La mejor defensa para nuestra industria es fortalecer su competitividad, pero de forma real y no artificial. Los aplausos de hoy se convertirán en el dolor de cabeza de mañana.
{fa-bookmark-o }Bogotá, 2019-04-08 – 09:56 / Por: María Claudia Lacouture
La intención legislativa de incorporar dos artículos que modifican la relación de aranceles y pesos para las importaciones de prendas de vestir en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) es tan absurda e inconveniente como inconstitucional.
La facultad para ese tipo de medidas es del Ejecutivo, que además necesita herramientas de negociación, flexibilidad para defender los intereses de su industria y al mismo tiempo cumplir con compromisos internacionales en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
De prosperar ese “mico” al final el consumidor será el más perjudicado porque se encarecerán los precios, se estimulará el contrabando, y se terminará dando un golpe de gracia a una industria que desde hace años pasa dificultades porque algunos sectores de esta no lograron actualizarse y han ido perdiendo competitividad.
Los defensores de la medida consideran que esa sería una manera de proteger la industria de las importaciones desde los países asiáticos con los que no existen acuerdos, pero tendría una función limitada, ya que el contrabando y la triangulación se dan a través de mercados con TLC y que sirven de puente hacia Colombia.
Lo que necesitamos es fortalecer las entidades encargadas de combatir la ilegalidad, como la Dian, la Policía Fiscal y Aduanera; la seguridad y control en puertos. Indispensable robustecer los instrumentos eficaces y trabajar en innovación para lograr mayor productividad y competitividad.
Desde hace varios años el Ejecutivo ha tenido una política de diálogo con los empresarios para conocer los avances, retos y/o barreras de la industria con el fin de articular las acciones necesarias. Algunas conversaciones avanzaron y otras no, estas últimas principalmente porque el grupo de empresas que solicitan esta protección ven como mecanismo de competitividad los aranceles y no el trabajo conjunto con el gobierno y sus entidades.
En el trabajo adelantado se desarrollaron ruedas de negocios, proyectos de encadenamientos a través de la formalización de las unidades de textiles, se desembolsaron casi $800.000 millones en créditos y aportes al Sistema Moda que beneficiaron a 37.000 empresas.
Se acordó un procedimiento para los precios ostensiblemente bajos que en 2012 representaban 7,7% y para abril de 2017 fueron 0,01%, demostrando que hay medidas que funcionan, acordes a las normas internacionales, ayudan a prevenir el comercio ilícito, pero también al desarrollo por vías de competencia y no de protección.
También se incluyeron en la propuesta de PND otros dos artículos que establecen que los servicios bajo demanda (Suscription Video on Demand -Svod-) que se prestan a través de Internet (Over the Top-OTT-), deberán disponer, para los usuarios en Colombia, de una sección fácilmente accesible, con una cuota específica, en la que se incluyan obras audiovisuales de origen nacional, con la intención de incentivar la producción local de contenido audiovisual.
En este sentido hay que señalar que estos artículos comprometen el cumplimiento TLC con EE.UU. específicamente en lo relacionado a las barreras al comercio, en tanto que los proveedores de servicios de un país extranjero no reciben el mismo tratamiento que los nacionales.
La mejor defensa para nuestra industria es fortalecer su competitividad, pero de forma real y no artificial. Los aplausos de hoy se convertirán en el dolor de cabeza de mañana.
Articulitos peligrosos
La mejor defensa para nuestra industria es fortalecer su competitividad, pero de forma real y no artificial. Los aplausos de hoy se convertirán en el dolor de cabeza de mañana.
La intención legislativa de incorporar dos artículos que modifican la relación de aranceles y pesos para las importaciones de prendas de vestir en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) es tan absurda e inconveniente como inconstitucional.
La facultad para ese tipo de medidas es del Ejecutivo, que además necesita herramientas de negociación, flexibilidad para defender los intereses de su industria y al mismo tiempo cumplir con compromisos internacionales en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
De prosperar ese “mico” al final el consumidor será el más perjudicado porque se encarecerán los precios, se estimulará el contrabando, y se terminará dando un golpe de gracia a una industria que desde hace años pasa dificultades porque algunos sectores de esta no lograron actualizarse y han ido perdiendo competitividad.
Los defensores de la medida consideran que esa sería una manera de proteger la industria de las importaciones desde los países asiáticos con los que no existen acuerdos, pero tendría una función limitada, ya que el contrabando y la triangulación se dan a través de mercados con TLC y que sirven de puente hacia Colombia.
Lo que necesitamos es fortalecer las entidades encargadas de combatir la ilegalidad, como la Dian, la Policía Fiscal y Aduanera; la seguridad y control en puertos. Indispensable robustecer los instrumentos eficaces y trabajar en innovación para lograr mayor productividad y competitividad.
Desde hace varios años el Ejecutivo ha tenido una política de diálogo con los empresarios para conocer los avances, retos y/o barreras de la industria con el fin de articular las acciones necesarias. Algunas conversaciones avanzaron y otras no, estas últimas principalmente porque el grupo de empresas que solicitan esta protección ven como mecanismo de competitividad los aranceles y no el trabajo conjunto con el gobierno y sus entidades.
En el trabajo adelantado se desarrollaron ruedas de negocios, proyectos de encadenamientos a través de la formalización de las unidades de textiles, se desembolsaron casi $800.000 millones en créditos y aportes al Sistema Moda que beneficiaron a 37.000 empresas.
Se acordó un procedimiento para los precios ostensiblemente bajos que en 2012 representaban 7,7% y para abril de 2017 fueron 0,01%, demostrando que hay medidas que funcionan, acordes a las normas internacionales, ayudan a prevenir el comercio ilícito, pero también al desarrollo por vías de competencia y no de protección.
También se incluyeron en la propuesta de PND otros dos artículos que establecen que los servicios bajo demanda (Suscription Video on Demand -Svod-) que se prestan a través de Internet (Over the Top-OTT-), deberán disponer, para los usuarios en Colombia, de una sección fácilmente accesible, con una cuota específica, en la que se incluyan obras audiovisuales de origen nacional, con la intención de incentivar la producción local de contenido audiovisual.
En este sentido hay que señalar que estos artículos comprometen el cumplimiento TLC con EE.UU. específicamente en lo relacionado a las barreras al comercio, en tanto que los proveedores de servicios de un país extranjero no reciben el mismo tratamiento que los nacionales.
La mejor defensa para nuestra industria es fortalecer su competitividad, pero de forma real y no artificial. Los aplausos de hoy se convertirán en el dolor de cabeza de mañana.
Publicada en La República, disponible aquí
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