Alertas Regulatorias, Alianza De AmCham Colombia Con El Apoyo De Orza, Relacionamiento Estratégico -  AmCham Colombia
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Alertas regulatorias, alianza de AmCham Colombia con el apoyo de Orza, relacionamiento estratégico

11 de abril de 2025

Lea aquí el resumen de las noticias más relevantes de la semana en sectores de interés para la Comunidad AmCham Colombia preparado por Orza a través de la herramienta de monitoreo y estimación de riesgos regulatorios Sonar.

  • Comercio:

– La Circular 003 del 2 de abril de 2025, emitida por la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, establece las obligaciones de las Sociedades de Comercialización Internacional (SCI) para reportar o solicitar autorización ante cualquier modificación en la información con la que obtuvieron su autorización. Esto incluye cambios en razón social, dirección, representantes legales, socios, personal directivo o empleados que actúan ante autoridades aduaneras, así como ajustes en el estudio de mercado (por nuevos productos, mercados o proveedores) y en el sistema informático de control de inventarios. Todas las actualizaciones deben realizarse dentro de los cinco días hábiles posteriores al cambio, a través del canal de radicación virtual del Ministerio, anexando la documentación pertinente. Además, la circular especifica que solo se podrán desarrollar operaciones bajo nuevas condiciones una vez se cuente con autorización oficial, y sugiere anexar el formato de autorización de notificación electrónica en todas las solicitudes.

● Salud

El Ministerio de Salud ha dispuesto para comentarios los siguientes proyectos normativos:

– Abierto para comentarios hasta el 25 de abril, el proyecto de resolución que establece un sistema robusto para el registro de negaciones de servicios y tecnologías en salud en los regímenes contributivo y subsidiado, así como el procedimiento para el reintegro de recursos por aquellas negaciones consideradas sin justa causa, financiadas con cargo a la prima UPC. La Superintendencia Nacional de Salud será la encargada de detectar, validar y reportar estas negaciones al Ministerio y a la ADRES, quien a su vez liderará los procesos de devolución de los recursos. Se define también un mecanismo de alerta para activar acciones de inspección y control, con el fin de proteger el derecho fundamental a la salud.

– Abierto para comentarios hasta el 22 de abril el proyecto normativo que reglamenta los requisitos operativos y financieros que deben cumplir los Gestores Farmacéuticos (GF) y los Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud (OLTS) y establece condiciones de capacidad técnico-administrativa, tecnológica y científica, además de la implementación de sistemas de información, gestión de riesgos e indicadores de desempeño que garanticen la calidad, oportunidad y eficiencia en la dispensación y distribución de tecnologías en salud. También ordena la creación de un registro electrónico obligatorio, supervisado por la Superintendencia Nacional de Salud y las Entidades Territoriales, cuya inscripción será requisito para firmar contratos. Con un plazo máximo de implementación de nueve meses, la resolución busca asegurar la estabilidad económica, eficiencia operativa y transparencia de estos actores en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), protegiendo así el derecho a la salud mediante servicios de calidad y acceso oportuno a medicamentos y dispositivos médicos.

● Minero energético

– La Resolución 40140 de 2025, expedida por el Ministerio de Minas, establece lineamientos transitorios para asegurar la permanencia de proyectos de generación eléctrica en condición de superposición con otros del sector minero-energético o que dependan de obras de expansión del Sistema Interconectado Nacional (SIN). Con base en principios constitucionales y legales de continuidad y eficiencia en el servicio público de electricidad, la resolución busca evitar retrasos en la entrada en operación de estos proyectos, especialmente los basados en fuentes no convencionales de energía renovable, mitigando los riesgos financieros derivados del incumplimiento de garantías. La medida permite prorrogar por un año (prorrogable por otro) la vigencia de garantías sin indexación, bajo dos causales: i) retrasos en obras de expansión del STN; y ii) negociaciones activas de acuerdos de coexistencia por superposición de proyectos. Para acceder al beneficio, los desarrolladores deben presentar una certificación ante el ASIC.

– Dispuesto para comentarios hasta el 19 de abril el proyecto de resolución del Ministerio de Minas que modifica el Reglamento Técnico de Etiquetado (RETIQ) con el fin de actualizar los requisitos de eficiencia energética y etiquetado aplicables a ciertos equipos de uso final de energía eléctrica y gas combustible, promoviendo el uso racional de la energía en Colombia. La propuesta incorpora nuevos productos como hornos eléctricos y televisores al alcance del reglamento, e implementa estándares mínimos de desempeño energético (MEPS), además de reescalar rangos de eficiencia, ajustar normas técnicas de ensayo, y establecer nuevos criterios de muestreo y de demostración de conformidad. También establece condiciones de transitoriedad para que los nuevos productos cumplan inicialmente con los requisitos mediante una Declaración de Conformidad del Productor, y permite que durante 12 meses se mantengan válidos los certificados emitidos bajo la norma anterior.

● Tributario – Asuntos financieros

– El Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 0380 que incorpora al presupuesto bienal 2025-2026 del Sistema General de Regalías (SGR) un mayor recaudo de más de $702 mil millones provenientes de la explotación de recursos naturales no renovables durante el bienio 2023-2024. Este excedente fue distribuido conforme al artículo 361 de la Constitución, destinándose: 20% a entidades territoriales con actividades extractivas o puertos de transporte; 10% a municipios más pobres; 20% a conservación ambiental y lucha contra la deforestación; 5% a proyectos de emprendimiento y empleo; y 45% al Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE). Las cifras fueron certificadas por la ANH y la ANM, y distribuidas por el DNP. El decreto detalla la asignación de estos recursos tanto en ingresos como en gastos del SGR, señalando los montos específicos por departamento y municipio beneficiario. También incluye anexos con las Asignaciones Directas desglosadas, las cuales representan el 20% del total distribuido. La ejecución del gasto deberá seguir lo establecido en la Ley 2056 de 2020, observando criterios de equidad territorial, eficiencia del gasto y sostenibilidad fiscal.

● Laboral

– Expedido el decreto 0391, que impulsa la formalización laboral de docentes en instituciones públicas de educación superior. Esta medida busca brindar condiciones laborales dignas y estables a cerca de 38 mil profesores y trabajadores. El decreto, elaborado conjuntamente con el sector docente y coordinado por los ministerios de Educación y Trabajo, beneficiará a quienes desempeñan funciones misionales pero no hacen parte de la carrera docente o administrativa. Las instituciones deberán diseñar, en los próximos 12 meses, planes graduales de formalización laboral, garantizando la participación de sindicatos y priorizando la experiencia y el perfil de docentes ocasionales y catedráticos. Se espera un avance del 40 % en la implementación para diciembre de 2026 y del 80 % para diciembre de 2027. El Ministerio del Trabajo será el encargado de supervisar el cumplimiento de estos planes, en concordancia con la Ley 1610 de 2013. Entre los temas que aún requieren reglamentación están los fondos generacionales, los regímenes de inversión y financiamiento, y los esquemas de aseguramiento en la etapa de desacumulación.

– Dispuesto para comentarios por el Ministerio del Trabajo hasta el 22 de abril, el proyecto de resolución sobre la “Ruta Tipo de Reconversión Laboral” establece un marco normativo para enfrentar los retos económicos, sociales, tecnológicos y ambientales que impactan el empleo en sectores en declive. El objetivo principal es facilitar la transición de trabajadores hacia sectores emergentes y sostenibles, garantizando su empleabilidad, derechos laborales y

formación. Aplica a entidades públicas y privadas, empleadores y trabajadores ubicados en sectores sujetos a transformación estructural. Incluye también a EPS, ARL y universidades, así como a comités tripartitos encargados de diseñar estrategias específicas.

Para más información puede contactar a Gonzalo Araujo en el correo [email protected]