Lea aquí el resumen de las noticias más relevantes de la semana en sectores de interés para la Comunidad AmCham Colombia preparado por Orza a través de la herramienta de monitoreo y estimación de riesgos regulatorios Sonar.

●      Comercio:

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dispone para comentarios hasta el 14 de mayo el proyecto de decreto que busca adicionar un parágrafo al artículo 70 del Decreto 2147 de 2016, con el fin de permitir que empresas industriales y comerciales del Estado, así como sociedades de economía mixta, puedan ser autorizadas como usuarios operadores de zonas francas permanentes ubicadas en terrenos de propiedad de la Nación. Esto responde a la necesidad de ampliar la participación en los procesos de licitación pública y garantizar la continuidad de dichas zonas francas, adaptándose a las recomendaciones del Consejo de Estado y a las condiciones del entorno económico actual. La normativa reconoce que estas entidades, aunque no tengan como objeto exclusivo la operación de zonas francas, sí cuentan con capacidades en gestión, administración y desarrollo industrial que pueden aprovecharse en estos espacios. Además, se flexibilizan requisitos como la experiencia específica en comercio exterior (siempre que se cuente con personal experto), y se exceptúan de incluir en su razón social la denominación “usuario operador de zona franca”

●      Salud

La Circular Externa No. 015 de 2025 del Ministerio de Salud y Protección Social establece lineamientos para la correcta programación, destinación y ejecución del giro directo de recursos por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). Está dirigida a garantizar que los recursos provenientes de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y de los Presupuestos Máximos para servicios y tecnologías no financiadas con cargo a la UPC sean gestionados con transparencia, legalidad y en cumplimiento de las normas de libre competencia. La circular busca prevenir prácticas financieras riesgosas y restringe operaciones entre EPS y entidades subordinadas o con participación societaria común, estableciendo límites y requisitos para evitar conflictos de interés y concentración indebida de recursos. También impone medidas para asegurar que los pagos prioricen a los acreedores externos y se realicen con sustento real, estableciendo mecanismos de control e

intervención ante posibles irregularidades, a través de la Superintendencia Nacional de Salud y la Superintendencia de Industria y Comercio.

El Ministerio de Salud ha dispuesto para comentarios l0s siguientes proyectos normativos::

• Proyecto de decreto que propone adoptar formalmente el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo. Este modelo busca reorganizar el sistema de salud colombiano bajo un enfoque centrado en la atención primaria, el fortalecimiento del nivel primario y la participación comunitaria. Establece la creación de redes integrales e integradas de servicios de salud (RIITS), territorios de gestión en salud, y mecanismos de articulación intersectorial para garantizar un acceso equitativo, continuo y con calidad a los servicios de salud. El modelo promueve pilares como la gobernanza territorial, la formalización del talento humano en salud, la soberanía sanitaria y la gestión del conocimiento. También busca avanzar en la infraestructura pública, la calidad del servicio y la articulación con políticas sociales y ambientales. Se establece como una política nacional aplicable a todos los actores del sistema de salud, incluyendo entidades territoriales, EPS, prestadores de servicios públicos y privados, y entidades de control. El proyecto está abierto a comentarios hasta el 10 de mayo de 2025.

• Proyecto de decreto con el objetivo de fortalecer el mecanismo de giro directo de los recursos del sistema de salud, especialmente aquellos relacionados con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los presupuestos máximos para servicios y tecnologías no financiadas. Entre los principales cambios, se incrementan los porcentajes mínimos de giro directo al 90% para las EPS en los regímenes contributivo y subsidiado, tanto en condiciones normales como cuando se encuentren bajo medidas especiales (vigilancia, intervención o liquidación), buscando mejorar la liquidez y flujo oportuno de recursos hacia los prestadores de servicios de salud. Esta normativa responde a recomendaciones de la Corte Constitucional, que ha señalado la debilidad estructural del actual mecanismo de giro directo y estará abierto para recibir comentarios hasta el 12 de mayo de 2025.

●      Minero energético

Abierto para comentarios hasta el 13 de mayo, el proyecto de decreto del Ministerio de Minas y Energía que busca adicionar lineamientos al Decreto 1073 de 2015 para garantizar la confiabilidad y la estabilidad tarifaria del servicio de energía eléctrica en el mercado regulado. Se enfoca en reducir la exposición de los usuarios a la volatilidad de los precios de la bolsa de energía, especialmente en contextos de baja hidrología, mediante la

implementación de mecanismos que promuevan la contratación de energía a largo plazo, principalmente por parte de generadores con portafolios hídricos. Entre las medidas propuestas, se establece que al menos el 95% de la generación hídrica debe venderse bajo contratos, y se introducen opciones como contratos flexibles, convocatorias de venta, compras unificadas y participación de fuentes no convencionales de energía renovable. Estas disposiciones buscan mitigar el impacto de fenómenos climáticos sobre las tarifas, proteger a los usuarios más vulnerables (estratos 1 a 3) y brindar señales económicas que impulsen una expansión eficiente del sistema energético.

●      Tributario – Asuntos financieros

El Banco de la República publica el Reporte de Mercados Financieros del primer trimestre de 2025 donde analiza el comportamiento de los mercados nacionales e internacionales, destacando una desaceleración global en medio de tensiones comerciales impulsadas por la nueva administración de EE. UU., lo cual elevó la incertidumbre en los mercados. Aunque las expectativas de política monetaria se ajustaron a la baja y los activos de refugio como el oro se valorizaron, la percepción de riesgo aumentó globalmente, afectando especialmente a los mercados emergentes. En Colombia, la inflación presentó sorpresas al alza, el Banco de la República mantuvo su tasa de política monetaria en 9,5% y los títulos públicos continuaron su tendencia de desvalorización, afectada por la incertidumbre fiscal. En el plano local, se observó una recuperación parcial de la participación extranjera en el mercado de deuda pública, motivada por altos rendimientos, aunque esta tendencia se revirtió en abril. El peso colombiano se apreció inicialmente por el atractivo del carry trade, pero se debilitó a comienzos de abril por la caída del petróleo y la incertidumbre global. En el mercado accionario, el índice MSCI Colcap alcanzó máximos de cinco años, aunque también fue afectado negativamente en abril por el anuncio de nuevas medidas arancelarias por parte de EE. UU.

●      Alimentos

El Invima y FENAVI, a través del Programa Huevo, lograron la aceptación del modelo de certificado sanitario colombiano por parte del Ministerio de Salud, Medio Ambiente y Naturaleza de Curazao, lo que permite la exportación de ovoproductos a ese destino. Esta apertura se consiguió gracias a las garantías de inocuidad propuestas por el Invima, basadas en controles de proceso, producto terminado y acciones de inspección y vigilancia que fueron consideradas suficientes por la autoridad sanitaria de Curazao.

Con este avance, Curazao se convierte en el segundo destino habilitado, junto a Cuba, para las exportaciones de ovoproductos colombianos. Además, el Invima continúa trabajando para abrir nuevos mercados en países del Caribe y Centroamérica. Gracias a estas gestiones, Colombia ha alcanzado ya un total de 97 mercados con acceso sanitario para alimentos regulados por el Invima.

●      Laboral

El Ministerio del Trabajo dispone para comentarios hasta el 14 de mayo el proyecto de resolución que modifica las Resoluciones 652 y 1356 de 2012 para fortalecer la conformación y el funcionamiento de los Comités de Convivencia Laboral en entidades públicas y privadas. La propuesta adapta el marco normativo a los estándares internacionales, como el Convenio 190 de la OIT, e introduce lineamientos para prevenir y abordar el acoso laboral, promoviendo ambientes laborales saludables y respetuosos. Se definen responsabilidades específicas para empleadores, trabajadores, Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) y se establecen nuevos tiempos, funciones, y requisitos para la gestión de quejas y conflictos. El nuevo enfoque establece procedimientos preventivos con plazos definidos, exige competencias actitudinales para los miembros del comité y detalla medidas preventivas y correctivas con perspectiva de género, diferencial e interseccional. También se fortalecen los canales de atención, seguimiento y reporte, y se incluyen sanciones por incumplimiento. Esta iniciativa busca garantizar entornos laborales seguros, proteger la salud mental y los derechos de los trabajadores, y asegurar una atención oportuna y efectiva frente a situaciones de violencia y acoso laboral.

Para más información puede contactar a Gonzalo Araujo en el correo [email protected]