Este proyecto debe tener un equilibrio entre los recursos que la administración requiere para la política social, pero no afectar a las empresas viables que son esenciales para una economía sólida y la formalidad.
Por: Maria Claudia Lacouture, Directora Ejecutiva de AmCham Colombia
Bogotá 13 de septiembre 2022 (AmCham Colombia) – Estamos en la antesala de una nueva reforma tributaria que puede hacer una injerencia importante en la vida de todos los colombianos y en la posibilidad de continuar construyendo país, sustrayendo recursos al sector productivo, que es donde se generan el empleo, el ahorro y el desarrollo que permiten crecer y progresar.
Desde hace 25 años es recurrente citar al político y periodista, Carlos Lemos Simmonds, que en su libro “El Estado Ladrón” se refiere a esa vieja costumbre de los gobiernos de crear más impuestos para gastarlos -no siempre bien y a su manera-, por su incapacidad de superar el círculo vicioso enquistado en la ineficiencia administrativa y en la corrupción. Un sistema que está más obsesionado por menguar la capacidad de las empresas que de combatir eficientemente los factores que impiden liderar una democracia con seguridad jurídica, que castigue a los pillos, recaude de forma eficaz, trabaje por la formalidad y le ponga freno a la delincuencia.
Dice Lemos que el Estado está rodeado de esos políticos que convirtieron en patente de corso su credencial. “Aquí lo único que se ha nacionalizado realmente, es la inmoralidad… El ladrón privado tarde o temprano cae. El oficial tarde o temprano sube… El pillo privado desfalca a su patrón. El pillo público, a toda la nación. Al particular lo ronda el Estado”.
La nueva reforma busca $25 billones que pagarán desde los más pobres hasta los más ricos, porque las fuentes establecidas les restan posibilidades para el futuro a todos, cuando lo cierto es que más empresas más rentables generan más empleo, más inversión social y pagan más impuestos. En cambio, seguramente crecerá la informalidad.
Hay que pagar impuestos, pero sería muy bueno ver el progreso de las regiones, ver la honestidad de los políticos y la eficiencia de los administradores públicos. Según un estudio del BID, el Estado colombiano es de los más ineficientes al manejar el gasto, principalmente en las transferencias.
La pregunta es hasta dónde exprimir al empresariado eficiente y engordar un Estado ineficiente, como lo señala Lemos al denunciar la desidia estatal, la pobreza, la injusticia sin soluciones, las obras inconclusas, los millones y millones perdidos en las triquiñuelas de los especialistas en defraudar el erario.
Lemos lamentaba que el Estado sea adversario voraz de sus gobernados, “que no usa el impuesto para redistribuir la riqueza, sino para concentrarla en las manos de un conjunto de pícaros que resolvieron hacer de la burocracia una ganzúa y de la política una mafia con antifaz”, un Estado que no solo interviene, sino que despoja.
De aprobarse como está el proyecto de reforma tributaria, pondrá en riesgo la inversión extranjera, fuente de recursos y empleos y tendrá un importante impacto en el ejercicio empresarial porque suscita más incertidumbre que certezas y cambios en las reglas establecidas.
Este proyecto debe tener un equilibrio entre los recursos que la administración requiere para la política social, pero no afectar a las empresas viables que son esenciales para una economía sólida y la formalidad.
Ahora que el proyecto está en manos del Congreso es necesario ponderar la ineficiencia del Estado en la redistribución de los recursos y que los partidos que hacen parte de la coalición sean lo suficientemente responsables para no darle la razón, una vez más, a Lemos Simmonds.
El Estado ladrón de Lemos
Este proyecto debe tener un equilibrio entre los recursos que la administración requiere para la política social, pero no afectar a las empresas viables que son esenciales para una economía sólida y la formalidad.
Por: Maria Claudia Lacouture, Directora Ejecutiva de AmCham Colombia
Bogotá 13 de septiembre 2022 (AmCham Colombia) – Estamos en la antesala de una nueva reforma tributaria que puede hacer una injerencia importante en la vida de todos los colombianos y en la posibilidad de continuar construyendo país, sustrayendo recursos al sector productivo, que es donde se generan el empleo, el ahorro y el desarrollo que permiten crecer y progresar.
Desde hace 25 años es recurrente citar al político y periodista, Carlos Lemos Simmonds, que en su libro “El Estado Ladrón” se refiere a esa vieja costumbre de los gobiernos de crear más impuestos para gastarlos -no siempre bien y a su manera-, por su incapacidad de superar el círculo vicioso enquistado en la ineficiencia administrativa y en la corrupción. Un sistema que está más obsesionado por menguar la capacidad de las empresas que de combatir eficientemente los factores que impiden liderar una democracia con seguridad jurídica, que castigue a los pillos, recaude de forma eficaz, trabaje por la formalidad y le ponga freno a la delincuencia.
Dice Lemos que el Estado está rodeado de esos políticos que convirtieron en patente de corso su credencial. “Aquí lo único que se ha nacionalizado realmente, es la inmoralidad… El ladrón privado tarde o temprano cae. El oficial tarde o temprano sube… El pillo privado desfalca a su patrón. El pillo público, a toda la nación. Al particular lo ronda el Estado”.
La nueva reforma busca $25 billones que pagarán desde los más pobres hasta los más ricos, porque las fuentes establecidas les restan posibilidades para el futuro a todos, cuando lo cierto es que más empresas más rentables generan más empleo, más inversión social y pagan más impuestos. En cambio, seguramente crecerá la informalidad.
Hay que pagar impuestos, pero sería muy bueno ver el progreso de las regiones, ver la honestidad de los políticos y la eficiencia de los administradores públicos. Según un estudio del BID, el Estado colombiano es de los más ineficientes al manejar el gasto, principalmente en las transferencias.
La pregunta es hasta dónde exprimir al empresariado eficiente y engordar un Estado ineficiente, como lo señala Lemos al denunciar la desidia estatal, la pobreza, la injusticia sin soluciones, las obras inconclusas, los millones y millones perdidos en las triquiñuelas de los especialistas en defraudar el erario.
Lemos lamentaba que el Estado sea adversario voraz de sus gobernados, “que no usa el impuesto para redistribuir la riqueza, sino para concentrarla en las manos de un conjunto de pícaros que resolvieron hacer de la burocracia una ganzúa y de la política una mafia con antifaz”, un Estado que no solo interviene, sino que despoja.
De aprobarse como está el proyecto de reforma tributaria, pondrá en riesgo la inversión extranjera, fuente de recursos y empleos y tendrá un importante impacto en el ejercicio empresarial porque suscita más incertidumbre que certezas y cambios en las reglas establecidas.
Este proyecto debe tener un equilibrio entre los recursos que la administración requiere para la política social, pero no afectar a las empresas viables que son esenciales para una economía sólida y la formalidad.
Ahora que el proyecto está en manos del Congreso es necesario ponderar la ineficiencia del Estado en la redistribución de los recursos y que los partidos que hacen parte de la coalición sean lo suficientemente responsables para no darle la razón, una vez más, a Lemos Simmonds.
Publicado en La República, disponible aquí
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