El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Omar Bula Escobar, envió una carta a los líderes y miembros del Partido Demócrata de Estados Unidos en la que presenta disculpas por mensajes que publicó en redes sociales sobre dirigentes de ese partido antes de su designación como canciller. La carta está fechada el 10 de noviembre y se conoció este miércoles. Llega una semana después de las elecciones intermedias del 3 de noviembre, en las que el Partido Demócrata obtuvo el control de ambas cámaras del Congreso estadounidense.

En el texto, Bula reconoce que el lenguaje utilizado en esas publicaciones fue “inapropiado e irrespetuoso” y lamenta las ofensas que pudo haber causado. Explicó que los mensajes fueron escritos mucho antes de asumir el ministerio, en el contexto de una elección presidencial. Añadió que ese contexto ayuda a entender las circunstancias en que se publicaron, pero no disminuye su responsabilidad. También afirmó que su perspectiva ha evolucionado y que esos comentarios no reflejan sus posiciones actuales ni la del Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella.

El canciller subrayó que Colombia considera esencial para su alianza con Estados Unidos una relación sólida y constructiva tanto con el Partido Demócrata como con el Partido Republicano. Recordó que, desde que asumió el cargo el 7 de agosto, ha promovido públicamente un enfoque bipartidista en la relación bilateral, y anexó a la carta publicaciones en redes sociales que, según indicó, dejan constancia de ese compromiso. Asimismo, destacó las contribuciones de los líderes demócratas a la amistad entre ambos países y dijo que recibe con agrado la oportunidad de seguir avanzando sobre esa base.

Bula señaló además que la relación entre Colombia y Estados Unidos “merece continuidad y cuidado” y debe basarse en el respeto mutuo y el bipartidismo, por encima de los ciclos electorales. Afirmó que, como canciller, tiene la responsabilidad de representar al país con respeto, apertura y diálogo constructivo, de escuchar a sus contrapartes internacionales y de promover los intereses compartidos entre ambas naciones.

La comunicación se produce mientras la nueva mayoría demócrata se prepara para asumir funciones en el Congreso a partir de enero. Desde allí tendrá mayor capacidad de supervisión sobre la política de Washington hacia América Latina y sobre las asignaciones presupuestales para la cooperación bilateral.

DIPLOMACIA

Analistas prevén mayor supervisión del nuevo Congreso sobre la política de Estados Unidos hacia América Latina

Un análisis de Associated Press (AP), basado en las perspectivas de especialistas en política latinoamericana, señala que la victoria del Partido Demócrata en las elecciones intermedias de Estados Unidos podría introducir cambios en la política exterior del presidente Donald Trump hacia América Latina durante los dos últimos años de su mandato. Aunque la administración mantiene sus principales prioridades regionales, los expertos consideran que el control demócrata de ambas cámaras del Congreso podría aumentar la supervisión sobre las decisiones relacionadas con migración, seguridad, comercio y relaciones diplomáticas, sin que necesariamente se produzcan modificaciones inmediatas.

En materia migratoria, Trump ha enviado señales sobre posibles ajustes a su estrategia de deportaciones, aunque también ha reiterado su intención de mantener controles estrictos. El nombramiento de Stephen Miller como nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca apunta a la continuidad de esta agenda, considerando su participación en el diseño de las principales medidas migratorias. Sin embargo, la nueva mayoría demócrata podría impulsar investigaciones sobre los procedimientos de detención y deportación, así como promover restricciones a determinadas operaciones federales.

En seguridad, el analista mexicano David Saucedo considera que Washington podría intensificar la presión sobre México para ampliar las detenciones y extradiciones de integrantes de organizaciones criminales. Paralelamente, se prevé que continúe la cooperación militar con países latinoamericanos mediante la iniciativa "Escudo de las Américas". No obstante, las operaciones estadounidenses contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, que han dejado al menos 240 muertos, podrían enfrentar un mayor escrutinio legislativo ante los cuestionamientos demócratas sobre su legalidad.

Respecto a Venezuela, los legisladores demócratas han planteado investigar los acuerdos petroleros suscritos entre Washington y Caracas, especialmente para determinar quiénes se han beneficiado de estas operaciones. Christopher Sabatini, investigador de Chatham House, anticipa posibles audiencias en el Congreso y mayores exigencias para la celebración de elecciones en Venezuela. Sin embargo, considera que las diferencias entre los demócratas y la dirigente opositora María Corina Machado podrían dificultar la articulación de iniciativas políticas.

En el caso de Cuba, los analistas consultados por AP prevén que la presión estadounidense continúe, especialmente después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, anunciara nuevas sanciones contra la isla tras las elecciones. Aunque algunos especialistas consideran improbable una intervención militar por sus riesgos y complejidad, no descartan completamente esa posibilidad. Entretanto, Brasil, bajo la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, podría ejercer un papel de contrapeso regional, mientras México mantendría una relación de cooperación y negociación con Washington.

En el ámbito económico, Mariana Aparicio, especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México, considera que las preocupaciones de los votantes estadounidenses por la inflación podrían favorecer ajustes en determinadas medidas comerciales. Sin embargo, prevé que Trump continúe utilizando los aranceles como instrumento de negociación. Por su parte, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, consideró que los aranceles difícilmente cambiarán de forma significativa, aunque el nuevo Congreso podría introducir ajustes al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Asimismo, los analistas esperan que Washington mantenga el respaldo económico a gobiernos regionales aliados, aunque consideran menos probable que se repitan operaciones de apoyo financiero de gran magnitud, como el respaldo de US$20.000 millones otorgado a Argentina a finales de 2025.

DIPLOMACIA

Washington prepara reuniones con Putin y Zelenski tras negociaciones entre Rusia y Ucrania

Los enviados del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner y Steve Witkoff, viajarán el jueves a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin, después de dos jornadas de negociaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos celebradas en Abu Dabi. Posteriormente, ambos representantes se desplazarán a Dublín para mantener conversaciones con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con el objetivo de examinar las propuestas discutidas y explorar posibles avances hacia un acuerdo que permita poner fin a la guerra.

El principal resultado de las conversaciones fue un acuerdo preliminar para realizar un intercambio de prisioneros a gran escala, que Kushner describió como el mayor desde el inicio del conflicto. Los jefes de las delegaciones rusa y ucraniana, Vladímir Medinski y Rustem Umérov, confirmaron el entendimiento, aunque las cifras definitivas todavía no se han establecido. Zelenski había señalado previamente que se discutía la posibilidad de intercambiar 1.000 prisioneros por cada parte, una cantidad que podría aumentar hasta 1.500.

Respecto al desarrollo de las negociaciones, Kushner explicó que las próximas reuniones con Putin y Zelenski permitirán profundizar en los asuntos abordados en Abu Dabi. Por su parte, el representante ucraniano David Arajamia destacó que las conversaciones mostraron una dinámica favorable y manifestó su expectativa de alcanzar una solución antes de finalizar el año. Sin embargo, Medinski señaló que persistían diferencias entre las partes y cuestionó la participación de representantes europeos, con quienes la delegación rusa no mantuvo contactos directos.

A pesar del acuerdo humanitario, las negociaciones concluyeron sin avances concretos sobre las principales diferencias territoriales y de seguridad. Moscú mantiene su exigencia de que las fuerzas ucranianas se retiren de Donetsk, mientras Kiev rechaza esta condición y solicita garantías internacionales para su seguridad futura, incluido el respaldo financiero necesario para sostener sus capacidades militares. Rusia también mantiene su negativa a aceptar un alto el fuego inmediato sin acuerdos más amplios sobre seguridad, mientras Zelenski considera que las decisiones territoriales deben abordarse directamente entre los líderes de ambos países.

Las conversaciones de Abu Dabi representaron el primer encuentro directo entre las delegaciones rusa y ucraniana en nueve meses, después de la ronda celebrada en Ginebra en febrero. Aunque ambas partes acordaron mantener el diálogo, persisten diferencias sobre el papel de Europa en las negociaciones y las condiciones necesarias para alcanzar un eventual acuerdo. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó las reuniones como "muy productivas", aunque reconoció que conseguir avances para detener la guerra requerirá más tiempo.

Entretanto, las operaciones militares continuaron durante las negociaciones. Autoridades ucranianas denunciaron ataques rusos contra infraestructura energética y zonas urbanas, incluidos bombardeos contra subestaciones eléctricas y localidades de Zaporiyia y Járkov que dejaron varios civiles heridos. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso informó de la interceptación de cientos de drones ucranianos, mientras autoridades regionales reportaron daños en instalaciones petroleras. Estos acontecimientos coinciden con los esfuerzos diplomáticos de Washington para acercar las posiciones de Moscú y Kiev, cuyas principales diferencias permanecen sin resolver.

POLÍTICA

Casa Blanca advierte a demócratas sobre posibles consecuencias legales por investigaciones al Gobierno

La Casa Blanca advirtió a los demócratas que algunas de las investigaciones previstas contra la administración del presidente Donald Trump podrían constituir conductas delictivas si exceden las facultades de supervisión del Congreso. La advertencia fue formulada por el asesor jurídico presidencial, Will Scharf, mediante una carta enviada al representante demócrata Robert Garcia, quien se perfila como próximo presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

En la comunicación, Scharf sostuvo que las amenazas dirigidas contra funcionarios del Poder Ejecutivo para disuadirlos de ejercer sus cargos, así como los procedimientos destinados exclusivamente a intimidarlos o perjudicarlos, podrían constituir "conductas abiertamente delictivas". La advertencia respondió a declaraciones previas de Garcia, quien, tras los resultados electorales, señaló que los funcionarios de la administración Trump debían prepararse para enfrentar investigaciones y buscar asesoramiento jurídico. Según Scharf, las facultades de investigación del Congreso deben responder a propósitos legislativos legítimos y no utilizarse como mecanismos de intimidación o presión contra integrantes del Gobierno.

Por su parte, Garcia rechazó los señalamientos de la Casa Blanca y afirmó que el Congreso no necesita autorización del Ejecutivo para ejercer sus funciones de supervisión. El legislador sostuvo que las facultades de investigación forman parte de las atribuciones constitucionales del Poder Legislativo y señaló que los resultados electorales reflejan, a su juicio, un respaldo ciudadano a las iniciativas destinadas a investigar posibles casos de corrupción y abusos de poder. Asimismo, cuestionó la advertencia de la Casa Blanca y sugirió que la administración podría estar intentando evitar el escrutinio de sus actuaciones.

Entre las investigaciones que preparan los demócratas se encuentran las relacionadas con las actividades financieras del presidente Trump y su familia, especialmente el incremento de su patrimonio desde su regreso a la Casa Blanca. También están previstas revisiones sobre la gestión gubernamental del caso Jeffrey Epstein, las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), los proyectos de construcción en la Casa Blanca y la participación de integrantes de la familia presidencial en acuerdos relacionados con minerales. Adicionalmente, los legisladores buscan examinar operaciones vinculadas con criptomonedas y los negocios asociados al enviado especial Steve Witkoff. Tanto Trump como su administración han rechazado reiteradamente haber cometido irregularidades.

En medio de este intercambio, el fiscal general Todd Blanche señaló inicialmente que determinadas declaraciones de los demócratas podrían justificar una investigación penal si llegaran a constituir amenazas contra funcionarios federales. Sin embargo, posteriormente reconoció que el Congreso dispone de facultades permanentes de supervisión y aseguró que el Departamento de Justicia continuará colaborando con las solicitudes legislativas, incluidas citaciones y requerimientos de información. La controversia anticipa posibles disputas institucionales entre la Casa Blanca y la nueva mayoría demócrata, que tendrá capacidad para convocar audiencias, solicitar documentos y examinar las actuaciones del Ejecutivo durante los dos últimos años del mandato presidencial.

POLÍTICA

Departamento del Interior propone vender terrenos federales a estados y gobiernos locales

La administración del presidente Donald Trump presentó un plan para vender terrenos federales a gobiernos estatales, autoridades locales y comunidades indígenas, con el objetivo de reducir la extensión de las tierras bajo propiedad del Gobierno estadounidense. La propuesta, incluida en el plan estratégico del Departamento del Interior para el periodo 2026–2030, busca concentrar los recursos federales en la administración de terrenos considerados de importancia nacional. Sin embargo, las autoridades todavía no han precisado qué propiedades podrían venderse, su ubicación ni la extensión total de las posibles operaciones.

El documento también contempla transferencias e intercambios de terrenos para facilitar proyectos de producción energética, especialmente relacionados con la explotación de combustibles fósiles. Según el Departamento del Interior, estas medidas permitirían reorganizar la administración del territorio y ampliar su aprovechamiento económico. La propuesta forma parte de las prioridades de la administración Trump para incrementar la producción nacional de energía y reducir la intervención federal en determinadas actividades productivas.

Actualmente, el Departamento del Interior administra más de 1,9 millones de kilómetros cuadrados de tierras federales, una superficie superior a la extensión conjunta de Texas y California, además de importantes reservas minerales subterráneas. La mayor parte de estos terrenos se concentra en los estados del oeste del país, donde el Gobierno federal mantiene una participación considerable en la propiedad territorial. En Nevada, por ejemplo, cerca del 80% del territorio está bajo control federal, lo que ha generado debates sobre el acceso a terrenos para vivienda, infraestructura y actividades económicas.

La iniciativa ha recibido cuestionamientos de legisladores de ambos partidos. El representante republicano Ryan Zinke, quien dirigió el Departamento del Interior durante el primer mandato de Trump, manifestó su oposición a la venta o transferencia de tierras públicas y aseguró que votará contra cualquier legislación que contemple estas medidas. Por su parte, el senador demócrata Martin Heinrich sostuvo que los terrenos federales deben permanecer bajo propiedad pública y anunció que se opondrá a los esfuerzos de privatización.

La propuesta retoma iniciativas impulsadas anteriormente por algunos legisladores republicanos para vender extensiones de terreno en Utah y Nevada, con el argumento de generar ingresos fiscales y facilitar el crecimiento urbano. En 2025, el senador Mike Lee planteó la venta de más de 8.000 kilómetros cuadrados de tierras federales, aunque la iniciativa no prosperó debido a la oposición de legisladores republicanos y demócratas. El nuevo plan también establece que una parte de los ingresos obtenidos por las ventas podría destinarse a proyectos de conservación en otras áreas.

La implementación de estas medidas dependerá de las facultades del Departamento del Interior y de la eventual cooperación del Congreso, por lo que todavía existe incertidumbre sobre su alcance. El secretario del Interior, Doug Burgum, deberá determinar los mecanismos administrativos y legislativos necesarios para avanzar con las propuestas, mientras continúan las diferencias entre quienes promueven una mayor participación estatal en la gestión territorial y quienes defienden la conservación de la propiedad federal. El plan establece las prioridades de la agencia hasta 2030, aunque no será vinculante para futuras administraciones.

POLÍTICA

Juez federal permite avanzar demanda de Trump contra la BBC por presunta difamación

Un juez federal de Florida autorizó que continúe la demanda por difamación presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la cadena británica BBC, relacionada con la edición de un discurso pronunciado antes del asalto al Capitolio en enero de 2021. El juez Jeffrey Kuntz rechazó el martes la solicitud de la BBC para desestimar esta acusación, aunque eliminó una segunda reclamación basada en una ley de Florida sobre prácticas comerciales desleales. La demanda, presentada en diciembre de 2025, reclamaba inicialmente US$10.000 millones, US$5.000 millones por cada acusación, por lo que la decisión reduce a la mitad el monto en disputa.

El caso se originó por un documental titulado "Trump: A Second Chance?", emitido antes de las elecciones presidenciales de 2024, en el que se combinaron fragmentos de distintas partes del discurso que Trump pronunció el 6 de enero de 2021. Según la demanda, la edición generó la impresión de que el entonces mandatario había instado directamente a sus seguidores a ejercer violencia durante el asalto al Capitolio. La BBC reconoció que la combinación de declaraciones resultó engañosa y ofreció disculpas públicas, aunque rechazó haber cometido difamación.

En su decisión, Kuntz consideró que los argumentos presentados por Trump eran suficientes para permitir que el procedimiento judicial continuara, pero aclaró que todavía no se ha determinado si existió difamación ni si corresponde una indemnización. La controversia también provocó la renuncia del director general de la BBC y de su principal responsable de noticias. Por su parte, Trump calificó el fallo como una victoria contra la cadena británica y reiteró sus críticas a la cobertura informativa sobre su administración.

El proceso continuará con la recopilación de pruebas y declaraciones de las partes. La fecha podría modificarse si se amplía el periodo de presentación de pruebas, mientras que la cadena deberá responder formalmente a la acusación de difamación antes del 1 de diciembre. La decisión judicial mantiene abierto el litigio, sin establecer todavía responsabilidades legales.  

POLÍTICA

Biden afirma que habría abandonado antes su candidatura presidencial de haber conocido su diagnóstico de cáncer

El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, de 83 años, afirmó que habría abandonado antes su campaña de reelección de 2024 si hubiera sabido que padecía cáncer de próstata. En una entrevista publicada este miércoles, el exmandatario explicó que durante su permanencia en la Casa Blanca desconocía la enfermedad, diagnosticada en mayo de 2025, meses después de finalizar su mandato. Biden sostuvo que no habría continuado su candidatura de haber conocido su condición médica, al considerar que una persona de 80 años con cáncer no debería aspirar a la Presidencia.

Biden se refirió a su retiro de la contienda electoral, en julio de 2024, cuando enfrentaba crecientes presiones dentro del Partido Demócrata por las preocupaciones relacionadas con su edad y capacidad para ejercer un segundo mandato. Estas inquietudes se intensificaron después del debate presidencial de junio frente a Donald Trump, durante el cual tuvo dificultades para responder algunas preguntas. Sin embargo, el expresidente restó importancia a su actuación y señaló que no consideraba que aquel episodio hubiera sido determinante.

El exmandatario también rechazó los señalamientos de que hubiera ocultado información sobre su estado de salud durante su Presidencia y aseguró que no tenía conocimiento de la enfermedad. Asimismo, sostuvo que en ese momento se consideraba la persona mejor preparada para desempeñar el cargo, pese a los cuestionamientos sobre su edad. Tras su retirada de la campaña, Biden respaldó a su vicepresidenta, Kamala Harris, quien posteriormente fue derrotada por Trump en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.

En cuanto a su condición médica actual, Biden explicó que padece cáncer de próstata en estadio 4, con propagación a los huesos, y que ha completado un tratamiento de radioterapia. Actualmente recibe terapia hormonal y aseguró que los resultados recientes de sus exámenes han sido favorables, sin evidencia de una mayor propagación de la enfermedad. El expresidente afirmó que se siente bien y que conserva sus capacidades para desarrollar sus actividades, aunque reconoció que el tratamiento ha introducido algunas limitaciones en su rutina.

Las declaraciones se producen antes de la publicación de sus nuevas memorias, tituladas "Promise Me, America", prevista para el 17 de noviembre. En el libro, Biden aborda distintas decisiones de su Presidencia, incluida su salida de la campaña electoral de 2024, y reitera que desconocía su diagnóstico durante su mandato. El exmandatario también reconoció que su estado de salud limitará su participación en actividades públicas y viajes relacionados con la promoción de la publicación.

SEGURIDAD

Colombia presenta a Estados Unidos informe sobre 29.062 integrantes de grupos armados ilegales

Las Fuerzas Militares de Colombia presentaron a Estados Unidos un informe sobre la presencia y composición de los grupos armados ilegales en el territorio nacional, durante una reunión celebrada el martes en Bogotá entre el comandante general de las Fuerzas Militares, Erik Rodríguez, y el presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine. El documento, denominado "Conteo del enemigo", registra 29.062 personas vinculadas con organizaciones armadas distribuidas en 165 estructuras, según cifras con corte a julio de 2026. La presentación incluyó mapas sobre su distribución territorial y capacidades operativas.

De acuerdo con el informe, las disidencias de las antiguas Farc, el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) concentran la mayor parte de las personas identificadas, cifras que incluyen tanto combatientes como integrantes de redes de apoyo y estructuras criminales. El diagnóstico también contempla a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como Los Pachenca.

El Clan del Golfo representa el 35,3% del total registrado y cuenta con seis estructuras principales y 39 subestructuras. De sus 10.268 integrantes, 3.617 están clasificados como hombres en armas y 6.651 pertenecen a componentes criminales focalizados, vinculados principalmente con actividades de apoyo logístico, financiero y territorial. Los mapas presentados a la delegación estadounidense identifican concentraciones de esta organización en Córdoba, Sucre, Bolívar, Antioquia y Chocó, departamentos que conectan corredores estratégicos del Caribe y el Pacífico colombiano.

Por su parte, el ELN registra 7.230 integrantes y concentra el mayor número de estructuras organizativas, con 64 unidades identificadas, entre frentes de guerra, frentes guerrilleros, compañías y células urbanas. Su composición incluye 3.568 hombres en armas, 3.388 integrantes de redes de apoyo y 274 personas vinculadas con componentes urbanos. Según la información militar, su presencia se concentra principalmente en Norte de Santander y Arauca, departamentos fronterizos con Venezuela, aunque también mantiene actividad en otras regiones del país.

Las disidencias de las antiguas Farc suman 10.569 integrantes, de los cuales 6.804 están clasificados como hombres en armas y 3.765 pertenecen a redes de apoyo. La facción encabezada por alias "Iván Mordisco" es la más numerosa, con 4.511 miembros, seguida por la estructura de alias "Calarcá", con 3.002. A estas se suman la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, con 2.463 integrantes, y la Segunda Marquetalia, con 593. En conjunto, estas organizaciones registran presencia en Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo.

El informe también identifica a Los Pachenca como una organización con 743 integrantes distribuidos en cuatro frentes, de los cuales 421 están clasificados como hombres en armas y 322 como miembros de componentes criminales. Su presencia se concentra en sectores cercanos a la Sierra Nevada de Santa Marta. La distribución territorial presentada por las Fuerzas Militares permite identificar las principales áreas de operación de las organizaciones ilegales y su presencia en corredores fronterizos, rutas de narcotráfico y regiones con economías ilícitas.

La presentación se desarrolló durante la visita del general Caine a Colombia, como parte de la iniciativa "Escudo de las Américas", promovida por Washington para fortalecer la cooperación regional contra el crimen organizado. La agenda bilateral incluyó el intercambio de inteligencia, la seguridad fronteriza y la coordinación de operaciones contra estructuras vinculadas con el narcotráfico. Al finalizar el encuentro, las Fuerzas Militares destacaron el compromiso de ambos países de fortalecer sus capacidades terrestres, aéreas, marítimas y fluviales, así como los mecanismos de cooperación para enfrentar amenazas transnacionales.

SEGURIDAD

Secretario del Tesoro de Estados Unidos se traslada a base militar ante presuntas amenazas de Irán

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se trasladó de su residencia en Washington a una base militar ante presuntas amenazas contra su vida atribuidas a Irán, según informaron el martes fuentes conocedoras del asunto. La decisión se produce mientras Bessent lidera la estrategia de presión económica de Washington contra Teherán, mediante sanciones financieras y restricciones comerciales destinadas a limitar los recursos del Gobierno iraní durante la guerra en Oriente Medio.

De acuerdo con esas fuentes, los servicios de inteligencia estadounidenses han identificado un incremento de las presuntas amenazas iraníes contra funcionarios actuales y anteriores de la administración. En octubre, el director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Jay Clayton, advirtió que Teherán había intensificado sus esfuerzos para atacar a ciudadanos estadounidenses tanto en Oriente Medio como en otras regiones. Según estas evaluaciones, algunos de los posibles planes habrían alcanzado una fase más avanzada, aunque no se ha precisado la gravedad de las amenazas específicas contra Bessent.

El traslado también ocurre después de que Washington adoptara medidas adicionales para proteger a su personal diplomático y militar en Oriente Medio. En octubre, el Gobierno estadounidense ordenó la salida del personal no esencial y sus familiares de la embajada en Arabia Saudita, tras el aumento de los ataques de los hutíes respaldados por Irán. Entretanto, las autoridades iraníes han negado anteriormente que estén preparando ataques contra funcionarios o ciudadanos estadounidenses en territorio estadounidense.

La situación coincide con los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto y con la continuidad de las sanciones económicas estadounidenses contra Irán. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó recientemente que la presión financiera ejercida por Washington podría reducir la necesidad de nuevas operaciones militares. Por su parte, un portavoz del Departamento del Tesoro aseguró que Bessent mantendrá su compromiso con la estrategia de presión económica contra Teherán, pese a las amenazas denunciadas.

SEGURIDAD

Colapso de un edificio en Brooklyn deja al menos un muerto y diez heridos

Un edificio de tres pisos colapsó parcialmente en la tarde de este miércoles en el barrio de Flatbush, en Brooklyn. El hecho dejó al menos una persona fallecida y diez heridas, según el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY). La emergencia ocurrió poco después de las 4:00 p. m., hora local, en el cruce de  Flatbush Avenue y Bedford Avenue, una zona principalmente residencial. El FDNY activó una operación de rescate técnico de gran escala y decenas de bomberos removían escombros a mano en busca de personas atrapadas.

La NYPD confirmó que una persona murió en el lugar. Según el FDNY, cuatro de los heridos sufrieron lesiones graves y seis presentaron heridas leves. Los lesionados fueron trasladados a hospitales cercanos, entre ellos el Kings County Hospital. Durante las primeras horas, las autoridades informaron que al menos una persona seguía atrapada bajo los escombros, y por ahora no se ha confirmado cuántas permanecen desaparecidas.

El inmueble tenía un local comercial en la planta baja y al menos un apartamento en los pisos superiores. Estaba junto a un lote donde se había demolido una edificación de un piso para un proyecto de construcción, y ese terreno se encontraba en excavación. Al colapsar, parte de la estructura cayó sobre el foso de la obra. Un edificio vecino que compartía muro con el inmueble siguió en pie, pero quedó con una fachada expuesta.

El Departamento de Edificios de la ciudad desplegó inspectores en la zona para apoyar las labores de rescate y evaluar la estabilidad estructural de los edificios cercanos. Las autoridades no han establecido oficialmente la causa del colapso ni su posible relación con las obras contiguas. La NYPD pidió evitar el sector y anunció cierres viales. La concejala del distrito, Farah Louis, informó que mantiene contacto directo con la comisionada del FDNY, Lillian Bonsignore, para hacer seguimiento a la emergencia.

SEGURIDAD

Estados Unidos se retira del Mundial Sub-17 de Catar por preocupaciones de seguridad en Oriente Medio

La Federación de Fútbol de Estados Unidos (U.S. Soccer) anunció este miércoles que su selección masculina sub-17 no participará en la Copa Mundial de la categoría, que la FIFA celebrará en Catar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre. La federación informó la decisión a los jugadores y a sus familias por medio de una carta, en la que explicó que se cancelaban tanto la concentración previa al torneo como la participación en el campeonato, y reiteró que el bienestar de los jugadores y del cuerpo técnico es su máxima prioridad. La FIFA fue notificada el mismo día.

La decisión se tomó a ocho días del inicio del torneo y responde a la situación de seguridad en la región. El 23 de octubre, el Departamento de Estado emitió una alerta de viaje de nivel 3 para Catar, en la que recomienda a los ciudadanos estadounidenses reconsiderar sus desplazamientos a ese país por el riesgo de conflicto armado. La alerta citó los ataques de los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, contra la vecina Arabia Saudita. La carta de la federación también hizo referencia a las directrices vigentes para el personal de la embajada estadounidense y sus familias.

Estados Unidos era una de las 48 selecciones clasificadas al torneo y estaba en un grupo con Montenegro, Chile y Argelia. El entrenador Alex Aldaz había anunciado la semana pasada la nómina de 21 jugadores. Por ahora, la FIFA no se ha pronunciado sobre la retirada ni sobre un posible reemplazo. El Mundial Sub-17 se juega cada año desde 2025, y la FIFA designó a Catar como sede de las ediciones entre 2025 y 2029 para aprovechar la infraestructura construida para el Mundial de mayores de 2022.

La retirada se suma a otros eventos deportivos de la región que se han visto afectados por el conflicto que comenzó en febrero con los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán. Entre ellos están el traslado de las Finales de la WTA de Arabia Saudita a Indian Wells (California), la cancelación del Gran Premio de Fórmula 1 en Yeda y la reprogramación en Malasia de la carrera de Baréin.

MIGRACIÓN

Congresistas demócratas hispanos buscan negociar con Trump una reforma migratoria

Un grupo de congresistas demócratas de origen hispano afirmó este miércoles que buscará negociar con el presidente Donald Trump un acuerdo de reforma migratoria, una semana después de las elecciones intermedias en las que su partido obtuvo la mayoría en ambas cámaras del Congreso. El senador Rubén Gallego, el congresista electo Bobby Pulido y los representantes Henry Cuéllar, Vicente González y Joaquín Castro se reunieron en Washington con integrantes de la Coalición Empresarial Estadounidense de Acción por la Inmigración (ABIC Action) y de la Asociación de Constructores del Sur de Texas (STBA) para analizar el panorama tras los comicios.

Los legisladores explicaron que intentarán alcanzar un acuerdo en las últimas semanas del año, mientras el Congreso todavía tiene mayoría republicana. Si no lo logran, impulsarán una reforma migratoria a partir del 3 de enero, cuando se instale el nuevo Congreso. La propuesta busca aliviar la situación de millones de inmigrantes latinos que viven y trabajan desde hace décadas en el país sin un estatus migratorio regular.

Gallego afirmó que los líderes tienen la responsabilidad de proteger a tantas familias latinas como sea posible, lo que podría incluir un acuerdo con el presidente, y aseguró que todavía hay tiempo para alcanzarlo. Por su parte, Cuéllar indicó que mantiene conversaciones con la administración sobre las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y que los demócratas están dispuestos a colaborar si existe voluntad de ambas partes. Los congresistas reconocieron que el nombramiento de Stephen Miller como jefe de gabinete de la Casa Blanca plantea un escenario complejo, pero insistieron en la necesidad de negociar.

La iniciativa coincide con declaraciones recientes de Trump, quien en una entrevista con el programa 60 Minutes reconoció que su política de deportaciones pudo haber sido “demasiado dura” y que le afectó electoralmente. También expresó su disposición a negociar un acuerdo migratorio con los demócratas, aunque no dio detalles sobre su posible alcance. Desde el sector empresarial, Benny Meléndez, vicepresidente de la Asociación de Constructores del Sur de Texas, expresó su confianza en que el nuevo Congreso pueda introducir cambios en la política migratoria.

SALUD

Estados Unidos podría perder su estatus de eliminación del sarampión tras aumento de contagios

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) evalúa si Estados Unidos debe perder su estatus de eliminación del sarampión, reconocimiento que mantiene desde el año 2000 y que podría quedar sin efecto debido al aumento de los brotes registrados en el país. Un comité de expertos internacionales se           reúne en Washington hasta el 13 de noviembre para revisar la situación epidemiológica y determinar si existen evidencias de transmisión continua del virus. La decisión definitiva será comunicada por el director de la OPS, Jarbas Barbosa, previsiblemente a comienzos de la próxima semana.

La evaluación contempla los informes presentados por los 35 Estados miembros de la OPS, con especial atención a Estados Unidos, México y Bolivia, países que han registrado brotes prolongados. Para determinar la pérdida del estatus de eliminación, los especialistas deben establecer si una misma cadena de transmisión del virus ha permanecido activa durante al menos 12 meses consecutivos. El análisis incluye datos epidemiológicos, resultados de laboratorio, cobertura de vacunación y medidas implementadas para contener los contagios.

Desde comienzos de 2025, Estados Unidos ha registrado cerca de 7.500 casos de sarampión y 11 fallecimientos, de acuerdo con cifras recopiladas de autoridades sanitarias estatales y federales. Durante 2026, las infecciones se han más que duplicado frente al año anterior, alcanzando los niveles más elevados en más de tres décadas. Entre los brotes bajo evaluación se encuentra el registrado en Arizona y Utah, iniciado en junio de 2025, cuya duración podría cumplir los criterios para considerar restablecida la transmisión endémica de la enfermedad.

El incremento de los contagios también ha generado cuestionamientos sobre las políticas de vacunación de la administración del presidente Donald Trump. Diversos especialistas en salud pública consideran que las posiciones del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., respecto a las vacunas y algunas modificaciones en las recomendaciones de inmunización infantil han contribuido a aumentar la desconfianza entre determinados sectores de la población. Sin embargo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos sostiene que las tasas nacionales de vacunación ya venían disminuyendo antes de que Kennedy asumiera el cargo.

Por su parte, la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Erica Schwartz, aseguró que la respuesta sanitaria federal continuará sin modificaciones sustanciales incluso si el país pierde su estatus de eliminación. La funcionaria explicó que la agencia mantiene la coordinación con las autoridades estatales para controlar los brotes, especialmente en comunidades con bajas coberturas de inmunización. Asimismo, reiteró que la vacuna triple viral, que protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola, constituye la principal herramienta de prevención.

La revisión ocurre después de que Canadá perdiera su reconocimiento de eliminación del sarampión en 2025, mientras España y Reino Unido también enfrentaron decisiones similares por parte de organismos internacionales. En Estados Unidos, especialistas como Noel Brewer, profesor de salud pública de la Universidad de Carolina del Norte, advierten que la persistencia de los contagios representa un desafío sanitario independientemente del resultado de la evaluación. Una eventual pérdida del reconocimiento indicaría que el virus ha recuperado una transmisión sostenida dentro del territorio estadounidense, aunque no modificaría por sí misma las medidas de prevención vigentes.