Lea aquí el resumen de las noticias más relevantes de la semana en sectores de interés para la Comunidad AmCham Colombia preparado por Orza a través de la herramienta de monitoreo y estimación de riesgos regulatorios Sonar.

Comercio Exterior

En 2024, Colombia recibió US$14.234 millones en inversión extranjera directa (IED), de los cuales el 75 % (US$10.645 millones) se destinó a sectores distintos al minero-energético. Esta cifra representa un aumento del 3,4 % respecto a 2023 y una mayor participación en el total de la IED, al pasar del 61 % al 75 %.

Los sectores no minero-energéticos que más atrajeron inversión fueron servicios financieros y empresariales (US$4.395 millones), industria manufacturera (US$1.974 millones) y turismo (comercio, restaurantes y hoteles) con US$1.814 millones.

Estos resultados reflejan el impacto de la Política de Comercio Exterior del Gobierno del Cambio, que busca atraer inversión extranjera para promover el desarrollo sostenible, la transición energética y la transferencia de tecnología, así como generar empleo y oportunidades en las comunidades.

Además, el país superó en 2024 el promedio de IED de la última década (US$12.970 millones anuales). Aunque se registró una caída del 15% frente al año anterior, esto responde a una estabilización natural del flujo de capital tras años de crecimiento impulsado por inversiones aplazadas durante la pandemia. Esta corrección está en línea con una contracción estimada del 9 % en la IED en América Latina.

● Minero energético

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, manifestó su desacuerdo con la decisión del Gobernador de Santander de incluir el cobro de la tasa de seguridad en la factura de energía. Según el ministro, esta medida perjudica económicamente a los ciudadanos, ya que impone un cobro fijo sin tener en cuenta el consumo individual, lo cual va en contra de los principios de equidad tributaria consagrados en la Constitución.

Palma pidió que la propuesta sea revisada con responsabilidad, considerando su impacto en el acceso a un servicio público esencial. Recordó además que, en su anterior gestión como Agente Especial de Air-e, participó en procesos de diálogo en el Atlántico y Magdalena para eliminar este mismo cobro, que en algunos casos representa más del 10% del valor total de la factura.

El Gobierno nacional reiteró su llamado a las autoridades locales para que eviten trasladar este tipo de cargas económicas a los usuarios, especialmente cuando estas medidas temporales tienden a volverse permanentes.

En el departamento del Magdalena, se inauguraron tres Comunidades Energéticas de Salud que beneficiarán a más de 10.600 personas en hospitales y centros de salud de Ciénaga y Santa Marta, con reducciones en las facturas de energía superiores al 50%.

Los centros beneficiados son el Hospital San Cristóbal en Ciénaga y los centros de salud La Candelaria y La Paz en Santa Marta. En el caso del Hospital San Cristóbal, el gasto mensual en energía bajó de cerca de $70 millones a $27 millones gracias al uso de energía solar.

Con una inversión de más de $2.400 millones, se instalaron sistemas solares fotovoltaicos y se implementaron acciones para el uso eficiente de la energía. Esta transformación permite un ahorro estimado de $217 millones anuales, que podrán ser reinvertidos en mejorar los servicios de salud.

El proyecto, liderado por el Ministerio de Minas y Energía y el FENOGE a través de la iniciativa ConEnergía, incluye capacitaciones en energías renovables y eficiencia energética. Además de mejorar la atención sanitaria, se espera reducir 34,7 toneladas de CO₂ al año, aportando así a la sostenibilidad ambiental y energética del país.

Esta iniciativa refuerza el compromiso del Gobierno con una Transición Energética Justa, llevando soluciones sostenibles a zonas vulnerables y fortaleciendo el acceso equitativo a servicios esenciales como la salud.

● Salud

Durante el Consejo de Ministros liderado por el presidente Gustavo Petro, se abordó la crisis estructural que ha afectado al sistema de salud colombiano durante más de 25 años. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, expuso problemas como la mala calidad en la atención, la entrega irregular de medicamentos, la precariedad laboral del personal médico, y el desfinanciamiento del sistema debido a millonarias deudas acumuladas por las EPS.

Según la cartera de salud, desde el año 2000 se han liquidado 117 EPS, siendo solo cuatro bajo el actual Gobierno, por carecer de recursos para operar. Las deudas de las EPS intervenidas y no intervenidas suman $22.5 billones. Aunque el presidente Petro decidió no liquidarlas para evitar el colapso total del sistema, se reconoce que están en una situación crítica.

Además, se evidenció cómo la corrupción ha agravado la crisis, con casos emblemáticos como el de Saludcoop, el ‘Cartel de la Hemofilia’, y recientemente, las irregularidades en Coosalud. Entre 2022 y 2025, la Contraloría ha abierto cientos de investigaciones por mal manejo de recursos que suman más de $11 billones.

El Superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, explicó que los problemas de entrega de medicamentos son solo un reflejo de causas estructurales y coyunturales. Mencionó el caso reciente de incumplimiento por parte de Audifarma con Nueva EPS, a pesar de millonarios pagos.

Para el Minsalud la crisis no es solo financiera, sino también moral, ya que la corrupción en salud le cuesta la vida a los pacientes. Defiende los incrementos significativos en la UPC, que han superado la inflación, y recuerda que el presupuesto del sector pasó de $71 billones en 2022 a $99 billones en 2025, gracias a los aportes ciudadanos y del IVA.

Insiste en la necesidad de una Reforma a la Salud que garantice atención digna, equitativa y eficiente, basada en el principio de que la salud es un derecho, no un negocio.

Para el superintendente nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, el problema con la entrega de medicamentos en Colombia no es nuevo y la Supersalud hace seguimiento

constante a las EPS intervenidas. Destaca la urgencia de encontrar soluciones estructurales y de fondo a esta situación.

Durante el consejo de ministros, Rubiano reveló que las EPS bajo intervención deben más de $15 billones a las IPS y cerca de $908 mil millones a gestores farmacéuticos por medicamentos. Estos datos no incluyen a la Nueva EPS, que aún no ha entregado sus estados financieros de 2023.

También advirtió que muchas EPS no han constituido sus reservas técnicas, lo que agrava el déficit financiero. Actualmente, el 62,5% de los afiliados al sistema de salud están en EPS intervenidas (más de 31 millones de personas), mientras que el 37,5% restante pertenece a EPS no intervenidas.

Rubiano explicó que la crisis tiene causas tanto estructurales como coyunturales, incluyendo deudas acumuladas de años anteriores, un modelo de salud centrado en la curación y no en la prevención, y una alta demanda de medicamentos por enfermedades crónicas.

El superintendente indicó que los reclamos por medicamentos han aumentado significativamente, alcanzando 318.000 en 2024. El 68% de ellos se concentraron en cinco EPS, entre ellas Nueva EPS, Sanitas y Coosalud. Además, entre enero de 2024 y enero de 2025, se recibieron más de 14.000 quejas por negación de medicamentos del plan de salud y casi 1.900 por fármacos no cubiertos.

También denunció fallas en los contratos entre EPS y gestores farmacéuticos, como el caso de la Nueva EPS y Audifarma, donde este último incumplió con la entrega del 87% de los medicamentos, a pesar de recibir pagos. Audifarma suspendió servicios en varias regiones del país, afectando a miles de usuarios.

La Supersalud ha sancionado a gestores por incumplimientos y exige planes de acción a las EPS intervenidas. Además, impuso una medida cautelar para evitar el cierre de farmacias y garantizar una transición ordenada entre la Nueva EPS y un nuevo proveedor.

Rubiano concluyó que el problema no se resolverá en el corto plazo si no se atienden sus causas estructurales y se modifica la lógica actual del sistema de salud.

● Bebidas y alimentos

Con el objetivo de respaldar las medidas excepcionales del Gobierno nacional para transformar la región del Catatumbo y mejorar sus procesos productivos, el Invima ha implementado trámites sanitarios más ágiles y eliminó el requisito de derecho al turno para las gestiones originadas en esa zona.

Esta iniciativa busca alejar a las familias de los cultivos ilícitos, incentivando su participación en economías legales mediante organizaciones productivas en el Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y algunos municipios del Cesar, como Río de Oro y González.

Para facilitar este proceso, el Invima conformará equipos especializados que se encargarán exclusivamente de agilizar los registros y autorizaciones sanitarias relacionados con productos derivados de los programas de sustitución de cultivos liderados por la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI).

Adicionalmente, a través de su oficina territorial en Bucaramanga, el Invima trabaja con las alcaldías de los municipios del Catatumbo para guiarlos en la apertura o reapertura de plantas de beneficio animal de autoconsumo local, con el fin de asegurar la calidad de la carne en la región.

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el SENA han unido esfuerzos para fortalecer la educación agropecuaria en el departamento del Cauca, a través de una alianza estratégica enfocada en capacitar a futuros profesionales del campo. La iniciativa promueve la formación en Sanidad Animal, Extensión Zoosanitaria y Fitosanitaria, y Bienestar Animal, contribuyendo al desarrollo sostenible de la región.

Durante una jornada realizada en Popayán, funcionarios del ICA y docentes del SENA Cauca trabajaron juntos para reforzar el conocimiento normativo y práctico de los estudiantes, facilitando así su preparación para los retos del sector agropecuario. El ICA, como autoridad sanitaria, aportó a la capacitación mediante sus expertos, abordando temas como buenas prácticas agrícolas, trazabilidad y control sanitario, elementos clave para la seguridad alimentaria y el crecimiento económico regional, en el marco de la Reforma Agraria.

Esta alianza no solo fortalece la educación técnica, sino que también representa un compromiso conjunto por transformar el campo caucano, promoviendo un futuro más equitativo y sostenible para las comunidades rurales.

● Tributario y asuntos financieros

Entre el 25 y el 27 de marzo, Bogotá fue sede de jornadas de trabajo con representantes del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para Fines Fiscales de la OCDE. El objetivo fue evaluar el cumplimiento de Colombia con el estándar internacional de Intercambio Automático de Información Financiera (CRS). La actividad fue liderada por la Oficina de Tributación Internacional de la DIAN y contó con la participación de entidades clave del sector público y financiero.

Durante la visita, se revisaron los avances logrados desde la última evaluación del Foro Global. En el cierre, el director de la DIAN, Luis Eduardo Llinás Chica, reafirmó el compromiso del país con la transparencia fiscal y la cooperación internacional.

Esta evaluación no solo impacta a la DIAN, sino también a las entidades que supervisan el sistema financiero y a los proveedores de la información fiscal intercambiada. Los resultados contribuirán a fortalecer el sistema tributario colombiano y a mejorar la calidad del intercambio internacional de datos.

En la 93ª sesión del Comité de Coordinación para el Seguimiento al Sistema Financiero, realizada con la participación de altos funcionarios del sector económico y financiero, se revisó el desempeño del sistema financiero durante el último trimestre de 2024 y enero de 2025.

Se destacó que las entidades financieras mantienen niveles sólidos de solvencia y liquidez, por encima de los requerimientos regulatorios. La cartera de crédito ha mostrado señales de recuperación desde mediados de 2024, impulsada principalmente por el crecimiento de la cartera comercial, hipotecaria y de microcrédito, aunque el crédito de consumo sigue rezagado. Esta mejora está relacionada con un entorno económico más favorable, menor inflación y mejores expectativas de crecimiento.

En cuanto a la calidad del crédito, se observó una reducción en la morosidad, especialmente en los segmentos de consumo y microcrédito, aunque persisten señales de deterioro en algunas áreas del crédito comercial y de vivienda. La cartera vencida sigue por encima del promedio de los últimos cinco años, pero está completamente cubierta por provisiones.

El Comité también analizó los riesgos del sistema financiero, haciendo énfasis en la incertidumbre global derivada de conflictos geopolíticos y tensiones comerciales, así como en los desafíos fiscales internos. Se subrayó la necesidad de seguir vigilando ciertos sectores económicos con alta morosidad.

Además, se insistió en la importancia de una implementación ordenada de los cambios en el Coeficiente de Fondeo Estable Neto (CFEN), previstos para septiembre de 2025, y de avanzar en la aplicación de los nuevos estándares regulatorios sobre riesgo de tasa de interés.

● Laboral

Durante una reunión organizada por el Ministerio del Trabajo, con participación de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) y la DIMAYOR, se lograron avances importantes a través del diálogo para resolver un conflicto laboral y mejorar las condiciones del fútbol profesional en Colombia.

Este encuentro fue continuidad de conversaciones iniciadas el 9 de abril de 2024, y reafirmadas en una reunión previa con el ministro Antonio Sanguino el 19 de marzo de 2025, donde se acordó establecer una mesa de diálogo para revisar un pliego de solicitudes presentado por Acolfutpro.

Desde Barranquilla, el ministro Sanguino anunció que se reactivó el diálogo sobre los 12 puntos planteados por Acolfutpro, logrando un nuevo avance en uno de ellos, además de los tres puntos ya concertados. También se fijó una nueva reunión para el 2 de abril de 2025, con el objetivo de alcanzar un acuerdo general que evite afectaciones al calendario del fútbol profesional colombiano.

● TIC

Durante el Primer Encuentro de Territorios Inteligentes, organizado por la Revista El Congreso, el Ministerio TIC presentó el proyecto Territorios IA, una iniciativa clave para impulsar la transformación digital en el sector público colombiano.

El viceministro de Transformación Digital, Belfor García, junto con Natalia Albañil, subdirectora de Fortalecimiento de Capacidades Públicas Digitales, explicaron cómo la inteligencia artificial puede aplicarse a sectores como educación, salud, movilidad y desarrollo económico, aprovechando los datos como base para soluciones innovadoras.

Según el viceministro, este proyecto representa un paso importante hacia un gobierno inteligente, donde el uso estratégico de datos y el trabajo conjunto con alcaldías, empresas y universidades permitirá avanzar hacia una digitalización inclusiva, ética y transparente.

Lanzado oficialmente en octubre de 2024, Territorios IA inició con una convocatoria que integró a 54 municipios de categorías 5 y 6, enfocándose en áreas como agroindustria, medio ambiente, movilidad, seguridad y compras públicas. Los departamentos con más municipios seleccionados fueron Valle del Cauca, Cundinamarca, Atlántico y Boyacá.

Este proyecto se alinea con el Conpes 4144 de 2025, que establece una hoja de ruta para convertir la IA en motor del desarrollo del país, fortaleciendo la gobernanza digital, promoviendo la toma de decisiones basada en datos y reduciendo brechas tecnológicas entre regiones.

Además, en 2024 se implementaron cinco proyectos de transformación digital en municipios priorizados, destacando el trabajo conjunto entre el Gobierno nacional y los gobiernos locales. Territorios IA se suma a este esfuerzo, consolidando el compromiso del Ministerio TIC con el uso de datos abiertos, infraestructura digital y formación de talento para enfrentar retos locales con tecnología.