La nueva norma establece un plazo hasta por 30 años de prórroga para las zonas multiusuario y de hasta 15 años para las zonas francas uniempresariales.
Por:José Manuel Restrepo, Ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.
Desde el inicio del Gobierno del presidente Iván Duque se estableció como visión que el sector privado debe reafirmarse como un impulsor del crecimiento económico nacional. En línea con ese propósito rector, esta administración se comprometió a ser una aliada del sector productivo en aras de promover la inversión, y ofrecer estabilidad institucional y seguridad jurídica a quienes hacen empresa en Colombia.
En ese sentido, la estrategia para atraer inversión extranjera y nacional, y mejorar la competitividad del país recibió un nuevo impulso con la expedición del Decreto 1054 de 2019, el cual renovará el modelo franco por medio de la reglamentación de las zonas francas que operan en el territorio colombiano.
Así, desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) entendemos que el régimen franco es uno de los instrumentos más valiosos, no solo para promover la inversión de capitales sino para generar empleo de calidad, impulsar la competitividad en las regiones, incentivar las economías de escala y fomentar las buenas prácticas empresariales.
Con esta reglamentación, esperada por el sector empresarial –y que también responde a necesidades de crecimiento de las zonas francas que acogen a más de mil compañías de todos los tamaños y sectores en 20 departamentos del país-, se habilitan compromisos de inversión que pueden superar los COP$340.000 millones. Estos están asociados a la creación de nuevos empleos más allá de los 152.000 puestos de trabajo actuales.
Junto a la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, el MinCIT asumirá el rol de evaluar las peticiones de prórroga del término de declaratoria de existencia, de cara a garantizar la adecuada operatividad de la reglamentación. Cabe destacar que la norma establece un plazo hasta por 30 años de prórroga para las zonas multiusuario y de hasta máximo 15 años para las zonas francas permanentes especiales uniempresariales.
Naturalmente, de la extensión del beneficio se derivan nuevos compromisos de inversión y generación de empleo, los cuales varían en función del tipo de zona y del tiempo de prórroga. En el caso de las zonas francas permanentes, los requisitos de empleo corren por cuenta de los usuarios industriales, de servicios y comerciales, con compromisos progresivos en función de sus activos fijos reales productivos. Y en el caso de las zonas francas permanentes especiales, las exigencias varían de acuerdo al tipo de zona y a los años de prórroga solicitados.
Es importante destacar que el Decreto también se ocupó de sentar las bases para los compromisos que el país requiere en materia de innovación y de desarrollo tecnológico. Esto significa que al menos el 8 % de los nuevos compromisos de inversión se deberán orientar hacia actividades científicas, tecnológicas y de innovación que contribuirán a dar respuesta a los retos de competitividad, productividad y sostenibilidad.
El potencial que tiene el régimen franco para impulsar la exportación de bienes y servicios, cada vez más sofisticados, es evidente. Sin embargo, se requiere trabajar de manera conjunta con los múltiples actores del desarrollo productivo para fortalecer su capacidad como plataforma de comercio exterior.
Un avance en esta dirección es la Mesa de Facilitación del Comercio para las Zonas Francas que comenzó a sesionar en mayo y en la que tienen asiento los gremios de producción, los usuarios de las zonas francas y entidades como el MinCIT, la Dian, el Invima y Planeación Nacional. En esta mesa se establecen compromisos, entre actores públicos y privados, para construir oportunidades de mejora y acciones a desarrollar en materia de aduanas y operaciones de comercio exterior.
Las condiciones están dadas para que a 2022 las zonas francas multipliquen la capacidad de generación de empleo de calidad, repotencien la inversión existente y dinamicen el comercio de doble vía, favoreciendo en particular la diversificación de las exportaciones y la inserción del país en las cadenas globales de valor.
Publicado en la última edición del Business Mail, disponible aquí
Acompáñenos en nuestro nuevo Comité de Sostenibilidad, donde discutiremos los principales desafíos que las empresas en Colombia enfrentan en materia ...
Un nuevo impulso para las zonas francas
La nueva norma establece un plazo hasta por 30 años de prórroga para las zonas multiusuario y de hasta 15 años para las zonas francas uniempresariales.
Por: José Manuel Restrepo, Ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.
Desde el inicio del Gobierno del presidente Iván Duque se estableció como visión que el sector privado debe reafirmarse como un impulsor del crecimiento económico nacional. En línea con ese propósito rector, esta administración se comprometió a ser una aliada del sector productivo en aras de promover la inversión, y ofrecer estabilidad institucional y seguridad jurídica a quienes hacen empresa en Colombia.
En ese sentido, la estrategia para atraer inversión extranjera y nacional, y mejorar la competitividad del país recibió un nuevo impulso con la expedición del Decreto 1054 de 2019, el cual renovará el modelo franco por medio de la reglamentación de las zonas francas que operan en el territorio colombiano.
Así, desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) entendemos que el régimen franco es uno de los instrumentos más valiosos, no solo para promover la inversión de capitales sino para generar empleo de calidad, impulsar la competitividad en las regiones, incentivar las economías de escala y fomentar las buenas prácticas empresariales.
Con esta reglamentación, esperada por el sector empresarial –y que también responde a necesidades de crecimiento de las zonas francas que acogen a más de mil compañías de todos los tamaños y sectores en 20 departamentos del país-, se habilitan compromisos de inversión que pueden superar los COP$340.000 millones. Estos están asociados a la creación de nuevos empleos más allá de los 152.000 puestos de trabajo actuales.
Junto a la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, el MinCIT asumirá el rol de evaluar las peticiones de prórroga del término de declaratoria de existencia, de cara a garantizar la adecuada operatividad de la reglamentación. Cabe destacar que la norma establece un plazo hasta por 30 años de prórroga para las zonas multiusuario y de hasta máximo 15 años para las zonas francas permanentes especiales uniempresariales.
Naturalmente, de la extensión del beneficio se derivan nuevos compromisos de inversión y generación de empleo, los cuales varían en función del tipo de zona y del tiempo de prórroga. En el caso de las zonas francas permanentes, los requisitos de empleo corren por cuenta de los usuarios industriales, de servicios y comerciales, con compromisos progresivos en función de sus activos fijos reales productivos. Y en el caso de las zonas francas permanentes especiales, las exigencias varían de acuerdo al tipo de zona y a los años de prórroga solicitados.
Es importante destacar que el Decreto también se ocupó de sentar las bases para los compromisos que el país requiere en materia de innovación y de desarrollo tecnológico. Esto significa que al menos el 8 % de los nuevos compromisos de inversión se deberán orientar hacia actividades científicas, tecnológicas y de innovación que contribuirán a dar respuesta a los retos de competitividad, productividad y sostenibilidad.
El potencial que tiene el régimen franco para impulsar la exportación de bienes y servicios, cada vez más sofisticados, es evidente. Sin embargo, se requiere trabajar de manera conjunta con los múltiples actores del desarrollo productivo para fortalecer su capacidad como plataforma de comercio exterior.
Un avance en esta dirección es la Mesa de Facilitación del Comercio para las Zonas Francas que comenzó a sesionar en mayo y en la que tienen asiento los gremios de producción, los usuarios de las zonas francas y entidades como el MinCIT, la Dian, el Invima y Planeación Nacional. En esta mesa se establecen compromisos, entre actores públicos y privados, para construir oportunidades de mejora y acciones a desarrollar en materia de aduanas y operaciones de comercio exterior.
Las condiciones están dadas para que a 2022 las zonas francas multipliquen la capacidad de generación de empleo de calidad, repotencien la inversión existente y dinamicen el comercio de doble vía, favoreciendo en particular la diversificación de las exportaciones y la inserción del país en las cadenas globales de valor.
Publicado en la última edición del Business Mail, disponible aquí
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