La ley de financiamiento y su influencia en las inversiones en el país
Este cierre de año estará de alquilar balcón. Me refiero a la expectativa que hay por lo que sucederá con la Ley de Financiamiento 2.0 cuyo trámite está por empezar en el Congreso de la República para solventar las fallas de trámite que señaló la Corte Constitucional en su decisión de inexequibilidad de esta norma. A días de conocerse la primera nueva ponencia para el debate, ya se han escuchado voces que plantean introducir cambios que alterarían la esencia de un proyecto de ley que tuvo amplia discusión hace un año.
Meterle mano a la Ley de Financiamiento. Justo en este momento en que lo importante es ponerla a salvo, puede producir un doble efecto negativo y generaría, sin duda, una escalada de inseguridad política e incerteza jurídica que puede comprometer las metas del próximo año en Colombia y debilitarla en los años siguientes.
Una solución sensata es corregir los fallos de forma que condujeron a su inexequibilidad y proponer para nuevos debates los cambios estructurales que la fortalezcan, pues la Ley ha aumentado la confianza internacional en el país, ha permitido un crecimiento económico por encima del 3%, un recaudo tributario superior al 10% y una inversión extranjera directa del 24% más el primer semestre de 2019 con respecto al mismo periodo del año anterior. ¿Qué razones habría para lanzar el sistema tributario de nuevo al limbo?
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la entidad internacional que promueve las mejores prácticas y el buen Gobierno, la sustentabilidad fiscal muestra si hay oportunidades para invertir en un país y que la Ley de Financiamiento fue un paso importante en ese sentido.
La Ley intenta subsanar muchos de nuestros males fiscales. El sistema tributario colombiano plantea barreras significativas para la inversión y no distribuye la carga tributaria de manera justa y, a pesar de los intentos de mejoras, el sistema ha sido ineficiente para reducir la alta desigualdad de ingresos. Y los cambios normativos y la tendencia a modificar suscitan cierta desconfianza e inseguridad jurídica.
En la opinión de la OCDE, la reforma tributaria que el Gobierno busca refrendar fortalece el diseño del sistema tributario, con mayor recaudo y una combinación de impuestos más eficiente y justa. También simplifica la administración fiscal y mejora los incentivos para que las empresas informales se registren, ya que el hecho de estar registradas permite la devolución del IVA sobre los insumos.
La reducción de los impuestos a las empresas contribuye a aumentar la inversión y el espíritu empresarial, a impulsar las perspectivas de crecimiento y a crear más puestos de trabajo en el sector formal, punto siempre sensible en la sociedad y más aún con el resultado que conocimos del Dane según el cual en septiembre el desempleo llegó al 10,2% manteniendo la tendencia alcista que se ha visto a lo largo del año. El dato llama más la atención si tenemos en cuenta que al sistema se vienen incorporando cada vez más migrantes que buscan puestos de trabajo y que compiten con la fuerza laboral local, tema que también preocupa a la OCDE, pues se va generando una burbuja que requiere de atención gubernamental y empresarial para generar los puestos que atiendan esta demanda.
La Ley de Financiamiento ofrece a las empresas condiciones para que puedan desarrollar proyectos de mediano y largo plazo y para los cuales requieren mano de obra. Estar al vaivén normativo o no tener claridad sobre la regulación frena la inversión o la desvía, como acaba de suceder con Uber que decidió no tener en Colombia uno de sus Centros de Excelencia de Latinoamérica. No me cansaré de decirlo, los inversionistas necesitan confianza y certezas jurídicas, mandemos las señales que nos están pidiendo.
Buenas prácticas
La ley de financiamiento y su influencia en las inversiones en el país
Este cierre de año estará de alquilar balcón. Me refiero a la expectativa que hay por lo que sucederá con la Ley de Financiamiento 2.0 cuyo trámite está por empezar en el Congreso de la República para solventar las fallas de trámite que señaló la Corte Constitucional en su decisión de inexequibilidad de esta norma. A días de conocerse la primera nueva ponencia para el debate, ya se han escuchado voces que plantean introducir cambios que alterarían la esencia de un proyecto de ley que tuvo amplia discusión hace un año.
Meterle mano a la Ley de Financiamiento. Justo en este momento en que lo importante es ponerla a salvo, puede producir un doble efecto negativo y generaría, sin duda, una escalada de inseguridad política e incerteza jurídica que puede comprometer las metas del próximo año en Colombia y debilitarla en los años siguientes.
Una solución sensata es corregir los fallos de forma que condujeron a su inexequibilidad y proponer para nuevos debates los cambios estructurales que la fortalezcan, pues la Ley ha aumentado la confianza internacional en el país, ha permitido un crecimiento económico por encima del 3%, un recaudo tributario superior al 10% y una inversión extranjera directa del 24% más el primer semestre de 2019 con respecto al mismo periodo del año anterior. ¿Qué razones habría para lanzar el sistema tributario de nuevo al limbo?
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la entidad internacional que promueve las mejores prácticas y el buen Gobierno, la sustentabilidad fiscal muestra si hay oportunidades para invertir en un país y que la Ley de Financiamiento fue un paso importante en ese sentido.
La Ley intenta subsanar muchos de nuestros males fiscales. El sistema tributario colombiano plantea barreras significativas para la inversión y no distribuye la carga tributaria de manera justa y, a pesar de los intentos de mejoras, el sistema ha sido ineficiente para reducir la alta desigualdad de ingresos. Y los cambios normativos y la tendencia a modificar suscitan cierta desconfianza e inseguridad jurídica.
En la opinión de la OCDE, la reforma tributaria que el Gobierno busca refrendar fortalece el diseño del sistema tributario, con mayor recaudo y una combinación de impuestos más eficiente y justa. También simplifica la administración fiscal y mejora los incentivos para que las empresas informales se registren, ya que el hecho de estar registradas permite la devolución del IVA sobre los insumos.
La reducción de los impuestos a las empresas contribuye a aumentar la inversión y el espíritu empresarial, a impulsar las perspectivas de crecimiento y a crear más puestos de trabajo en el sector formal, punto siempre sensible en la sociedad y más aún con el resultado que conocimos del Dane según el cual en septiembre el desempleo llegó al 10,2% manteniendo la tendencia alcista que se ha visto a lo largo del año. El dato llama más la atención si tenemos en cuenta que al sistema se vienen incorporando cada vez más migrantes que buscan puestos de trabajo y que compiten con la fuerza laboral local, tema que también preocupa a la OCDE, pues se va generando una burbuja que requiere de atención gubernamental y empresarial para generar los puestos que atiendan esta demanda.
La Ley de Financiamiento ofrece a las empresas condiciones para que puedan desarrollar proyectos de mediano y largo plazo y para los cuales requieren mano de obra. Estar al vaivén normativo o no tener claridad sobre la regulación frena la inversión o la desvía, como acaba de suceder con Uber que decidió no tener en Colombia uno de sus Centros de Excelencia de Latinoamérica. No me cansaré de decirlo, los inversionistas necesitan confianza y certezas jurídicas, mandemos las señales que nos están pidiendo.
Publicado en Caracol Radio, disponible aquí
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