Cambiar de fondo el sistema de salud por decreto no solo es riesgoso; es ignorar las reglas que protegen nuestros derechos fundamentales como ciudadanos. Eso es precisamente lo que hace el Decreto 0858 de 2025: impone una transformaci\u00f3n profunda del modelo de salud en Colombia sin el debate democr\u00e1tico que exige nuestra Constituci\u00f3n y sin la participaci\u00f3n de la ciudadan\u00eda, del Congreso de la Rep\u00fablica ni de los actores del sistema.<\/p>\n\n\n\n Este decreto, expedido por el Gobierno Nacional, establece una nueva forma obligatoria de organizar los servicios de salud, redefine el papel de cl\u00ednicas, hospitales, EPS y entidades territoriales, y otorga amplios poderes al Ministerio de Salud sin establecer mecanismos claros de control o contrapeso institucional. En otras palabras, se plantea un redise\u00f1o completo del sistema sin que medie una ley estatutaria ni el an\u00e1lisis t\u00e9cnico y plural que exige una reforma de este alcance.<\/p>\n\n\n\n La gravedad jur\u00eddica de esta decisi\u00f3n radica en su posible incompatibilidad con la Ley Estatutaria 1751 de 2015, norma superior que regula el derecho fundamental a la salud. Esta ley establece con claridad que cualquier modificaci\u00f3n estructural al sistema debe realizarse respetando principios constitucionales como la participaci\u00f3n, la transparencia, la legalidad y el respeto a la autonom\u00eda de los actores del sistema. Saltarse este marco legal no solo vulnera el ordenamiento jur\u00eddico, sino que pone en entredicho la garant\u00eda plena del derecho a la salud para los colombianos.<\/p>\n\n\n\n M\u00e1s all\u00e1 del debate legal, el decreto tampoco atiende los problemas reales del sistema actual. No mejora el acceso a m\u00e9dicos o medicamentos, no garantiza la prestaci\u00f3n de tratamientos continuos, y no soluciona el deterioro financiero de un sistema cuya viabilidad se ha visto comprometida por la reducci\u00f3n de recursos y giros. De hecho, omite medidas de corto plazo para estabilizar la operaci\u00f3n y proteger a los pacientes mientras se define el futuro del modelo.<\/p>\n\n\n\n El riesgo es doble: por un lado, se crea un vac\u00edo jur\u00eddico al implementar cambios profundos por fuera del marco estatutario; por otro, se profundiza la incertidumbre para millones de usuarios y actores del sistema, sin soluciones inmediatas ni sostenibles.<\/p>\n\n\n\n Desde la C\u00e1mara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, reiteramos que el pa\u00eds necesita una reforma estructural del sistema de salud, pero esta debe hacerse dentro de la ley, con participaci\u00f3n social, t\u00e9cnica y legislativa, y orientada a garantizar el acceso, la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad.<\/p>\n\n\n\n El derecho a la salud no puede estar sujeto a improvisaciones ni a decisiones unilaterales. Cualquier intento de reforma debe partir del respeto por el marco constitucional y legal vigente, priorizar el bienestar de los pacientes, proteger la institucionalidad y asegurar un debate amplio, informado y leg\u00edtimo.<\/p>\n\n\n\n Julio 2025<\/em><\/p>\n\n\n\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Mar\u00eda Claudia Lacouture P. Presidenta ejecutiva, C\u00e1mara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) presidenta@amchamcolombia.com.co @mclacouture Cambiar de fondo el sistema de salud por decreto no solo es riesgoso; es ignorar las reglas que protegen nuestros derechos fundamentales como ciudadanos. 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