Lea aquí el resumen de las noticias más relevantes de la semana en sectores de interés para la Comunidad AmCham Colombia preparado por Orza a través de la herramienta de monitoreo y estimación de riesgos regulatorios Sonar.

• Comercio Exterior

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e iNNpulsa Colombia renovaron su alianza con la Agencia Coreana de Pymes y Startups (KOSME) y el Centro de Comercio Internacional (ITC) para impulsar el segundo pilar del programa Youth Startup Academy (YSA). Esta fase busca fortalecer 100 emprendimientos tecnológicos de alto potencial en Colombia, con una inversión superior al millón de dólares.

Durante el anuncio, la ministra Diana Marcela Morales y el gerente de iNNpulsa, Héctor Julio Fuentes, recibieron a una delegación internacional encabezada por el vicepresidente de KOSME y un alto directivo del ITC. Morales resaltó que este acuerdo refleja la confianza y cooperación de Corea con Colombia, así como el compromiso del Gobierno de promover la innovación y el emprendimiento como motores de desarrollo económico regional.

El programa, que ya ha mostrado resultados exitosos en Corea, se centra en brindar apoyo especializado a startups en etapa de incubación. La metodología combina la experiencia de KOSME e ITC con iniciativas nacionales como ALDEA de iNNpulsa, para ofrecer acompañamiento integral en el desarrollo tecnológico, conexión con proveedores, acceso a inversionistas y proyección a mercados internacionales.

Se prevé que la implementación comience en los próximos meses, en línea con los objetivos del Gobierno del Cambio de fortalecer el ecosistema de innovación y emprendimiento en el país, involucrando a incubadoras, aceleradoras, mipymes, fondos de capital y entidades públicas y privadas.

● Minero energético

El Gobierno nacional, a través de la CREG, abrió a comentarios una resolución que define el marco regulatorio para los Sistemas de Almacenamiento de Energía con Baterías (SAEB). La regulación permitirá que estas tecnologías respalden las energías renovables al suministrar electricidad cuando no hay sol o viento, alivien las restricciones de la red y reduzcan el uso de plantas térmicas —lo que abarata los costos para los usuarios—, apoyen la transmisión y

distribución mientras se construye nueva infraestructura, y fortalezcan la estabilidad del sistema al participar en el mercado de regulación de frecuencia.

Los SAEB podrán ser implementados por los operadores de red bajo un esquema regulado que garantice eficiencia tarifaria, o ingresar de manera libre al mercado, comprando energía en horas de baja demanda para venderla en picos de consumo y mejorar la competencia.

Colombia reafirmó su compromiso con la Interconexión Eléctrica Colombia–Panamá (ICP), proyecto clave para la integración energética regional que permitirá llevar energía limpia desde el sur del continente hacia el norte, fortaleciendo la seguridad energética y fomentando el intercambio comercial.

El anuncio se realizó en un encuentro en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño con autoridades de ambos países y organismos multilaterales.

Entre los avances del país destacan:

● Definición de un esquema regulatorio que brinda confianza a inversionistas.

● Instalación de mesas técnicas con entidades ambientales e ISA para gestionar los requisitos institucionales.

● Consultas previas con comunidades étnicas y autoridades ambientales, con resultados positivos.

● Compromiso de ISA de entregar en enero de 2026 los estudios de impacto ambiental completos.

El proyecto contempla una línea de transmisión HVDC de 500 km entre Cerromatoso (Córdoba) y Panamá II, con capacidad de 400 MW. Palma cerró señalando que el cronograma acordado permitirá llevar la iniciativa a un punto de no retorno, con miras a inaugurar pronto la interconexión.

El Gobierno nacional, a través de la UPME, abrió la convocatoria UPME STR 02-2024 para desarrollar la subestación Magangué 110 kV y sus conexiones asociadas, una obra clave para reforzar la infraestructura eléctrica del Caribe colombiano. El proyecto contempla instalar dos autotransformadores de 150 MVA con respaldo, construir líneas de transmisión a 110 kV hacia Mompox y Sincé, y mejorar la conexión con El Banco.

● Salud

El martes 23 de septiembre la Comisión Séptima del Senado se convierte de nuevo en escenario del pulso sobre el futuro del sistema de Salud. Lo que está en juego es la capacidad del Gobierno para mantener viva su agenda social tras el revés laboral y, en paralelo, la posibilidad de que partidos bisagra como La U, Conservador, Mira y Colombia

Justa Libres se reposicionen como árbitros de la legislatura.

El trámite llega cargado de tensiones acumuladas. Tras meses de prórrogas concedidas a las coordinadoras de la ponencia alternativa, la mesa quedará servida con tres opciones: la ponencia negativa de Centro Democrático (que denuncia un desmonte del aseguramiento y un hueco fiscal), la favorable del Pacto Histórico (que defiende el giro directo y la red de CAPS como columna vertebral) y la alternativa de Norma Hurtado y Esperanza Andrade, que busca un equilibrio: mantener a las EPS bajo mayor regulación y ordenar una transición menos abrupta. No obstante, esta última aún no se ha radicado, y se espera que se haga entre hoy y mañana en la mañana.

El orden de votación será clave: primero se someterá la negativa, luego la favorable y solo si ambas se hunden entrará la alternativa. Este detalle técnico abre un dilema táctico para los partidos que coquetean con el Gobierno y, al mismo tiempo, no quieren cargar con el costo de hundir su proyecto insignia. Allí radica la fuerza de la alternativa: permite salvar políticamente al Ejecutivo al no hablar de archivo, pero al costo de diluir la propuesta original.

Las cuentas muestran mayorías probables para la alternativa. Si se confirma, el mensaje es inequívoco: el Congreso no se alineará con el radicalismo del Pacto Histórico, pero tampoco entregará a la oposición un triunfo, que vuelva a acarrear grandes problemas reputacionales, como ocurrió con el archivo de la Reforma Laboral en esa comisión. De darse este panorama, impondrá un texto moderado que posicionará a los partidos bisagra como centro de gravedad y obligará al Gobierno a negociar desde la defensiva.

Para el Ejecutivo, el riesgo es doble. Si gana la alternativa, la narrativa de “reforma estructural” se convierte en un ajuste pactado con los mismos sectores que cuestionaba. Si prospera la negativa, el gobierno podría retomar su discurso del bloque institucional, con un costo político profundo a menos de seis meses de que arranque la campaña legislativa de 2026. En ambos escenarios, lo que se mide no es solo un modelo de salud, sino la viabilidad de la coalición y la capacidad de Petro de negociar, cosa que, mal que bien, pudo hacer en el caso de la Reforma Pensional y la Reforma Laboral.

El superintendente de Salud, Giovanny Rubiano García, aclaró que la Nueva EPS no atraviesa un deterioro progresivo, sino que enfrenta problemas estructurales cuya magnitud quedó en evidencia tras la intervención iniciada en abril de 2024. Según explicó, las principales dificultades provienen de ineficiencias financieras y contables, especialmente en el manejo de facturas y cuentas médicas.

Para corregir esta situación, la entidad puso en marcha Factramed, un sistema digital de gestión y auditoría de facturas que ya cuenta con 4.000 prestadores capacitados y cobertura en 321 IPS del país. A la par, se realizan auditorías adicionales con firmas especializadas.

Rubiano subrayó que el gran reto es mantener el flujo de recursos para garantizar la atención de más de 11,7 millones de afiliados, al tiempo que se organiza el pago a 2.500 proveedores, en un contexto de presiones como cierres de servicios o embargos de la UPC por parte de algunos prestadores.

El Gobierno autorizó extender por un año, entre el 15 de septiembre de 2025 y el 15 de septiembre de 2026, la intervención forzosa administrativa de Famisanar EPS S.A.S. La medida se justifica porque, entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, la entidad aún presentó deficiencias financieras, técnico-científicas y jurídicas que comprometen su sostenibilidad y el cumplimiento de su papel en el sistema de salud.

Si bien se reconocen mejoras en la red de atención primaria, persisten rezagos en la red complementaria, lo que limita el acceso a servicios especializados y afecta la continuidad del cuidado.

La Superintendencia Nacional de Salud podrá levantar la intervención antes de que finalice el plazo, y la EPS deberá seguir entregando reportes en el sistema FENIX, conforme a las directrices establecidas.

● Laboral

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, lideró una mesa de diálogo con directivos de Supertiendas Olímpica tras presentarles el informe de las 99 inspecciones realizadas desde julio en distintas sedes del país. Estas visitas, hechas sin previo aviso, buscaron verificar el cumplimiento de la normativa laboral, de seguridad social y de contratación, así como las condiciones psicosociales y de bienestar de los empleados.

Durante el encuentro, Sanguino subrayó que se trata de un ejercicio preventivo, orientado a proteger los derechos de los trabajadores y a promover ambientes laborales seguros, sostenibles y libres de violencia o discriminación. Los hallazgos incluyeron incumplimientos en normas laborales, indicios de intermediación ilegal, deficiencias en seguridad y salud en el trabajo, y fallas en infraestructura.

La gerente nacional de Olímpica, Aída Vélez, manifestó la disposición de la compañía para atender las observaciones y construir un plan de mejora. Destacó que ya se han implementado acciones como reparaciones locativas, adecuaciones eléctricas, suministro de mobiliario ergonómico y habilitación de 13 salas de lactancia.

El ministro propuso un nuevo encuentro con participación de la organización sindical y recomendó avanzar en procesos de formalización laboral, en línea con la Ley 2466 de 2025 (Reforma Laboral).

● Tributario y asuntos financieros

El pasado 15 de septiembre debía discutirse en las comisiones económicas del Congreso el monto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026, pero la cita pasó en blanco. El debate no se dio por falta de quorum y, con ello, el trámite legislativo arrancó rezagado. Esto no es un detalle menor: si el Congreso no logra avanzar a tiempo, el Ejecutivo podría recurrir de nuevo al “decretazo”, como ya ocurrió en 2024, imponiendo el presupuesto sin aprobación legislativa.

El Gobierno puso sobre la mesa una cifra récord de $557 billones, de los cuales $26,3 billones dependen de una Ley de Financiamiento. Es decir, el presupuesto viene amarrado a una nueva reforma tributaria que busca recaudar recursos adicionales. Aunque el Ministerio de Hacienda había planteado incluso reducir en $10 billones el monto y moderar la tributaria, voces críticas advierten que los recortes deberían ser mucho más profundos —superiores a $40 billones— para que las cuentas sean sostenibles.

Las reacciones no se han hecho esperar. Para la oposición y parte de la bancada independiente, el presupuesto llega inflado y cargado de artículos que concentran facultades en el Gobierno. La senadora Angélica Lozano calificó La Tributaria de $26 billones como “la más alta de la historia”, con efectos directos sobre el bolsillo de los ciudadanos. También hay denuncias sobre “huecos negros” en la propuesta: rubros poco claros y recursos cuyo destino no se explica de forma suficiente.

Más allá de las cifras, la discusión refleja una tensión institucional de fondo. En el Congreso ya se habla de “dictadura fiscal” si el Ejecutivo termina imponiendo las cuentas por decreto. Para muchos congresistas, permitirlo sería ceder el control constitucional sobre el gasto público y consolidar un modelo de concentración de poder que erosiona la legitimidad del sistema democrático.

El tiempo corre y las comisiones conjuntas tienen hasta el jueves 25 de septiembre para aprobar en primer debate el proyecto. Esto implica que hoy, 22 de septiembre, debería conocerse la ponencia, de la cual aún no hay rastro. Sin embargo, se prevé que sean radicadas al menos tres versiones: una mayoritaria, una negativa y otra alternativa. El cronograma es ajustado: el martes 23 de septiembre se realizará la sesión en la que se anunciará el PGN ante las comisiones económicas, y al día siguiente, miércoles 24, iniciará el debate formal. No obstante, el panorama es complejo, pues la aprobación requiere unanimidad de las cuatro comisiones, y hasta ahora no existe consenso.

En caso de superar el primer debate, las plenarias tendrán entre el 1 y el 20 de octubre para dar el segundo debate, con el riesgo de que, si no se logra acuerdo, entre en vigencia automáticamente el texto presentado por el Gobierno. Y, como última carta, si el Congreso no aprueba el presupuesto ni se expide decreto antes del 10 de diciembre, la ley prevé la aplicación del llamado “decreto de repetición”, replicando el presupuesto del año anterior con algunas modificaciones.

La DIAN identificó irregularidades por más de $16.000 millones en las declaraciones de IVA de 12 contribuyentes del sector gastro-bares en Neiva, correspondientes al año gravable 2024 y lo corrido de 2025.

El caso más llamativo mostró una diferencia superior a $4.000 millones, debido a compras reportadas muy por encima de las ventas declaradas. En total, las inconsistencias suman $15.023 millones en 2024 y $947 millones en 2025.

La directora seccional en Neiva, Gloria Janet García Caviedes, explicó que el cruce de información con la facturación electrónica permite detectar estas diferencias, y recalcó que la prioridad es lograr que los contribuyentes corrijan voluntariamente antes de aplicar sanciones.

La entidad anunció que mantendrá controles en otros sectores económicos, promoviendo la autocorrección y el cumplimiento voluntario, pero advirtió que impondrá sanciones a quienes incumplan sus obligaciones tributarias.

El Banco de la República anunció que a partir del 6 de octubre de 2025 entrará en funcionamiento masivo Bre-B, el nuevo ecosistema de pagos que permitirá a personas y comercios realizar transacciones inmediatas a través de un botón o zona integrada en las aplicaciones y páginas web de las entidades financieras.

Previo a este lanzamiento, entre el 23 de septiembre y el 5 de octubre, se desarrollará una fase de prueba controlada con un grupo limitado de usuarios para garantizar la interoperabilidad entre los cinco sistemas de pago inmediatos y las 227 entidades financieras participantes.

Con este mecanismo, que funcionará las 24 horas del día, todos los días de la semana, se busca consolidar una nueva etapa en el uso del dinero digital en Colombia, manteniendo la facilidad, rapidez y seguridad en las transacciones.

Las autoridades fiscales han utilizado el impuesto al patrimonio como mecanismo para recaudar más ingresos, reemplazar otros tributos y reducir desigualdades. Un estudio del Banco de la República, elaborado por Hernán Rincón y Miguel Sarmiento, analizó los efectos de la reforma de 2010 en Colombia, cuando se amplió la base de este impuesto a las PYMES al reducir el umbral de COP 3.000 a COP 1.000 millones. Esta medida triplicó el número de contribuyentes y elevó el recaudo en 0,3 % del PIB, en respuesta a los gastos ocasionados por la ola invernal.

La investigación, basada en registros administrativos de créditos, balances y datos tributarios, comparó empresas con patrimonios cercanos al umbral. Los resultados muestran que el impuesto generó impactos negativos en inversión, acumulación de capital, productividad y empleo en las PYMES. Además, afectó su acceso al crédito: los bancos redujeron los préstamos entre 2 % y 6 %, elevaron tasas de interés hasta en 100 puntos básicos y acortaron plazos en un 30 %, reflejando una mayor percepción de riesgo.

El estudio también evidencia que las empresas más endeudadas enfrentaron condiciones más restrictivas, recurriendo al crédito comercial pero disminuyendo a su vez su capacidad de ofrecerlo. Incluso los bancos más gravados ajustaron su política crediticia, limitando préstamos y encareciendo tasas para las nuevas contribuyentes.

Finalmente, se recuerda que el impuesto al patrimonio se aplicó de manera temporal entre 2002 y 2017 para empresas e individuos, y desde 2018 solo para personas naturales. Los hallazgos refuerzan la decisión de excluir a las compañías, dado el impacto adverso en su desempeño y en la oferta de crédito, y sirven de referencia para futuras discusiones sobre su posible reintroducción.

● Bebidas y alimentos

Colombia mantiene un esfuerzo constante para evitar la entrada de la Peste Porcina Africana (PPA) al país. El ICA lidera este trabajo con apoyo de entidades como Cancillería, Salud, Comercio Exterior, Migración, INVIMA, DIAN y DIMAR, aplicando controles estrictos en fronteras, aeropuertos y puertos.

En 2025 se han reforzado las medidas de vigilancia, capacitando a más de 500 funcionarios especializados en detección y respuesta. Además, en mesas técnicas permanentes se ha diseñado un plan de contingencia y se han establecido acuerdos de cooperación con países vecinos y organismos internacionales para intercambiar información y experiencias.

El ICA y Porkcolombia impulsan actividades de vigilancia epidemiológica, conscientes de que la enfermedad ya afecta a países como República Dominicana, Haití, Polonia, Rusia y China, generando fuertes pérdidas económicas. La OMSA la reconoce como una enfermedad de importancia internacional.

Según el subgerente de Protección Fronteriza, Wilkien Ramírez, la prevención de la PPA es una prioridad nacional y requiere trabajo articulado entre sector público y privado. Por ello, se continúa con campañas de sensibilización, especialmente hacia turistas, para evitar el ingreso de productos de cerdo de países afectados, protegiendo así la salud animal, la economía y la seguridad alimentaria del país.

● TIC

La semana pasada hubo un cambio en la designación de la nueva ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) que evidencia, una vez más, que en Colombia los movimientos de gabinete responden más a las tensiones de la coalición legislativa. En apenas una semana, el Gobierno nacional pasó de anunciar a Gloria Patricia Perdomo como reemplazo de Julián Molina, a publicar la hoja de vida de Yeimi Carina Murcia Yela, quien venía desempeñándose como viceministra de Transformación Digital.

Este giro no puede entenderse de manera aislada. La salida de Julián Molina estuvo directamente relacionada con la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional, episodio en el que el Partido de la U decidió no respaldar a la candidata oficialista, María Patricia Balanta. El presidente Gustavo Petro interpretó esta derrota como una muestra de deslealtad y, en respuesta, pidió la renuncia de ministros vinculados a partidos que no acompañaron su postura en el Senado. Así se abrió un nuevo pulso sobre la dirección del MinTIC, tradicionalmente considerada una cuota política de la U.

El nombramiento frustrado de Perdomo, con un perfil eminentemente técnico, parecía ser un intento del Ejecutivo por alejar la cartera de los pactos burocráticos. Sin embargo, la marcha atrás confirma que la lógica de la representación partidista sigue siendo determinante. La llegada de Carina Murcia, cercana a congresistas como Saray Robayo y al presidente de la Cámara, Julián López, reubica al Ministerio bajo control de un sector renovado del Partido de la U, desplazando el peso que antes tuvo la gobernadora Dilian Francisca Toro en este espacio. Además, no se puede desligar la cercanía de la representante Karina con el mega contratista Emilio Tapia.

La interpretación más plausible es que el Gobierno prefirió ceder nuevamente la cartera para asegurarse votos en la Cámara de Representantes, donde avanza su agenda de reformas. Murcia, con experiencia en el propio ministerio y trayectoria en políticas de apropiación y transformación digital, ofrece la ventaja de la continuidad administrativa, al tiempo que satisface el reacomodo interno de la U.

El episodio evidencia, una vez más, la fragilidad de los equilibrios de poder en la coalición y la dificultad de Petro para imponer nombramientos estrictamente técnicos en carteras altamente politizadas. El MinTIC, más allá de su papel en la conectividad y la política digital, se mantiene como una pieza de negociación legislativa, cuya titular refleja los vaivenes de la relación entre el Ejecutivo y sus aliados en el Congreso.

Para más información puede contactar a Gonzalo Araujo en el correo [email protected]