria sobre nuevos proyectos de este tipo en Estados Unidos, según datos citados por la compañía.

Amazon señaló que entre 2011 y 2025 destinó US$276.000 millones a centros de datos y que mantiene proyectos de expansión en estados como Indiana, Luisiana, Carolina del Norte, Virginia y Mississippi. Estas instalaciones son clave para proporcionar la capacidad informática utilizada en el entrenamiento y funcionamiento de modelos de inteligencia artificial.

AWS también reiteró su compromiso de alcanzar un balance hídrico positivo en sus centros de datos para 2030, lo que implica devolver a las comunidades más agua de la que utiliza en sus operaciones. La empresa aseguró que ya ha completado alrededor del 75% del avance necesario para alcanzar esa meta.

El director ejecutivo de AWS, Matt Garman, sostuvo que existe urgencia por ampliar la infraestructura de centros de datos debido a la competencia internacional en inteligencia artificial. Según afirmó, los países que lideren el desarrollo de esta tecnología tendrán una mayor capacidad para aprovechar sus beneficios económicos y de seguridad nacional, mientras Amazon busca acompañar esa expansión con inversiones dirigidas a las comunidades donde opera.

DIPLOMACIA

Estados Unidos suspende servicios consulares en Brasil a dos días de las elecciones presidenciales

portavoz del Departamento de Estado señaló que Washington está trabajando estrechamente con las autoridades brasileñas para abordar las preocupaciones que motivaron la decisión, aunque no ofreció detalles adicionales sobre su naturaleza. La dependencia tampoco estableció públicamente una relación entre la suspensión de los servicios consulares y las elecciones presidenciales que Brasil celebrará el domingo 4 de octubre.

La medida se produce dos días antes de la primera vuelta electoral, en la que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva busca un nuevo mandato frente a otros candidatos, incluido el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Las encuestas recientes muestran una competencia estrecha y plantean la posibilidad de una segunda vuelta el 25 de octubre si ningún aspirante obtiene los votos necesarios para ganar en la primera.

En paralelo, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el jueves que sigue “muy de cerca” el proceso electoral brasileño y calificó la votación como “muy importante”. Trump destacó la relevancia de Brasil y elogió a su población, pero no expresó públicamente respaldo a ninguno de los candidatos durante sus declaraciones ante periodistas antes de viajar a Texas y Oklahoma.

Las declaraciones coinciden con un periodo de diferencias entre Washington y Brasilia por asuntos comerciales y diplomáticos. El Gobierno de Lula ha cuestionado algunas acciones de la administración Trump y ha expresado preocupación por una posible influencia externa en el proceso político brasileño, mientras Estados Unidos ha adoptado medidas que incluyen aranceles e investigaciones comerciales relacionadas con Brasil.

DIPLOMACIA

OEA exige a Nicaragua elecciones y liberación de presos políticos

La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este viernes por unanimidad una resolución que exige a Nicaragua restablecer las condiciones para celebrar elecciones y liberar de manera inmediata e incondicional a las personas detenidas por motivos políticos. La decisión se adoptó en la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en Washington luego de que el Consejo Permanente calificara la situación del país como un asunto urgente de interés común para los Estados americanos.

El texto plantea además recuperar la separación de poderes, esclarecer el paradero de las personas desaparecidas, restituir la nacionalidad a quienes fueron privados de ella y restablecer las libertades civiles. La resolución no contempla sanciones concretas contra el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero crea un grupo ministerial de seguimiento que promoverá contactos con las autoridades y la oposición nicaragüenses y presentará recomendaciones en un plazo de 90 días.

Durante la sesión, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, denunció que el Gobierno nicaragüense rechazó a Natasha Franceschi como nueva embajadora de Estados Unidos en Managua, dos días después de que el Senado confirmara su nombramiento, el 30 de septiembre. La representación permanece sin embajador desde 2023. Según Landau, la decisión refleja la falta de disposición de Managua para mantener un diálogo diplomático.

Landau sostuvo además que la situación interna de Nicaragua representa, según la posición de Estados Unidos, un riesgo para la paz y la seguridad regionales, y afirmó que el Gobierno de Ortega y Murillo mantiene relaciones con actores extrarregionales que participan en entrenamiento policial e intercambio de inteligencia con sus autoridades. Brasil manifestó reparos frente a cualquier referencia a Nicaragua como amenaza para la seguridad regional, mientras otros gobiernos expresaron posiciones distintas sobre el alcance de la respuesta.

La reunión se celebró después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y expertos de Naciones Unidas pidieran a los Estados miembros favorecer el restablecimiento del Estado de derecho y las garantías democráticas en Nicaragua, ante denuncias de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y privación de la nacionalidad. Nicaragua permanece fuera de la OEA desde 2023.

MIGRACIÓN

Administración Trump reporta cerca de 200.000 arrestos migratorios en cuatro meses

El encargado de la política fronteriza de la Casa Blanca, Tom Homan, afirmó que las autoridades migratorias han realizado cerca de 200.000 arrestos en el interior del país durante los últimos cuatro meses y anticipó que las deportaciones se intensificarán en 2027. Las declaraciones fueron hechas durante la Conferencia de Liderazgo Hispano del America First Policy Institute (AFPI), celebrada en Doral, Florida.

Homan sostuvo que las cifras reflejan un aumento sostenido de los operativos y señaló que septiembre registraría la mayor cantidad de deportaciones mensuales en la historia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE). El funcionario también indicó que junio, julio y agosto marcaron niveles elevados de actividad, con cerca de 51.000 arrestos solamente en agosto.

Durante su intervención, Homan aseguró que la administración Trump mantendrá la política de deportaciones masivas y que el ritmo de los operativos aumentará el próximo año. También señaló que todavía está prevista la contratación de alrededor de 2.000 agentes adicionales para reforzar la capacidad operativa de las autoridades migratorias.

En Doral, ciudad del sur de Florida con una importante población venezolana y latinoamericana, organizaciones comunitarias han expresado preocupación por el impacto de los operativos migratorios. Algunos grupos han señalado que las redadas han reducido la actividad comercial y generado temor entre residentes, mientras preparan solicitudes dirigidas a congresistas de la zona para pedir cambios en la aplicación de la política migratoria.

Las medidas también han generado cuestionamientos de algunos legisladores republicanos de Florida. La representante María Elvira Salazar ha señalado que determinados aspectos de la política migratoria han ido demasiado lejos, mientras el representante Mario Díaz-Balart afirmó que algunas acciones han sido excesivas, reflejando diferencias dentro del partido sobre la implementación de los operativos.

Homan rechazó las críticas, en medio del debate político sobre el alcance de los operativos de ICE y sus efectos en las comunidades migrantes.

POLÍTICA

Excongresista David Rivera es condenado a diez años de prisión por cabildeo no registrado a favor de Venezuela

La jueza federal Melissa Damian impuso la pena a David Rivera, de 61 años, quien permanece detenido desde que un jurado lo declaró culpable de todos los cargos, entre ellos no registrarse como agente extranjero y conspirar para lavar dinero en el marco de su trabajo para el gobierno de Nicolás Maduro. Rivera representó al sur de Florida en la Cámara de Representantes entre 2011 y 2013. El caso se refiere a una campaña de cabildeo de 50 millones de dólares a favor de Venezuela, adelantada sin revelarse durante el primer gobierno de Donald Trump.

Según la acusación de 11 cargos, revelada en 2022, la entonces canciller Delcy Rodríguez, hoy presidenta encargada de Venezuela, recurrió a Rivera para aprovechar sus contactos republicanos en el Congreso con el fin de que la administración estadounidense moderara su postura y flexibilizara las sanciones contra Venezuela. La Fiscalía sostuvo que el contrato con PDV USA, filial con sede en Nueva York de la petrolera estatal venezolana, sirvió de fachada para el cabildeo ilegal, y que Rivera intentó ocultarlo con documentos de fecha alterada y acuerdos simulados. Esta actividad, según los fiscales, se realizó en 2017 sin el registro que exige la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA).

La Fiscalía había solicitado una pena superior a 20 años, mientras que la defensa pedía no más de un año de prisión. En la audiencia, el abogado defensor Ed Shohat argumentó que su cliente no merecía morir en prisión por no haber presentado el registro exigido por FARA. Los abogados de Rivera solicitaron un indulto presidencial y prevén apelar, al tiempo que lo defienden en un proceso relacionado por cabildeo extranjero en Washington D. C. Su coacusada, la consultora política Esther Nuhfer, fue condenada en agosto a cinco años de prisión.

Durante el juicio declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, quien afirmó que en 2017, cuando era senador, Rivera se reunió con él para hablar sobre Venezuela sin informarle de su contrato con la filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana. La defensa sostuvo a lo largo del proceso que Rivera buscaba ayudar a la oposición venezolana a apartar a Maduro del poder, no favorecer a su gobierno.

POLÍTICA

Presidente Trump continúa en Alabama su gira de campaña para las elecciones legislativas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continuará este viernes su gira de campaña con un acto en Alabama, como parte de una serie de eventos previstos antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. La visita forma parte de una gira de 32 días con la que el mandatario busca respaldar a candidatos republicanos y aumentar la movilización de los votantes de su partido durante la recta final de la campaña.

Durante su paso por Alabama, Trump tiene previsto reforzar el respaldo al senador Tommy Tuberville, candidato republicano a la gobernación del estado, así como a otros aspirantes del partido en la región. La visita se produce un día después de que el presidente iniciara formalmente su recorrido electoral por Texas y Oklahoma, mientras la Casa Blanca prepara una agenda de actos casi diarios hasta los comicios.

Trump comenzó la gira el jueves con una visita a una planta de camiones en Denton, Texas, donde respaldó al fiscal general estatal Ken Paxton en su campaña al Senado. Posteriormente participó en un mitin en Durant, Oklahoma, en apoyo al candidato republicano a gobernador Mike Mazzei, y afirmó que seguirá involucrado activamente en la campaña durante las próximas semanas.

En Oklahoma, el mandatario reconoció que su partido presta especial atención a varias contiendas que podrían resultar competitivas, entre ellas algunas en Michigan y Texas, y sostuvo que alrededor de 35 carreras serán determinantes para el resultado electoral. El control de la Cámara de Representantes y del Senado estará en juego el próximo 3 de noviembre, por lo que los republicanos han concentrado recursos y figuras nacionales en estados y distritos considerados relevantes para conservar sus mayorías.

El vicepresidente JD Vance también se incorporó esta semana a la campaña. El jueves participó en un acto en Lakeland, Florida, para respaldar al representante Byron Donalds, candidato republicano a gobernador, después de haber acompañado un día antes en Texas a Eric Flores, quien compite por un escaño en la Cámara de Representantes.

La intensificación de los actos electorales coincide con datos que muestran una baja aprobación de la gestión económica de Trump. Un sondeo reciente ubicó en 17% la proporción de adultos estadounidenses que aprueba su manejo del costo de vida y en 26% la aprobación de su gestión general de la economía, mientras los precios de los combustibles y otros gastos de los hogares permanecen entre los temas centrales de la campaña.

Después de Alabama, Trump tiene previsto continuar el sábado con un acto en Vandalia, Ohio, y posteriormente viajar el lunes a Grand Island, Nebraska. La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, informó a senadores republicanos que el presidente mantendrá una agenda de campaña cercana a un evento diario hasta las elecciones, con visitas tanto a estados tradicionalmente republicanos como a zonas donde las contiendas se han vuelto más disputadas.

                   

SANCIONES

Tesoro de EE. UU. sanciona a cinco personas y entidades por presunto financiamiento de Hamas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC), sancionó este viernes a un integrante del brazo militar de Hamas, dos personas radicadas en Francia y dos entidades vinculadas, a las que señaló de participar en una red de financiamiento que habría transferido más de US$2 millones a la organización mediante supuestas organizaciones benéficas y canales de criptomonedas.

Entre los sancionados se encuentra Saleem Abdallah Saleem al-Zaq, identificado por el Tesoro como subcomandante de un batallón del brazo militar de Hamas en Gaza. Según las autoridades estadounidenses, al-Zaq habría supervisado una estructura que utilizó empresas de servicios monetarios y billeteras de criptomonedas para transferir recursos a las Brigadas Al-Qassam, además de mantener vínculos de confianza con altos funcionarios de Hamas.

La medida también incluye a Faouzi Barika y Amel Oualid, ambos radicados en Francia. El Tesoro sostuvo que los dos operaban organizaciones presentadas como iniciativas humanitarias para recaudar fondos destinados a civiles en Gaza, pero que parte de esos recursos habría sido enviada a al-Zaq y posteriormente canalizada hacia Hamas. De acuerdo con la entidad, entre 2020 y 2026 la red recaudó más de US$2 millones, de los cuales US$1,5 millones se obtuvieron después del ataque de Hamas contra Israel del 7 de octubre de 2023.

OFAC también sancionó a Association Baraka y Ensemble C Mieux, organizaciones con sede en Francia vinculadas respectivamente a Barika y Oualid. Según el Tesoro, ambas entidades fueron utilizadas para solicitar donaciones públicas y transferir fondos a al-Zaq, mientras Barika y Oualid también habrían enviado cientos de miles de dólares en criptomonedas.

La acción fue coordinada con una operación más amplia liderada por la Oficina Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation, FBI), con participación de otras autoridades estadounidenses, para desarticular mecanismos de recaudación vinculados con Hamas, incluidos algunos con actividad dentro de Estados Unidos. Como resultado de las sanciones, los bienes e intereses en bienes de las personas y entidades designadas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados, y en términos generales se prohíben transacciones con ellas salvo autorización de OFAC.

SALUD

Tesoro de Estados Unidos inicia pagos de US$500 a afiliados de Obamacare en 30 estados

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos comenzó a distribuir pagos de US$500 a cerca de 950.000 personas inscritas en planes de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care Act, ACA), conocida como Obamacare, a través del mercado federal HealthCare.gov. Los desembolsos comenzaron el 30 de septiembre y están dirigidos a residentes de 30 estados que utilizan la plataforma administrada por el Gobierno federal.

Los pagos pueden llegar mediante cheque postal o depósito directo y están acompañados por una carta firmada por el presidente Donald Trump. La administración sostiene que los recursos corresponden a excedentes generados por las tarifas que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS) cobran a las aseguradoras participantes para financiar la operación de HealthCare.gov.

Entre los principales beneficiarios se encuentran personas que adquirieron cobertura sin recibir créditos fiscales federales para reducir sus primas. La medida alcanza especialmente a afiliados con ingresos superiores al 400% del nivel federal de pobreza, aunque también incluye a algunos hogares con ingresos inferiores que no accedieron a determinados beneficios. Las familias con más de un integrante elegible pueden recibir más de un pago.

Los 30 estados incluidos son aquellos que dependen del mercado federal de seguros de salud, mientras los estados que administran sus propias plataformas no forman parte del programa. Texas y Florida concentran el mayor número de beneficiarios, con aproximadamente 139.000 y 127.900 personas respectivamente, seguidos por estados como Wisconsin, Arizona y Oregón.

La administración Trump ha presentado los pagos como una devolución de recursos que, según su versión, fueron cobrados en exceso durante la administración Biden. Sin embargo, especialistas en política sanitaria han cuestionado esa interpretación y han señalado que las tarifas cobradas a las aseguradoras variaron durante esos años, por lo que discrepan sobre la explicación utilizada por el Gobierno para justificar los reembolsos.

Los pagos se producen después de que expiraran a finales de 2025 los subsidios ampliados de la ACA, que habían reducido el costo de las primas para millones de afiliados. Como resultado, algunos hogares enfrentaron incrementos significativos en sus costos de cobertura durante 2026, por lo que expertos citados por medios estadounidenses han advertido que un pago único de US$500 no necesariamente compensa el aumento anual de las primas.