Alertas Regulatorias, Alianza De AmCham Colombia Con El Apoyo De Orza, Relacionamiento Estratégico -  AmCham Colombia
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Alertas regulatorias, alianza de AmCham Colombia con el apoyo de Orza, relacionamiento estratégico

23 de octubre de 2025

Lea aquí el resumen de las noticias más relevantes de la semana en sectores de interés para la Comunidad AmCham Colombia preparado por Orza a través de la herramienta de monitoreo y estimación de riesgos regulatorios Sonar.

  • Comercio

– El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dispuso para consulta pública un proyecto de decreto que propone modificar parcialmente el Arancel de Aduanas con el fin de desdoblar varias subpartidas arancelarias relacionadas con el cannabis y sus derivados. La iniciativa busca crear códigos específicos para productos como plantas vivas, semillas, flores y otros insumos de Cannabis sativa L., con el objetivo de facilitar su identificación, trazabilidad y control aduanero. Según el proyecto, esta actualización permitirá mejorar la calidad de la información estadística sobre comercio exterior, fortalecer la cadena de valor del cannabis medicinal e industrial, y promover la competitividad del sector dentro de un marco normativo claro y alineado con las mejores prácticas internacionales. El documento estará disponible para recibir comentarios hasta el 5 de noviembre de 2025.

● Minero energético

– El Ministerio de Minas y Energía dispuso para comentarios hasta el 26 de octubre de 2025 un proyecto de resolución que busca garantizar la continuidad y priorización del suministro de gas natural destinado a la demanda esencial y al consumo de gas natural vehicular (GNCV) utilizado por el transporte público de pasajeros. La medida responde a la necesidad de asegurar la disponibilidad de este combustible en situaciones de restricción de oferta, dada su importancia para la movilidad urbana y la prestación del servicio público.

El texto propone un orden de priorización en la nominación de contratos de suministro que otorgue prelación al transporte público frente a otros consumidores de GNCV, y plantea lineamientos para optimizar la asignación del recurso. Asimismo, invita a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) a evaluar posibles ajustes en el modelo de contratación por sectores de consumo, con el propósito de fortalecer la confiabilidad y estabilidad del abastecimiento de gas natural en el país.

● Alimentos

– El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) dispuso para comentarios hasta el 16 de diciembre de 2025 un proyecto de resolución que propone actualizar los requisitos sanitarios para la importación a Colombia de camarón y/o langostino crudo, fresco, refrigerado o congelado procedentes de Ecuador. La iniciativa busca modernizar las condiciones de ingreso de estos productos, que no habían sido revisadas en más de dos décadas, con el fin de garantizar un nivel adecuado de protección sanitaria y prevenir la introducción de enfermedades que puedan afectar la acuicultura nacional.

El proyecto detalla los requisitos zoosanitarios que deberán cumplir las importaciones, incluyendo certificaciones del país de origen, controles de vigilancia sanitaria, resultados negativos en pruebas de laboratorio para enfermedades virales específicas y condiciones de inocuidad en el procesamiento y transporte. Con esta actualización, el ICA busca fortalecer la bioseguridad, proteger la producción acuícola colombiana y mantener la confianza en el comercio internacional de productos de origen animal.

● Laboral

– El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social dispuso para observaciones hasta el 20 de octubre de 2025 un proyecto de decreto que busca actualizar las reglas de financiación, los requisitos de ingreso, los criterios de priorización y las modalidades de acceso al Programa Colombia Mayor. La propuesta modifica varios artículos del Decreto 1833 de 2016, con el propósito de ampliar la cobertura, reducir las barreras de acceso y mejorar la focalización del subsidio económico para personas mayores en situación de pobreza o vulnerabilidad.

El proyecto plantea ajustes en la financiación del programa, permitiendo su cofinanciación con recursos del Presupuesto General de la Nación; amplía la posibilidad de atención a personas mayores en pobreza moderada; y facilita el acceso de adultos mayores indígenas a la modalidad directa del subsidio, sin depender de proyectos colectivos. También redefine la modalidad indirecta con criterios más objetivos de selección, elimina requisitos administrativos que limitaban la participación de centros de bienestar y establece un nuevo esquema de priorización de beneficiarios basado en edad, condiciones socioeconómicas, género y pertenencia étnica.

● Salud

– El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 2161 de 2025, mediante la cual establece los criterios y estándares para la autorización, habilitación y permanencia de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) o quienes hagan sus veces, y adopta disposiciones para su funcionamiento en las subregiones funcionales para la Gestión Territorial Integral de la Salud Pública. La norma hace parte de la implementación del Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo, y define reglas para la asignación de afiliados en el marco del proceso de territorialización del sistema.

La resolución fija parámetros para garantizar que las EPS cuenten con capacidad técnica, operativa, financiera y territorial suficiente; determina los procedimientos de habilitación y verificación a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud; y promueve una gestión más eficiente, equitativa y territorialmente articulada del aseguramiento en salud. Asimismo, deroga la Resolución 497 de 2021 y otorga un plazo de un año para que las entidades ajusten su operación a las nuevas condiciones establecidas.

● Asuntos financieros

– El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social dispuso para comentarios hasta el 31 de octubre de 2025 un proyecto de decreto que busca reglamentar el Sistema de Transferencias y el Sistema de Pagos de Transferencias Monetarias, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 65 y 68 de la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo). La propuesta adiciona dos nuevas partes al Decreto Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación (Decreto 1084 de 2015), con el fin de consolidar la operación, coordinación y seguimiento de las transferencias monetarias y en especie que realiza el Estado a hogares en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad.

El proyecto define los principios, enfoques y actores del Sistema de Transferencias, crea la Comisión Intersectorial y la Mesa Técnica Nacional para su dirección y seguimiento, e introduce mecanismos para promover la inclusión financiera y la eficiencia en el uso de recursos públicos. Asimismo, reglamenta el Sistema de Pagos, estableciendo que las transferencias monetarias se realicen mediante productos financieros digitales o depósitos a la vista, fomentando la bancarización progresiva de los beneficiarios y reduciendo la intermediación en los procesos de pago.

Para más información puede contactar a Gonzalo Araujo en el correo [email protected]