• Comercio:

– Expedida el Decreto 0276 del Ministerio de Comercio que busca modificar el Decreto 1074 de 2015 para reglamentar el artículo 305 de la Ley 2294 de 2023, unificando los patrimonios autónomos INNpulsa Colombia y Colombia Productiva en un solo patrimonio denominado INNpulsa Colombia. Este nuevo patrimonio tendrá como finalidad ejecutar las estrategias de reindustrialización del país, fomentar el emprendimiento, la innovación, el desarrollo empresarial y fortalecer la productividad y competitividad. Asimismo, se designa a Fiducoldex S.A. como la sociedad fiduciaria encargada de su administración, dada su experiencia en la gestión de fideicomisos destinados a materializar políticas del Plan Nacional de Desarrollo.

● Salud

– Expedida la Resolución 401 de 2025 del Ministerio de Salud y Protección Social en donde se adopta una estrategia de acompañamiento psicosocial para población migrante, colombianos retornados y comunidades de acogida, con el fin de promover la integración social y el bienestar psicosocial de estas poblaciones. Se priorizan acciones de sensibilización, no estigmatización y acceso a información sobre derechos en salud, en línea con el CONPES 4100 de 2022 y el Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031. Los recursos para la implementación se asignarán a Empresas Sociales del Estado (E.S.E.) y entidades territoriales que cumplan criterios de habilitación, como contar con servicios de psicología activos. La estrategia se implementará mediante equipos psicosociales que realizarán acciones comunitarias, familiares e individuales, incluyendo la identificación de necesidades, el fortalecimiento de recursos personales y comunitarios, y la creación de planes de acompañamiento. Se priorizarán municipios con alta población migrante, fronterizos o con mayor flujo migratorio, y se aplicarán criterios de ponderación para la distribución de recursos. Además, se establecen mecanismos de seguimiento y articulación interinstitucional para garantizar la sostenibilidad y efectividad del programa.

● Minero energético

– Abierto para comentarios hasta el 10 de abril de 2025 el Proyecto de Resolución 701 085 de la CREG el cual convoca una subasta para la asignación de Obligaciones de Energía Firme (OEF) del Cargo por Confiabilidad para el período del 1 de diciembre de 2029 al 30 de noviembre de 2030. Esta medida busca garantizar la confiabilidad del servicio eléctrico en el Sistema Interconectado Nacional, promoviendo la incorporación de nuevos proyectos de generación que aporten energía firme y cubran la demanda esperada de manera segura y eficiente. La subasta permitirá la participación de plantas existentes, nuevas y aquellas que realicen conversiones para reducir emisiones de CO2, estableciendo incentivos para la entrada temprana de proyectos y regulando la participación de plantas no despachadas centralmente. Además, la resolución introduce modificaciones en procedimientos y requisitos técnicos, como la actualización de parámetros para declarar la energía firme y el ajuste de cronogramas en caso de fallas en el sistema. Se fortalecen mecanismos de control y seguimiento para asegurar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los generadores, optimizando la gestión de la energía y garantizando la estabilidad del sistema a largo plazo.

● Tributario – Asuntos financieros

– La DIAN dispone para comentarios hasta el 21 de marzo el Proyecto de Resolución que modifica parcialmente la Resolución 5707 de 2019, que regula los requisitos para ser autorizado como autorretenedor del impuesto sobre la renta. La principal modificación aclara que la existencia de pérdidas fiscales en los últimos tres años no impedirá la calificación como autorretenedor si dichas pérdidas provienen de la aplicación de beneficios tributarios específicos, como deducciones por pagos a viudas y huérfanos de las fuerzas armadas, la contratación del primer empleo o la adquisición de activos fijos reales productivos. Además, se exige que un revisor fiscal o contador público certifique el origen de estas pérdidas, detallando el beneficio aplicado, el monto y la norma que lo justifica. Asimismo, se modifica el artículo 4 de la Resolución 5707 para evitar la suspensión de la autorización como autorretenedor en los casos en que las pérdidas fiscales tengan origen en beneficios tributarios. La DIAN podrá requerir la certificación correspondiente para verificar esta condición.

– El Decreto 0274 del Ministerio de Hacienda adiciona el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2025, en respuesta a la declaratoria de conmoción interior en la región del Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González en el Cesar. Se asignan recursos por un total de $2,7 billones de pesos para fortalecer sectores clave como defensa, agricultura, salud, educación, transporte e inclusión social. Estos fondos se destinarán a mejorar la seguridad, apoyar la reconversión productiva, garantizar el acceso a servicios básicos y fortalecer programas sociales y educativos, con el fin de mitigar los efectos de la crisis y promover la estabilidad en las zonas afectadas. La financiación provendrá de medidas tributarias extraordinarias, incluyendo un aumento del IVA en juegos de azar en línea al 19%, un impuesto del 1% sobre la extracción de hidrocarburos y carbón, y la modificación de la tarifa del Impuesto de Timbre al 1%. El decreto busca proporcionar herramientas financieras para restablecer el orden público, proteger a la población civil y fortalecer la presencia estatal en estas zonas vulnerables, con un enfoque en la colaboración interinstitucional y territorial.

● Alimentos y bebidas

– La Circular 005661 del 14 de marzo de 2025, emitida por la Dirección de Gestión de Aduanas de la DIAN, establece los gravámenes Ad-Valórem aplicables a productos agropecuarios, sus sustitutos, productos agroindustriales y subproductos, en el marco del Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP). Se detallan los códigos de nomenclatura arancelaria y los porcentajes de arancel aplicables a productos como la carne de cerdo, trozos de pollo, leche entera, trigo, maíz, soya y aceites, entre otros, con aranceles que varían entre el 10% y el 163%, dependiendo del producto. Además, se incluyen disposiciones específicas como un arancel del 98% para la importación de leche y nata, y del 94% para el lactosuero, excluyéndolos del mecanismo de franja de precios. También se establece un arancel del 0% para ciertos tipos de trigo y del 40% para el maíz blanco, con excepciones para mercancías amparadas con certificados IBSA. En cuanto al arroz, se aplica un arancel del 80%, salvo para un cupo de 75.118 toneladas que ingresan con arancel 0%. Estas medidas buscan regular el comercio de productos sensibles y proteger la producción nacional.

● TIC

– Mediante un prepliego se establece las garantías que deben presentar los proponentes en el proceso de adjudicación del dominio .CO, a cargo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC). Se exige una Garantía de Seriedad de la Propuesta equivalente al 10% del presupuesto oficial, con vigencia mínima de 60 días posteriores al cierre del proceso.

Además, el operador seleccionado deberá presentar una Garantía Única de Cumplimiento, cubriendo obligaciones contractuales, pagos laborales y la calidad del servicio, con valores calculados sobre salarios mínimos legales mensuales vigentes. Asimismo, se requieren pólizas de responsabilidad civil extracontractual y de riesgos cibernéticos, esta última con un valor asegurado mínimo de 12 millones de dólares, cubriendo posibles perjuicios derivados del manejo de datos. Las garantías deberán mantenerse vigentes durante toda la duración del contrato y renovarse anualmente si el plazo excede cinco años. Estas medidas buscan mitigar riesgos y asegurar el cumplimiento de las obligaciones en la gestión del dominio .CO.