Lea aquí el resumen de las noticias más relevantes de la semana en sectores de interés para la Comunidad AmCham Colombia preparado por Orza a través de la herramienta de monitoreo y estimación de riesgos regulatorios Sonar.

• Comercio Exterior

Caldas se consolidó como el séptimo departamento exportador de bienes no minero-energéticos del país, con una participación del 5,4 % del total nacional. Entre enero y junio alcanzó ventas externas por US$692,4 millones, lo que representa un crecimiento del 47,3 % frente al mismo periodo de 2024, según datos del MinCIT y el DANE. Este desempeño fue el segundo más alto entre las principales regiones exportadoras.

El principal impulsor de este resultado fue el café, que generó US$422,9 millones, con un incremento del 108,6 % anual. A su vez, los extractos y esencias de café aportaron US$112,1 millones, con una variación positiva del 26,1 %.

En cuanto a destinos, el 60,4 % de las exportaciones caldenses se dirigió a Estados Unidos, seguido de Bélgica, Alemania, México y Corea del Sur.

● Minero energético

Colombia superó los 3 gigavatios de capacidad de generación limpia conectados al Sistema Interconectado Nacional, lo que ya representa más del 10% de la matriz eléctrica y multiplica por quince la capacidad instalada frente a 2018. Según el Ministerio de Minas y Energía, este avance garantiza un servicio más estable, menos expuesto a sequías y con beneficios en costos para los usuarios.

● Salud

El superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, anunció cambios en la intervención de tres EPS: Nueva EPS, Coosalud y SOS.

Tras ocho meses en el cargo, Bernardo Camacho dejó la intervención de Nueva EPS, donde lideró avances hacia su conversión en entidad mayoritariamente pública, la implementación de auditorías médicas y la preparación de una auditoría forense internacional. Su lugar lo ocupará Gloria Libia Polanía Aguillón, con más de 30 años de experiencia en el sector público de salud y quien venía interviniendo a Coosalud.

En Coosalud fue designado Carlos Eduardo Franco Muñoz, antes interventor de la EPS Servicio Occidental de Salud (SOS). A su vez, esta última será asumida por Sergio Andrés Gil Celis, quien cumple los requisitos reglamentarios.

Con estas designaciones, la Supersalud busca fortalecer los planes de intervención, enfocados en auditorías médicas, estabilización de las redes de prestación, atención primaria y compra conjunta de medicamentos.

● Laboral

El Ministerio del Trabajo, liderado por Antonio Sanguino y acompañado por la viceministra (E) Sandra Muñoz, presentó los resultados de inspecciones realizadas en 60 establecimientos de la cadena Olímpica, entre supermercados, supertiendas, droguerías y centros de distribución, tras más de 50 denuncias recibidas.

Los hallazgos evidencian problemas graves en materia laboral y de seguridad: presunta intermediación ilegal en la contratación, extensas jornadas de hasta 10 horas sin pago de horas extras, así como deficiencias críticas en infraestructura, ergonomía y riesgos eléctricos. También se detectó la falta de elementos de protección personal, equipos inseguros y ausencia de mecanismos de participación como Copasst y Cocola.

El Ministerio advirtió que no se trata de casos aislados, sino de un patrón de precarización laboral que podría ser sistémico en la operación de Olímpica. Además, se constató un incumplimiento generalizado en la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), incluyendo señalización deficiente, falta de brigadas de emergencia, puestos no ergonómicos, dotación incompleta y ausencia de espacios adecuados para descanso y alimentación.

Sanguino señaló que, de ser procedente, estos hallazgos darán lugar a investigaciones administrativas y planes de mejoramiento para subsanar las fallas, resaltando que la reforma laboral fortalece las facultades de inspección, vigilancia y control para garantizar trabajo digno y decente en el país.

El Ministerio de Trabajo, a través de su Dirección Territorial en La Guajira, sancionó a la empresa Carbones del Cerrejón con una multa de $500 millones 018 mil 560 pesos por haber reportado de manera tardía 29 casos de enfermedades laborales diagnosticadas en diciembre de 2023.

El proceso comenzó en enero de 2024 y respetó el debido proceso. La empresa alegó que el retraso obedeció a “olvidos involuntarios”, argumento que fue desestimado. Finalmente, mediante la Resolución 3309 del 12 de agosto de 2025, la Dirección de Riesgos Laborales confirmó la sanción, aclarando que la falta no fue por omitir el reporte, sino por incumplir los plazos legales. Según el Decreto 1072 de 2015, los empleadores tienen dos días hábiles para informar accidentes graves, mortales o enfermedades laborales.

El ministro Antonio Sanguino subrayó la gravedad del caso, señalando que se trató de 29 incumplimientos de la misma norma y que la omisión refleja descuido frente a la salud y seguridad de los trabajadores. Cerrejón deberá pagar la multa al Fondo de Riesgos Laborales dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de la resolución.

El Ministerio recordó que la vigilancia y control buscan garantizar que las empresas adopten medidas preventivas, protejan la salud de los empleados y cumplan con compromisos internacionales de la OIT en materia de estadísticas e inspección laboral.

Por su parte, el director de Riesgos Laborales, Wilmar Rincón, ratificó que no había mérito para revocar la sanción, ya que fue definida con criterios de proporcionalidad y teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, aunque se aplicó un atenuante por la aceptación de la falta. La sanción también cumple un fin pedagógico y preventivo, conforme a lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-214 de 1994.

● Tributario y asuntos financieros

El Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 asciende a $556,9 billones, un aumento del 5,9 % respecto a 2025. El gasto primario será de $454,5 billones, distribuido en $365,8 billones para funcionamiento y $88,5 billones para inversión, mientras que el servicio de la deuda alcanzará $102,5 billones.

De cara a la propuesta, el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar Gómez, hizo varios comentarios relevantes:

Para financiarlo, se proyectan ingresos por $530,7 billones, de los cuales $317,5 billones provienen de ingresos corrientes, principalmente tributarios. El faltante de $26,3 billones se cubriría con nuevas rentas de una Ley de Financiamiento que el Gobierno planea presentar. Los ingresos tributarios se estiman en $301,7 billones, con un crecimiento nominal del 7,2 %.

Para el experto, el presupuesto se ajusta al Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), que activó la cláusula de escape de la regla fiscal, permitiendo déficits más altos hasta 2027. A partir de 2028, el Gobierno buscará recuperar la senda fiscal mediante un pacto fiscal que incremente ingresos y reduzca gastos inflexibles. Para 2026, se espera un déficit del 6,2 % del PIB, con un desbalance primario de 2,0 % y deuda neta del 63 % del PIB, bajo supuestos de crecimiento económico del 3 %, petróleo a US$62,3 por barril e inflación del 3,2 %.

Una parte importante del gasto está determinada por mandatos constitucionales y legales (SGP, pensiones, vigencias futuras, rentas de destinación específica), lo que limita la

flexibilidad del presupuesto. Además, el Acto Legislativo de 2024 incrementará progresivamente el SGP desde 2027 hasta alcanzar el 39,5 % de los ingresos corrientes, aumentando la presión fiscal. Por ello, se plantea la necesidad de una Ley de Competencias que armonice funciones y recursos entre el gobierno central y los territorios.

El CARF advirtió que el aumento del gasto primario frente a lo previsto en el MFMP y la ausencia de mecanismos claros de ajuste ponen en riesgo la credibilidad institucional y la sostenibilidad fiscal.

En conclusión, el PGN 2026 refleja los retos estructurales de las finanzas públicas: déficit elevado, gasto rígido y dependencia de ingresos futuros. Su viabilidad depende de medidas complementarias como la Ley de Financiamiento, la Ley de Competencias y una revisión del gasto inflexible, necesarias para garantizar estabilidad fiscal y mejorar la asignación de recursos en el mediano plazo.

● Alimentos y bebidas

El ICA recuerda a productores y exportadores de vegetales frescos la importancia de mantener actualizada su información en la plataforma SIMPLIFICA y cumplir con los Límites Máximos de Residuos (LMRs) exigidos por los países compradores. Estas medidas buscan garantizar alimentos sanos, fortalecer la seguridad alimentaria y conservar la confianza de los mercados internacionales.

De acuerdo con la Resolución 824 de 2022, toda persona natural o jurídica que exporte frutas, hortalizas, hierbas, tubérculos y otros vegetales debe estar registrada ante el ICA y cumplir obligaciones como:

● Actualizar su información en SIMPLIFICA.

● Respetar los requisitos de los países importadores (LMRs).

● Implementar sistemas de trazabilidad.

Además, es obligatorio que cada exportador registrado tenga un proveedor de producción y una empacadora asociada con vigencias actualizadas en SIMPLIFICA. De no ser así, el sistema inhabilita automáticamente el registro, lo que impide avanzar en los procesos de exportación.

Con estas acciones, el ICA busca trabajar de la mano con el sector agrícola, aportando rigor técnico para apoyar la Reforma Agraria y mejorar el bienestar de las familias campesinas.

Para más información puede contactar a Gonzalo Araujo en el correo [email protected]