El aumento del salario mínimo tiene que ir más allá de las discusiones bizantinas de todos los años y en cambio hay que garantizarle a los colombianos, justo en esta coyuntura que estamos viviendo, un panorama más seguro.
Por: Maria Claudia Lacouture, Directora Ejecutiva de AmCham Colombia
Bogotá, 14 de diciembre (AmCham Colombia)– Es una oportunidad. La discusión del salario mínimo debe dejar de ser un asunto tan coyuntural y convertirse en un mecanismo permanente de análisis para llevarlo más allá de un porcentaje anual. Convendría tener una mesa con empresarios, trabajadores, Gobierno y expertos que de forma regular y sistemática contribuyan a dar luces sobre la manera cómo podemos garantizar el poder adquisitivo de los ciudadanos y el buen desarrollo de la economía. Una mesa que contribuya a encontrar los caminos para crecer todos juntos, crear empleo formal, empresas competitivas y productivas, talento humano pertinente y capacitado hasta que la oferta y la demanda laboral establezcan un círculo virtuoso de desarrollo.
Porque cualquiera que sea el incremento lo esencial es que ese ajuste perdure, que su peso sobre el costo de producción no se vaya directo a la canasta familiar. Ya es hora de que realmente y desde todos los frentes prioricemos esas acciones, comencemos un diálogo sobre lo que significa la informalidad, el contrabando, la piratería, la corrupción, la evasión de impuestos. Es momento de que el país lleve el análisis sobre las cuestiones estructurales para que las correcciones sean producto de una política coordinada que nos lleven a corregir día a día las distorsiones.
Como resultado de la crisis económica en 2020, 3,5 millones de colombianos entraron en situación de pobreza y 2,44 millones perdieron su empleo, pero más que cifras del 2020 ampliamente difundidas necesitamos soluciones, proyecciones a 2022 y trabajar para lograrlas.
Examinar la estructura de costos asociados a la contratación de trabajadores es una tarea pendiente ante sus repercusiones en la informalidad, autoempleo y desempleo. El mercado laboral debe ser más flexible para dar mayor acceso a los trabajos formales y prestaciones sociales. En este sentido es importante comprender las necesidades de las empresas y brindar los incentivos orientados hacia una mayor generación de empleo, sin dejar de lado el uso de la tecnología en la búsqueda procesos productivos más competitivos en el mercado nacional.
Desanclar el salario mínimo como métrica de los aportes de los trabajadores y empresas es propicio para estimular la formalidad, en vista de que en muchos casos es resultado de mayores costos asociados a la contratación, sobre todo para las mipymes, que representan más 90% del tejido empresarial, generan el 80% del empleo nacional y sobre las que más pesan los costos y también los beneficios cuando se producen.
La informalidad es un problema de gran envergadura que no se debe pasar por alto, no sólo porque está relacionada con bajos niveles de productividad e innovación, sino por sus repercusiones sociales al prescindir la admisibilidad a una pensión. De acuerdo con el Informe Nacional de Competitividad 2021-2022 del CPC, los empleos no formales en Colombia representan 62,7 %, una cifra por encima del promedio de América Latina que se ubica en 56,4 %.
El aumento del salario mínimo tiene que ir más allá de las discusiones bizantinas de todos los años y en cambio hay que garantizarle a los colombianos, justo en esta coyuntura que estamos viviendo, un panorama más seguro; darle a las Mipymes un mayor respiro y mejores posibilidades para contratar y que a la vez toda la empresa tenga mejores condiciones para ofrecer empleo y mayor productividad para el futuro del país.
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Más que un mínimo
El aumento del salario mínimo tiene que ir más allá de las discusiones bizantinas de todos los años y en cambio hay que garantizarle a los colombianos, justo en esta coyuntura que estamos viviendo, un panorama más seguro.
Por: Maria Claudia Lacouture, Directora Ejecutiva de AmCham Colombia
Bogotá, 14 de diciembre (AmCham Colombia)– Es una oportunidad. La discusión del salario mínimo debe dejar de ser un asunto tan coyuntural y convertirse en un mecanismo permanente de análisis para llevarlo más allá de un porcentaje anual. Convendría tener una mesa con empresarios, trabajadores, Gobierno y expertos que de forma regular y sistemática contribuyan a dar luces sobre la manera cómo podemos garantizar el poder adquisitivo de los ciudadanos y el buen desarrollo de la economía. Una mesa que contribuya a encontrar los caminos para crecer todos juntos, crear empleo formal, empresas competitivas y productivas, talento humano pertinente y capacitado hasta que la oferta y la demanda laboral establezcan un círculo virtuoso de desarrollo.
Porque cualquiera que sea el incremento lo esencial es que ese ajuste perdure, que su peso sobre el costo de producción no se vaya directo a la canasta familiar. Ya es hora de que realmente y desde todos los frentes prioricemos esas acciones, comencemos un diálogo sobre lo que significa la informalidad, el contrabando, la piratería, la corrupción, la evasión de impuestos. Es momento de que el país lleve el análisis sobre las cuestiones estructurales para que las correcciones sean producto de una política coordinada que nos lleven a corregir día a día las distorsiones.
Como resultado de la crisis económica en 2020, 3,5 millones de colombianos entraron en situación de pobreza y 2,44 millones perdieron su empleo, pero más que cifras del 2020 ampliamente difundidas necesitamos soluciones, proyecciones a 2022 y trabajar para lograrlas.
Examinar la estructura de costos asociados a la contratación de trabajadores es una tarea pendiente ante sus repercusiones en la informalidad, autoempleo y desempleo. El mercado laboral debe ser más flexible para dar mayor acceso a los trabajos formales y prestaciones sociales. En este sentido es importante comprender las necesidades de las empresas y brindar los incentivos orientados hacia una mayor generación de empleo, sin dejar de lado el uso de la tecnología en la búsqueda procesos productivos más competitivos en el mercado nacional.
Desanclar el salario mínimo como métrica de los aportes de los trabajadores y empresas es propicio para estimular la formalidad, en vista de que en muchos casos es resultado de mayores costos asociados a la contratación, sobre todo para las mipymes, que representan más 90% del tejido empresarial, generan el 80% del empleo nacional y sobre las que más pesan los costos y también los beneficios cuando se producen.
La informalidad es un problema de gran envergadura que no se debe pasar por alto, no sólo porque está relacionada con bajos niveles de productividad e innovación, sino por sus repercusiones sociales al prescindir la admisibilidad a una pensión. De acuerdo con el Informe Nacional de Competitividad 2021-2022 del CPC, los empleos no formales en Colombia representan 62,7 %, una cifra por encima del promedio de América Latina que se ubica en 56,4 %.
El aumento del salario mínimo tiene que ir más allá de las discusiones bizantinas de todos los años y en cambio hay que garantizarle a los colombianos, justo en esta coyuntura que estamos viviendo, un panorama más seguro; darle a las Mipymes un mayor respiro y mejores posibilidades para contratar y que a la vez toda la empresa tenga mejores condiciones para ofrecer empleo y mayor productividad para el futuro del país.
Publicado en La República, aquí
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