EE. UU.: inicia semana clave de negociación partidista para evitar el cierre del Gobierno

Cientos de miles de trabajadores federales serían despedidos y se suspendería una amplia gama de servicios, desde la supervisión financiera hasta la investigación médica, si el Congreso no proporciona fondos para el nuevo año fiscal que comienza el próximo primero de octubre.
25 de septiembre (Portafolio)-. “Financiar al gobierno es una de las responsabilidades más básicas del Congreso. Es hora de que los republicanos comiencen a hacer el trabajo para el que Estados Unidos los eligió”. Con estas palabras, el presidente de Estados Unidos presionó el sábado 23 de septiembre a los legisladores de la oposición para evitar un cierre administrativo federal.
Los servicios del gobierno de Estados Unidos se verían interrumpidos y cientos de miles de trabajadores federales serían suspendidos sin pago si el Congreso no proporciona fondos para el año fiscal que comienza el primero de octubre. Los trabajadores considerados “esenciales” permanecerían en el trabajo, pero sin cobrar.
Será tarea, inicialmente de la Cámara de Representantes -controlada estrechamente por los republicanos-, aprobar proyectos de ley de gastos para el próximo año fiscal. La discusión amenaza con endurecerse a medida que el partido de oposición trate de impulsar fuertes recortes de gastos.
El presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, trató de evitar ese escenario cuando llegó a un acuerdo de gastos con el presidente Joe Biden la pasada primavera. Sin embargo, algunos miembros de su propio partido han amenazado con destituirlo si no apoya recortes más pronunciados que seguramente serán rechazados por el Senado dominado por los demócratas.
Si el Congreso no logra proporcionar los fondos para el nuevo año fiscal que comienza el primero de octubre, el funcionamiento administrativo del Gobierno Federal se verá sometido a numerosos y drásticos recortes.
¿Qué servicios se verían afectados?
El personal militar en servicio activo y los empleados de las fuerzas del orden federales se verían obligados a trabajar sin pago hasta que se asignen los fondos, mientras que aproximadamente la mitad de los 800.000 empleados civiles del pentágono serían despedidos.
Por otro lado, los pagos a contratistas de defensa como Boeing podrían retrasarse y la investigación científica se vería interrumpida, ya que los empleados de las agencias serían enviados a casa y alrededor de 10.000 niños perderían el acceso al programa preescolar “head start” y la asistencia alimentaria podría verse suspendida.
Además, los parques nacionales y los monumentos nacionales podrían ver interrumpidos sus servicios, como ya ha ocurrido en años anteriores.
El cierre gubernamental más prolongado comenzó en diciembre de 2018, cuando el entonces presidente Donald Trump buscaba financiación para su muro fronterizo. El cese duró cinco semanas y se estima que le costó a la economía unos tres mil millones de dólares.
Publicado en Portafolio, disponible aquí
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