Estados Unidos comenzó a aplicar este jueves nuevos aranceles de hasta 100% a drones importados y determinados componentes, una medida anunciada por la administración del presidente Donald Trump con el objetivo de fortalecer la producción doméstica y reducir vulnerabilidades en cadenas de suministro consideradas sensibles para la seguridad nacional.

Los drones con un peso máximo de despegue superior a 25 kilogramos, los equipos que incorporan cámaras térmicas y las estaciones de acoplamiento quedan sujetos a un arancel de 100%, mientras que las aeronaves no tripuladas de menor tamaño tendrán una tarifa de 25%. La medida fue establecida mediante una orden firmada por Trump en agosto, luego de que la Casa Blanca señalara preocupaciones sobre la dependencia de importaciones en este sector.

Los gravámenes sobre algunos componentes considerados de menor sensibilidad comenzarán a aplicarse el 9 de febrero de 2027. La administración sostiene que el esquema busca incentivar la fabricación de drones y piezas dentro de Estados Unidos, en línea con documentos oficiales que desde finales de 2025 planteaban la necesidad de ampliar la capacidad productiva nacional en este segmento.

El nuevo régimen contempla tratamientos diferenciados para algunos socios comerciales. Los productos originarios de la Unión Europea, Japón, Liechtenstein, Corea del Sur, Suiza y Taiwán estarán sujetos a un arancel de 15%, siempre que cumplan con los requisitos de origen establecidos, mientras que para los bienes procedentes del Reino Unido se aplicará una tasa de 10%.

China cuestionó la decisión poco después de su anuncio y pidió a Washington retirar los nuevos gravámenes. Un portavoz del Ministerio de Comercio chino sostuvo que los aranceles podrían alterar las cadenas globales de suministro de drones y afectar las condiciones de competencia en el mercado, una posición que refleja las diferencias comerciales y tecnológicas entre ambos países.

La medida tiene especial relevancia para fabricantes chinos como DJI, una de las principales compañías del mercado mundial de drones. Estados Unidos mantiene a la empresa desde 2022 en una lista de compañías chinas que, según Washington, tendrían vínculos con las Fuerzas Armadas de ese país, lo que ha restringido su acceso a determinadas tecnologías estadounidenses; DJI ha cuestionado esa clasificación.

Los nuevos aranceles se enmarcan en una estrategia más amplia de Estados Unidos para fortalecer sectores considerados estratégicos y trasladar una mayor proporción de la producción hacia territorio nacional. En el caso de los drones, Washington ha relacionado esta política tanto con objetivos industriales como con consideraciones de seguridad nacional, en momentos en que estos sistemas tienen una presencia creciente en actividades comerciales, industriales y de defensa. 

DIPLOMACIA

Secretario Marco Rubio visitaría Colombia la próxima semana para reunirse con el presidente De La Espriella

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajaría a Colombia la próxima semana para reunirse en Barranquilla con el presidente Abelardo De La Espriella. El encuentro sería la primera reunión presencial entre el mandatario colombiano y uno de los principales funcionarios de la administración del presidente Donald Trump desde el inicio del nuevo Gobierno.

La fecha del encuentro todavía no ha sido confirmada oficialmente, aunque algunos medios han señalado que podría realizarse el próximo 8 de septiembre. La agenda prevista incluiría asuntos relacionados con el intercambio comercial, la cooperación diplomática, la seguridad regional y el seguimiento a la ayuda de emergencia enviada tras el sismo del pasado 10 de agosto, temas que han marcado los contactos recientes entre ambos gobiernos.

Uno de los asuntos que podría ser abordado es la solicitud de Colombia para suspender temporalmente los aranceles de 12,5% que afectan a determinados productos colombianos. De La Espriella planteó esta petición a Rubio durante una conversación telefónica el 18 de agosto, en medio de las gestiones del Gobierno para obtener alivios comerciales durante el proceso de reconstrucción posterior al terremoto.

En esa llamada, el presidente colombiano señaló que existe disposición de Estados Unidos para estudiar la solicitud y encargó al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, continuar las gestiones en Washington. Ambos funcionarios también abordaron la asistencia estadounidense enviada a Colombia para atender la emergencia ocasionada por el terremoto.

La seguridad también podría ocupar un espacio en la reunión, después de los contactos sostenidos entre funcionarios de ambos países durante las últimas semanas. Rubio se reunió en julio en Washington con el entonces vicepresidente electo José Manuel Restrepo y otros integrantes del nuevo Gobierno colombiano, con quienes abordó asuntos como cooperación contra el narcotráfico, erradicación de cultivos ilícitos, fortalecimiento de las Fuerzas Militares y seguridad regional.

La eventual visita se produciría en medio de un acercamiento entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia desde la posesión de De La Espriella. Además de las conversaciones comerciales y de seguridad, ambos países han avanzado en mecanismos de cooperación regional y Estados Unidos ha proporcionado asistencia para atender las emergencias recientes en territorio colombiano.Hasta el momento no se ha divulgado una agenda oficial de la visita ni una confirmación definitiva sobre el día del encuentro.

ECONOMÍA

Estados Unidos impulsa en el G20 un enfoque más flexible para regular la inteligencia artificial

Estados Unidos logró respaldo en el G20 para avanzar hacia un enfoque más flexible en la regulación de la inteligencia artificial, basado en intervenir principalmente cuando la tecnología genere riesgos o situaciones nuevas que no estén cubiertas por las normas existentes. La propuesta fue discutida durante una reunión tecnológica del G20 en Carolina del Norte y quedó recogida en los llamados “Principios de Carolina”.

La posición estadounidense parte de una premisa: evitar regulaciones generales que puedan frenar la innovación y, en cambio, adaptar las normas existentes cuando sea necesario. El enfoque coincide con la estrategia de la administración Trump de favorecer el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial como elemento de competitividad económica, seguridad nacional y liderazgo tecnológico frente a China.

China expresó apoyo a los principios durante la reunión, mientras varios líderes tecnológicos participaron en la discusión con posiciones diferentes sobre el grado adecuado de supervisión. Demis Hassabis, de Google DeepMind, defendió pruebas de seguridad para los sistemas avanzados; Mark Zuckerberg respaldó mantener abiertos los modelos de inteligencia artificial; y Elon Musk cuestionó el enfoque regulatorio europeo, considerado más restrictivo.

El consenso no significa que los países hayan renunciado a regular la inteligencia artificial. Más bien refleja una preferencia por reglas focalizadas y basadas en riesgos concretos, en lugar de crear de entrada un régimen regulatorio amplio aplicable a toda la tecnología. Tampoco elimina diferencias importantes entre Estados Unidos, la Unión Europea y otras economías sobre privacidad, propiedad intelectual, seguridad de los modelos y responsabilidad de las empresas.

El impacto puede ser significativo para compañías tecnológicas y desarrolladores. Un modelo regulatorio más flexible podría reducir costos de cumplimiento y facilitar el lanzamiento de nuevos productos, pero al mismo tiempo trasladaría mayor responsabilidad a gobiernos y empresas para identificar y responder rápidamente a riesgos relacionados con seguridad, uso indebido de datos, ciberataques o sistemas autónomos.

La discusión también tiene una dimensión geopolítica. Estados Unidos busca que sus principios regulatorios tengan mayor influencia internacional en un momento de creciente competencia con China por liderazgo en inteligencia artificial. Si el enfoque gana respaldo más amplio dentro del G20, podría contribuir a configurar estándares globales menos prescriptivos que los impulsados hasta ahora por la Unión Europea.

ECONOMÍA

Déficit comercial de Estados Unidos aumenta 24,4% en julio por mayores importaciones

El déficit comercial de Estados Unidos aumentó 24,4% en julio y se ubicó en US$88.600 millones, frente a US$71.200 millones registrados en junio, según cifras publicadas por la Oficina de Análisis Económico (Bureau of Economic Analysis, BEA) y la Oficina del Censo. El resultado estuvo explicado por un aumento de las importaciones y una disminución de las exportaciones durante el mes.

Las importaciones totales crecieron 2,8% frente a junio y alcanzaron US$399.300 millones, impulsadas principalmente por las compras de bienes, que aumentaron US$11.400 millones hasta US$320.600 millones. Por su parte, las importaciones de servicios disminuyeron ligeramente y se ubicaron en US$78.700 millones.

Dentro de las compras de bienes sobresalieron los bienes de capital, cuyas importaciones aumentaron US$14.400 millones. El crecimiento estuvo liderado por computadores, con un incremento de US$6.900 millones, accesorios informáticos, que aumentaron US$6.600 millones, y semiconductores, con un avance de US$1.200 millones.

En contraste, las exportaciones estadounidenses disminuyeron 2,1% mensual y se ubicaron en US$310.700 millones, US$6.600 millones menos que en junio. Las exportaciones de bienes cayeron US$6.200 millones hasta US$201.000 millones, principalmente por menores ventas externas de suministros y materiales industriales.

Dentro de esta categoría, las exportaciones de petróleo crudo disminuyeron US$4.500 millones y las de oro no monetario cayeron US$3.900 millones. Las exportaciones de servicios también registraron una reducción de US$400 millones y se ubicaron en US$109.700 millones.

Como resultado, el déficit del comercio de bienes aumentó US$17.600 millones y alcanzó US$119.600 millones, mientras que el superávit de servicios aumentó US$200 millones hasta US$31.000 millones. Por socios comerciales, el déficit de bienes con México aumentó US$7.200 millones hasta US$27.500 millones, debido principalmente al incremento de las importaciones procedentes de ese país.

Entre enero y julio, el déficit acumulado de bienes y servicios disminuyó US$188.400 millones, equivalente a 29,6%, frente al mismo periodo de 2025. Durante los primeros siete meses del año, las exportaciones aumentaron US$222.600 millones, o 12%, mientras que las importaciones crecieron US$34.200 millones, equivalente a 1,9%.

ECONOMÍA

Waller se inclina por mantener sin cambios las tasas de interés en septiembre

El gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos, Christopher Waller, afirmó este jueves que se inclina por mantener sin cambios las tasas de interés en la reunión de septiembre, siempre que los próximos datos de inflación confirmen la tendencia reciente. El funcionario señaló que, aunque la inflación continúa por encima de la meta de 2% del banco central, comienzan a observarse señales de moderación en las presiones sobre los precios.

Waller explicó que su decisión dependerá en buena medida de las cifras que se conozcan durante las próximas semanas. El índice de precios al consumidor (IPC) de julio registró una variación anual de 3,4%, mientras que la inflación subyacente se ubicó en 2,5%, en ambos casos una décima por debajo de los niveles observados en junio.

“Si esta tendencia se confirma en los datos que se publicarán en las próximas dos semanas, me inclinaría a apoyar el mantenimiento del objetivo de la tasa de fondos federales en su nivel actual”, señaló Waller. Las cifras del IPC correspondientes a agosto serán publicadas el 11 de septiembre, pocos días antes de la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).

El funcionario también señaló que mantener las tasas sin cambios durante una reunión adicional permitiría a la Reserva Federal evaluar con mayor claridad la evolución de la inflación antes de adoptar nuevas medidas. Waller sostuvo que un incremento inmediato de 25 puntos básicos tendría un efecto limitado sobre la inflación en el corto plazo y destacó la importancia de observar la trayectoria de los precios antes de modificar la política monetaria.

Los datos más recientes del índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE), correspondientes a julio, mostraron una inflación anual de 3,7%, mientras que la medición subyacente se ubicó en 3,3%, sin cambios frente a junio. La próxima publicación del PCE está prevista para finales de septiembre, por lo que no estará disponible antes de la reunión del FOMC de los días 15 y 16 de septiembre.

Las declaraciones de Waller se producen mientras la Reserva Federal evalúa el impacto de las presiones inflacionarias recientes y el comportamiento de la actividad económica. La evolución del petróleo y otros costos asociados al conflicto con Irán continúa siendo uno de los factores que pueden incidir sobre la inflación, mientras el banco central mantiene como objetivo llevar el crecimiento de los precios de manera sostenida hacia 2%.

ECONOMÍA

Administración Trump amplía acciones para impulsar la producción petrolera en California

La administración del presidente Donald Trump intensificó sus esfuerzos para aumentar la producción de petróleo en California, en medio de diferencias con las autoridades estatales sobre el desarrollo de combustibles fósiles y la transición hacia fuentes de energía renovable. La más reciente medida consiste en una revisión federal del programa de gestión costera del estado, administrado en buena parte por la Comisión Costera de California.

La evaluación está siendo realizada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y forma parte de las revisiones periódicas previstas para los programas costeros estatales. Sin embargo, organizaciones ambientales han expresado preocupación ante la posibilidad de que el proceso termine reduciendo la capacidad de la comisión para intervenir en proyectos federales con impacto sobre la costa de California. Hasta el momento, el Gobierno federal no ha informado cuándo concluirá la revisión.

La medida se suma a otras acciones impulsadas por la administración Trump para ampliar la actividad petrolera en el estado. El Gobierno anunció planes para ofrecer nuevos arrendamientos para exploración y producción de petróleo en aguas frente a California y Florida, mientras funcionarios federales también respaldaron la reactivación de un sistema de oleoductos que permanecía fuera de servicio desde un derrame registrado en 2015.

Asimismo, autoridades federales avanzaron recientemente en el proceso para autorizar operaciones de fracturación hidráulica en una plataforma petrolera ubicada frente al condado de Ventura. La propuesta, presentada por la empresa DCOR LLC, permitiría elevar la producción diaria de 16 pozos desde aproximadamente 1.100 hasta 4.000 barriles, aunque la Comisión Costera de California votó de manera unánime en contra del proyecto y señaló preocupaciones relacionadas con posibles impactos ambientales.

California mantiene restricciones a nuevas concesiones petroleras mar adentro desde hace varias décadas, luego de que un derrame ocurrido en 1969 en el canal de Santa Bárbara impulsara cambios en la regulación ambiental del estado. Aunque actualmente continúan operando algunas plataformas, no se han otorgado nuevos contratos de explotación en aguas federales frente al estado desde mediados de la década de 1980.

Paralelamente, California ha incrementado la participación de fuentes renovables en su matriz eléctrica y ha adoptado políticas dirigidas a reducir el uso de combustibles fósiles, tanto en generación de energía como en transporte. Según la Comisión de Energía de California, cerca de la mitad de la electricidad del estado provino de fuentes renovables en 2024, mientras las autoridades estatales también han promovido una mayor adopción de vehículos eléctricos.

Estas políticas han generado distintos desacuerdos con la administración Trump, que sostiene que una mayor producción doméstica de petróleo es necesaria para fortalecer la seguridad energética y apoyar la generación de empleo. Las autoridades de California, por su parte, han defendido su capacidad regulatoria en materia ambiental y recientemente presentaron una demanda contra el Gobierno federal por decisiones relacionadas con el desarrollo de energía eólica marina.

ECONOMÍA

Gobierno Trump lanza programa de formación para fortalecer la manufactura avanzada

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, anunciaron el lanzamiento de Foundry School, un programa de formación dirigido a emprendedores, ingenieros, técnicos y líderes industriales, con el objetivo de ampliar la fuerza laboral vinculada a la manufactura avanzada en el país. La iniciativa forma parte de la estrategia de la administración del presidente Donald Trump para fortalecer la capacidad industrial estadounidense.

El anuncio se realizó durante un evento encabezado por el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Jacob Helberg, en el Donald J. Trump Institute of Peace, con la participación de representantes de ocho universidades y directivos de empresas de manufactura y tecnología. Según el Departamento de Estado, el programa busca conectar la inversión industrial con la formación de trabajadores especializados.

La administración señaló que los fabricantes estadounidenses necesitarán aproximadamente 3,8 millones de trabajadores calificados para 2033 en sectores como semiconductores, defensa y energía. En ese contexto, el Departamento de Estado prevé trabajar con el Congreso para apoyar la participación de economías asociadas a Pax Silica y colaborar con la Universidad de Stanford en el desarrollo del currículo para participantes estadounidenses y extranjeros.

Foundry School contará con un programa académico desarrollado por Stanford en cooperación con Arizona State University, Georgia Institute of Technology, The Ohio State University, The Pennsylvania State University, University of Kansas, Vanderbilt University y Washington University in St. Louis. En conjunto, las ocho instituciones ofrecerán 17 sesiones impartidas por fundadores y directivos de empresas de manufactura avanzada de Estados Unidos y economías participantes de Pax Silica, entre ellas Corea del Sur, Japón, Taiwán e India.

La primera fase comenzará en septiembre de 2026 con siete sesiones regionales enfocadas en diseño de fábricas, materiales y cadenas de suministro, ingeniería de líneas de ensamblaje, economía de plantas industriales, regulación, permisos y desarrollo de fuerza laboral. Posteriormente, Stanford iniciará en enero de 2027 un programa central de diez sesiones sobre herramientas de precisión, automatización industrial, sistemas de calidad, manufactura digital, bienes de capital, energía, selección de ubicaciones y producción para el sector defensa.

El Gobierno estadounidense presentó Foundry School como una de las principales iniciativas de Pax Silica, una asociación de seguridad económica que reúne a gobiernos, empresas y universidades para fortalecer cadenas de suministro críticas y capacidades industriales vinculadas a la economía de inteligencia artificial. El programa también busca acercar directamente a estudiantes y trabajadores a las compañías responsables de construir y operar instalaciones de manufactura avanzada.

ECONOMÍA

EE.UU. escolta un volumen récord de petróleo por el estrecho de Ormuz en medio de nuevos ataques contra Irán

Las fuerzas estadounidenses escoltaron el martes 40 buques comerciales que transportaban cerca de 18 millones de barriles de petróleo a través del estrecho de Ormuz, el mayor volumen registrado durante el actual conflicto, según funcionarios estadounidenses citados por CNN. La operación se desarrolló simultáneamente con una nueva ola de ataques contra casi 60 objetivos militares iraníes, incluidos radares, sistemas de defensa aérea, capacidades marítimas y activos vinculados con la colocación de minas.

El objetivo estadounidense es mantener abierto uno de los corredores energéticos más importantes del mundo y reducir la capacidad de Irán para detectar o atacar embarcaciones comerciales. Washington sostiene que sus fuerzas neutralizaron misiles antibuque y drones durante la operación y que los ataques contra radares buscaban facilitar el tránsito seguro de los buques por el estrecho.

La cifra adquiere especial relevancia porque el tráfico marítimo permanece muy por debajo de los niveles habituales. Antes del conflicto, cerca del 20% del petróleo comercializado mundialmente transitaba por Ormuz. Datos de seguimiento marítimo citados por Reuters mostraron que el martes solo cuatro buques de materias primas aparecían registrados atravesando el estrecho, aunque estas cifras pueden subestimar el movimiento real porque muchas embarcaciones apagan sus transpondedores por razones de seguridad.

El nuevo episodio forma parte de una escalada entre Washington y Teherán después de varias semanas de menor actividad militar. Irán respondió con misiles y drones contra posiciones estadounidenses y aliadas en distintos países del Golfo, mientras Estados Unidos ha reiterado que continuará actuando para proteger la navegación comercial.

El impacto trasciende el ámbito militar. La seguridad en Ormuz influye directamente sobre la oferta energética mundial, los costos de transporte y las primas de seguros marítimos. Las nuevas tensiones llevaron esta semana al Brent a superar temporalmente los US$97 por barril, su nivel más alto en unas seis semanas.

La operación muestra así la doble dimensión de la estrategia estadounidense: degradar capacidades militares iraníes y, al mismo tiempo, garantizar el flujo de petróleo por una ruta esencial para la economía global. Sin embargo, mientras el tránsito comercial continúe dependiendo de escoltas militares y permanezca por debajo de sus niveles previos al conflicto, Ormuz seguirá siendo uno de los principales riesgos para los mercados energéticos internacionales.

SEGURIDAD

Gobierno colombiano ordena extradición a Estados Unidos de ‘Mocho Olmedo’, ‘Araña’ y ‘Muñeca’

El Gobierno colombiano ordenó la entrega a Estados Unidos de Willington Henao, alias ‘Mocho Olmedo’; Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’; y Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias ‘Muñeca’, cuyas extradiciones habían sido suspendidas durante la administración de Gustavo Petro debido a su participación en distintos procesos de diálogo de la denominada ‘paz total’.

El presidente Abelardo De La Espriella y el ministro de Justicia, Iván Cancino, firmaron las resoluciones que permiten proceder con la entrega de los tres requeridos por autoridades estadounidenses. De acuerdo con la información conocida, se espera la llegada a Colombia de una aeronave de la Administración para el Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA) para efectuar su traslado a Estados Unidos.

Willington Henao, alias ‘Mocho Olmedo’, es señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas del Frente 33 de las disidencias de las Farc y es requerido por Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico, concierto para delinquir y lavado de activos. Aunque la Corte Suprema de Justicia había emitido concepto favorable para su extradición, la anterior administración suspendió su entrega para permitir su participación en conversaciones con esa estructura.

Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, es identificado por las autoridades como uno de los dirigentes de los Comandos de la Frontera y ha sido relacionado con estructuras como La Constru y grupos vinculados con las disidencias de las Farc. Fue capturado en Bogotá en febrero de 2025 y es requerido por Estados Unidos por cargos relacionados con concierto para delinquir, terrorismo y tráfico de drogas; su extradición también había recibido concepto favorable de la Corte Suprema, pero permaneció suspendida durante el proceso de diálogo.

Por su parte, Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias ‘Muñeca’, es señalado como uno de los jefes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, anteriormente conocidas como Los Pachenca. Fue capturado en Pereira en junio de 2024 y es requerido por Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico; antes de su captura había sido reconocido por el Gobierno como representante de esa organización dentro de los acercamientos de la ‘paz total’.

Durante la administración Petro, la extradición de Castillo Carrillo fue suspendida para permitir su continuidad en los diálogos sociojurídicos, mientras que su condición de vocero de paz fue considerada en actuaciones relacionadas con su situación jurídica. Con las nuevas resoluciones, el Gobierno De La Espriella deja sin efecto las suspensiones que impedían concretar las entregas de los tres requeridos.

En un caso separado, el Gobierno también ordenó hacer efectiva la extradición de Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, quien permanece prófugo. Castillo había sido reconocido durante la anterior administración como representante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y gestor de paz, por lo que las autoridades mantienen vigente una orden de captura para avanzar con su eventual entrega a Estados Unidos.

SEGURIDAD

Agente de ICE enfrenta cargos federales por presuntamente falsear un tiroteo en Minneapolis

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, Christian Castro, enfrenta cargos federales por presuntamente haber mentido sobre las circunstancias que rodearon el tiroteo contra un inmigrante venezolano durante una operación migratoria en Minneapolis a comienzos de este año. Según fiscales, la versión inicial del agente no coincidía con la evidencia en video disponible.

El incidente ocurrió el 14 de enero, cuando Castro y otros agentes seguían un vehículo que creían conducido por otra persona. Según la reconstrucción de las autoridades locales, se produjo un breve forcejeo, el agente cayó sobre el hielo y dos hombres corrieron hacia una vivienda. Castro habría disparado después hacia la casa, hiriendo en una pierna a Julio César Sosa-Celis. Una de las balas terminó además alojada en la pared de una habitación infantil.

En un primer momento, las autoridades federales describieron el hecho como una situación de defensa propia y los inmigrantes involucrados enfrentaron cargos. Sin embargo, esos cargos fueron posteriormente retirados después de que las grabaciones contradijeran aspectos centrales del relato presentado por el agente. Castro y otro funcionario fueron colocados en licencia administrativa mientras avanzaban las investigaciones.

Castro ya enfrentaba cargos estatales en Minnesota por agresión en segundo grado y por presuntamente presentar un reporte falso. El nuevo proceso federal adquiere especial relevancia porque, de acuerdo con CNN, sería la primera vez que el Departamento de Justicia de la administración Trump presenta cargos contra un agente por actuaciones realizadas en servicio durante las operaciones migratorias de alta visibilidad desarrolladas por el Gobierno.

El caso puede tener implicaciones más amplias sobre supervisión y rendición de cuentas en las operaciones de inmigración. La administración Trump ha incrementado significativamente la actividad de ICE y otras agencias federales, lo que ha generado también mayor escrutinio sobre el uso de la fuerza, la coordinación con autoridades locales y los mecanismos para investigar posibles actuaciones indebidas de agentes.

Los cargos constituyen acusaciones y deberán ser probados ante los tribunales. Sin embargo, el procesamiento federal introduce una señal institucional relevante: las operaciones de control migratorio continúan siendo una prioridad de la administración, pero las autoridades federales también pueden investigar y procesar conductas individuales cuando exista evidencia de posibles violaciones de la ley.

MIGRACIÓN

Departamento de Justicia amplía obligación de los estados de reportar información migratoria

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (U.S. Department of Justice, DOJ) emitió un dictamen que amplía la obligación de los gobiernos estatales de informar al Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) sobre personas que, según sus registros, se encuentran en el país sin estatus migratorio legal. La opinión, emitida el 1 de septiembre y divulgada un día después, constituye una interpretación jurídica de la legislación vigente y no una nueva ley aprobada por el Congreso.

El nuevo criterio se aplica a los estados que participan en los programas de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). Según el Departamento de Justicia, los gobiernos que no cumplan con las obligaciones de reporte podrían enfrentar consecuencias sobre el financiamiento federal asociado a estos programas, aunque la aplicación de la nueva interpretación será prospectiva y no contempla sanciones por actuaciones realizadas bajo el criterio anterior.

La decisión revierte una opinión jurídica emitida en 1998, durante la administración de Bill Clinton, que limitaba la obligación de informar a las agencias estatales encargadas directamente de administrar TANF o SSI. La Oficina de Asesoría Jurídica sostiene ahora que, cuando un estado acepta recursos de estos programas, el deber de reporte se extiende al conjunto del gobierno estatal y no únicamente a las entidades responsables de gestionar los beneficios.

En la práctica, el cambio podría incluir a dependencias como departamentos de vehículos motorizados, universidades públicas y otras entidades estatales que dispongan de información relevante sobre el estatus migratorio de una persona. Joshua Craddock, subsecretario adjunto de Justicia y autor de la opinión, sostuvo que la interpretación de 1998 había aplicado de manera incorrecta el alcance de las obligaciones establecidas por la legislación federal.

El dictamen se fundamenta en la Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidad Laboral de 1996 (PRWORA), que contiene disposiciones relacionadas con el intercambio de información migratoria entre los estados y el Gobierno federal. El Departamento de Justicia considera que la definición de “Estado” incluida en esa legislación comprende a la totalidad de la estructura gubernamental estatal, mientras que la interpretación anterior restringía su alcance a determinadas agencias.

TANF distribuye más de US$16.400 millones anuales en recursos federales destinados a programas de asistencia para familias de bajos ingresos, mientras que SSI proporciona más de US$60.000 millones al año en beneficios para personas mayores, ciegas o con discapacidad que cumplen determinados requisitos. Las personas sin estatus migratorio legal no son elegibles directamente para estos beneficios, aunque la nueva interpretación vincula la participación de los estados en los programas con sus obligaciones de intercambio de información.

La medida se enmarca en los esfuerzos de la administración del presidente Donald Trump por ampliar la cooperación entre autoridades estatales y federales en materia migratoria. El nuevo criterio podría enfrentar impugnaciones judiciales por parte de estados que cuestionen el alcance de las condiciones asociadas a los fondos federales o la entrega de información, mientras el Departamento de Justicia sostiene que las obligaciones se desprenden de la legislación de 1996.

POLÍTICA

Administración Trump reitera ante la Corte Suprema su solicitud sobre voto por correo

La administración del presidente Donald Trump solicitó este jueves nuevamente a la Corte Suprema de Estados Unidos que permita avanzar con las restricciones al voto por correo antes de las elecciones legislativas de noviembre, mientras continúan los litigios sobre la orden ejecutiva que modificó los procedimientos para el envío de estas papeletas.

La petición de emergencia fue presentada un día antes de que Carolina del Norte comience a enviar de forma generalizada las papeletas solicitadas por correo. La Corte Suprema ya había permitido previamente que parte del plan continuara mientras se resolvían aspectos procesales, aunque todavía no se ha pronunciado de manera definitiva sobre la legalidad de las medidas.

La orden de Trump permitiría al Servicio Postal de Estados Unidos (U.S. Postal Service, USPS) rechazar el envío de papeletas de estados que no entreguen listas de votantes habilitados o que no utilicen un formato uniforme de sobres. El sistema también contempla un portal en línea mediante el cual los estados deberían cargar información sobre los electores que recibirán sus papeletas por correo.

La nueva apelación se produjo después de una audiencia ante la jueza federal Indira Talwani, quien cuestionó a un abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos (U.S. Department of Justice, DOJ) sobre el estado de implementación del sistema. Talwani señaló que aún no había recibido información suficiente del USPS sobre el funcionamiento operativo del programa y evalúa extender hasta el 10 de septiembre una orden temporal que impide aplicar algunos de sus requisitos.

La jueza ya había bloqueado en junio la implementación de la orden para las elecciones de noviembre, al considerar que los cambios se estaban planteando demasiado cerca del inicio de la votación. Sin embargo, la Corte Suprema determinó posteriormente que esa decisión era prematura porque el USPS todavía no había publicado las reglas que desarrollarían la orden ejecutiva, lo que llevó a que los demandantes presentaran nuevamente sus casos una vez divulgadas las regulaciones.

Los estados y organizaciones que cuestionan las medidas sostienen que el presidente no tiene autoridad para establecer directamente reglas electorales, una competencia que la Constitución asigna principalmente a los estados y, en determinados casos, al Congreso de Estados Unidos. La administración, por su parte, sostiene que los cambios son limitados, legales y pueden ser implementados por el servicio postal.

Funcionarios electorales de distintos estados han advertido que cumplir con los nuevos requisitos podría exigir modificaciones significativas en sus procedimientos, especialmente porque muchos sobres y papeletas ya fueron impresos. Un informe presentado esta semana también señaló que el sistema podría generar retrasos o impedir el envío de algunas papeletas si se registran errores en los códigos de barras, mientras el debate judicial continúa a pocas semanas del inicio generalizado de la votación anticipada.

POLÍTICA

Cámara de Representantes aprueba proyecto para restringir fondos a universidades que participen en boicots contra Israel

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves un proyecto de ley que busca impedir el acceso a determinados fondos federales a universidades que participen en boicots contra Israel. La iniciativa, denominada Protect Economic and Academic Freedom Act, obtuvo 237 votos a favor y 169 en contra y deberá ser aprobada también por el Senado antes de convertirse en ley.

La propuesta surge en medio del debate político generado por las protestas y llamados a boicot contra Israel registrados en distintas universidades estadounidenses desde el inicio de la guerra en Gaza. La administración del presidente Donald Trump y varios legisladores republicanos han sostenido que algunas de estas manifestaciones han incluido expresiones antisemitas o respaldo a grupos extremistas, mientras los manifestantes rechazan esa interpretación y diferencian sus críticas al Gobierno israelí de cualquier posición contra la población judía.

La votación se produjo principalmente siguiendo las líneas partidistas, aunque 33 representantes demócratas respaldaron el proyecto y dos republicanos votaron en contra. La iniciativa está relacionada con el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), que promueve medidas económicas y académicas contra Israel por su política hacia los palestinos.

Entre quienes rechazaron el proyecto estuvo el representante demócrata Jerrold Nadler, quien afirmó que se opone al movimiento BDS, pero considera necesario proteger el derecho a la libertad de expresión. Nadler sostuvo que restringir determinadas formas de protesta podría afectar garantías constitucionales aplicables también a expresiones con las que otros sectores políticos estén de acuerdo.

Los promotores de la legislación señalaron, por su parte, que la propuesta no pretende limitar el debate académico ni las opiniones individuales, sino evitar que instituciones que reciben recursos federales discriminen determinadas alianzas académicas o inversiones relacionadas con Israel. El representante demócrata Josh Gottheimer, uno de los defensores de la medida, sostuvo que el objetivo es condicionar el uso de fondos públicos al mantenimiento de relaciones académicas y económicas sin discriminación por país.

POLÍTICA

Secretario de Comercio corrige declaración sobre bajas estadounidenses en Irán

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, ofreció disculpas públicas este jueves después de afirmar erróneamente que ningún estadounidense había muerto durante el conflicto con Irán. Lutnick reconoció posteriormente que 18 miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses han fallecido y más de 750 han resultado heridos desde el inicio de las operaciones en febrero.

La declaración inicial fue realizada durante una entrevista con CNBC, en la que Lutnick defendía la estrategia de la administración frente a Irán y destacó el componente de presión económica. Horas después explicó que se había confundido con la operación militar estadounidense en Venezuela, donde no se registraron bajas entre el personal militar de Estados Unidos. El presidente Donald Trump respaldó esa explicación antes de que el secretario publicara su rectificación.

El episodio ocurre en un momento especialmente sensible para la administración, cuando el conflicto con Irán entra en su séptimo mes y continúan los intercambios militares. Estados Unidos mantiene más de 50.000 efectivos en Medio Oriente, mientras persisten operaciones para proteger la navegación por el estrecho de Ormuz y ataques contra posiciones iraníes.

Más allá de la corrección individual, el caso pone nuevamente el foco sobre la importancia de comunicar con precisión el costo humano de una operación militar prolongada. Las cifras de muertos y heridos tienen implicaciones no solo para las familias y las Fuerzas Armadas, sino también para el debate político interno sobre los objetivos, duración y sostenibilidad de la estrategia estadounidense frente a Irán.

POLÍTICA

La administración Trump plantea cambios en su relación con el Smithsonian

La administración del presidente Donald Trump señaló que distintas agencias federales podrían revisar su cooperación con el Smithsonian Institution si no se producen cambios en algunos aspectos de su liderazgo y orientación institucional. La posición fue comunicada en una carta enviada el mes pasado al órgano de gobierno del Smithsonian.

El documento expresa preocupaciones sobre lo que la administración considera una presencia excesiva de activismo político en algunas áreas de la institución. También menciona posibles cuestionamientos relacionados con normas antidiscriminación, aunque, según Reuters, la carta no detalla ejemplos específicos que permitan evaluar esas afirmaciones.

Entre las medidas mencionadas está la posibilidad de reconsiderar determinadas formas de colaboración federal, incluidos préstamos de objetos y colecciones, apoyo administrativo y algunas subvenciones discrecionales. Por ahora, se trata de una advertencia y no de una suspensión general de recursos o cooperación.

El Smithsonian, por su parte, ha defendido su misión educativa, científica y cultural y su compromiso con una presentación amplia de la historia de Estados Unidos. La institución tiene una estructura particular: recibe una parte importante de su financiación del Gobierno federal, pero cuenta con un órgano de gobierno propio y un grado relevante de autonomía institucional.

La discusión forma parte de un debate más amplio sobre la relación entre el Gobierno federal y las instituciones culturales financiadas con recursos públicos. El punto central será determinar hasta dónde pueden ajustarse prioridades, criterios de financiación o formas de cooperación sin afectar la independencia académica, histórica y curatorial del Smithsonian.

El siguiente paso será observar la respuesta del órgano de gobierno de la institución y si las preocupaciones planteadas por la administración derivan en cambios concretos en programas, financiación o mecanismos de cooperación federal.

SANCIONES

Estados Unidos impone nuevas sanciones a los sectores financiero, energético y minero de Cuba

La administración del presidente Donald Trump impuso este jueves nuevas sanciones contra Fidel Ernesto Castro Calis, nieto del expresidente cubano Raúl Castro, el Banco Exterior de Cuba, una entidad financiera estatal especializada en operaciones de comercio exterior y transacciones internacionales, y cuatro empresas de los sectores de hidrocarburos y minería.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que las nuevas designaciones forman parte de la política de la administración hacia Cuba. Fidel Ernesto Castro Calis es hijo de Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro y funcionario de inteligencia cubano que también ha sido sancionado previamente por Washington.

Las medidas también alcanzan a varias empresas del sector energético que, según el Gobierno estadounidense, generan recursos en beneficio de las autoridades cubanas. Las sanciones implican el bloqueo de los activos que las personas y entidades designadas tengan bajo jurisdicción estadounidense y restricciones para realizar determinadas transacciones financieras y comerciales con ellas.

La decisión se suma a otras sanciones adoptadas durante los últimos meses contra funcionarios y entidades cubanas, incluido el presidente Miguel Díaz-Canel y miembros de la familia Castro. La administración Trump ha presentado estas medidas como parte de una estrategia de presión económica y política sobre el Gobierno de Cuba.

El Gobierno cubano, por su parte, ha rechazado las medidas adoptadas por Washington y sostiene que corresponde únicamente a la población de la isla decidir sobre el futuro político del país. La Habana también ha cuestionado el aumento de la presión estadounidense y ha señalado que algunas acciones recientes podrían buscar justificar una eventual intervención.

SALUD

Secretario Kennedy pide excluir dos muertes de Pensilvania del registro de sarampión de los CDC

El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., pidió a la nueva directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), Erica Schwartz, retirar de la estadística nacional de sarampión la referencia a dos muertes registradas en Pensilvania, después de cuestionar si la enfermedad había causado o contribuido a los fallecimientos, según tres fuentes familiarizadas con el asunto citadas por Reuters.

La solicitud se produjo después de que funcionarios de los CDC hubieran aceptado inicialmente la clasificación realizada por las autoridades sanitarias de Pensilvania, que reportaron ambos casos como muertes asociadas al sarampión. De acuerdo con las fuentes consultadas, Schwartz aceptó posteriormente la instrucción de Kennedy, mientras el Departamento de Salud y Servicios Humanos sostuvo que los CDC solicitaron información adicional para determinar la relación entre la enfermedad y los fallecimientos.

Pensilvania notificó a los CDC las dos muertes el 25 de agosto y posteriormente informó públicamente sobre los casos, señalando únicamente que las personas fallecidas no estaban vacunadas. El estado ha registrado 540 casos de sarampión durante 2026, mientras a nivel nacional se observa un aumento de los contagios y una reducción de las tasas de vacunación infantil en distintos estados.

La situación generó un intercambio entre Kennedy y el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, quien cuestionó declaraciones previas del secretario sobre las vacunas y sostuvo que podían afectar la confianza pública en la inmunización. Kennedy, por su parte, acusó al gobierno estatal de no proporcionar suficiente información a las autoridades federales y planteó dudas sobre las circunstancias de las muertes reportadas.

Las autoridades de Pensilvania afirmaron que entregaron a los CDC todos los datos epidemiológicos requeridos, aunque señalaron que no podían proporcionar historiales médicos con información de identificación personal debido a restricciones legales. El estado ofreció suministrar información adicional de manera anonimizada, mientras los CDC indicaron que los datos disponibles todavía no permiten establecer si el sarampión causó o contribuyó a los fallecimientos.

Tras retrasar su actualización semanal, los CDC publicaron posteriormente sus cifras sin incluir las dos muertes de Pensilvania en el total nacional y añadieron una nota explicativa sobre la falta de información concluyente. Georges Benjamin, director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Salud Pública, cuestionó la intervención y señaló que resulta inusual que los CDC expresen públicamente dudas sobre conclusiones alcanzadas por autoridades sanitarias estatales y locales.