Lea aquí el resumen de las noticias más relevantes de la semana en sectores de interés para la Comunidad AmCham Colombia preparado por Orza a través de la herramienta de monitoreo y estimación de riesgos regulatorios Sonar.

• Comercio:

– El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicó para comentarios hasta el 9 de julio un proyecto de decreto que reglamenta las condiciones y requisitos para la declaratoria de existencia de zonas francas permanentes especiales destinadas al desarrollo de infraestructura y actividades ferroviarias. La propuesta modifica parcialmente el Decreto 2147 de 2016 y busca facilitar la inversión en este modo de transporte, en línea con las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y el Plan Maestro Ferroviario. Se plantea que los promotores ferroviarios que cuenten con contratos de concesión, APP o permisos para proyectos de infraestructura puedan solicitar la declaratoria de zona franca sobre la totalidad del área ferroviaria vinculada, bajo el compromiso de nuevas inversiones y generación de empleo. El proyecto también establece mecanismos para facilitar la interconexión con la red férrea nacional, flexibiliza el principio de contigüidad del área a declarar, y promueve la articulación con actores de la economía popular en los encadenamientos productivos. Asimismo, define las actividades ferroviarias habilitadas dentro de estas zonas, las condiciones para la operación de servicios logísticos y de transporte, y los criterios de seguimiento y control por parte del Ministerio

● Minero energético

– El Ministerio de Minas y Energía publicó para comentarios hasta el 7 de julio un proyecto de resolución que aplica la metodología de distribución del incentivo a la producción del Sistema General de Regalías (SGR) para el bienio 2025-2026. Esta medida busca asignar $774.931 millones de pesos correspondientes al 50% de los rendimientos financieros dispuestos por la Ley 2441 de 2024, beneficiando municipios productores de crudo, carbón, gas, metales preciosos y níquel, así como aquellos con puertos marítimos y fluviales por donde se transportan estos recursos. La asignación considera variables como el desempeño en la ejecución de proyectos, necesidades básicas insatisfechas y afectación por el conflicto armado.

El acto administrativo establece que los recursos podrán ser utilizados en proyectos de inversión que contribuyan al desarrollo institucional, la formalización minera, la restauración social y económica, y la transición energética. La fórmula de asignación adoptada incorpora criterios técnicos definidos por la Comisión Rectora del SGR y prioriza a las entidades con alto nivel de producción o transporte de recursos naturales no renovables.

● Tributario – Asuntos financieros

● La Superintendencia Financiera de Colombia publicó para comentarios hasta el 21 de julio un proyecto de circular externa que establece disposiciones para los esquemas de garantía global implementados por fondos que administren recursos públicos nacionales, como el Fondo Nacional de Garantías (FNG) y el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG). El objetivo es fortalecer la gestión del riesgo crediticio bajo estos esquemas, en línea con el artículo 88 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que promueve mecanismos financieros dirigidos a la economía popular, el emprendimiento y las finanzas verdes. El proyecto contempla ajustes al Capítulo XXXI de la Circular Básica Contable y Financiera (CBCF), incluyendo modificaciones al numeral 8 y a los anexos 1 y 2. Estas modificaciones establecen metodologías para la estimación de la pérdida esperada, el cálculo de provisiones y la incorporación de estos esquemas en los sistemas de administración de riesgo de los establecimientos de crédito. La propuesta establece un periodo de transición de seis meses desde su expedición para su entrada en vigor.

● Laboral

– El Ministerio del Trabajo, dispone para comentarios hasta el 24 de julio, el proyecto de resolución que regula el reporte de vacantes al Servicio Público de Empleo. La norma busca actualizar los lineamientos existentes para ajustarlos a las necesidades normativas y operativas actuales de los empleadores. Entre los principales cambios, se establece el contenido mínimo que debe tener una vacante, incluyendo título, descripción, salario, ubicación, sector económico, ocupación, habilidades requeridas, nivel de cualificación, profesión, experiencia, fechas de publicación y vencimiento, y tipo de vinculación. Además, se permitirá a los empleadores mantener en reserva su nombre o razón social y el número de identificación tributaria al momento de registrar una vacante. También establece las condiciones y el procedimiento para solicitar la excepción a la publicación de ciertas vacantes, como aquellas de carácter estratégico, proyectos especiales, cargos directivos en sectores especializados, vacantes cuya divulgación represente riesgos para la estabilidad financiera o la seguridad nacional, o procesos de ascenso interno. La Unidad

Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo será la encargada de promover y monitorear el registro de vacantes, así como de remitir semestralmente la información de las vacantes exceptuadas a la Dirección de Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar.

● Alimentos

– El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural publicó para comentarios hasta el 12 de julio un proyecto de resolución que reglamenta el proceso de elección de tres representantes de los porcicultores ante la Junta Directiva del Fondo Nacional de la Porcicultura (FNP). La normativa establece que dicha elección será organizada por Porkcolombia y deberá regirse por principios de participación democrática y transparencia, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 272 de 1996 y el Decreto 1071 de 2015. El texto detalla los requisitos para postulación, el procedimiento electoral, los criterios de clasificación por categorías según el número de cerdos sacrificados, y las condiciones para la votación, incluyendo la habilitación por pago de la cuota parafiscal. También se contemplan mecanismos para suplencias y reelección. El proceso busca fortalecer la representación gremial y la gobernanza en el uso de recursos parafiscales del sector porcícola.

● Salud

– El Ministerio de Salud y Protección Social publicó para comentarios hasta el 23 de julio un proyecto de decreto que adopta la Política Integral de Salud Ambiental (PISA) y crea el Sistema Unificado de Información de Salud Ambiental (SUISA). La iniciativa busca articular la respuesta del Estado frente a los determinantes socioambientales que inciden en la salud, promover la intersectorialidad, y fortalecer la gobernanza en salud ambiental. La norma aplica a nivel nacional y territorial, involucrando a múltiples entidades del Estado que integran la Comisión Técnica Nacional Intersectorial para la Salud Ambiental (Conasa) y los Consejos Territoriales de Salud Ambiental (Cotsa). La PISA tendrá una vigencia de diez años y orientará intervenciones que integren salud, ambiente y desarrollo sostenible bajo el enfoque “Una Salud”, articulando acciones en áreas como calidad del aire, agua, cambio climático, zoonosis, seguridad química y hábitat. A su vez, el SUISA será la plataforma principal para la gestión de información en salud ambiental, permitiendo el análisis, monitoreo, generación de alertas y toma de decisiones basadas en evidencia. El proyecto establece planes de acción cuatrienales articulados con el Plan

Nacional de Desarrollo y plantea mecanismos de participación de organizaciones sociales, comunidades étnicas, universidades y centros de investigación.

● TIC

– El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) publicó para comentarios hasta el 19 de julio un proyecto de resolución que actualiza las tarifas por el uso de las frecuencias asignadas a los canales nacionales de operación privada y a las estaciones locales con y sin ánimo de lucro para el año 2025. La iniciativa se basa en las resoluciones expedidas por la extinta Comisión Nacional de Televisión (CNTV) en 1997 y 1998, y ajusta los valores de las frecuencias VHF y UHF de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2024, que fue del 5,20 %. Con la actualización propuesta, la tarifa para el uso de la frecuencia VHF asciende a $5.764.299, mientras que la tarifa para la frecuencia UHF será de $5.187.885. Estos valores deberán ser cancelados por los concesionarios en los plazos establecidos según el tipo de operación. La resolución mantiene el esquema de pagos vigente y no introduce nuevas cargas regulatorias, por lo que no fue necesario remitirla a la Superintendencia de Industria y Comercio.

Para más información puede contactar a Gonzalo Araujo en el correo [email protected]