El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró una emergencia nacional para reforzar la seguridad del sistema eléctrico de alta tensión del país frente a riesgos asociados con equipos producidos en el extranjero. La orden ejecutiva busca limitar la adquisición e instalación de componentes que, según la Casa Blanca, puedan presentar vulnerabilidades de seguridad nacional o facilitar interferencias de actores extranjeros.

La medida fue adoptada bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA) y la Ley Nacional de Emergencias (National Emergencies Act, NEA). La Administración sostuvo que la dependencia de equipos eléctricos fabricados fuera de Estados Unidos constituye una amenaza “inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional, la política exterior y la economía del país.

La Casa Blanca señaló que el rápido crecimiento de la manufactura avanzada, los centros de datos, la inteligencia artificial y la producción para defensa ha incrementado la dependencia de Estados Unidos de un suministro eléctrico abundante y confiable. Según la orden, algunos equipos extranjeros podrían incorporar vulnerabilidades tecnológicas, incluidos mecanismos de acceso remoto, además de generar riesgos adicionales ante interrupciones en las cadenas internacionales de suministro.

En términos prácticos, la orden hace tres cosas:

• Prohíbe adquirir, importar, transferir o instalar equipos eléctricos de alta tensión de origen extranjero cuando el Secretario de Energía determine que provienen de una "Covered Foreign Entity" y que la transacción representa riesgo de sabotaje, acceso no autorizado, acción remota maliciosa o interrupción del suministro.
• Habilitas medidas retroactivas sobre equipos ya instalados. El Secretario puede imponer condiciones de uso, operación, mantenimiento y actualización, incluyendo requisitos para identificar, aislar, monitorear, asegurar, desconectar, reemplazar o remover el equipo, considerando previamente los efectos sobre confiabilidad, seguridad, disponibilidad de reemplazos y continuidad del servicio.
• Crea un mecanismo de proveedores confiables. Faculta al Secretario para establecer criterios y publicar una lista de equipos y proveedores pre-calificados, exentos de la prohibición.

A quién aplica. No es una medida por país ni un arancel. Solo se activa frente a una "Covered Foreign Entity", definida como un país, o persona bajo su jurisdicción o control, sujeto a un embargo de armas o régimen de sanciones de EE.UU. bajo el ITAR (22 C.F.R. 126.1), o que el Secretario de Energía determine que actúa en detrimento de la seguridad nacional o la política exterior estadounidense. Colombia no está en esa categoría.

Qué equipos cubre. Transformadores de subestación, inversores conectados a red a escala de servicio público, sistemas de almacenamiento en baterías (BESS), UPS que soportan infraestructura crítica, reactores, capacitores, generadores, reguladores de tensión, reconectadores, transformadores de instrumentación, relés de protección, equipos de medición, interruptores de alta tensión, turbinas de generación, sistemas de control industrial (RTU, PLC, IED), sistemas de control distribuido y sistemas instrumentados de seguridad.

Qué NO cubre. La definición aplica a líneas de transmisión de 69 kV o más y excluye expresamente las instalaciones utilizadas en la distribución local de energía.

El Departamento de Energía tendrá un plazo de 120 días para publicar las regulaciones necesarias para implementar la orden y deberá identificar los equipos que presenten mayores riesgos, mientras que en un plazo de 180 días propondrá cambios a las reglas federales de contratación para incorporar criterios de seguridad nacional y priorizar infraestructura energética fabricada en Estados Unidos. Con ello, la Administración busca reducir la exposición de la red eléctrica a proveedores considerados de riesgo y fortalecer la producción doméstica de componentes energéticos.

Implicaciones para Colombia

Para Colombia, el impacto inmediato de la orden es limitado, ya que la medida no establece una prohibición general sobre equipos provenientes de todos los países ni identifica al país como una jurisdicción restringida. El elemento determinante será la regulación que publique el Departamento de Energía de Estados Unidos en los próximos 120 días, especialmente la definición de las entidades extranjeras cubiertas y los criterios para establecer qué equipos y proveedores representan un riesgo. En este sentido, la exposición de Colombia dependerá menos del origen colombiano del producto y más de la trazabilidad de sus componentes, software, firmware y proveedores, particularmente cuando existan vínculos con países o empresas considerados sensibles por Washington.

La medida adquiere relevancia comercial porque Colombia ya mantiene una participación importante en el mercado estadounidense de maquinaria y equipos eléctricos. En 2025, las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos de maquinaria, aparatos y material eléctrico alcanzaron US$503,2 millones, frente a US$446,3 millones en 2024, lo que representa un crecimiento de 12,8%. Esta evolución muestra que existe una base exportadora relevante que podría verse beneficiada por una eventual diversificación estadounidense de proveedores. En particular, la Orden Ejecutiva 14420 abre una oportunidad para los transformadores colombianos como proveedores extranjeros confiables, en momentos en que Estados Unidos busca reducir vulnerabilidades y diversificar las cadenas de suministro asociadas a su infraestructura eléctrica. Colombia tiene capacidad instalada, acuerdo comercial vigente, proximidad logística y huso horario compatible. Es la definición operativa de nearshoring aplicada a un bien de capital, no a una maquila.

Esa oportunidad viene acompañada de nuevos riesgos para los equipos destinados a infraestructura eléctrica crítica, particularmente los transformadores de potencia. La implementación de la orden podría traducirse en mayores controles sobre el origen de los equipos y sus componentes, la identidad y jurisdicción de los proveedores, las características de software y firmware, los estándares de ciberseguridad y las capacidades de acceso remoto. Esto implica para las empresas colombianas interesadas en ampliar su participación en el mercado estadounidense exigencias de trazabilidad y cumplimiento, así como posibles restricciones futuras si sus cadenas de suministro incorporan componentes o proveedores vinculados con entidades consideradas de riesgo.

Este escenario coincide con un momento de mayor acercamiento entre Estados Unidos y Colombia, en el que ambos gobiernos han buscado profundizar la cooperación en seguridad y avanzar en asuntos comerciales pendientes. La incorporación de Colombia a nuevas iniciativas regionales contra el narcotráfico, las conversaciones para reducir las barreras que actualmente afectan determinadas exportaciones colombianas y los avances regulatorios internos en temas como la prohibición de bienes producidos mediante trabajo forzoso muestran una agenda bilateral que está incorporando de manera creciente criterios de seguridad económica y confiabilidad de las cadenas de suministro.

En este marco, Colombia podría buscar que la seguridad de las cadenas de suministro eléctricas se incorpore a la agenda comercial bilateral para posicionarse como un socio confiable y cercano para el abastecimiento de infraestructura estratégica estadounidense.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC), modificó este jueves ocho licencias generales relacionadas con Venezuela, ampliando y actualizando las condiciones bajo las cuales empresas estadounidenses pueden realizar determinadas operaciones en los sectores petrolero, gasífero, petroquímico, minero, eléctrico y de telecomunicaciones. Las autorizaciones corresponden a las licencias 46D, 47B, 48C, 50C, 51C, 52B, 54B y 61A, que sustituyen versiones anteriores de estas medidas.

Uno de los principales cambios introducidos por OFAC es la eliminación de la obligación de que los contratos autorizados con el Gobierno venezolano, Petróleos de Venezuela (PDVSA) u otras entidades cubiertas deban regirse e interpretarse necesariamente conforme a las leyes de una jurisdicción estadounidense. El Tesoro explicó que la modificación responde a reformas relacionadas con la inversión adoptadas por Venezuela desde enero de 2026 y señaló que busca respaldar la reinversión de empresas estadounidenses en el país. Sin embargo, los contratos deberán mantener mecanismos de resolución de controversias en Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Singapur.

La Licencia General 46D autoriza a empresas estadounidenses establecidas antes del 29 de enero de 2025 a participar en operaciones vinculadas con petróleo y productos petroquímicos de origen venezolano, incluidas su extracción desde terminales o instalaciones, exportación, reexportación, compra, venta, almacenamiento, comercialización, transporte y refinación. La autorización también comprende servicios logísticos, seguros marítimos y operaciones portuarias, mientras que la definición de productos petroquímicos incorpora fertilizantes y diversos insumos utilizados para su producción.

La Licencia 47B permite la exportación, reexportación, venta, almacenamiento, transporte y suministro a Venezuela de diluyentes de origen estadounidense utilizados para facilitar el procesamiento y transporte de crudo pesado. Por su parte, la Licencia 48C autoriza a personas y empresas estadounidenses a suministrar bienes, tecnología, software y servicios destinados a la exploración, desarrollo y producción de petróleo, gas y productos petroquímicos, además de actividades relacionadas con la generación, transmisión, almacenamiento y distribución de electricidad en Venezuela.

En el sector de hidrocarburos, la Licencia 50C mantiene autorizadas las operaciones en Venezuela de seis compañías internacionales y sus subsidiarias: BP, Chevron, Eni, Maurel & Prom, Repsol y Shell. La licencia permite transacciones relacionadas con sus actividades petroleras y gasíferas, incluso cuando involucren al Gobierno venezolano o a PDVSA, aunque mantiene restricciones sobre la forma en que pueden realizarse determinados pagos.

Las modificaciones también abarcan el sector minero. La Licencia 51C autoriza a empresas estadounidenses establecidas a comprar, vender, transportar, almacenar, procesar y refinar minerales de origen venezolano, incluido oro, y permite transacciones con la empresa estatal Minerven. No obstante, esta licencia no autoriza por sí misma actividades de exploración, desarrollo, extracción o producción minera dentro de Venezuela ni la creación de nuevas empresas conjuntas destinadas a estas actividades.

Para esas operaciones, la Licencia 54B permite que personas estadounidenses suministren bienes, tecnología, software y servicios destinados a la exploración, desarrollo, extracción, procesamiento, refinación y producción de minerales, incluido oro, en Venezuela. También comprende servicios de mantenimiento y reparación de equipos utilizados por la industria minera, aunque continúa prohibiendo la creación de nuevas empresas conjuntas para desarrollar proyectos mineros en el país.

La Licencia 52B tiene un alcance más amplio sobre PDVSA y autoriza determinadas transacciones que de otra forma estarían prohibidas por las sanciones estadounidenses cuando sean realizadas por empresas establecidas en Estados Unidos. Sin embargo, mantiene fuera de la autorización operaciones relacionadas con determinados bonos y deuda del Gobierno venezolano o de PDVSA, transferencias de participaciones estatales, ejecución de sentencias sobre activos bloqueados y transacciones con otras personas incluidas en la lista estadounidense de nacionales especialmente designados.

En telecomunicaciones, la Licencia 61A permite suministrar desde Estados Unidos bienes, tecnología, software y servicios para instalar, mantener, reparar, modernizar y operar redes venezolanas, incluidas operaciones con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV). La autorización cubre servicios de internet, telefonía, datos, radio y televisión, además de infraestructura satelital y cables submarinos, arrendamiento de capacidad, software y servicios de soporte, aunque excluye la creación de nuevas empresas conjuntas para invertir en el sector.

Las licencias mantienen además diversas restricciones destinadas a limitar la participación de determinados terceros países y actores sancionados. Dependiendo de la autorización, quedan excluidas operaciones que involucren personas o empresas vinculadas con Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y China, así como transacciones con embarcaciones bloqueadas. OFAC también prohíbe determinadas modalidades de pago, incluidos canjes de deuda, pagos en oro y operaciones denominadas en monedas o activos digitales emitidos por el Gobierno venezolano.

Las autorizaciones mantienen igualmente controles sobre los recursos pagados a entidades bloqueadas. En varias de las licencias, los pagos monetarios al Gobierno venezolano, PDVSA, Minerven u otras personas bloqueadas, salvo determinados impuestos, permisos y tasas, deberán dirigirse a los Foreign Government Deposit Funds u otras cuentas designadas por el Tesoro estadounidense. Las empresas también tendrán obligaciones periódicas de reporte sobre las operaciones realizadas, incluyendo información sobre partes involucradas, montos, productos, destinos y pagos efectuados.

Estados Unidos, Colombia y Ecuador coordinarán operaciones antidrogas en la zona fronteriza entre territorio colombiano y ecuatoriano, donde mantienen presencia distintos grupos armados ilegales. El anuncio fue realizado por el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, quien señaló que la estrategia incluirá labores de vigilancia y acciones conjuntas contra estructuras vinculadas con economías ilícitas.

Loffredo explicó que las fuerzas de ambos países desplegarán unidades militares en la frontera y desarrollarán “operaciones de vigilancia”, además de actuar conjuntamente contra los grupos armados irregulares que operan en el área. Según el funcionario, Estados Unidos también participará en las estrategias previstas para reforzar las capacidades de seguridad y combate al narcotráfico.

El ministro no detalló todavía el alcance operativo de la participación estadounidense ni precisó qué unidades o capacidades serían desplegadas. Tampoco se ha informado un cronograma para el inicio de las acciones, por lo que la definición de los mecanismos específicos de coordinación entre los tres países permanece pendiente.

El anuncio se produce en medio de un fortalecimiento de la cooperación de Estados Unidos y Colombia en materia de seguridad y narcotráfico tras la llegada del presidente Abelardo De La Espriella al Gobierno. En las últimas semanas, Colombia también ha avanzado en nuevos mecanismos regionales de coordinación contra los carteles y organizaciones vinculadas al tráfico de drogas.

Desde Ecuador, el Gobierno del presidente Daniel Noboa ha planteado la necesidad de reforzar las operaciones en la frontera con Colombia, una zona en la que las autoridades ecuatorianas han advertido sobre la presencia y movilidad de estructuras armadas. Durante la Administración colombiana anterior, Quito había expresado cuestionamientos sobre el nivel de cooperación bilateral frente al crimen organizado en esta región.

Loffredo sostuvo que el cambio de Gobierno en Colombia abre una “oportunidad dorada” para ampliar la coordinación entre ambos países y afirmó que las administraciones de De La Espriella y Noboa comparten la intención de aumentar la presión contra los grupos ilegales. El funcionario destacó además el respaldo de Estados Unidos a los esfuerzos regionales, aunque los detalles de esa cooperación deberán definirse entre los tres gobiernos.

Las futuras operaciones podrían ampliar la coordinación de inteligencia, vigilancia y acciones militares contra rutas del narcotráfico y organizaciones armadas presentes en la frontera entre Colombia y Ecuador. El anuncio se suma a una estrategia regional en la que Estados Unidos ha buscado fortalecer la cooperación con gobiernos latinoamericanos para contener el tráfico de drogas y debilitar las estructuras criminales transnacionales.

Estados Unidos reafirmó su compromiso con la seguridad colectiva de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y aseguró que Europa continúa siendo un “interés fundamental” para Washington, aunque la Administración del presidente Donald Trump mantiene como prioridades estratégicas el hemisferio occidental y la primera cadena de islas en el Indo-Pacífico. El mensaje fue transmitido por el subsecretario de Defensa, Elbridge Colby, durante una reunión en Bruselas con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Colby destacó los avances de los aliados europeos para asumir una mayor responsabilidad sobre la defensa del continente y señaló que Estados Unidos mantiene su compromiso con la Alianza mientras Europa toma la iniciativa en el apoyo a Ucrania. Rutte coincidió en que los países europeos han fortalecido sus capacidades durante los últimos años, aunque afirmó que todavía existen áreas en las que deben aumentar sus esfuerzos.

Las declaraciones se produjeron después de conocerse una visita a Moscú del director de la Agencia Central de Inteligencia (Central Intelligence Agency, CIA), John Ratcliffe. Según reportes de medios estadounidenses que citaron evaluaciones y funcionarios de inteligencia, uno de los objetivos del viaje habría sido advertir al Gobierno ruso contra eventuales operaciones militares o híbridas en territorio de países miembros de la OTAN; las autoridades estadounidenses no han divulgado públicamente todos los detalles de la visita.

De acuerdo con esos reportes, las preocupaciones incluyen posibles ciberataques, sabotajes u otras acciones que no alcancen el nivel de una confrontación militar convencional, pero que puedan poner a prueba la cohesión de la Alianza. Las advertencias se producen después de varios incidentes que han generado preocupación entre los aliados europeos, entre ellos incursiones de drones, la entrada de un misil ruso en territorio polaco y un aumento de presuntos actos de sabotaje y ataques cibernéticos atribuidos a actores vinculados con Rusia.

Colby también se refirió al modelo denominado “OTAN 3.0”, promovido por Washington para que los países europeos asuman la responsabilidad principal de su defensa convencional, al tiempo que Estados Unidos revisa su postura militar en el continente. El funcionario señaló que la Administración quiere evaluar cómo se mantendrán a largo plazo las mayores inversiones en defensa realizadas por países como Polonia, Alemania y Países Bajos, además de revisar asuntos relacionados con bases, despliegues y sobrevuelos.

La Administración Trump anunció en junio una revisión de seis meses sobre el despliegue de fuerzas estadounidenses en Europa, proceso que se desarrolla paralelamente a la presión de Washington para que sus aliados incrementen su participación en la defensa regional. Durante su visita a Bélgica, Colby también se reunió con el embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew Whitaker, y con personal del Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa (SHAPE).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario por “lago América”, una decisión que llega en medio de una nueva escalada de tensiones políticas y comerciales con Canadá.

“Sobre el cambio a ‘lago América’ es algo en lo que llevo pensando mucho tiempo”, afirmó Trump al referirse a la medida. El mandatario ya había adelantado esta posibilidad el martes a través de sus redes sociales, antes de formalizarla mediante la orden ejecutiva.

El anuncio se produjo después de un intercambio de críticas entre Trump y el jefe de Gobierno de la provincia canadiense de Ontario, Doug Ford, en medio de las disputas comerciales entre Estados Unidos y Canadá. En los últimos días, ambos gobiernos han endurecido su discurso en torno a los aranceles y otras medidas comerciales.

Trump volvió a cuestionar la relación comercial bilateral y sostuvo que Canadá “se ha estado aprovechando de Estados Unidos en materia comercial desde hace mucho tiempo”. Estas declaraciones forman parte de las críticas recurrentes del mandatario hacia los términos del intercambio entre ambos países.

La decisión sobre el lago Ontario se suma a otras iniciativas de la Administración Trump orientadas a modificar denominaciones geográficas oficiales dentro de Estados Unidos. La aplicación concreta del cambio dependerá ahora de las instrucciones que reciban las agencias federales responsables de mapas, documentos y referencias geográficas oficiales.

El episodio ocurre mientras Estados Unidos y Canadá atraviesan un periodo de mayor tensión comercial, con nuevas medidas arancelarias y negociaciones abiertas sobre distintos aspectos de la relación bilateral. El cambio de nombre añade un nuevo componente político a una disputa que hasta ahora se había concentrado principalmente en comercio y aranceles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Rusia no atacará territorio de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y afirmó que ha mantenido “buenas conversaciones” con su homólogo ruso, Vladimir Putin. El mandatario hizo estas declaraciones ante periodistas en el Despacho Oval, aunque no precisó cuándo tuvo lugar su conversación más reciente con el líder ruso.

“He tenido buenas conversaciones con él. No va a atacar territorio de la OTAN”, afirmó Trump al ser consultado sobre las intenciones de Moscú. El presidente evitó ofrecer detalles sobre la visita realizada esta semana a Rusia por el director de la Agencia Central de Inteligencia (Central Intelligence Agency, CIA), John Ratcliffe, viaje que previamente había descrito como “semirutinario”.

Según reportes de medios estadounidenses, Ratcliffe habría utilizado su visita a Moscú para advertir al Gobierno ruso contra eventuales ataques o provocaciones dirigidas a países miembros de la OTAN. Las informaciones surgieron después de que evaluaciones de inteligencia estadounidenses apuntaran a posibles operaciones rusas contra territorio aliado, incluidas acciones híbridas o cibernéticas.

La visita del director de la CIA se produjo en medio de una mayor preocupación entre los aliados de la OTAN por la actividad rusa en Europa. Washington reafirmó esta semana su compromiso con la seguridad colectiva de la Alianza, al tiempo que continúa impulsando una mayor responsabilidad de los países europeos en su propia defensa y revisando el despliegue de fuerzas estadounidenses en el continente.

El Kremlin negó este jueves que Rusia tenga intención de atacar a algún miembro de la OTAN. El portavoz presidencial Dmitri Peskov sostuvo que las versiones sobre posibles operaciones rusas contra países aliados “no tienen nada que ver con la realidad ni con las intenciones de la Federación Rusa” y acusó a varios gobiernos europeos de mantener una política hostil hacia Moscú.

La Administración del presidente Donald Trump habría pedido al Gobierno de Claudia Sheinbaum intensificar las acciones para impedir que ciudadanos mexicanos intenten cruzar irregularmente hacia Estados Unidos, según informó Bloomberg citando a personas familiarizadas con una reunión celebrada esta semana en Washington. El mensaje habría sido transmitido por el secretario de Estado, Marco Rubio, al canciller mexicano Roberto Velasco durante un encuentro privado.

De acuerdo con Bloomberg, la solicitud se produce después de un aumento reciente de las detenciones de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos. En julio se registraron alrededor de 33.800 detenciones, el nivel mensual más alto desde febrero de 2025, aunque la cifra continúa muy por debajo de los máximos observados en años anteriores.

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó oficialmente que Rubio pidió “acciones decisivas” para reducir la migración irregular hacia territorio estadounidense, detener el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas y desmantelar cárteles y organizaciones designadas como terroristas. El comunicado, sin embargo, no señaló expresamente que Washington hubiera solicitado impedir la salida de ciudadanos mexicanos, una versión atribuida únicamente a las fuentes consultadas por Bloomberg.

La posición mexicana difundida después del encuentro puso mayor énfasis en los avances bilaterales en seguridad y en la cooperación contra el tráfico de drogas, armas y la delincuencia organizada transnacional. La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que Velasco reiteró que la colaboración entre ambos países debe mantenerse bajo principios de respeto a la soberanía, integridad territorial, responsabilidad compartida y coordinación “sin subordinación”.

La discusión migratoria también se desarrolla dentro de un marco jurídico complejo en México, donde la Constitución reconoce el derecho de las personas a entrar y salir del territorio nacional. Esto limita la capacidad del Gobierno para impedir de manera general que un ciudadano viaje por el solo hecho de pretender dirigirse hacia la frontera, aunque las autoridades sí pueden actuar contra delitos como el tráfico de personas y reforzar controles en zonas fronterizas.

El encuentro entre Rubio y Velasco también abordó otros asuntos prioritarios de la relación bilateral, entre ellos el combate al fentanilo, las organizaciones criminales y la protección de ciudadanos mexicanos sometidos a procedimientos migratorios en Estados Unidos. Ambas partes coincidieron en mantener abiertos los canales de coordinación, aunque sus comunicados posteriores reflejaron énfasis distintos sobre las responsabilidades de cada país.

La presión migratoria se suma a una agenda bilateral que también incluye negociaciones comerciales y de seguridad. Mientras Washington busca mayores resultados frente a los flujos migratorios y el narcotráfico, México insiste en un enfoque basado en corresponsabilidad y respeto a la soberanía, lo que mantiene abiertas diferencias sobre el alcance de las medidas que cada gobierno está dispuesto a adoptar.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió en Washington con el canciller de México, Roberto Velasco, para revisar la cooperación bilateral en seguridad y migración, con énfasis en el combate al tráfico de fentanilo y las organizaciones criminales. El encuentro fue el primer diálogo formal entre ambos funcionarios desde que Velasco asumió el cargo.

Rubio señaló que durante la reunión discutieron acciones para contener la migración irregular, frenar el tráfico de fentanilo y desmantelar organizaciones designadas como terroristas extranjeras y carteles. El encuentro tuvo una duración aproximada de una hora y media y concluyó sin una comparecencia conjunta ante los medios, aunque ambos gobiernos difundieron posteriormente información sobre las conversaciones.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, respaldó el encuentro y afirmó que refleja el compromiso de ambos países de convertir sus prioridades compartidas en “acciones concretas”. Según el diplomático, Estados Unidos y México continuarán trabajando mediante una coordinación estrecha para enfrentar el narcotráfico, debilitar a los carteles y reducir la migración irregular.

La reunión se produce en momentos en que Washington ha aumentado la presión sobre México para obtener resultados frente al tráfico de drogas y las organizaciones criminales transnacionales. Al mismo tiempo, el Gobierno mexicano ha insistido en que la cooperación bilateral en seguridad debe desarrollarse bajo criterios de respeto a su soberanía y mediante mecanismos acordados entre ambos países.

El diálogo en materia de seguridad coincidió con conversaciones comerciales que también se desarrollan en Washington, donde el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, busca avanzar en un acuerdo que evite nuevas medidas arancelarias sobre productos mexicanos. Las negociaciones tienen lugar mientras Estados Unidos, México y Canadá enfrentan nuevas tensiones comerciales relacionadas con el futuro del USMCA.

La agenda bilateral mantiene así abiertos simultáneamente los frentes de seguridad, migración y comercio. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha señalado que existe comunicación permanente entre ambos gobiernos, mientras Washington busca profundizar la cooperación contra el fentanilo y los carteles y las autoridades mexicanas procuran avanzar en las negociaciones comerciales pendientes.

La Casa Blanca afirmó que Estados Unidos no mantiene actualmente negociaciones activas con Irán para poner fin al conflicto iniciado en febrero. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, señaló que las conversaciones no se reanudarán hasta que el presidente Donald Trump considere que Teherán está dispuesto a participar de manera significativa en un proceso diplomático.

“No se están produciendo negociaciones en este momento”, afirmó Leavitt en una entrevista con Fox News, en la que sostuvo que Washington todavía no ha observado una disposición suficiente por parte de Irán para regresar a la mesa. La portavoz agregó que Trump mantiene “todas las opciones sobre la mesa” respecto a la evolución del conflicto.

Leavitt indicó además que continúa vigente el bloqueo naval estadounidense y afirmó que Estados Unidos mantiene una posición predominante sobre el estrecho de Ormuz, declaración que ha sido rechazada por Teherán, que reivindica su autoridad sobre esta ruta marítima estratégica. Trump aseguró esta semana que las fuerzas estadounidenses han avanzado en el desminado del estrecho y advirtió a Irán contra la instalación de nuevos explosivos.

Paralelamente, Washington busca aumentar la presión económica mediante la operación “Paria económico”, anunciada esta semana con el objetivo de ampliar las sanciones contra actores que mantengan relaciones comerciales con Irán. Trump sostuvo previamente que no tiene prisa por retomar las conversaciones y afirmó que tanto las medidas económicas como las acciones militares continúan siendo instrumentos disponibles para su Administración.

El conflicto enfrenta además un respaldo decreciente entre la población estadounidense. Una encuesta de Reuters/Ipsos publicada esta semana situó en 31% el apoyo a la guerra contra Irán, frente al 34% registrado a comienzos de agosto y al 37% observado en marzo, poco después del inicio de las hostilidades.