Lea aquí el resumen de las noticias más relevantes de la semana en sectores de interés para la Comunidad AmCham Colombia preparado por Orza a través de la herramienta de monitoreo y estimación de riesgos regulatorios Sonar.

● Comercio

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tuvo para consulta pública un proyecto de resolución que busca restringir temporalmente las importaciones de arroz por las jurisdicciones aduaneras de Ipiales y Puerto Asís, mediante la adición de un parágrafo transitorio al artículo 125 de la Resolución 46 de 2019. La medida responde a las alertas del sector arrocero y a los reportes de la DIAN sobre el incremento del contrabando de este producto desde Ecuador, el cual estaría afectando la estabilidad del mercado nacional y los precios internos. Según datos oficiales, entre 2024 y septiembre de 2025 se realizaron 65 aprehensiones de arroz avaluadas en más de 878 millones de pesos, concentradas principalmente en el sur del país.

El proyecto prevé que, durante la vigencia de la resolución (hasta el 31 de diciembre de 2025), no se permitirá el ingreso de mercancías clasificadas en la partida arancelaria 10.06, correspondiente al arroz, por los pasos fronterizos de las Direcciones Seccionales de Ipiales y Puerto Asís. La restricción, de carácter transitorio, busca reforzar el control aduanero, combatir el contrabando, proteger la producción nacional y equilibrar la oferta en el mercado interno.

● Minero energético

– El Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución 40505 de 2025, mediante la cual dicta lineamientos transitorios para garantizar la continuidad del servicio público de energía eléctrica en el marco del régimen especial establecido por el artículo 318 de la Ley 1955 de 2019. La medida surge ante la persistencia de dificultades financieras y operativas de las empresas intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, como AIR-e S.A.S. E.S.P., y los riesgos sistémicos asociados a deudas superiores a 2,2 billones de pesos en el mercado mayorista. La resolución instruye a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para emitir, en un plazo máximo de 30 días, la regulación que suspenda temporalmente los efectos tarifarios vinculados al cumplimiento de los planes de inversión y reducción de pérdidas de las empresas bajo el régimen transitorio.

La suspensión de estos efectos tendrá una vigencia de dos años, periodo durante el cual la CREG deberá evaluar la sostenibilidad del esquema y, si persisten las condiciones críticas, podrá establecer mecanismos de devolución tarifaria a los usuarios. La resolución también permite a las comercializadoras del régimen transitorio ajustar el plazo de recuperación de los saldos por opción tarifaria, siempre que no se generen incrementos superiores a los últimos valores aprobados. Finalmente, se prorrogan por dos años los cargos de comercialización definidos en la Resolución 40272 de 2020, con el fin de asegurar la viabilidad de la prestación del servicio mientras se mantienen las condiciones económicas y técnicas que originaron el régimen.

● Alimentos

– El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) tiene abierto hasta el 22 de diciembre de 2025 el periodo de comentarios al proyecto de resolución que establece los requisitos para la obtención del Certificado de Derechos de Obtentor y el Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas. La propuesta actualiza el marco normativo vigente desde 1995 para adaptarlo a los avances tecnológicos y a los compromisos internacionales asumidos por Colombia en materia de protección de nuevas variedades vegetales. La norma regula el proceso para el reconocimiento de derechos de propiedad sobre variedades creadas, descubiertas o desarrolladas por obtentores nacionales o extranjeros, y detalla las condiciones para acreditar las pruebas de distinguibilidad, homogeneidad, estabilidad y novedad (DHE) que sustentan el registro.

El proyecto define el alcance de los derechos de obtentor, los privilegios de agricultores e investigadores, las causales de nulidad o cancelación del certificado, las obligaciones de los titulares —incluido el pago anual de tasas de mantenimiento— y la duración de la protección (25 años para árboles y vides, 20 para otras especies). También incorpora procedimientos de oposición, reglas para el uso de denominaciones varietales, criterios de libre disponibilidad por razones de interés público y lineamientos sobre el régimen de producción y comercialización de semillas.

● Laboral

– El Ministerio del Trabajo tiene abierto hasta el 13 de noviembre de 2025 el periodo de comentarios al proyecto de resolución que reglamenta el reconocimiento y certificación de la experiencia laboral de las personas privadas de la libertad. La norma busca facilitar la reintegración laboral y social de esta población mediante el reconocimiento formal de las actividades productivas, formativas u ocupacionales desarrolladas durante su reclusión. El

proyecto define conceptos clave como experiencia laboral penitenciaria, certificación y entidades competentes, y establece que el INPEC será responsable de emitir las certificaciones correspondientes, con el acompañamiento del Ministerio de Justicia y la supervisión del Ministerio del Trabajo, garantizando la validez y trazabilidad de los registros.

La propuesta también crea mecanismos de interoperabilidad entre el sistema penitenciario y el Servicio Público de Empleo, para que los certificados puedan ser incorporados en las hojas de vida de los exreclusos, respetando las normas de protección de datos personales. Además, fija lineamientos para la expedición, verificación y uso de los certificados, y dispone que las entidades públicas y privadas deberán reconocer esta experiencia como válida en procesos de selección o acreditación laboral, en igualdad de condiciones con la obtenida en empleos formales.

● Salud

– El Ministerio de Salud y Protección Social tiene abierto hasta el 11 de noviembre de 2025 el periodo de comentarios al proyecto de resolución que reglamenta el artículo 10 de la Ley 2361 de 2024, relacionado con la creación y funcionamiento del Sistema Nacional de Bancos de Leche Humana. La propuesta busca estructurar un modelo coordinado a nivel nacional que integre a los bancos de leche, las entidades de salud y los organismos de control, con el fin de garantizar la promoción, donación, procesamiento, conservación y distribución segura de leche humana donada. La coordinación del sistema estará a cargo del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS), e incluirá la participación del Invima, la Superintendencia Nacional de Salud, las Secretarías de Salud territoriales, las EAPB y las IPS que cuenten con bancos de leche.

También establece la conformación de un Comité Nacional de Bancos de Leche Humana y una Red Nacional encargada de la implementación técnica y operativa del sistema. Se definen funciones específicas para cada actor, como la certificación en buenas prácticas por parte del Invima, la vigilancia epidemiológica a cargo del INS y la inspección sobre el acceso y calidad del servicio por parte de la Supersalud.

● Asuntos financieros

– El Ministerio de Hacienda y Crédito Público publicó un proyecto de decreto para actualizar las condiciones de acceso y los requisitos financieros del programa “CREO, un crédito para

conocernos”, que en adelante se denominará “A Pulso”. La propuesta amplía el monto máximo de los créditos a seis salarios mínimos mensuales legales vigentes (6 SMMLV) tanto para el segmento agropecuario como para el no agropecuario, y extiende los plazos de pago hasta 24 meses en el caso de micronegocios urbanos y 36 meses para pequeños productores rurales. También aclara que la restricción sobre tener créditos vigentes en los dos años anteriores aplica únicamente a la primera postulación.

El proyecto también fija un incentivo uniforme del 5 % sobre el capital para los beneficiarios que mantengan un buen historial de pago, sustituyendo la redacción ambigua del decreto anterior que hablaba de “hasta 5 %”.

● TIC

– La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió una circular externa dirigida a las entidades vigiladas en su rol de autoridad de protección de datos personales, con el propósito de impartir instrucciones sobre el uso de las cláusulas contractuales modelo para la transferencia internacional de datos personales. Este documento busca armonizar los procedimientos de las empresas colombianas que realizan transferencias de información hacia países que no cuentan con un nivel de protección de datos declarado como adecuado por la SIC. La circular acoge las Cláusulas Contractuales Modelo desarrolladas por la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD), promoviendo su adopción como un mecanismo jurídico estándar para garantizar que los datos personales transferidos mantengan los niveles de seguridad y confidencialidad.

La circular establece que el uso de estas cláusulas será facultativo pero recomendado, en especial cuando las empresas transfieran datos a jurisdicciones no reconocidas como seguras, y precisa que su adopción contribuye al cumplimiento del principio de responsabilidad demostrada. Además, dispone que las cláusulas podrán incorporarse a los contratos internacionales sin modificar su esencia, siempre que respeten el marco legal colombiano.

Para más información puede contactar a Gonzalo Araujo en el correo [email protected]