Lea aquí el resumen de las noticias más relevantes de la semana en sectores de interés para la Comunidad AmCham Colombia preparado por Orza a través de la herramienta de monitoreo y estimación de riesgos regulatorios Sonar.

• Comercio Exterior

El Gobierno nacional reactivó el Certificado de Reembolso Tributario (CERT) mediante el Decreto 0566 del 28 de mayo de 2025, con el propósito de fortalecer las exportaciones de bienes con valor agregado y servicios basados en conocimiento, además de fomentar la inversión, la producción nacional y el empleo.

Este incentivo, respaldado por los ministerios de Comercio y Hacienda y el DNP, permite a los exportadores recuperar parte de los impuestos indirectos asociados a sus procesos productivos. Estará vigente durante 2025 y 2026 y tiene como objetivo modernizar y sofisticar el aparato productivo colombiano, promoviendo una economía menos dependiente del carbón y el petróleo, y más centrada en sectores sostenibles e intensivos en conocimiento.

El beneficio será del 3 % del valor FOB exportado para bienes transformados con alto valor agregado y del 2 % para servicios con componentes tecnológicos e innovadores, como salud, educación, servicios profesionales y mantenimiento especializado. No aplicará para exportaciones hacia países de la Comunidad Andina ni desde o hacia zonas francas, y será exclusivo para quienes produzcan o ensamblen directamente los bienes o servicios exportados.

● Minero energético

El Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) presentaron el IRR 2024, que analiza el comportamiento de las reservas y recursos contingentes de petróleo y gas en Colombia. El informe evidencia avances en reposición de reservas, eficiencia operativa y recaudación de regalías, a partir de medidas adoptadas desde 2023.

Petróleo: reposición positiva y gestión eficiente

● En 2024, Colombia logró reponer el 105% del petróleo producido, lo que indica que por cada 100 barriles extraídos se incorporaron 105. Las reservas probadas (1P) alcanzaron los 2.035 millones de barriles (Mbl), con una relación reservas/producción (R/P) de 7,2 años, ligeramente superior al año anterior.

● El crecimiento de reservas se debe a un aumento del 30% en incorporación anual (298 Mbl). Entre 2018 y 2024, la reposición acumulada superó la producción en un 4,47%.

● Se destaca un incremento del 200% en las reservas vinculadas a proyectos de recobro mejorado (EOR) y producción incremental (PPI), que revirtieron la tendencia decreciente de años previos.

● La mayor parte de las nuevas reservas (94%) provino de la gestión sobre volúmenes conocidos y no de nuevos descubrimientos.

Gas: leve recuperación en reservas y fuerte crecimiento en recursos contingentes

● Las reservas probadas de gas en 2024 fueron de 2.064 giga pies cúbicos (Gpc), con una relación R/P de 5,9 años, lo que detuvo su tendencia decreciente.

● Se incorporaron 42 Gpc. Los proyectos EOR-PPI permitieron incorporar 104 Gpc adicionales, la cifra más alta históricamente registrada por este mecanismo.

● Entre 2018 y 2024, el 66% de las nuevas reservas provino de volúmenes ya descubiertos.

● Los recursos contingentes (volúmenes descubiertos pero no comercialmente viables aún) crecieron considerablemente: los 1C subieron un 86% y los 3C un 48%, destacándose los hallazgos en áreas offshore.

Impacto fiscal: mayor recaudo por regalías

● Entre agosto de 2022 y diciembre de 2024, el país recaudó $22,6 billones por regalías de hidrocarburos, un 66% más que en el mismo periodo del gobierno anterior, pasando de un promedio mensual de $0,5 billones a $0,8 billones.

Medidas regulatorias y técnicas para 2025

Como continuación de la estrategia iniciada en 2023, se anunciaron 16 nuevas medidas para 2025, enfocadas en:

● Coordinación institucional, con la consolidación del Comité Interinstitucional de Hidrocarburos y nuevos comités territoriales para destrabar proyectos.

● Modernización normativa, incluyendo actualizaciones a la metodología de valoración de reservas, lineamientos para proyectos de producción incremental, y normas para medición y calidad de hidrocarburos.

● Optimización operativa, mediante el fortalecimiento del seguimiento al factor de recobro, la estrategia de reactivación de contratos suspendidos y la implementación del Plan de Abastecimiento de Gas Natural.

● Fortalecimiento territorial, con mayor presencia institucional en zonas operativas para atender conflictos sociales, ambientales y de orden público.

En conjunto, estas acciones buscan asegurar la autosuficiencia energética del país, aprovechar mejor los recursos descubiertos, promover la inversión en el sector y avanzar en una transición energética con responsabilidad técnica y económica.

● Salud

El sistema de salud colombiano enfrenta un desafío derivado de la acumulación de deuda por parte de los gestores farmacéuticos hacia la industria. Recientemente, la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) expuso un desequilibrio financiero que impacta directamente la cadena de suministro de medicamentos y, consecuentemente, el acceso de los pacientes a sus tratamientos.

La Supersalud ha reportado que los gestores farmacéuticos mantienen una deuda que supera los 6.4 billones de pesos con la industria farmacéutica. Esta cifra contrasta notablemente con las obligaciones que las EPS reportan tener con estos mismos gestores, siendo la deuda de los gestores farmacéuticos aproximadamente siete veces superior. Esta asimetría financiera entre los diferentes eslabones de la cadena de provisión de medicamentos genera una presión considerable sobre la liquidez y la capacidad operativa de la industria.

Un aspecto relevante de esta situación es la concentración de la deuda. Tres gestores farmacéuticos principales – Audifarma, Cruz Verde y Foscal – son responsables del 73.1% del total de estas obligaciones. Esta concentración implica que la estabilidad financiera de un número limitado de actores puede influir de manera significativa en la continuidad del suministro de medicamentos a nivel nacional. Adicionalmente, se ha señalado que una porción considerable de la deuda de las EPS hacia los gestores también se encuentra en mora, lo que agrava la situación financiera de estos intermediarios y su capacidad para honrar sus compromisos con los laboratorios.

Informes de la Supersalud indican que entre enero y abril de 2025, un gran número de quejas de usuarios del sistema de salud estuvieron relacionadas con la no entrega o la entrega incompleta de medicamentos. Esta problemática es particularmente crítica para pacientes con enfermedades crónicas, quienes requieren un suministro constante y oportuno de sus fármacos para mantener su condición de salud.

Frente a este escenario, la SuperSalud ha señalado la necesidad de implementar soluciones estructurales que permitan mejorar el flujo de recursos a lo largo de la cadena. Se sugiere que las EPS optimicen la gestión de sus recursos y evalúen los costos asociados a la intermediación en la provisión de medicamentos. El objetivo es asegurar una operatividad financiera que garantice a los usuarios del sistema de salud el acceso continuo y oportuno a los tratamientos médicos necesarios.

El Instituto Nacional de Salud (INS) advirtió a la ciudadanía sobre la alerta sanitaria No. 163-2025 emitida por el Invima el 22 de mayo de 2025, debido a la falsificación del Suero Antiofídico Polivalente, medicamento esencial para tratar mordeduras de serpientes como la mapaná, terciopelo o cascabel, entre otras del grupo Viperidae.

El suero auténtico, con registro INVIMA 2019M-0013350-R1, es producido únicamente por el INS, viene en un frasco incoloro con contenido transparente y sin impurezas. Usar versiones falsificadas de este medicamento representa un riesgo grave para la salud, ya que no se garantiza su calidad, seguridad ni eficacia, y se desconoce su origen o condiciones de conservación.

Recomendaciones al sector salud:

● Comprar el suero exclusivamente a través del INS, utilizando los canales oficiales.

● Reportar cualquier indicio de falsificación al Invima, al INS (área de farmacovigilancia) y a los centros reguladores de urgencias locales.

● Acatar todas las disposiciones establecidas en la alerta sanitaria.

● Tributario y asuntos financieros

La reciente decisión judicial que provisionalmente protege los aranceles establecidos por el gobierno del presidente Donald Trump marca un nuevo estadio en la política comercial estadounidense y ha tenido profundas respuestas económicas tanto internas como internacionales. Este fallo, emitido por la Corte Federal de Apelaciones, restablece temporalmente los aranceles que habían sido suspendidos por el Tribunal de Comercio Internacional, los cuales estaban justificados por Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Entre las medidas más destacadas está la duplicación de los aranceles sobre el acero y el aluminio, pasando del 25% al 50%, decisión amparada en la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial bajo la justificación de seguridad nacional.

Aunque estos aranceles buscan proteger la producción nacional estadounidense y fortalecer su autonomía estratégica, también podrían generar efectos contraproducentes. Canadá, México, la Unión Europea y Japón, principales proveedores de acero y aluminio, han manifestado ya preocupaciones serias. Canadá, por ejemplo, prevé efectos “irreversibles” en sus cadenas de producción, advirtiendo una reducción significativa del empleo y la producción industrial. Esta situación anticipa represalias comerciales que podrían elevar la tensión en mercados internacionales ya debilitados por la desaceleración económica global.

En paralelo, analistas de Wall Street prevén un debilitamiento significativo del dólar como consecuencia directa de estos aranceles y las políticas fiscales y comerciales de Trump. Morgan Stanley estima que el índice dólar caerá alrededor del 9% durante el próximo año, acercándose a niveles mínimos no vistos desde la pandemia de COVID-19. La presión sobre el dólar también responde al deterioro en la confianza global hacia los activos estadounidenses, motivado por las tensiones comerciales recurrentes.

Para economías emergentes como Colombia, aunque el impacto directo podría parecer

limitado debido al bajo volumen de exportaciones de acero y aluminio hacia EE.UU., el efecto indirecto no es despreciable. Las exportaciones de productos derivados con valor agregado, como estructuras metálicas y utensilios, podrían enfrentar barreras adicionales a menos que se utilicen insumos fundidos en Estados Unidos. Sin embargo, una eventual suspensión definitiva de estos aranceles sería beneficiosa, eliminando un arancel general del 10% sobre la mayoría de las exportaciones colombianas, incluyendo sectores clave como café, flores y frutas.

Aunque este fallo judicial favorece temporalmente la agenda proteccionista de Trump, también trae consigo incertidumbre sobre futuras disputas comerciales, represalias internacionales y efectos negativos sobre la estabilidad del dólar, elementos que condicionarán la dinámica económica global en los próximos meses.

● Laboral

Las marchas del 28 y 29 de mayo estuvieron lejos de ser consideradas una huelga general, menos un paro cívico. Sin embargo, desde que se convocaron se esperaba, por lo menos, una participación masiva como se ha visto en convocatorias pasadas a lo largo de estos tres años. Al gobierno y al petrismo el viento les soplaba a favor en su discurso: consulta popular hundida en el Senado; reforma laboral sí, pero no como la quería el gobierno; centrales obreras concertando un paro cívico; y estudiantes organizando marchas.

Tales eran las expectativas, que las centrales obreras presupuestaron una movilización de más de 4 millones de colombianos, mientras que a la par, Petro avivaba sus bases desde Barranquilla, vociferando la instalación del cabildo abierto de Barranquilla y anunciando el segundo cabildo abierto en Bogotá el día 29 de mayo. Sin embargo, las marchas fueron un revés para el gobierno en su totalidad.

Con una asistencia mínima, tanto el presidente de la República como el ministro del Interior, Armando Benedettí, declararon que desde el gobierno no se convocó ningún tipo de manifestación, pero que sí apoyaban a aquellos que salieron en favor de la reforma laboral y la consulta. Tal fue la acción vergonzante del gobierno frente al fracaso de su convocatoria que el 29 de mayo en la instalación del cabildo abierto de Bogotá, en plena plaza pública, el

ministro de la igualdad, Carlos Rosero, afirmó asistir no en calidad de ministro sino de ciudadano.

A pesar del sonado fracaso de la marcha del miércoles y jueves, y so pena de que no fue capaz de mover sus bases sociales ni electorales, el gobierno sigue teniendo su estrategia discursiva bajo la manga: la consulta popular va porque va. El ministro Benedetti ha dicho a diferentes medios que el gobierno por ley está facultado a convocar una consulta popular de carácter nacional vía decreto, y que así se hará.

Con 16 preguntas, versando sobre temas laborales, pensionales y ahora de salud, al gobierno aún le espera un largo camino para que la consulta vea la luz. A ello, se le suma el agravante de las marchas, pues si estas fueron un pulso político para “atemorizar” al Congreso y mostrar fuerzas de cara a la consulta, entonces aún le queda mucho camino por recorrer para llegar a los 13 millones de votos necesarios para que los resultados sean vinculantes.

● TIC

El Ministerio TIC publicó el informe final del primer corte del proceso de selección objetiva No. 001 de 2025, mediante el cual se asignaron permisos para usar el espectro radioeléctrico en diversas bandas (HF, VHF, UHF, SHF y EHF), destinadas a servicios fijos y móviles terrestres, conforme al Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias.

El proceso, iniciado con la Resolución 1027 de 2025, recibió 36 solicitudes, de las cuales 22 fueron aprobadas tras cumplir con los requisitos establecidos. La entidad reiteró su compromiso con la transparencia, la mejora continua de sus trámites y la optimización del uso del espectro, considerado un recurso clave para fortalecer las comunicaciones en Colombia.

Por petición de la Superintendencia de Industria y Comercio, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se pronunció sobre la posible integración entre TIGO-UNE (Colombia Móvil) y MOVISTAR (Telefónica Colombia), asegurando que aunque podría aportar eficiencias y mayor equilibrio al mercado, se corre el riesgo de crear un duopolio, por lo que recomienda evaluar medidas que aseguren la libre competencia, garanticen la participación de otros operadores y protejan a los usuarios.

Para más información puede contactar a Gonzalo Araujo en el correo [email protected]