Reforma tributaria: beneficios y retos para las empresas

Uno de los beneficios del nuevo proyecto de ley sería una mayor confianza en los inversionistas locales e internacionales. Por otro lado, existe la preocupación que las medidas antievasión contempladas en esta propuesta obstaculicen la actividad empresarial formal.  

Bogotá, 4 de agosto de 2021 (AmCham Colombia).- La salud de la economía y la confianza inversionista a mediano y largo plazo requiere del trámite responsable y oportuno del proyecto de reforma tributaria que el Ministerio de Hacienda puso a consideración del Congreso de la República en donde se pueden mejorar aspectos relacionados con la evasión de impuestos y competitividad tributaria.

En esto coincidieron expertos tributarios de las firmas EY, PwC Colombia, KPMG Colombia, Baker Tilly, Deloitte, Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, Posse Herrera Ruiz, Araújo Ibarra, Gómez-Pinzón Abogados y Brigard Urrutia, durante un conversatorio de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, en el que se analizó el nuevo proyecto de ley y las perspectivas para la recuperación económica del país.  

“La prioridad y la urgencia que tiene este proyecto va en diferentes vías. Uno de ellos es la importancia de enviar un mensaje de confianza inversionista a la comunidad internacional y, especialmente, a las calificadoras de riesgo; así como mantener la inversión instalada y atraer nueva”, expresó la directora ejecutiva de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture.   

Para Alba Lucía Gómez, directora de Impuestos en PWC Colombia, si bien, esta reforma es menos ambiciosa que la propuesta inicial, dado el contexto social actual, y se aparta de recomendaciones del comité de expertos de la OCDE; tiene una regla fiscal más estricta, así como medidas enfocadas a la generación de empleo, extensión de beneficios al sector turístico y una política social para la redistribución de los ingresos. 

Frente a esto, Ali Alexander Castrillón, socio de impuestos de KPMG Colombia, llamó la atención frente al hecho que mientras en los países OCDE, grupo al cual pertenece Colombia, la mayor parte de la carga tributaria se centra en las personas naturales, en nuestro país la tributación se soporta es en las personas jurídicas.  

“En un informe que presentó el comité de expertos de la OCDE encontramos que, en los ingresos tributarios totales del país, las personas naturales solamente están contribuyendo con un 6%, mientras que las personas jurídicas lo están haciendo con un 26%; esto, en una total contraposición con los países OCDE donde las personas naturales representan un 24% del total de los ingresos tributarios y las personas jurídicas hacen una mínima contribución del 9%”, enfatizó Castrillón.      

Vea el conversatorio de análisis del proyecto de reforma tributaria aquí

Beneficios del proyecto

Entre los aspectos positivos del nuevo proyecto de reforma tributaria, Luis Sánchez, International Tax and Transactions Services Partner de EY Colombia, destacó los significativos ingresos de recaudo por parte de la DIAN y la austeridad en el gasto público. “En el caso de la reducción de la evasión, se prevé un recaudo por 2,7 billones y de 1,9 en la austeridad del gasto público que esperamos se logren, pero ojalá esa lucha sea contra los reales evasores y no contra las compañías que son cumplidoras”.    

El otro punto favorable que destaca Sánchez son las herramientas basadas en tecnología contra evasión, algunas de las cuales ya existen y se están reforzando, como la profundización de la facturación electrónica, la georreferenciación de inmuebles, la declaración por facturación y la profundización en el beneficiario final.   

Asimismo, según Mónica Bolaños, socia de Impuestos internacionales de Deloitte, existen otros beneficios que favorecen a las empresas y a la generación de empleo, como el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) y los incentivos a la creación de nuevos empleos. “La principal diferencia de estas medidas frente a las que se han introducido con reformas anteriores es que no se concretan en la disminución de cargas impositivas, sino en una transferencia efectiva de recursos, lo cual resulta mucho más atractivo y práctico para los empleadores”, puntualizó.  

Lucha contra la evasión, entre los retos  

El director general de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda, Juan Sebastián Betancur, señaló que el gran reto que tiene este proyecto es equilibrar el frente social, económico y fiscal de manera simultánea. Añadió que, “esta no es una reforma fiscalista, sino que busca ser integral estableciendo unos gastos que hay que hacer el corto plazo, pero reconociendo que en el mediano y largo plazo es necesario corregir esos niveles de endeudamiento”.    

Por su parte, Juan Guillermo Ruiz, socio de Posse Herrera Ruiz, aseguró que uno de los grandes desafíos del proyecto de Inversión Social será que la lucha contra la evasión no sea a costa del entorpecimiento de la actividad empresarial formal, dado que, “el incremento en mecanismos e instrumentos antiabuso de las últimas reformas tributarias ha ayudado, sobre todo, a generar enormes cantidades y complejidades de litigios de contribuyentes formales y no necesariamente a una reducción en los niveles de evasión.   

Otro de los retos será la competitividad tributaria. “Si esta reforma no se entiende como un tributo de excepción y establecemos que el impuesto a la renta es del 35%, mantenemos el impuesto a los dividendos en el 10% y mantenemos el conjunto de mezcla tributaria que actualmente tenemos en Colombia, no tendremos competitividad tributaria en el mediano plazo; claramente, eso debería cambiarse”, advirtió Ruiz.  

Sandra Camacho, Lead Tax Partner de Baker Tilly, subrayó la necesidad que este tipo de proyectos de ley sean desarrollados de la mano con el empresariado que es el que se ve más impactado. “Es clave que el sector empresarial sea partícipe con algunas propuestas o mejoras a los proyectos que está presentando el Gobierno Nacional porque es el que vive y adolece cuando tiene que afrontar procesos de fiscalización o enfrentarse a temas operativos que no son sencillos”. 

Al respecto, Andrés Hernández de León, socio de Brigard & Urrutia, coincidió en que el país debe trabajar en la simplicidad del sistema y, a la vez, en la seguridad jurídica, puesto que, el hecho que Colombia no cuente con unas tarifas de impuestos estables ni unas reglas de juego claras, “envía un mensaje terriblemente hostil para la inversión, difícil de asimilar y perverso para los estados financieros y las especulaciones de retorno de una inversión en el país”.  

Agregó que, “si esta reforma, que no debería tener la pretensión de generar normas permanentes sino de excepción o de coyuntura, finalmente va a crear normas permanentes, debe tratar de respetarlas en el mediano plazo, ya que la inseguridad jurídica puede ser tan nociva para el ambiente tributario como la pérdida de puntos en competitividad”.