El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, llegó a Colombia para desarrollar una agenda bilateral centrada en el fortalecimiento de la cooperación militar, el intercambio de inteligencia y la lucha contra las amenazas transnacionales. Durante su visita, el alto mando estadounidense fue recibido por el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, Erik Rodríguez Aparicio, con quien abordó las prioridades de seguridad compartidas entre ambos países y los mecanismos para ampliar la coordinación operativa en la región.

El encuentro se desarrolló bajo los lineamientos del A3C–Escudo de las Américas, una estrategia regional impulsada por Washington para fortalecer la cooperación entre países aliados frente al crimen organizado y otras amenazas a la seguridad hemisférica. Según las Fuerzas Militares de Colombia, este mecanismo busca mejorar la interoperabilidad, facilitar el intercambio de capacidades y fortalecer la coordinación estratégica entre las instituciones de defensa. Rodríguez Aparicio señaló que la visita reafirma el compromiso de ambos países de trabajar conjuntamente para enfrentar los desafíos de seguridad que afectan a la región.

Entre los principales asuntos de la agenda bilateral se encuentran el intercambio de información de inteligencia, la seguridad fronteriza, la coordinación entre las Fuerzas Armadas y las acciones contra organizaciones vinculadas al narcotráfico. La Embajada de Estados Unidos en Colombia destacó que el encuentro refleja la asociación estratégica entre los dos países y su interés en profundizar la cooperación en defensa. Asimismo, señaló que el A3C–Escudo de las Américas constituye una plataforma para fortalecer las capacidades conjuntas de respuesta frente a amenazas transnacionales.

La visita de Caine coincidió con el desarrollo de Southern Vanguard 2027, un ejercicio militar conjunto realizado en el Fuerte Militar de Tolemaida, con la participación de cerca de 800 efectivos de ambos países. De acuerdo con el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), las maniobras, previstas hasta el 11 de noviembre, incluyen entrenamientos de interdicción marítima, seguridad terrestre, ciberdefensa y asalto aéreo, orientados a fortalecer la preparación operativa, la interoperabilidad y la capacidad de respuesta conjunta frente a amenazas regionales.

La llegada del jefe del Estado Mayor Conjunto se suma a otros encuentros de alto nivel entre Colombia y Estados Unidos durante 2026, incluida la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, en septiembre. Estos acercamientos han permitido abordar las prioridades compartidas en materia de seguridad y defensa, con especial atención a la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y la coordinación entre las instituciones militares. En este sentido, tanto las conversaciones entre los altos mandos como los ejercicios conjuntos forman parte de los mecanismos de cooperación que mantienen ambos países para fortalecer sus capacidades operativas y de intercambio de información.

En esta misma línea, la embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, sostuvo una reunión con el subsecretario adjunto de Defensa para Asuntos de Seguridad de las Américas, Joseph Humire, para avanzar en áreas específicas de cooperación bilateral en defensa. Según informó la Embajada de Colombia en Washington, las conversaciones se concentraron en movilidad aérea, desarrollo de capacidades, sistemas de drones y contradrones, apoyo de inteligencia y protección de las fuerzas. El encuentro también destacó el papel de Colombia como socio estratégico de Estados Unidos en materia de seguridad en Sudamérica y el interés compartido en fortalecer la estabilidad regional.

DIPLOMACIA

Vicepresidente JD Vance cancela visita a Colombia prevista para noviembre y suspende gira por América Latina

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, canceló su visita a Colombia, prevista para el 20 y 21 de noviembre, durante la cual se esperaba que sostuviera un encuentro con el presidente Abelardo de la Espriella. La decisión también afectó la gira regional que contemplaba desplazamientos a Argentina, Chile y República Dominicana. La Embajada de Colombia en Washington fue informada sobre la modificación del itinerario, aunque hasta el momento no se ha anunciado una nueva fecha para los encuentros ni se han comunicado oficialmente las razones de la cancelación.

La visita formaba parte de una agenda diplomática que los gobiernos de Colombia y Estados Unidos venían preparando para fortalecer la cooperación bilateral. Entre los asuntos previstos se encontraban la seguridad regional, la lucha contra el narcotráfico, el intercambio de inteligencia y la coordinación frente a las amenazas transnacionales. También se esperaba abordar temas comerciales y económicos, incluidos los aranceles aplicados a productos colombianos, las oportunidades de inversión en tecnología, energía e infraestructura y el seguimiento a los compromisos alcanzados durante las reuniones bilaterales anteriores.

La organización del encuentro todavía se encontraba en desarrollo y las autoridades evaluaban diferentes ciudades como posibles sedes, entre ellas Medellín, Cartagena y Barranquilla. La visita habría representado uno de los contactos de mayor nivel entre ambas administraciones desde la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de Colombia. Además, estaba prevista como parte de un recorrido por países latinoamericanos cuyos gobiernos mantienen relaciones cercanas con la administración del presidente Donald Trump, con el propósito de profundizar el diálogo político y económico en la región.

La suspensión se conoce una semana después de las elecciones legislativas de Estados Unidos, celebradas el 3 de noviembre, en las que el Partido Republicano perdió el control de ambas cámaras del Congreso. Los resultados han dado lugar a una revisión de las prioridades políticas de la administración Trump, mientras persisten los debates sobre la guerra contra Irán y sus consecuencias económicas. Algunos medios han relacionado la cancelación de la gira con este nuevo escenario político, aunque la Casa Blanca no ha comunicado oficialmente las razones de la decisión.

Por ahora, las autoridades colombianas y estadounidenses no han informado si la visita de Vance será reprogramada ni cuándo podrían retomarse los preparativos para el encuentro presidencial. La cancelación deja pendiente una agenda que contemplaba conversaciones sobre seguridad, comercio, inversión y cooperación regional, asuntos que continúan formando parte de la relación bilateral.

DIPLOMACIA

Secretario Rubio descarta, por ahora, nuevas operaciones militares de gran escala contra Irán

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que la administración del presidente Trump no considera necesario realizar nuevas operaciones militares de gran escala contra Irán, debido a los efectos que, según Washington, están teniendo las sanciones económicas y el bloqueo sobre ese país. Durante una conferencia de prensa posterior a una reunión del G7, en la que también participaron representantes de Arabia Saudita, Brasil, Egipto y Corea del Sur, Rubio explicó que las conversaciones se concentraron principalmente en la situación de Medio Oriente y las negociaciones para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Respecto a Irán, el secretario sostuvo que la presión económica estadounidense está reduciendo progresivamente los ingresos del Gobierno iraní, especialmente los provenientes de las exportaciones de petróleo. Según explicó, el bloqueo en el estrecho de Ormuz ha limitado la comercialización de crudo iraní, mientras que el Departamento del Tesoro, encabezado por Scott Bessent, continúa identificando y restringiendo mecanismos utilizados para evadir las sanciones. Rubio señaló que estas medidas tienen efectos acumulativos y que, por el momento, Washington considera posible mantener la presión sin recurrir a nuevas ofensivas militares de gran escala.

En relación con la seguridad marítima, Rubio aseguró que las exportaciones petroleras de otros países del Golfo continúan transitando por el estrecho de Ormuz, aunque persisten riesgos asociados a los ataques con drones contra embarcaciones comerciales. De acuerdo con sus declaraciones, durante algunas jornadas el volumen de petróleo transportado por esta vía ha alcanzado entre el 80% y el 85% de los niveles anteriores al conflicto. Estados Unidos continuará participando en la protección de la navegación internacional y ha solicitado una mayor colaboración de sus aliados, aunque Rubio reconoció que durante la reunión del G7 no recibió compromisos concretos para ampliar estas operaciones.

En el frente diplomático, el secretario reiteró que Washington mantiene abierta la posibilidad de negociar con Teherán, pero sostuvo que las condiciones planteadas hasta ahora por el Gobierno iraní no permiten avanzar hacia un acuerdo. Entre los principales desacuerdos mencionó las solicitudes de reparaciones económicas y las diferencias sobre el programa nuclear iraní. Rubio confirmó que Catar y otros países continúan desempeñando funciones de mediación, mediante contactos con ambas partes, y señaló que la administración estadounidense estaría dispuesta a considerar nuevas propuestas si se presentan condiciones que permitan alcanzar un entendimiento.

Sobre la situación regional, Rubio indicó que Estados Unidos mantiene conversaciones directas con Israel y Líbano para avanzar en acuerdos de seguridad en el sur del territorio libanés. Explicó que las negociaciones contemplan el repliegue de fuerzas israelíes de determinadas zonas y su posterior transferencia a las Fuerzas Armadas libanesas, así como el establecimiento de mecanismos de verificación del cumplimiento de los compromisos. También expresó preocupación por los ataques de los hutíes contra objetivos saudíes y reiteró que Washington continuará respaldando a Arabia Saudita en virtud de sus acuerdos de cooperación en defensa. En ambos casos, atribuyó al Gobierno iraní responsabilidades en el respaldo a organizaciones armadas de la región.

En cuanto a Ucrania, Rubio calificó como productivas las conversaciones trilaterales celebradas en Abu Dabi, aunque aclaró que no se prevé un acuerdo inmediato y que Washington busca incorporar directamente a los socios europeos en las siguientes etapas de la negociación.

Durante la conferencia también se abordaron otros asuntos de política exterior y seguridad nacional. Rubio defendió las decisiones militares ejecutadas por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, frente a los cuestionamientos relacionados con las operaciones en Irán, las acciones contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico y la captura de Nicolás Maduro, al sostener que respondieron a instrucciones presidenciales y a objetivos de seguridad nacional. Asimismo, confirmó que Estados Unidos y China han sostenido conversaciones técnicas sobre mecanismos de control de la inteligencia artificial, un asunto que podría incluirse en las agendas de APEC y el G20. También señaló que Washington trabaja en la organización de una posible reunión trilateral con Rusia y China para abordar, entre otros temas, la proliferación de armas nucleares.

DIPLOMACIA

Rusia, Ucrania y Estados Unidos continuarán negociaciones en Abu Dabi tras primera jornada de conversaciones

Las delegaciones de Rusia, Ucrania y Estados Unidos concluyeron la primera jornada de negociaciones trilaterales celebrada en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, y acordaron continuar las conversaciones el miércoles 11 de noviembre. El encuentro representó el primer contacto directo entre las delegaciones en casi nueve meses y estuvo centrado en las condiciones para poner fin a la guerra y establecer garantías de seguridad a largo plazo. La finalización de la jornada fue confirmada por el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, mientras que fuentes oficiales rusas señalaron que las consultas se reanudarán al día siguiente.

Durante la apertura de las negociaciones, los representantes estadounidenses plantearon la necesidad de construir una nueva arquitectura de seguridad europea que contemple las preocupaciones de las partes involucradas, incluida Rusia. Jared Kushner, integrante de la delegación estadounidense y yerno del presidente Donald Trump, señaló que el objetivo es alcanzar un acuerdo que permita garantizar la estabilidad durante las próximas décadas y evitar la reanudación del conflicto. Asimismo, reiteró el interés de Washington en avanzar hacia una solución negociada, aunque las diferencias sobre las condiciones de un eventual acuerdo siguen siendo uno de los principales asuntos por resolver.

La delegación ucraniana está encabezada por Rustem Umérov, jefe del Servicio de Inteligencia Exterior, y cuenta con la participación de Kirilo Budánov, jefe de Gabinete del presidente Volodímir Zelenski. Umérov explicó que las prioridades de Kiev incluyen alcanzar un alto el fuego, establecer garantías de seguridad para el periodo posterior a la guerra, impulsar la reconstrucción económica y desarrollar mecanismos de atención humanitaria. Por parte de Rusia participan Vladímir Medinski, los viceministros de Exteriores Serguéi Riabkov y Mijaíl Galuzin, y representantes de la inteligencia militar, entre ellos Ígor Kostiukov. La composición de las delegaciones reúne a funcionarios con responsabilidades diplomáticas, políticas y de seguridad.

Uno de los principales puntos de desacuerdo continúa siendo la posibilidad de establecer una tregua antes de alcanzar un acuerdo definitivo. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, reiteró desde Moscú que su Gobierno no aceptará un alto el fuego sin conocer previamente las condiciones políticas y de seguridad que se aplicarían posteriormente. Según Lavrov, una suspensión temporal de las hostilidades podría permitir que Ucrania reorganizara sus capacidades militares, por lo que Rusia insiste en negociar un marco más amplio antes de comprometerse con una tregua. Esta posición contrasta con la prioridad expresada por Kiev de lograr inicialmente el cese de los enfrentamientos y avanzar después en las garantías de seguridad.

La participación europea constituye otro asunto pendiente en el proceso. Antes de las conversaciones trilaterales, la delegación ucraniana sostuvo reuniones de coordinación con representantes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, la OTAN y la Comisión Europea para revisar sus posiciones sobre las negociaciones. Aunque Rusia no ha aceptado la incorporación directa de los países europeos a la mesa, Estados Unidos ha manifestado su interés en ampliar progresivamente el mecanismo de diálogo. Hasta ahora, las rondas anteriores han permitido alcanzar principalmente acuerdos sobre intercambios de prisioneros y repatriación de cuerpos de militares fallecidos, sin que se haya logrado un entendimiento definitivo sobre el fin de la guerra.

POLÍTICA

Cámara de Representantes frena iniciativa de juicio político contra el secretario Hegseth

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes, por 211 votos contra 204, remitir al Comité Judicial la resolución de juicio político presentada por el congresista republicano Thomas Massie contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, una decisión que en la práctica detiene el procedimiento. Massie fue el único republicano que votó junto a los demócratas en contra de la moción. Horas antes, durante una conferencia de prensa en el Pentágono, la primera que ofrecía en seis meses, Hegseth calificó la propuesta como un "espectáculo político" y sostuvo que los cuestionamientos a su gestión no constituyen las faltas contempladas en la Constitución para destituir a un funcionario federal.

 

La iniciativa fue presentada el lunes por Massie, representante de Kentucky, quien cuestiona principalmente la participación estadounidense en la guerra contra Irán, así como las operaciones militares desarrolladas en Yemen y Venezuela. El legislador sostiene que Hegseth ha excedido sus atribuciones al mantener operaciones sin la autorización correspondiente del Congreso. Según Massie, la legislación estadounidense exige retirar a las fuerzas militares de las hostilidades después de 60 días cuando estas no cuentan con autorización legislativa, mientras que el conflicto con Irán acumula 256 días sin que el Congreso haya aprobado formalmente su participación.

 

Hegseth rechazó estas acusaciones y argumentó que las decisiones cuestionadas corresponden a operaciones militares legales ejecutadas bajo las instrucciones del presidente Donald Trump, en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Afirmó que las diferencias sobre la estrategia militar no pueden equipararse automáticamente con delitos graves o faltas constitucionales que justifiquen un juicio político. Asimismo, cuestionó que la iniciativa se presentara mientras continúan las operaciones estadounidenses en distintas regiones y sostuvo que el procedimiento podría afectar la percepción sobre el respaldo institucional a las tropas desplegadas.

 

Durante su intervención, el secretario defendió los resultados de las operaciones contra Irán, las acciones militares dirigidas contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en América Latina y las intervenciones realizadas en otros escenarios internacionales. Sin embargo, ofreció pocos detalles sobre la ejecución de estas operaciones y los cuestionamientos relacionados con su legalidad. Massie, por su parte, considera que las actuaciones del secretario constituyen faltas graves que ameritan su destitución, mientras que Hegseth insiste en que las decisiones adoptadas se encuentran dentro de las facultades del Ejecutivo en materia de seguridad nacional.

 

El presidente Trump expresó públicamente su respaldo a Hegseth y destacó su desempeño al frente del Departamento de Defensa, especialmente por las operaciones militares contra Irán y la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. El vicepresidente JD Vance también rechazó la iniciativa y sostuvo que se trata de una controversia política que desvía la atención de las responsabilidades legislativas. A estas declaraciones se sumó el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien cuestionó las motivaciones de Massie y anticipó que los republicanos buscarán impedir que prospere la propuesta.

 

El procedimiento se produce después de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que el Partido Republicano perdió el control de ambas cámaras del Congreso. La guerra contra Irán y sus efectos económicos estuvieron entre los asuntos debatidos durante la campaña, mientras que legisladores de ambos partidos han planteado cuestionamientos sobre la conducción de las operaciones militares. Con la remisión al Comité Judicial, que los republicanos controlan hasta el inicio del nuevo Congreso en enero, la iniciativa queda en suspenso.

 

La Constitución estadounidense establece que la Cámara de Representantes tiene la facultad de presentar cargos de juicio político contra funcionarios federales, mientras que corresponde al Senado realizar el juicio y decidir sobre una eventual destitución. El alcance de las conductas consideradas delitos graves y faltas sigue siendo objeto de interpretación legislativa. En el caso de Hegseth, la remisión de la resolución al Comité Judicial impide por ahora que la Cámara se pronuncie sobre los cargos.

POLÍTICA

Jim Jordan es elegido líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes

Los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos eligieron al congresista Jim Jordan, de Ohio, como su próximo líder, después de que el Partido Demócrata obtuviera el control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones legislativas del 3 de noviembre. Jordan, actual presidente del Comité Judicial de la Cámara y representante del sector conservador republicano, encabezará la bancada de su partido en minoría durante los últimos dos años del mandato del presidente Donald Trump. La elección se realizó mediante una votación secreta a puerta cerrada entre los legisladores republicanos.

Jordan se impuso por 106 votos frente a 73 a Steve Scalise, actual líder de la mayoría republicana en la Cámara. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, decidió no aspirar al liderazgo de la minoría después de los resultados electorales, lo que abrió el proceso de renovación de la dirección del partido. Jordan había competido anteriormente por la presidencia de la Cámara en 2023 y ha mantenido una participación destacada en los debates legislativos relacionados con la supervisión del Gobierno y las investigaciones del Comité Judicial.

La designación se produce después de que los demócratas consiguieran mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado, modificando la composición del Congreso para el periodo legislativo que comenzará en enero de 2027. Este resultado dejará a los republicanos sin el control de las agendas legislativas y de los principales comités de ambas cámaras, mientras que el Partido Demócrata podrá impulsar investigaciones y audiencias de supervisión sobre las actuaciones de la administración Trump. En este escenario, Jordan tendrá la responsabilidad de coordinar las posiciones de la bancada republicana y su participación en las negociaciones legislativas.

En el Senado, los republicanos reeligieron este martes al senador John Thune, de Dakota del Sur, como líder de su bancada, que a partir de enero pasará a la minoría. Algunos legisladores habían planteado aplazar la elección interna para evaluar primero los resultados de las elecciones de mitad de mandato. Thune manifestó su intención de mantener la coordinación con la Casa Blanca y oponerse a iniciativas demócratas que, según su posición, puedan revertir políticas republicanas relacionadas con seguridad fronteriza y nombramientos judiciales.

A pesar de su victoria electoral, los demócratas necesitarán el respaldo de algunos republicanos para avanzar en determinadas iniciativas legislativas, especialmente en el Senado, donde las reglas parlamentarias exigen generalmente 60 votos para superar los mecanismos de obstrucción. Además, las mayorías obtenidas por los demócratas no alcanzan los dos tercios necesarios para anular un eventual veto presidencial. Por tanto, la elección de Jordan y la definición del liderazgo republicano en el Senado serán relevantes para establecer la estrategia de oposición del partido y su relación con la Casa Blanca durante los dos últimos años de la administración Trump.

POLÍTICA

Nueva York pone en marcha centro de investigación en inteligencia artificial ante nuevas regulaciones en 2027

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, presentó la puesta en marcha del Centro para la Responsabilidad e Investigación de la IA de Nueva York (NYCAIRR), anunciado en enero como el primer centro independiente de investigación en inteligencia artificial en una universidad pública de Estados Unidos. La institución tendrá como objetivo fortalecer la investigación científica, identificar riesgos asociados al desarrollo de esta tecnología y proporcionar evaluaciones técnicas que contribuyan a la implementación de las regulaciones estatales previstas para 2027.

El NYCAIRR contará con un equipo de 80 especialistas y tendrá su sede en la Universidad de Binghamton, integrante del sistema de universidades públicas del estado de Nueva York (SUNY). Para desarrollar sus actividades, utilizará la infraestructura de procesamiento del consorcio Empire AI, una iniciativa de colaboración entre instituciones académicas y el sector privado que cuenta con aproximadamente US$340 millones de financiación pública y US$160 millones de inversión privada. Esta capacidad tecnológica permitirá realizar investigaciones sobre el funcionamiento, la seguridad y los posibles riesgos de los modelos avanzados de inteligencia artificial.

La dirección provisional del centro estará a cargo de Greg Morrisett, decano de Cornell Tech, y Jeannette Wing, vicepresidenta de investigación de la Universidad de Columbia, ambos con trayectoria en ciencias informáticas y ciberseguridad. Bajo su coordinación, la institución buscará desarrollar metodologías independientes para evaluar sistemas de IA, promover la investigación sobre seguridad tecnológica y facilitar la colaboración entre universidades, investigadores y autoridades estatales. El centro también tendrá la función de generar conocimiento técnico que contribuya a la supervisión de tecnologías cada vez más utilizadas en actividades económicas y sociales.

La creación de la institución coincide con la próxima entrada en vigor de la Ley de Seguridad y Educación en IA Responsable (RAISE), prevista para el 1 de enero de 2027. Esta legislación establecerá nuevas obligaciones para los desarrolladores de sistemas avanzados de inteligencia artificial, entre ellas la publicación de marcos de seguridad, la presentación de informes de transparencia y la notificación de incidentes críticos en un plazo máximo de 72 horas. Asimismo, las empresas sujetas a la normativa deberán registrarse en un portal estatal y cumplir requisitos destinados a fortalecer la supervisión de sus sistemas.

Hochul señaló que Nueva York busca asumir un papel más activo en la regulación de la inteligencia artificial y la supervisión de las grandes compañías tecnológicas, ante lo que considera una respuesta insuficiente del Gobierno federal. La iniciativa se desarrolla mientras la administración del presidente Donald Trump mantiene como prioridad acelerar el desarrollo tecnológico estadounidense y fortalecer su competitividad frente a China. Con la puesta en marcha del NYCAIRR y la implementación de la Ley RAISE, Nueva York busca establecer mecanismos propios de evaluación y transparencia que permitan acompañar el crecimiento de la industria con mayores herramientas de supervisión y gestión de riesgos.

POLÍTICA

California rechaza impuesto del 5% a multimillonarios en votación estatal

Los votantes de California rechazaron la Proposición 40, una iniciativa que buscaba establecer un impuesto extraordinario del 5% sobre el patrimonio de los residentes con fortunas superiores a US$1.000 millones. Según las proyecciones de Associated Press, la medida obtuvo el respaldo del 47,2% de los votantes, frente al 52,8% que se pronunció en contra, con aproximadamente el 83% de los votos escrutados. La propuesta fue sometida a votación durante las elecciones legislativas del 3 de noviembre y planteaba crear una nueva fuente de ingresos para financiar programas públicos.

La iniciativa buscaba destinar el 90% de los recursos recaudados al sistema de salud, con el propósito de compensar parcialmente los recortes a la financiación federal derivados de la legislación fiscal aprobada durante la administración del presidente Donald Trump. El 10% restante se dirigiría a programas de educación y asistencia alimentaria. La propuesta fue impulsada por organizaciones sindicales, grupos progresistas y representantes del sector sanitario, quienes sostenían que el gravamen permitiría mantener servicios públicos afectados por las reducciones presupuestarias federales.

El impuesto generó diferencias dentro del Partido Demócrata, ya que mientras la organización estatal respaldó la iniciativa y el senador independiente Bernie Sanders participó en su promoción, el gobernador Gavin Newsom se manifestó en contra. Newsom argumentó que un gravamen aplicado exclusivamente en California podría incentivar el traslado de residentes de altos ingresos hacia otros estados, con posibles consecuencias para la recaudación y la actividad económica. El gobernador ha defendido, en cambio, la posibilidad de establecer un impuesto nacional sobre grandes patrimonios, que evitaría diferencias tributarias entre los estados.

La campaña también estuvo marcada por la participación de empresarios del sector tecnológico, entre ellos Sergey Brin, cofundador de Google, quien respaldó iniciativas contrarias al impuesto. Entre ellas se encuentra la Proposición 42, que busca prohibir nuevos gravámenes estatales sobre determinados activos financieros y patrimoniales, y que registraba una ventaja a favor de su aprobación en los resultados preliminares. El rechazo de la Proposición 40 mantiene abierto el debate sobre la financiación de los servicios públicos de California y las alternativas tributarias para compensar los recortes federales, mientras sus promotores han planteado la posibilidad de presentar una nueva iniciativa en 2028.

ECONOMÍA

Inflación en Estados Unidos aumenta 0,4% en octubre y supera las expectativas del mercado

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos registró un incremento mensual de 0,4% en octubre de 2026, según informó la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). Aunque el resultado representó una moderación frente al aumento de 0,6% observado en septiembre, superó la previsión de 0,3% de los analistas. El comportamiento de los precios estuvo determinado principalmente por los incrementos en vivienda, alimentos y energía, mientras que otros componentes de bienes y servicios también registraron aumentos durante el mes.

La inflación subyacente, que excluye los componentes de alimentos y energía por su volatilidad, aumentó 0,3% mensual, manteniendo el mismo ritmo registrado en agosto y septiembre. Este resultado también superó las expectativas del mercado, que anticipaban un incremento de 0,2%, y evidenció la persistencia de presiones sobre los precios más allá de los componentes energéticos. Entre las categorías que presentaron aumentos se encuentran los servicios médicos, los seguros de vehículos, la recreación, la educación y los artículos para el hogar.

El componente de vivienda registró un incremento mensual de 0,3%, después de aumentar 0,4% en septiembre, y explicó más del 30% de la variación del índice general. Dentro de esta categoría, los alquileres aumentaron 0,2%, mientras que el alquiler equivalente de los propietarios, una medida utilizada para estimar el costo de habitar una vivienda propia, avanzó 0,3%. Por su parte, los servicios recreativos y relacionados con el ocio registraron un incremento de 0,8%, los seguros de vehículos aumentaron 0,7% y los servicios médicos subieron 0,3%.

Los precios de los alimentos aumentaron 0,5% en octubre, después de permanecer sin cambios durante septiembre. Los productos adquiridos en supermercados registraron un incremento de 0,4%, mientras que los alimentos consumidos fuera del hogar subieron 0,5%. Entre las principales variaciones se destacaron los aumentos de 0,9% en la carne de res, 0,6% en frutas y verduras y 0,6% en productos lácteos. En contraste, los precios de las bebidas no alcohólicas disminuyeron 0,3%, mientras que los cereales y productos de panadería permanecieron estables.

En el componente energético, los precios aumentaron 0,7% mensual, una desaceleración considerable frente al incremento de 5,2% registrado en septiembre. La gasolina subió 1,0%, después de aumentar 9,1% el mes anterior, mientras que la electricidad registró un incremento de 0,9% y el gas natural disminuyó 0,8%. Este comportamiento contribuyó a moderar la inflación general, aunque los costos energéticos continuaron registrando variaciones positivas. Por otra parte, los precios de los vehículos usados disminuyeron 1,2%, después de haber aumentado 0,7% en septiembre.

La BLS no publicó la variación interanual de la inflación correspondiente a octubre debido a que el cierre del Gobierno federal de 2025 impidió recopilar la información de precios necesaria para establecer la comparación con el mismo mes del año anterior. En consecuencia, la última tasa de inflación interanual oficial disponible continúa siendo la de septiembre de 2026, cuando el IPC registró un aumento de 3,7%. Esta ausencia de información limita la comparación anual y dificulta establecer con precisión la evolución de la inflación frente a la meta de 2% de la Reserva Federal.

Los resultados de octubre reforzaron las expectativas de un nuevo incremento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en su reunión del 8 y 9 de diciembre, ante la persistencia de presiones inflacionarias superiores a las previstas. El gobernador de la entidad, Christopher Waller, señaló que un aumento de 0,3% en la inflación subyacente podría justificar considerar un ajuste de 50 puntos básicos, aunque la magnitud de la decisión dependerá de la evaluación del conjunto de indicadores económicos. Tras la publicación de los datos, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense aumentaron, mientras que los principales índices bursátiles registraron caídas y el dólar se fortaleció frente a otras monedas.

ECONOMÍA

Gobierno de EE.UU. propone cambios al programa SNAP que excluirían a 6,3 millones de beneficiarios

La administración del presidente Trump presentó una propuesta regulatoria que podría excluir a aproximadamente 6,3 millones de personas del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el principal mecanismo federal de ayuda alimentaria de Estados Unidos. La iniciativa, publicada por el Departamento de Agricultura (USDA), busca modificar los criterios de acceso automático a los beneficios y afectaría a cerca del 18% de los actuales beneficiarios, según las estimaciones de la propia agencia. La medida forma parte de los cambios promovidos por el Gobierno federal en los programas de asistencia social y todavía debe completar el procedimiento regulatorio antes de entrar en vigor.

Actualmente, la llamada elegibilidad categórica amplia permite a los estados otorgar acceso automático al SNAP a los hogares que reciben beneficios o servicios financiados por el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), incluidos apoyos no monetarios como cuidado infantil u orientación laboral, sin aplicar el límite federal de ingresos. Mientras el SNAP establece habitualmente un límite de ingresos del 130% del nivel federal de pobreza, bajo este mecanismo algunos estados admiten hogares con ingresos de hasta el 200%. La propuesta del USDA eliminaría el acceso automático para los hogares que solo reciben servicios no monetarios o nominales del TANF.

De acuerdo con el análisis del Departamento de Agricultura, la modificación podría ocasionar la pérdida de beneficios para aproximadamente 3,2 millones de hogares, equivalentes a 6,3 millones de personas, cuando alcance su efecto completo, previsto para el año fiscal 2029, y reduciría el gasto federal en cerca de US$44.600 millones entre 2027 y 2031. La agencia sostiene que los cambios permitirían establecer criterios más uniformes entre los estados y concentrar los recursos en los hogares que cumplen los requisitos de asistencia. Sin embargo, la implementación también exigiría nuevas verificaciones de ingresos y recursos, así como ajustes administrativos por parte de las autoridades estatales responsables de gestionar el programa.

La propuesta se suma a las modificaciones introducidas mediante la legislación tributaria aprobada en julio de 2025, que incorporó nuevas condiciones de acceso, requisitos laborales y cambios en la financiación del SNAP. Según cifras del USDA, más de 5,5 millones de personas han dejado de recibir beneficios desde la entrada en vigor de estas disposiciones, con lo que la cobertura del programa se ha reducido a aproximadamente 36 millones de participantes. La disminución también ha estado relacionada con las dificultades administrativas de algunos estados para implementar los cambios y asumir mayores costos asociados al funcionamiento del sistema.

Las consecuencias de la nueva regulación podrían extenderse a otros programas de asistencia alimentaria, debido a que la participación en el SNAP permite acceder a determinados beneficios complementarios. El USDA estima que aproximadamente 1,8 millones de niños perderían la elegibilidad automática para recibir almuerzos escolares gratuitos, aunque cerca del 97% de ellos podría conservarla con base en los ingresos de su hogar mediante un proceso de certificación distinto. La congresista demócrata Angie Craig, principal representante de su partido en el Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, cuestionó la propuesta y sostuvo que dificultaría el acceso de las familias a necesidades básicas. El Gobierno abrió un periodo de 30 días para recibir comentarios públicos sobre la iniciativa antes de avanzar en el proceso de aprobación regulatoria.

SEGURIDAD

Presidente Trump respalda al director de Nvidia mientras se investiga una presunta operación de espionaje chino

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su respaldo al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, después de que se conocieran informes sobre una presunta operación de espionaje del Gobierno chino que habría involucrado al empresario. Durante declaraciones en la Casa Blanca, Trump confirmó que conversó con Huang y aseguró que el FBI está examinando aspectos relacionados con el caso. El mandatario señaló que el ejecutivo le manifestó que desconocía los supuestos vínculos de la mujer involucrada con los servicios de inteligencia chinos y sostuvo que confía en que la investigación no comprometa su situación.

La controversia se intensificó después de que Huang reconociera haber mantenido una relación personal con Alice Huang, una ejecutiva vinculada a Megaspeed, compañía tecnológica con operaciones en Singapur. Según informes de inteligencia estadounidenses citados en publicaciones recientes, la mujer habría sido reclutada por el Ministerio de Seguridad del Estado de China para obtener información sobre el director de Nvidia, sus actividades empresariales y el desarrollo de semiconductores avanzados utilizados en inteligencia artificial. Estas afirmaciones continúan bajo investigación y no se ha establecido públicamente que se haya producido una transferencia de información confidencial.

Ante la situación, la junta directiva de Nvidia anunció el inicio de una investigación independiente, a cargo de directores independientes con apoyo de asesores legales externos, para determinar las circunstancias de la relación y evaluar posibles implicaciones para la seguridad de la compañía. Huang reconoció la relación en un mensaje dirigido a los empleados, en el que asumió plena responsabilidad y manifestó su disposición a colaborar con las investigaciones. La junta señaló que no tiene motivos para considerar que se hayan comprometido secretos corporativos o información relacionada con la seguridad nacional, y expresó su confianza en el liderazgo de Huang.

El caso también ha generado cuestionamientos sobre las operaciones de Megaspeed, empresa que habría sido investigada por el Departamento de Comercio de Estados Unidos ante sospechas de facilitar el acceso de compañías chinas a semiconductores avanzados de Nvidia mediante mecanismos que podrían eludir las restricciones estadounidenses a la exportación. Nvidia ha sostenido que esas acusaciones de desvío fueron investigadas y desestimadas, y que las interacciones de Huang con ejecutivos de Megaspeed correspondían a relaciones habituales con clientes. Por su parte, el Gobierno chino rechazó las acusaciones de espionaje, mientras legisladores de ambos partidos en el Congreso han pedido investigar el caso.