Colombia Cierra La Milagro Week Con US$43.205 Millones En Compromisos De Inversión Y Financiación -  AmCham Colombia
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Colombia cierra la Milagro Week con US$43.205 millones en compromisos de inversión y financiación

19 de noviembre de 2026

El Gobierno colombiano presentó el balance final de la Milagro Week, realizada en Nueva York, con anuncios y compromisos de inversión y financiación por US$43.205 millones, más del doble de la meta inicial de US$20.000 millones. El vicepresidente José Manuel Restrepo informó que los proyectos abarcan 11 sectores económicos, con presencia prevista en 24 departamentos y Bogotá, y un potencial de generación superior a 55.000 empleos. La jornada, desarrollada como parte de la estrategia de atracción de capital del Gobierno de Abelardo De la Espriella, reunió a empresas, fondos de inversión y organismos multilaterales interesados en financiar proyectos productivos en Colombia.

Del monto total anunciado, US$21.805 millones corresponden a iniciativas empresariales y de organizaciones privadas, mientras que US$21.400 millones provienen de compromisos de financiación de la banca multilateral dirigidos al sector privado. En este último grupo, la Corporación Financiera Internacional (IFC), perteneciente al Grupo Banco Mundial, anunció US$10.000 millones; BID Invest, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), comprometió US$6.000 millones; y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), US$5.400 millones. Estos recursos están orientados a respaldar proyectos de inversión y fortalecer el acceso a financiación empresarial.

Entre los principales anuncios empresariales se destacan US$3.450 millones de Transferport para desarrollo ferroviario y US$3.000 millones de Avianca para aviación, transporte y turismo. En el sector minero y energético, AngloGold Ashanti anunció US$2.500 millones para proyectos mineros, mientras que Parex Resources comprometió otros US$2.500 millones para actividades petroleras. A estas iniciativas se suman US$2.000 millones de Addi para inclusión financiera y US$1.800 millones de Patria Investments para renovación urbana, que figuran entre los compromisos privados de mayor cuantía presentados durante el encuentro.

Otros proyectos anunciados incluyen US$1.500 millones de Asur para modernización aeroportuaria, US$1.100 millones de Greenwood Energy para energía eólica y US$1.000 millones del Grupo Éxito para comercio e industria. También se reportaron US$600 millones de Mineros para actividades mineras, US$550 millones de Delphi Capital para centros de datos y US$500 millones de Patria Investments para salud. La cartera de iniciativas se complementa con proyectos de energía solar, inclusión financiera, sustitución de cultivos, servicios de salud, desarrollo agroforestal y conservación ambiental, con compromisos de menor cuantía.

Durante la Milagro Week se realizaron 223 reuniones individuales con inversionistas, de las cuales el 73% registró manifestaciones de interés en avanzar con oportunidades de inversión en Colombia, según el balance de la Presidencia. Los anuncios incluyen proyectos en diferentes etapas de desarrollo, por lo que los montos reportados no representan necesariamente recursos ya desembolsados o inversiones ejecutadas. El Gobierno señaló que el siguiente paso será trabajar con las empresas y entidades participantes para avanzar en la estructuración, financiación y materialización de los compromisos anunciados.

Sobre las acciones posteriores al encuentro, el vicepresidente Restrepo explicó que la primera prioridad será realizar un seguimiento individual a cada decisión de inversión para facilitar su ejecución. "Lo que viene a continuación es hacerle seguimiento inversión por inversión para que se vayan materializando lo más rápidamente posible", afirmó. El funcionario señaló que esta labor permitirá identificar los avances y las gestiones pendientes de cada proyecto, con el objetivo de transformar los anuncios realizados en Nueva York en inversiones efectivas y actividades productivas dentro del territorio colombiano.

Restrepo también indicó que el Gobierno continuará ampliando su portafolio de proyectos de inversión privada y público-privada para presentar nuevas oportunidades a inversionistas internacionales. Como tercera línea de trabajo, planteó avanzar en medidas de simplificación y facilitación de trámites, mediante el denominado "plan destrabe", que contempla reducir dificultades relacionadas con el licenciamiento ambiental, los procesos de consulta con comunidades y otros permisos requeridos para desarrollar proyectos. Según el vicepresidente, estas acciones buscan facilitar la ejecución de inversiones y mejorar las condiciones para la actividad empresarial.

La estrategia de promoción internacional continuará con una nueva edición de la Milagro Week prevista para marzo de 2027 en Madrid, España, donde el Gobierno espera presentar nuevas oportunidades y dar seguimiento a los compromisos adquiridos en Nueva York. Las autoridades también han anunciado su intención de extender estos encuentros a otras regiones del mundo, con el propósito de ampliar las fuentes de financiación para proyectos colombianos. Entretanto, la siguiente fase estará concentrada en verificar el avance de las inversiones anunciadas, gestionar los procedimientos necesarios para su ejecución y establecer resultados concretos en materia de empleo y desarrollo productivo.

DIPLOMACIA

Trump, Xi y Putin se comprometen a dialogar sobre riesgos nucleares en su primera reunión trilateral

 

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; China, Xi Jinping; y Rusia, Vladímir Putin, sostuvieron su primera reunión trilateral en Shenzhen, China, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). El encuentro, que se prolongó durante más de una hora, estuvo centrado en la seguridad internacional, la reducción de riesgos nucleares y la cooperación entre las tres potencias. Aunque los mandatarios destacaron la importancia del diálogo para mantener la estabilidad mundial, las conversaciones concluyeron sin acuerdos concretos sobre los principales conflictos internacionales.

Tras la reunión, los tres gobiernos publicaron una declaración conjunta de paz en la que expresaron su disposición a promover reformas en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aumentar el suministro mundial de petróleo y reducir los riesgos asociados con las armas nucleares. Sin embargo, el documento no precisó los mecanismos para implementar estos compromisos ni incluyó referencias directas a la guerra entre Rusia y Ucrania o al conflicto de Estados Unidos con Irán. Los mandatarios también manifestaron su oposición a lo que calificaron como un uso indebido de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) y defendieron la inmunidad de los funcionarios estatales frente a determinados procedimientos judiciales.

Xi Jinping, anfitrión del encuentro, calificó las conversaciones como positivas y afirmó que los tres países comparten posiciones sobre la necesidad de preservar la paz internacional. Según la información difundida por las autoridades chinas, los mandatarios coincidieron en que las grandes potencias deben considerar las preocupaciones legítimas de seguridad de otros Estados y resolver sus diferencias mediante negociaciones y cooperación. El presidente chino sostuvo que mantener abiertos los canales diplomáticos es fundamental para avanzar hacia soluciones pacíficas, aunque la declaración final no abordó la situación de Taiwán, territorio que Pekín considera parte de China.

Por su parte, Trump presentó la reunión como un acontecimiento histórico y afirmó que podría representar el inicio de una nueva etapa de cooperación entre Washington, Pekín y Moscú. El mandatario estadounidense señaló que las tres potencias tienen responsabilidades particulares en materia de estabilidad internacional y destacó la posibilidad de desarrollar mecanismos conjuntos para reducir los arsenales nucleares. Durante sus conversaciones bilaterales con Putin, Trump también manifestó que el acercamiento podría facilitar futuras negociaciones sobre asuntos de seguridad, aunque no anunció compromisos adicionales.

La guerra con Irán también formó parte de las conversaciones, según confirmó Trump, quien reiteró que Estados Unidos y China coinciden en la necesidad de garantizar la reapertura completa del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio mundial de energía. El presidente estadounidense aseguró que ambos gobiernos comparten la posición de impedir que Irán obtenga armas nucleares. No obstante, no se anunciaron acuerdos con China o Rusia para intervenir diplomáticamente en el conflicto, pese a las relaciones que ambos países mantienen con Teherán.

Para Putin, la reunión representó una oportunidad de mantener conversaciones directas con sus homólogos estadounidense y chino, en medio de las tensiones internacionales derivadas de la guerra en Ucrania. Durante su intervención, el presidente ruso destacó que los tres países comparten responsabilidades en el mantenimiento de la paz y la seguridad, tanto por su condición de potencias mundiales como por su participación en la creación del sistema de Naciones Unidas. Asimismo, señaló que existen intereses comunes en la resolución de conflictos regionales, incluida la guerra en Ucrania.

La posición conjunta frente a la Corte Penal Internacional también ocupó un espacio en las conversaciones, particularmente por las diferencias que Estados Unidos y Rusia mantienen con ese tribunal. Putin enfrenta una orden de arresto emitida por la CPI por presuntos crímenes de guerra relacionados con Ucrania, mientras que Washington ha cuestionado las actuaciones de la Corte contra autoridades israelíes, incluida la orden de detención contra el primer ministro israelí en funciones, Benjamín Netanyahu. Pese a estas coincidencias, los gobiernos no anunciaron medidas específicas relacionadas con el funcionamiento del tribunal ni con los procesos judiciales en curso.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, explicó que la guerra en Ucrania fue abordada durante las reuniones bilaterales de Putin con Trump y Xi, pero no constituyó el tema central del encuentro trilateral. Al finalizar las conversaciones, los mandatarios destacaron la importancia de mantener el diálogo entre las tres potencias, aunque quedaron pendientes definiciones sobre el control de armamentos, las reformas multilaterales y los conflictos internacionales. La declaración conjunta estableció compromisos generales de cooperación, sin fijar plazos ni mecanismos concretos para su implementación.

 

SEGURIDAD

Medellín será sede del próximo encuentro del Escudo de las Américas en 2027

 

El ministro de Defensa de Colombia, Jorge Eduardo Mora, anunció que Medellín será sede de la primera reunión de 2027 del Escudo de las Américas, una iniciativa regional impulsada por Estados Unidos para fortalecer la cooperación contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales. El anuncio se produjo tras el encuentro sostenido en Bogotá con el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, durante su visita oficial al país. La reunión congregará a representantes de los 19 países que integran la coalición y se desarrollará durante los primeros meses del próximo año, aunque todavía no se ha establecido una fecha específica.

 

El encuentro corresponde al foro de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles (A3C), brazo operativo del Escudo de las Américas, que busca articular las capacidades de seguridad de los países participantes mediante el intercambio de inteligencia, la coordinación operativa y el desarrollo de acciones conjuntas contra las redes delictivas internacionales. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, Colombia consolidó su participación en esta estructura, que pretende fortalecer la cooperación entre gobiernos frente a organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y otras actividades criminales que operan a través de las fronteras.

 

Como parte de los acuerdos alcanzados, Colombia asumirá responsabilidades de coordinación regional dentro de la coalición, que está organizada en cuatro nodos operativos. Según precisó el Ministerio de Defensa, el país liderará el nodo del Caribe y compartirá con Ecuador la conducción del nodo del Pacífico. Mora señaló que la ubicación geográfica de Colombia y la experiencia de sus fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico constituyen elementos relevantes para su participación en este mecanismo de cooperación internacional.

 

En julio de 2026, antes de asumir el cargo, el presidente Abelardo De la Espriella había anunciado que Medellín sería la sede principal del Escudo de las Américas en Colombia. Durante el anuncio, Mora confirmó que la ciudad albergará el próximo foro de la alianza y destacó la participación de los gobiernos que suscribieron la iniciativa. Por su parte, Hegseth presentó la coalición como un mecanismo de colaboración entre países soberanos para enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales, al tiempo que resaltó la importancia de mantener la coordinación entre las autoridades nacionales.

 

El anuncio se produjo durante una jornada de reuniones entre Hegseth, Mora y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Omar Bula, centradas en el fortalecimiento de la cooperación bilateral en seguridad. De acuerdo con el Departamento de Guerra de Estados Unidos, Hegseth destacó el liderazgo de Colombia en la A3C y su compromiso en la lucha contra las organizaciones narcoterroristas transnacionales. Por su parte, Mora resaltó las operaciones militares que adelantan las Fuerzas Militares colombianas y los esfuerzos para asegurar las fronteras y proteger la integridad territorial del país. El secretario estadounidense reiteró el compromiso de Washington con una alianza de defensa orientada a resultados, que promueva una mayor corresponsabilidad regional en materia de seguridad bajo el principio de "paz a través de la fuerza".

 

Durante la visita, Estados Unidos oficializó la entrega a Colombia de un avión de transporte táctico Lockheed C-130 Hercules, el primero de una serie de aeronaves destinadas a fortalecer las capacidades de transporte aéreo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Mora había señalado previamente que se esperaba la llegada de otras dos unidades, aunque no se informó un calendario definitivo para su entrega. Tanto la incorporación de la aeronave como la organización del foro regional de 2027 fueron presentadas por las autoridades como parte del fortalecimiento de la cooperación bilateral, mientras permanecen pendientes los detalles sobre la agenda y las delegaciones que participarán en la reunión de Medellín.

 

ECONOMÍA

Anthropic alcanza valoración de US$1,5 billones en la mayor salida a bolsa de la historia

 

La compañía estadounidense de inteligencia artificial Anthropic comenzó a cotizar en el mercado Nasdaq con una valoración inicial de US$1,5 billones, en la mayor oferta pública inicial (OPI) registrada hasta la fecha por monto recaudado, por encima de los US$75.000 millones de SpaceX. Las acciones de la empresa, desarrolladora del asistente Claude, debutaron a US$111,50, más de un 30% por encima del precio de colocación de US$83 por acción. La operación permitió recaudar aproximadamente US$81.300 millones, en medio de un creciente interés de los inversionistas por el sector de inteligencia artificial.

El precio final de colocación superó el rango inicialmente previsto de entre US$70 y US$78 por acción, reflejando una demanda superior a las expectativas iniciales de la compañía. La operación se produjo en medio de preocupaciones sobre una posible sobrevaloración de las empresas tecnológicas y la sostenibilidad financiera de las inversiones en inteligencia artificial. A estas inquietudes se sumaron las recientes turbulencias en el sector de semiconductores, particularmente tras la salida del director ejecutivo de Nvidia en medio de un presunto escándalo de espionaje relacionado con China.

La salida a bolsa representa una fuente de financiación para los planes de expansión de Anthropic, que enfrenta elevados costos asociados con el desarrollo de modelos avanzados de inteligencia artificial. Según sus documentos financieros, la compañía acumula una deuda de US$6.200 millones y todavía no registra beneficios bajo los estándares contables tradicionales. Además, ha adquirido compromisos de inversión en infraestructura y capacidad computacional por aproximadamente US$900.000 millones para los próximos años, de los cuales US$70.000 millones corresponden a los siguientes doce meses.

Fundada en 2021 por antiguos directivos de OpenAI, Anthropic compite con empresas como OpenAI, Google y otras compañías estadounidenses y chinas dedicadas al desarrollo de modelos de inteligencia artificial. La oferta pública también permitirá que empleados y accionistas comiencen a comercializar parte de sus participaciones, mientras que los recursos obtenidos facilitarán la financiación de nuevas capacidades tecnológicas. Por su parte, OpenAI decidió aplazar su propia salida a bolsa hasta 2027, en un mercado donde las elevadas necesidades de capital han generado interrogantes sobre los plazos para alcanzar la rentabilidad.

El debut bursátil también coincide con un mayor escrutinio político y regulatorio sobre el desarrollo de la inteligencia artificial en Estados Unidos. Legisladores demócratas han planteado la posibilidad de establecer controles adicionales sobre la industria, especialmente frente al consumo energético de los centros de datos y sus efectos sobre las comunidades. Asimismo, los gobernadores demócratas electos de Texas y Georgia han expresado su intención de restringir la construcción de nuevas instalaciones, mientras crecen las preocupaciones públicas sobre las consecuencias de la automatización en el empleo y la seguridad tecnológica.

Durante la apertura de las operaciones, el director ejecutivo y cofundador de Anthropic, Dario Amodei, destacó el compromiso de la empresa con el desarrollo responsable de la inteligencia artificial y la necesidad de mantener el control humano sobre estos sistemas. El directivo sostuvo que es posible combinar el crecimiento empresarial con medidas de seguridad, al tiempo que señaló aplicaciones de Claude en actividades científicas y de investigación. La evolución de la compañía en el mercado bursátil estará acompañada por el seguimiento de sus resultados financieros, sus compromisos de inversión y los posibles cambios regulatorios para el sector tecnológico.

 

POLÍTICA

Presidente Trump pide aprobar nueva ley agrícola antes del cambio de mayorías en el Congreso

 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a los legisladores republicanos a aprobar una nueva ley agrícola antes de que el Partido Demócrata asuma el control del Congreso en enero de 2027. La legislación, que establece la financiación de programas de apoyo al sector agropecuario y asistencia alimentaria durante cinco años, continúa pendiente de aprobación definitiva. A través de una publicación en Truth Social, Trump afirmó que los agricultores y ganaderos necesitan certidumbre antes de la temporada de siembra de 2027 y sostuvo que la seguridad alimentaria constituye un asunto de seguridad nacional.

 

La Cámara de Representantes aprobó su versión del proyecto en abril de 2026, pero la iniciativa todavía debe superar el trámite legislativo en el Senado antes de avanzar hacia la firma presidencial. Aunque el Comité de Agricultura del Senado aprobó una propuesta en septiembre, persisten diferencias entre republicanos y demócratas sobre algunos de sus componentes. Los senadores John Boozman y Amy Klobuchar, principales representantes de ambos partidos en ese comité, han expresado su intención de alcanzar un acuerdo antes de finalizar el año.

 

Uno de los principales puntos de negociación está relacionado con el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), que proporciona beneficios alimentarios a hogares de bajos ingresos. Los demócratas buscan aplazar durante dos años la aplicación de una disposición incluida en la legislación tributaria de 2025, que obliga a los estados a compartir con el Gobierno federal parte de los costos de estas prestaciones. Klobuchar manifestó durante una audiencia del Comité de Agricultura que espera alcanzar un compromiso bipartidista que permita reunir los votos necesarios para aprobar la legislación.

 

La discusión también ha generado llamados del sector agropecuario para acelerar el proceso legislativo. Más de 400 organizaciones agrícolas y rurales enviaron una carta a los líderes del Congreso solicitando la aprobación de la ley antes de finalizar 2026, al considerar que nuevos retrasos prolongarían la incertidumbre para los productores, las comunidades rurales y los gobiernos estatales encargados de administrar los programas. Las organizaciones destacaron la necesidad de contar con un marco estable de financiación y apoyo para las actividades agrícolas durante los próximos años.

 

El calendario legislativo representa una dificultad adicional para alcanzar un acuerdo, dado que el Senado dispone de aproximadamente 17 días de trabajo programados antes de concluir el año. La presión para aprobar la iniciativa coincide con la próxima transición del control del Congreso hacia los demócratas, lo que modificará la composición de las mayorías legislativas y las condiciones de negociación. Por ahora, la aprobación de la ley dependerá de que ambos partidos logren resolver sus diferencias sobre los programas agrícolas y de asistencia alimentaria antes del cierre de las sesiones de 2026.

 

POLÍTICA

Senado de Estados Unidos rechaza resolución para limitar los poderes de Trump en la guerra con Irán

 

El Senado de Estados Unidos rechazó una resolución que buscaba obligar al presidente Donald Trump a poner fin a las operaciones militares contra Irán o solicitar autorización del Congreso para continuarlas. La iniciativa, previamente aprobada por la Cámara de Representantes, fue derrotada con 51 votos en contra y 48 a favor, en una votación marcada por las divisiones partidistas. La decisión permite que la administración estadounidense mantenga las operaciones militares sin las restricciones adicionales contempladas en la propuesta.

 

Tres senadores republicanos, Susan Collins de Maine, Lisa Murkowski de Alaska y Rand Paul de Kentucky, votaron junto con los demócratas a favor de la resolución, mientras que el demócrata John Fetterman de Pensilvania se unió a los republicanos para rechazarla. La votación constituyó el primer pronunciamiento importante del Senado sobre la guerra con Irán desde las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que los demócratas obtuvieron el control de ambas cámaras del Congreso a partir de enero de 2027.

 

La resolución buscaba reforzar las facultades constitucionales del Congreso sobre la autorización de conflictos armados, en medio de cuestionamientos sobre la continuidad de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. El senador demócrata Tim Kaine, uno de los principales impulsores de la iniciativa, sostuvo que el Legislativo debe recuperar su papel en las decisiones relacionadas con el uso de la fuerza militar. Asimismo, señaló que los resultados de las elecciones intermedias reflejaron el descontento de los estadounidenses con el conflicto y con el aumento de los precios de los alimentos, los combustibles y otros bienes.

 

El rechazo de la resolución mantiene las diferencias entre ambos partidos sobre el alcance de las atribuciones presidenciales en materia militar. Mientras la mayoría republicana respaldó la continuidad de las operaciones sin exigir una nueva autorización legislativa, los demócratas insistieron en la necesidad de fortalecer la supervisión del Congreso. La decisión se produce antes del cambio de mayorías legislativas previsto para enero, cuando los demócratas asumirán el control de ambas cámaras y tendrán mayores posibilidades de impulsar iniciativas relacionadas con la conducción y financiación de la guerra.

 

SALUD

Juez federal bloquea condiciones sobre identidad de género en programa federal de atención del VIH

 

Un juez federal de Estados Unidos bloqueó las restricciones impuestas por la administración del presidente Donald Trump a los proveedores de servicios médicos que reciben fondos federales para la atención de pacientes con VIH. El magistrado William Young, del Tribunal de Distrito de Boston, determinó que el Gobierno no puede condicionar estos recursos a que los profesionales de salud desconozcan la identidad de género de sus pacientes transgénero o suspendan la prestación de tratamientos de afirmación de género. La decisión responde a una demanda presentada por asociaciones médicas y organizaciones proveedoras de atención especializada.

Las restricciones habían sido incorporadas por la Administración de Recursos y Servicios de Salud (Health Resources and Services Administration, HRSA), dependencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS), a las condiciones de financiación del Programa Ryan White de VIH/SIDA. Este mecanismo, creado por el Congreso en 1990, proporciona atención médica a personas con VIH de bajos ingresos o sin cobertura de salud. Las nuevas disposiciones exigían que los beneficiarios de los recursos federales aplicaran definiciones de sexo basadas exclusivamente en criterios biológicos, en cumplimiento de las políticas impulsadas por Trump.

En su sentencia, Young concluyó que las condiciones de financiación vulneraban la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, al restringir la libertad de expresión de los profesionales médicos mediante disposiciones que, según su interpretación, buscaban impedir el reconocimiento de la identidad de género de los pacientes. El magistrado también determinó que las medidas constituían una discriminación inconstitucional basada en el sexo, contraria a las garantías de la Quinta Enmienda. En su decisión, sostuvo que las restricciones estaban fundamentadas en criterios discriminatorios y no podían mantenerse vigentes.

La demanda fue presentada por organizaciones médicas, entre ellas la Academia Estadounidense de Medicina del VIH, que cuestionaron la compatibilidad de las restricciones con el mandato legal del Programa Ryan White. Según los demandantes, las condiciones impedían financiar determinados tratamientos que históricamente habían formado parte de la atención integral a pacientes transgénero con VIH, incluida la terapia hormonal. Los representantes legales de las organizaciones señalaron que el fallo constituye una decisión favorable a sus reclamaciones, mientras que el Departamento de Salud y Servicios Humanos no había emitido una respuesta pública inmediata.

La decisión se relaciona con otras medidas adoptadas por la administración Trump respecto al reconocimiento de la identidad de género y el acceso a determinados servicios para personas transgénero. Entre ellas figuran las restricciones al servicio militar y a la identificación de género en pasaportes, cuya aplicación ha sido permitida por la Corte Suprema. El Gobierno también ha impulsado limitaciones a los tratamientos de afirmación de género en prisiones federales y ha respaldado disposiciones estatales sobre la participación de deportistas transgénero en competencias femeninas, iniciativas que han generado distintos procedimientos judiciales.

El fallo fue emitido después de un juicio celebrado en septiembre y establece límites a la capacidad del Ejecutivo para imponer condiciones sobre recursos destinados a la atención de pacientes con VIH. La resolución impide aplicar las restricciones cuestionadas a los proveedores incluidos en el programa federal, al considerar que vulneran derechos constitucionales y afectan el alcance de los servicios autorizados por el Congreso. La decisión representa un nuevo pronunciamiento judicial sobre las políticas de la administración Trump relacionadas con la identidad de género y la financiación de servicios médicos.

 

SANCIONES

Tesoro sanciona a organizaciones criminales de Australia e Italia por vínculos con el narcotráfico internacional

 

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció sanciones contra dos organizaciones criminales transnacionales: Comanchero Outlaw Motorcycle Gang, con sede en Australia, y la mafia italiana ‘Ndrangheta. Según las autoridades estadounidenses, ambas estructuras proporcionan apoyo logístico y operativo a carteles del narcotráfico, facilitando el transporte internacional de drogas, el lavado de activos y la expansión de sus redes criminales. La medida forma parte de las acciones de Washington para interrumpir las operaciones financieras de organizaciones vinculadas con el tráfico ilícito de estupefacientes. De acuerdo con el Departamento de Estado, ambas estructuras brindan apoyo logístico a organizaciones designadas por Estados Unidos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO), entre ellas el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación y el Clan del Golfo. Las sanciones se adoptaron en virtud de la Orden Ejecutiva 14059, orientada a combatir la proliferación de drogas ilícitas y sus medios de producción.

La organización Comancheros, que mantiene presencia en Asia, Europa y América del Norte, ha establecido relaciones con el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Clan del Golfo y Los Choneros. De acuerdo con el Tesoro, estas conexiones han permitido movilizar cargamentos de cientos de kilogramos de cocaína desde América del Sur hacia Estados Unidos, Australia y Europa. Las autoridades también señalaron que los mercados australiano y neozelandés representan destinos de interés para los carteles mexicanos, debido a los mayores precios de comercialización de drogas ilícitas.

Las sanciones contra los Comancheros incluyen a varios integrantes de su estructura directiva, entre ellos Alexandre Varela Villar, identificado como comandante mundial de la organización desde España, y Allan John Norman Meehan, señalado como presidente mundial desde Australia. También fueron designados Pasilika y Vetekina Naufahu, vinculados con operaciones de narcotráfico en Nueva Zelanda y contactos con el Cartel de Sinaloa, así como Marco Francis Coffen, a quien el Tesoro atribuye el suministro de plataformas de comunicación cifrada utilizadas por organizaciones criminales para dificultar las interceptaciones policiales.

Por su parte, la ‘Ndrangheta, originaria de Calabria, Italia, mantiene operaciones en más de 80 países y participa en redes internacionales de tráfico de cocaína. Según el Departamento del Tesoro, algunas estimaciones atribuyen a esta organización el control de cerca del 80% del comercio europeo de esta droga, mientras que autoridades italianas han advertido sobre su creciente participación en el mercado ilícito de fentanilo. La estructura también mantiene vínculos con organizaciones latinoamericanas, entre ellas el Cartel de Sinaloa, el CJNG y el Clan del Golfo, mediante acuerdos que facilitan el movimiento de estupefacientes entre continentes.

Una parte de las medidas se concentra en la estructura de la ‘Ndrangheta establecida en Toronto, Canadá, cuyos integrantes, según las autoridades estadounidenses, utilizan los sistemas financieros canadiense y estadounidense para el lavado de recursos ilícitos. Entre los sancionados figuran Angelo Figliomeni, Cosimo Figliomeni, Francesco Commisso, Rocco Remo Commisso, Vincenzo DeMaria y Luigi Vescio Sr., identificados por el Tesoro como dirigentes o integrantes de la organización. Washington sostiene que esta estructura mantiene vínculos con sus miembros en Italia y participa en la coordinación de actividades criminales que trascienden el territorio canadiense.

Las designaciones también abarcan una red empresarial vinculada con Luigi Vescio Sr., que incluye tres compañías de servicios funerarios ubicadas en Ontario y la empresa de alquiler de vehículos de lujo Phantom Limousine Services Inc. Asimismo, fueron sancionados su esposa, Rose Vescio, y sus hijos, Luigi Vescio Jr. y Laura Vescio, por sus presuntas funciones en la propiedad y administración de estos negocios en representación de Vescio Sr. De acuerdo con la OFAC, estas medidas buscan restringir el acceso de las personas y entidades designadas al sistema financiero estadounidense.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que los carteles dependen de otras organizaciones criminales para transportar drogas y lavar recursos provenientes de actividades ilícitas. La investigación contó con la participación del Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y las autoridades de seguridad nacional, además de la cooperación de organismos policiales de Australia, Nueva Zelanda, Italia y Canadá. El Tesoro indicó que, desde comienzos de 2025, ha coordinado cerca de 40 acciones contra más de 500 personas y entidades relacionadas con redes criminales transnacionales.

Como resultado de las sanciones, los bienes e intereses patrimoniales de las personas y entidades designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados, mientras que las transacciones con estos actores quedan generalmente prohibidas, salvo autorización o excepción aplicable. Las restricciones también alcanzan a las empresas que sean propiedad, directa o indirecta, en un 50% o más de personas bloqueadas. Adicionalmente, las instituciones financieras extranjeras que faciliten determinadas operaciones significativas con los sancionados podrían quedar expuestas a medidas secundarias, incluidas restricciones para acceder al sistema bancario estadounidense.

 

SANCIONES

Estados Unidos sanciona a operadores de estafas digitales y colaboradores de grupos armados en el sudeste asiático

 

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció sanciones contra tres personas y dos empresas vinculadas con centros de fraude cibernético en el sudeste asiático. Según las autoridades estadounidenses, estas estructuras desarrollan esquemas fraudulentos de inversión en criptomonedas dirigidos principalmente a ciudadanos estadounidenses y reciben apoyo de grupos armados que facilitan su funcionamiento. Las medidas forman parte de los esfuerzos de Washington para combatir las redes internacionales de ciberdelincuencia, fraude financiero y extorsión.

Entre los sancionados figura Zhao Hui, ciudadano camboyano señalado de administrar centros de estafas en Camboya y mantener relaciones comerciales con el grupo criminal Prince Group, previamente sancionado por Estados Unidos. De acuerdo con el Tesoro, Zhao alquiló instalaciones pertenecientes a esta organización y realizó pagos por protección a su dirigente, Chen Zhi, además de operar un complejo independiente dedicado a esquemas fraudulentos de inversión en activos digitales. Las autoridades indicaron que estas operaciones estaban dirigidas principalmente a víctimas estadounidenses y europeas.

La OFAC también incluyó en las sanciones a dos empresas camboyanas presididas por Zhao Hui: Bei Fang Bo Lin Construction Decoration Co., Ltd., dedicada a actividades de construcción, y ZHZ Investment Consulting Co., Ltd., especializada en gestión y consultoría. Según el Departamento del Tesoro, ambas compañías están vinculadas con Zhao mediante relaciones de propiedad o control. Las designaciones buscan restringir las operaciones financieras de personas y entidades relacionadas con las estructuras de fraude cibernético identificadas por las autoridades estadounidenses.

Las medidas también alcanzan a dos dirigentes del Ejército Democrático Benevolente Karen (DKBA), un grupo armado étnico que opera en Myanmar, anteriormente conocido como Birmania. Según la OFAC, esta organización proporciona seguridad y apoyo operativo a centros de estafas ubicados en la frontera con Tailandia, donde también se han denunciado situaciones de trata de personas y violencia contra víctimas retenidas en estas instalaciones. Entre los designados se encuentra Saw Shwe Wah, comandante en jefe del DKBA desde diciembre de 2025, y Saw A One, coronel encargado de la seguridad en la zona fronteriza del paso de las Tres Pagodas, donde las autoridades han identificado una expansión de instalaciones destinadas al fraude mediante telecomunicaciones.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que Washington continuará utilizando sus herramientas financieras para interrumpir las actividades de las redes internacionales de estafas. La investigación fue coordinada con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Departamento de Justicia, la Administración para el Control de Drogas (DEA) y organismos de seguridad nacional. Como resultado de las designaciones, los activos de las personas y empresas sancionadas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados, mientras que las transacciones con estos actores quedan generalmente prohibidas, salvo las excepciones o autorizaciones correspondientes.