{"id":8845,"date":"2026-06-19T15:42:27","date_gmt":"2026-06-19T20:42:27","guid":{"rendered":"https:\/\/amchamcolombia.co\/business-mail\/?p=8845"},"modified":"2026-06-19T15:42:29","modified_gmt":"2026-06-19T20:42:29","slug":"los-estados-de-emergencia-economica-social-y-ecologica-un-desafio-actual-en-materia-normativa-y-tributaria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/amchamcolombia.co\/business-mail\/edicion-216-tendencias-y-desafios-del-entorno-legal-empresarial-en-colombia-2026\/los-estados-de-emergencia-economica-social-y-ecologica-un-desafio-actual-en-materia-normativa-y-tributaria\/","title":{"rendered":"Los estados de emergencia econ\u00f3mica, social y ecol\u00f3gica: un desaf\u00edo actual en materia normativa y tributaria"},"content":{"rendered":"
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Por: \u00c1lvaro Andr\u00e9s D\u00edaz Palacios, socio de P\u00e9rez-Llorca, G\u00f3mez-Pinz\u00f3n Abogados.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n

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Desde hace un tiempo para ac\u00e1, el pa\u00eds se ha visto enfrentado \u2014desde la \u00f3ptica de las instituciones, de los empresarios y de quienes sirven como instrumentos de defensa contra la arbitrariedad\u2014 a cambios normativos dr\u00e1sticos que el Ejecutivo trata de imponer v\u00eda decreto y al amparo de estados de emergencia econ\u00f3mica, social y ecol\u00f3gica.<\/p>\n\n\n\n

Tal es el caso de modificaciones que, en materia tributaria, se efectuaron respecto de la imposici\u00f3n del impuesto al patrimonio a las sociedades nacionales y entidades sin \u00e1nimo de lucro, y la sobretasa de renta para sectores de la econom\u00eda como el de hidrocarburos o el sector financiero y asegurador. <\/p>\n\n\n

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Indudablemente, es el mayor desaf\u00edo para el entorno legal actual. Sin embargo, tras esfuerzos importantes de los gremios, juristas y ciudadanos, se ha logrado que instituciones como la Corte Constitucional y tambi\u00e9n el Consejo de Estado en casos de su competencia, consigan atajar el impulsivo, desarticulado e injustificado avance normativo del Gobierno, cuyo origen no es otro que el reiterado fracaso en el tr\u00e1mite de las reformas ante el Congreso de la Rep\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n

Conviene recordar que, seg\u00fan la Constituci\u00f3n, los decretos expedidos en el marco de un estado de emergencia deben, entre otros aspectos, ser motivados, revestir un car\u00e1cter sobreviniente y extraordinario, destinarse exclusivamente a conjurar la crisis y referirse a materias que tengan relaci\u00f3n directa con el estado de emergencia. La gran mayor\u00eda de decretos de emergencia de los \u00faltimos a\u00f1os y sus respectivos decretos de desarrollo han sido sometidos a an\u00e1lisis que demuestran su deficiencia en el cumplimiento de estos m\u00ednimos constitucionales, especialmente el de tratarse de una situaci\u00f3n sobreviniente.<\/p>\n\n\n\n

En este \u00faltimo punto, la Corte ha sido categ\u00f3rica al se\u00f1alar que la posibilidad de que el Congreso niegue o archive proyectos de ley de financiamiento no es extraordinario, sino un escenario plenamente previsible dentro del tr\u00e1mite legislativo ordinario. Adicionalmente, la Corte ha constatado que los desastres naturales de los que surge la declaratoria de emergencia constituyen, en muchos casos, una situaci\u00f3n estructural y progresiva, y, por tanto, est\u00e1n lejos de ser sobrevinientes.<\/p>\n\n\n\n

Desde el punto de vista fiscal, resulta igualmente preocupante que el Gobierno Nacional no realice un an\u00e1lisis de las medidas y recursos disponibles para conjurar la crisis. Antes de optar por gravar con impuestos a los contribuyentes, deber\u00eda al menos revisar, acudir y ejecutar los recursos con los que ya cuenta, entre otros: los del Sistema Nacional de Gesti\u00f3n del Riesgo de Desastres, los del Sistema General de Regal\u00edas, etc.<\/p>\n\n\n\n

Con todo, lo verdaderamente destacable no es el abuso de los estados de emergencia, sino la fortaleza de las instituciones legislativas y, particularmente, judiciales, que, al decidir algunos de los diferentes casos planteados, han suspendido la aplicaci\u00f3n de estas normas al encontrar evidentes afectaciones a derechos fundamentales. Tal es el caso, por ejemplo, de la suspensi\u00f3n provisional del impuesto al patrimonio a cargo de las entidades sin \u00e1nimo de lucro, en el que la Corte pudo encontrar evidencia de la afectaci\u00f3n al derecho al trabajo, a la educaci\u00f3n, al m\u00ednimo vital, as\u00ed como del grave impacto econ\u00f3mico que podr\u00eda afectar a instituciones como las de educaci\u00f3n superior.<\/p>\n\n\n\n

Gracias a estos esfuerzos se han evitado agravios irreparables. Es por ello que los profesionales del derecho cobran en la actualidad, para los empresarios y la ciudadan\u00eda, una especial relevancia. No se trata de autoenaltecer esta labor; por el contrario, lo que se busca es dirigir una carta abierta de invitaci\u00f3n a todos aquellos que consideren violados sus derechos y que, a pesar de contribuir al pa\u00eds, se vean afectados sin raz\u00f3n o de manera confiscatoria. La misi\u00f3n no es otra que acompa\u00f1ar al empresariado en la defensa de sus derechos y exigir de las instituciones una respuesta contundente que no solo retire del ordenamiento las disposiciones comentadas, sino que lo haga con la celeridad necesaria para impedir un perjuicio irremediable.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Junio 2026<\/em><\/p>\n\n\n\n

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