Lea aquí el resumen de las noticias más relevantes de la semana en sectores de interés para la Comunidad AmCham Colombia preparado por Orza a través de la herramienta de monitoreo y estimación de riesgos regulatorios Sonar.

● Comercio Exterior

La reciente firma del memorando de entendimiento entre la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia y la Administración Estatal para la Regulación del Mercado de China representa mucho más que un simple acuerdo técnico en materia de regulación y protección del consumidor. En realidad, constituye un paso estratégico dentro de la adhesión de Colombia a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, y pone de relieve un cambio sustantivo en la orientación de la política exterior y comercial del país.

A través de este instrumento, Colombia busca no solo garantizar estándares más elevados de calidad y seguridad en los flujos comerciales, sino también consolidar un marco cooperativo que incluye transferencia tecnológica, inversiones en infraestructura, diversificación exportadora, investigación científica y movilidad sostenible. En consecuencia, el memorando debe ser entendido como una pieza de un entramado mayor, en el que Colombia pretende reposicionarse dentro de las cadenas globales de valor.

Ahora bien, este estrechamiento de lazos con China no está exento de implicaciones geopolíticas. Desde hace décadas, Estados Unidos ha sido el socio privilegiado de Colombia, tanto en materia de seguridad como de comercio. La entrada plena de Colombia a la Ruta de la Seda introduce una variable que Washington observa con especial recelo. Particularmente sensibles resultan los sectores de telecomunicaciones, infraestructura portuaria y transición energética, en los cuales China ha desplegado una estrategia de penetración en América Latina que Estados Unidos percibe como un desafío directo a su influencia histórica en la región.

Por ello, el gran desafío diplomático para Colombia consistirá en preservar un equilibrio inteligente. De un lado, la diversificación de alianzas le ofrece acceso a capital, innovación y mercados que resultan indispensables para reducir el déficit comercial y modernizar su base productiva. Pero, de otro lado, una dependencia excesiva de Beijing podría tensionar la relación con Washington, especialmente en ámbitos donde el vínculo bilateral ha sido crucial, como la cooperación militar, la seguridad regional y la lucha contra el crimen transnacional.

En últimas, lo que está en juego no es únicamente la balanza económica, sino la capacidad del Estado colombiano para manejar una política exterior pragmática y sofisticada, capaz de extraer beneficios de la competencia entre potencias sin quedar atrapado en una lógica de alineamientos rígidos. El memorando firmado en Bogotá puede, en efecto, convertirse en una plataforma de desarrollo y diversificación; sin embargo, su éxito dependerá de la habilidad gubernamental para transformar esa apertura hacia China en un complemento y no en un sustituto de la histórica relación con Estados Unidos.

El Gobierno nacional anunció que la entrada en vigencia de los reglamentos técnicos de Naciones Unidas para vehículos y remolques se aplazó hasta agosto de 2026. Durante todo 2025 y hasta esa fecha seguirá rigiendo el marco actual de certificación, basado en los estándares estadounidenses FMVSS, lo que permite mantener sin cambios la importación y comercialización de vehículos y autopartes de origen estadounidense.

Paralelamente, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, junto con los ministerios de Transporte y Comercio, realizará un estudio para definir cómo podrán coexistir los reglamentos de la ONU con los estándares FMVSS, de modo que se garantice la seguridad vial, la armonización internacional y la continuidad del comercio automotor con Estados Unidos y otros aliados.

El Gobierno recalcó que el mercado automotor estadounidense conservará plena participación en Colombia bajo las normas actuales y que, una vez entren en vigor las nuevas disposiciones, se asegurará un marco regulatorio de coexistencia. Con ello, se busca una transición ordenada hacia la modernización normativa sin afectar la seguridad, la competitividad ni la oferta de vehículos para los consumidores.

La Superintendencia de Sociedades presentó el informe anual de las 9.000 empresas más grandes de Colombia (excluyendo las 1.000 principales), con corte al 31 de diciembre de 2024. Este grupo representa el 34,1 % del PIB nacional y es clave para la inversión, el empleo formal y la estabilidad económica. En 2024, generaron ingresos por $581,5 billones y utilidades netas por $32,4 billones. El dinamismo empresarial se reflejó en diversas regiones: la Costa Pacífica obtuvo $58,3 billones con predominio de comercio y manufactura; la Costa Atlántica, $55 billones impulsada por servicios y agroindustria; el Centro Oriente, $34,8 billones con un tejido diversificado; y el Sur y Oriente, $25,4 billones con crecimiento en construcción y comercio.

El informe subraya que la solidez de estas empresas se apoya en gobiernos corporativos transparentes, con una cultura de rendición de cuentas que fortalece la confianza de inversionistas, acreedores, empleados y sociedad. La Superintendencia cumple un rol estratégico al garantizar que la información financiera sea oportuna, completa y útil para decisiones empresariales, diseño de políticas públicas y análisis sectoriales.

En materia de sostenibilidad, 1.183 compañías entregaron su Reporte de Sostenibilidad, lo que refleja un avance hacia la estandarización de la información no financiera. Este compromiso, alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, impulsa la competitividad, abre nuevos mercados, mejora la reputación y refuerza la protección ambiental.

● Minero energético

La Agencia Nacional de Minería (ANM) presentó el informe “Arenas Silíceas en la transición energética en Colombia, retos y oportunidades”, elaborado junto al Ministerio de Minas y Energía y la UPME, con el objetivo de impulsar una minería con propósito que favorezca la industrialización nacional mediante la producción de paneles solares, vidrios, filtros de agua y otros bienes.

Colombia posee un alto potencial en este recurso, aunque su explotación actual sólo cubre el 0,10% del territorio, pese a que existen 62 áreas identificadas que representan el 9,3%. En 2023 se extrajeron 705.673 m³, el mayor volumen de los últimos cinco años, mientras que en 2024 se registraron 560.418 m³. El 60% de las zonas productivas está en Cundinamarca, Antioquia, Córdoba, Boyacá, Nariño y Cesar.

La presidenta de la ANM, Lina Franco, destacó que estas arenas, compuestas principalmente por dióxido de silicio (SiO₂), son esenciales para fabricar silicio metalúrgico y polisilicio, insumos clave en la producción de células fotovoltaicas y vidrio solar. Según dijo, convertir este potencial en industria requiere atraer inversión, fortalecer la cadena de valor y aplicar altos estándares técnicos y ambientales para generar empleo, innovación y desarrollo regional.

La viceministra de Minas, Sorrel Aroca, señaló que el aprovechamiento de este recurso permitirá diversificar la matriz productiva y exportadora, sustituir importaciones y fomentar encadenamientos productivos bajo criterios de sostenibilidad y justicia social. La ANM enfatizó que el éxito de este plan dependerá de robustecer los estudios técnicos, adoptar mejores prácticas y articular toda la cadena de suministro, con el fin de asegurar beneficios económicos, sociales y ambientales para las comunidades.

En un encuentro con sindicatos del sector energético, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, presentó la propuesta de que las organizaciones postulen a una mujer del movimiento sindical, que cumpla los requisitos legales, para ocupar un asiento en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). El ministro, actual presidente de la CREG, señaló que esta medida hace parte de la democratización del sector y llamó a respaldar el proyecto de ley que busca tarifas justas y promueve la transición energética.

Los representantes sindicales respaldaron la idea, destacando la importancia de que la CREG incluya voces del movimiento sindical, la academia y los usuarios. Acordaron realizar un conversatorio para unificar criterios y presentar una candidatura consensuada entre al menos cuatro sindicatos.

En cuanto al proyecto de ley de reducción de tarifas, los sindicatos manifestaron su apoyo y pidieron revisar cargos como el alumbrado público, el cargo por confiabilidad y la opción tarifaria. Consideran que la iniciativa recoge aspiraciones históricas y acordaron una hoja de ruta para acompañar su trámite en el Congreso.

En la mesa técnica participaron, además de Sintraemsdes, organizaciones como Sintraelecol, ASIEB y REDES. El Ministerio evaluará las propuestas y la metodología para integrarlas al proyecto.

Se alcanzó un acuerdo entre Fura Gems y las comunidades vinculadas a la mina Coscuez, en Boyacá, que permitió levantar los bloqueos y reactivar las operaciones. El pacto, logrado en una mesa de diálogo liderada por el Ministerio de Minas y Energía y la Gobernación de Boyacá, contó con la participación de autoridades nacionales y locales, y busca reconocer a trabajadores formales, sindicatos, mineros informales y guaqueros, además de iniciar un proceso para formalizar la minería artesanal en el municipio de San Pablo de Borbur.

Entre los compromisos, la empresa Coscuez S.A., filial de Fura Gems, aceptó reconocer la minería ancestral y tradicional, entablar un diálogo respetuoso con los 500 trabajadores formales y alrededor de 2.000 mineros informales, y participar en reuniones con el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo para aclarar el rol de la fuerza pública. El Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería, por su parte, reforzarán las acciones de formalización.

Asimismo, se reanudarán los contratos suspendidos, y la empresa se reunirá con el viceministerio de Relaciones Laborales, trabajadores y sindicatos para tratar asuntos pendientes.

● Salud

El Superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, anunció que Coosalud se convirtió en la primera EPS bajo medida de intervención en contratar de forma directa una auditoría forense internacional, en cumplimiento de la instrucción de que todas las EPS intervenidas adelanten este proceso para garantizar transparencia y proteger los recursos públicos de la salud.

El contrato fue firmado con una alianza entre una firma colombiana y otra internacional, ambas con amplia trayectoria en auditorías forenses. El objetivo es asegurar la trazabilidad de los recursos, verificar la información financiera reportada, evaluar los sistemas y controles internos, e identificar posibles riesgos, irregularidades o fraudes.

Coosalud enfrenta esta medida tras las denuncias de presunta corrupción reveladas en 2024, que motivaron auditorías de la Supersalud y su posterior intervención el 22 de noviembre de ese año, al detectarse deficiencias administrativas, financieras, asistenciales y jurídicas que comprometían la atención a los afiliados. En diciembre, se advirtió sobre la posible pérdida de más de $200.000 millones y se evidenció que, al igual que Nueva EPS, presentó estados financieros inconsistentes con su situación real.

La interventora, Gloria Libia Polanía Aguillón, aseguró que la auditoría se ejecutará con independencia, rigor técnico y objetividad.

● Laboral

La reforma pensional volvió al centro del debate político tras el auto A-841 de la Corte Constitucional, que cuestionó la manera como la Cámara de Representantes corrigió los vicios de trámite. Aunque el Congreso intentó subsanarlos en sesiones extraordinarias los días 27 y 28 de junio, lo hizo antes de la notificación oficial del fallo y repitiendo una fórmula ya criticada: aprobar en bloque el texto del Senado, sin un debate artículo por artículo ni consideración plena de las proposiciones radicadas.

Ese procedimiento, que el Gobierno defendió como un cumplimiento de la orden judicial, es visto por la oposición como una reiteración del error inicial. De hecho, la Corte fue explícita en que el principio democrático exige deliberación sustantiva, no una simple refrendación. El trasfondo es complejo: el Ejecutivo buscaba mostrar resultados inmediatos y convocó a extras con base en un comunicado preliminar, mientras el Legislativo cerró filas para aprobar el texto con rapidez. Ahora, la Corte debe definir si esa actuación fue suficiente o si se requieren nuevos correctivos.

Las consecuencias trascienden lo jurídico. En el plano institucional, el choque exhibe las tensiones entre ramas del poder: el Gobierno insiste en que cumplió con la Corte, la oposición en que se desconoció el fallo, y el tribunal en que aún debe evaluar si el estándar se alcanzó. En el plano político, se reaviva la disputa entre oficialismo y oposición por el manejo de la agenda social, en un contexto donde la reforma pensional es presentada como la bandera redistributiva más importante de esta administración. Y en lo social, persiste la incertidumbre sobre la entrada en vigencia de la Ley 2381, que afecta tanto a Colpensiones, que ha advertido que no hay otra alternativa a la reforma pensional, como a millones de personas que esperan ajustes en edad, semanas y pilar solidario.

La Corte tiene tres caminos: avalar lo hecho en junio, devolver el trámite para un nuevo debate con todas las garantías, o declarar inexequible la norma. Cada escenario implicará un reacomodo político. Un fallo favorable consolidaría al Gobierno, pero al costo de dejar abierta la discusión sobre la calidad del procedimiento legislativo. Una devolución obligaría a replantear la estrategia en un Congreso fragmentado y con agenda congestionada. Y una eventual inexequibilidad significaría un golpe de fondo a la narrativa social del Ejecutivo y abriría un nuevo frente de confrontación con la Corte, reforzando la narrativa del bloqueo institucional y la necesidad de cambiar de fondo las instituciones nacionales.

En todo caso, lo ocurrido en las sesiones extraordinarias muestra que el desenlace ya no depende solo del contenido de la reforma, sino de la tensión entre las ramas del poder y de la capacidad de las instituciones para dirimir, sin agravar la polarización, un asunto que toca el corazón de la política social en Colombia.

● Tributario y asuntos financieros

Este martes 19 de agosto se iniciará en el Congreso la discusión del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026, en sesión conjunta de las comisiones económicas. El calendario se modificó luego del deceso del senador Miguel Uribe Turbay, integrante de la Comisión Tercera del Senado. Como homenaje, las comisiones no sesionaron y, al no lograrse un acuerdo entre sus presidentes para fijar una fecha en la semana anterior, se venció el plazo del 15 de agosto, que era la última oportunidad del Congreso para solicitar modificaciones al proyecto, y que el Gobierno presentara una versión revisada a más tardar el 30 de agosto. Esto significa que el trámite continúa sin posibilidad de ajustes.

A partir de esta reprogramación, el proceso legislativo quedó comprimido en un cronograma con hitos estrictos y tiempos más reducidos. El 15 de septiembre las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara deberán votar el monto total del presupuesto, estimado en $556,9 billones y que incluye un déficit cercano a $27 billones. Luego, el 25 de septiembre vence el plazo para surtir el primer debate en comisiones conjuntas, con la radicación de ponencias y proposiciones.

Posteriormente, el proyecto pasará a las plenarias: desde el 1 de octubre se abrirán los debates en Senado y Cámara, y el 20 de octubre será la fecha más decisiva del cronograma, pues ese día deberá aprobarse en plenarias el articulado definitivo del presupuesto. Finalmente, si no hay aprobación en el Congreso, el Ejecutivo podrá expedirlo por decreto hasta el 30 de noviembre, como lo establece la Constitución.

Para la instalación del martes 19 de agosto están citados el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas; la directora del Departamento Nacional de Planeación, Natalia Irene Molina Posso; y el director de la DIAN, Luis Eduardo Llinás Chica, encargados de exponer el marco fiscal del Gobierno. También participarán el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar Gómez, y el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, quienes aportarán insumos técnicos fundamentales para orientar la discusión.

El debate llega rodeado de advertencias y tensiones. Desde la oposición se cuestiona que el presupuesto está “inflado” y con riesgos de desfinanciación, mientras que el Gobierno defiende la propuesta como un instrumento clave para sostener la inversión social y cumplir compromisos financieros.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) proyecta cerrar 2025 con un 68 % de ejecución de su plan de modernización, equivalente a 168 millones de dólares, casi el doble del avance registrado en 2024 (37 % y 94 millones). Para lograrlo, invertirá este año 74 millones adicionales en la implementación de nuevos sistemas de información, modelos de gestión y herramientas digitales que optimicen la fiscalización, fortalezcan la factura electrónica y mejoren la atención al contribuyente.

El programa, con un presupuesto total de 250 millones de dólares y vigencia hasta 2028, contempla adjudicaciones y desembolsos clave para modernizar procesos misionales y de apoyo, robustecer la seguridad informática y actualizar la infraestructura tecnológica. Con

estas acciones, la DIAN busca convertirse en una entidad más ágil, segura y cercana, alineada con estándares internacionales de gestión tributaria y aduanera.

La DIAN expidió la Resolución 9021 de 2025, que desde el 13 de agosto prohíbe el tránsito aduanero internacional de cigarrillos clasificados en la partida arancelaria 24.02, con el fin de combatir el contrabando, reforzar el control fronterizo y proteger la industria legal.

Entre 2021 y 2023, el contrabando abierto y técnico por subfacturación de cigarrillos generó una pérdida fiscal de 94.874 millones de pesos en tributos aduaneros. Además, entre 2021 y el primer semestre de 2025, la entidad presentó 133 denuncias ante la Fiscalía por delitos vinculados al contrabando de cigarrillos y tabaco, que suman cerca de 71 mil millones de pesos.

La resolución también autoriza la importación, bajo la modalidad de entrega urgente, de mercancías necesarias para garantizar el suministro de energía eléctrica y la operatividad de la navegación aérea y fluvial.

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) lanzó el micrositio ¡Alerta! Ofertas fraudulentas para ayudar a los consumidores financieros a identificar y prevenir estafas, especialmente aquellas que prometen dinero fácil mediante inversiones o créditos rápidos con condiciones poco exigentes y altas tasas de interés, cuyo fin real es obtener dinero sin dar nada a cambio.

La herramienta está organizada en cuatro secciones: pirámides y captación ilegal, fraudes con criptoactivos y forex, actividad aseguradora no autorizada y falsos prestamistas. Cada una incluye definiciones, recomendaciones, guías para denunciar y autoevaluaciones interactivas. El acceso se realiza a través de la web de la SFC, en el botón naranja de Personas.

Entre 2024 y el primer semestre de 2025, la SFC emitió 13 medidas administrativas para suspender captaciones ilegales que afectaron a 938 personas por un valor de al menos COP 30.678 millones. Además, recibió 417 quejas por falsos prestamistas y 2.741 consultas por esquemas no autorizados.

El lanzamiento se realizó en la Universidad del Rosario durante la campaña “Me informo y cuido mi dinero”, que la SFC desarrolla junto con las Superintendencias de Sociedades e Industria y Comercio. En este marco, se han llevado a cabo 23 jornadas en 17 ciudades y municipios con apoyo de autoridades locales, cámaras de comercio y academia, logrando la participación de más de 2.000 personas en el país.

● Alimentos y bebidas

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) anunció la apertura del mercado chileno para el suero fetal bovino colombiano, tras la aprobación de los requisitos sanitarios por parte de ese país. Este avance, resultado del trabajo conjunto entre el ICA, los productores y otras entidades del sector, consolida la presencia del agro nacional en el ámbito internacional y abre nuevas oportunidades para exportadores colombianos.

La gerente general del ICA, Paula Cepeda, resaltó que cada vez más países confían en la calidad y disciplina de los productores nacionales, lo que impulsa tanto la economía como el desarrollo del sector agropecuario. La admisibilidad otorgada por Chile es fruto de un proceso de negociación entre las autoridades sanitarias de ambos países y refuerza el compromiso con altos estándares de sanidad y sostenibilidad.

Chile se suma a otros destinos que ya importan este producto, como España, Francia, Alemania, Países Bajos, Brasil, Uruguay, Paraguay, Suiza, Hong Kong e Israel. El ICA reafirmó su compromiso de cumplir las exigencias internacionales y promover un comercio seguro que proyecte al mundo la calidad del campo colombiano.

Para más información puede contactar a Gonzalo Araujo en el correo [email protected]