La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió la Licencia General 52C, que reemplaza en su totalidad a la 52B del 27 de agosto y mantiene el marco que permite a determinadas empresas estadounidenses realizar transacciones con Petróleos de Venezuela (PdVSA) y las entidades en las que la petrolera estatal tenga una participación directa o indirecta de al menos 50%. La nueva versión no modifica de manera sustancial el universo de operaciones comerciales autorizado, pero introduce dos ajustes relevantes para la ejecución de contratos y para la estructura corporativa vinculada a Citgo.

 

La base de la licencia permanece prácticamente intacta frente a la 52B. Las entidades estadounidenses constituidas a más tardar el 29 de enero de 2025 pueden continuar realizando las transacciones autorizadas con PdVSA, siempre que los contratos establezcan que cualquier procedimiento de resolución de disputas tendrá lugar en Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Singapur. Asimismo, los pagos monetarios destinados a personas bloqueadas, salvo impuestos, permisos o tarifas locales, deben canalizarse hacia los Foreign Government Deposit Funds o hacia otra cuenta instruida por el Departamento del Tesoro. Estas condiciones ya estaban incluidas en la 52B y permanecen sin cambios en la 52C.

 

El principal cambio aparece en un nuevo apartado que autoriza expresamente la ejecución y firma de contratos, acuerdos u otros documentos por parte de individuos bloqueados bajo las Regulaciones de Sanciones de Venezuela, siempre que actúen exclusivamente en su capacidad oficial como funcionarios, empleados o representantes autorizados de PdVSA o de una entidad controlada por la petrolera. La autorización solo cubre los actos ordinariamente necesarios para concretar operaciones que ya están permitidas por la licencia y no constituye un levantamiento general de las sanciones sobre esas personas.

 

Este ajuste resuelve una limitación operativa que permanecía en la 52B. La versión anterior autorizaba ampliamente las transacciones con PdVSA, pero mantenía la prohibición sobre operaciones que involucraran a otras personas incluidas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN), sin establecer una excepción específica para funcionarios sancionados que tuvieran que firmar los documentos necesarios para una operación autorizada. La 52C conserva esa prohibición, pero ahora incorpora expresamente la excepción para las actuaciones cubiertas por el nuevo apartado. En la práctica, OFAC reduce la incertidumbre de cumplimiento para las empresas estadounidenses al momento de formalizar contratos con PdVSA cuando la contraparte debe actuar mediante representantes individualmente bloqueados.

 

El segundo cambio sustantivo es una nueva restricción relacionada con Citgo. La 52C establece que la licencia no autoriza ninguna transacción destinada a afectar o modificar la gobernanza de PDV Holding, Inc., Citgo Holding, Inc. o CITGO Petroleum Corporation, incluida la designación, remoción o sustitución de directores, funcionarios u otros responsables de gobierno corporativo. Esta prohibición no figuraba en la 52B, cuya lista de exclusiones terminaba con las operaciones relacionadas con embarcaciones bloqueadas. Con ello, OFAC separa expresamente la apertura para operaciones comerciales con PdVSA de cualquier actuación que pueda alterar el control o la administración de la estructura corporativa de Citgo en Estados Unidos.

 

Fuera de esas modificaciones, la arquitectura restrictiva se mantiene. La licencia continúa sin autorizar operaciones vinculadas con determinados bonos y deuda del Gobierno de Venezuela o de PdVSA, acuerdos para ejecutar gravámenes o decisiones judiciales sobre propiedad bloqueada, condiciones de pago que no sean comercialmente razonables, canjes de deuda, pagos en oro o determinadas monedas digitales venezolanas. También siguen excluidas ciertas operaciones relacionadas con Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba, así como determinadas entidades venezolanas o estadounidenses vinculadas mediante propiedad, control o empresas conjuntas con personas de China; tampoco se permite desbloquear propiedad previamente inmovilizada ni realizar operaciones con embarcaciones bloqueadas.

 

Para las empresas con operaciones, matrices o socios en Estados Unidos, la 52C obliga a revisar tres puntos antes de avanzar en cualquier contrato con PDVSA o sus filiales: que quien firme por la contraparte actúe exclusivamente en su capacidad oficial, que la cláusula de resolución de disputas designe a Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Singapur, y que ninguna operación afecte la gobernanza de PDV Holding, Citgo Holding o CITGO Petroleum.

 

DESARROLLO DE NOTICIAS

 

DIPLOMACIA

Enviada especial de Estados Unidos recibe a Embajadora colombiana

 

La enviada especial de Estados Unidos para el Escudo de las Américas, Kristi Noem señaló que Estados Unidos espera continuar la asociación con Colombia para fortalecer la cooperación regional y construir un hemisferio occidental más seguro. El cargo de enviada especial fue creado el 5 de marzo y la coalición opera bajo la supervisión del secretario de Estado, Marco Rubio.

 

Colombia se incorporó como miembro número 19 de la coalición, formalmente denominada Americas Counter Cartel Coalition, tras la firma del ministro de Defensa, Jorge Enrique Mora, con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, durante una reunión celebrada en Panamá en agosto.

 

La iniciativa se originó en una declaración conjunta de seguridad suscrita el 5 de marzo de 2026 y en una cumbre inaugural celebrada en Doral, Florida, con la participación de doce jefes de Estado y de Gobierno. Colombia no asistió a ese encuentro bajo la administración anterior. El ingreso del país fue anunciado por el presidente Abelardo De la Espriella en su discurso de posesión del 7 de agosto.

 

Según el Ministerio de Defensa de Colombia, el instrumento busca fortalecer el trabajo conjunto entre la fuerza pública colombiana y el Departamento de Guerra estadounidense mediante el intercambio de información, la coordinación de esfuerzos y el aumento de la efectividad operacional frente a organizaciones criminales.

 

Araújo Castro fue designada embajadora el 17 de agosto, tras el beneplácito del Gobierno estadounidense, y presentó copias de estilo de sus cartas credenciales a la jefa de Protocolo de Estados Unidos, Monica Crowley, el 10 de septiembre. Su agenda inicial incluyó una reunión con el subsecretario adjunto de Guerra para las Américas, Joseph Humire, sobre la agenda bilateral de seguridad.

 

El ingreso se enmarca en el paquete anunciado por el Departamento de Estado el 7 de agosto, que contempla la intención de destinar US$1.000 millones en asistencia en seguridad a Colombia, sujeta a aprobación del Congreso estadounidense.

 

ECONOMÍA

Bono del Tesoro a 10 años alcanza el 5% antes de la decisión de la Reserva Federal

 

El rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años alcanzó este lunes el 5% por primera vez desde 2023, en medio de un aumento de los precios del petróleo y a pocos días de una nueva decisión de política monetaria. El rendimiento marcó un máximo intradía de 5,014%, su nivel más alto desde octubre de 2023, y luego retrocedió hasta 4,947% en la tarde de Nueva York

 

Este título es una de las principales referencias para las condiciones financieras en Estados Unidos y tiene incidencia sobre tasas de préstamos e hipotecas. El rendimiento había superado brevemente el 5% en octubre de 2023 y, antes de ese episodio, no alcanzaba ese nivel desde 2007, por lo que un aumento sostenido podría traducirse en mayores costos de financiamiento para hogares y empresas.

 

El movimiento se produce mientras el petróleo intermedio de Texas (WTI) se mantiene por encima de US$104 por barril, en medio de las tensiones derivadas de la guerra en Oriente Medio y la intensificación de los combates en el mar Rojo. El encarecimiento de la energía ha reforzado las preocupaciones sobre nuevas presiones inflacionarias, llevando a los inversionistas a exigir mayores rendimientos para mantener deuda estadounidense.

 

El mercado también está pendiente de la decisión que anunciará este miércoles la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) tras la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (Federal Open Market Committee, FOMC). De acuerdo con el CME FedWatch Tool, los mercados asignan una probabilidad superior al 90% a un aumento de la tasa de referencia hasta un rango de entre 3,75% y 4%.

 

Las expectativas de un mayor costo del dinero han presionado a la baja los precios de los bonos y al alza sus rendimientos. El bono del Tesoro a dos años avanzaba 2 puntos básicos hasta 4,666%, mientras el título a 30 años subía 2,3 puntos básicos hasta 5,377%, reflejando un ajuste generalizado en la curva de deuda estadounidense.

 

ECONOMÍA

EPA elimina los límites de emisiones para plantas de carbón y gas

 

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (Environmental Protection Agency, EPA) anunció este lunes la eliminación de las normas federales que limitaban las emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas alimentadas con carbón y gas natural. La agencia sostuvo que la medida permitirá reducir más de US$300.000 millones en costos para la industria y facilitar una mayor producción de energía en el país.

 

La decisión revierte regulaciones adoptadas durante las administraciones de Joe Biden y Barack Obama para reducir las emisiones del sector eléctrico. La EPA señaló que la eliminación de estos requisitos dará mayor margen a las empresas de servicios públicos para decidir qué plantas mantener operativas, mientras grupos ambientalistas y de salud pública cuestionaron la medida por sus posibles efectos sobre la contaminación y la salud.

 

La administración también propuso una regulación adicional que podría limitar la capacidad de futuros gobiernos para volver a imponer restricciones sobre las emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas. La iniciativa sigue una decisión adoptada previamente por la EPA para retirar una determinación científica que servía como fundamento para regular este tipo de emisiones bajo la Ley de Aire Limpio.

 

El anuncio se produjo durante la reunión ministerial del G20 sobre “abundancia energética” que se celebra en Houston y que cuenta con la participación del administrador de la EPA, Lee Zeldin; el secretario del Interior, Doug Burgum; y el secretario de Energía, Chris Wright. La administración Trump ha situado la expansión de la producción energética y la reducción de regulaciones entre sus principales prioridades para atender el aumento de la demanda eléctrica.

 

Zeldin sostuvo que las regulaciones anteriores imponían costos excesivos al sector energético y afectaban la confiabilidad de la red eléctrica. Organizaciones de la industria del carbón también respaldaron la decisión y señalaron que mantener centrales existentes puede contribuir a responder al crecimiento de la demanda proveniente de centros de datos, inteligencia artificial y manufactura avanzada.

 

Organizaciones ambientales y de salud pública anunciaron que impugnarán la medida ante los tribunales. Estos grupos sostienen que la eliminación de los límites podría elevar las emisiones de dióxido de carbono y otros contaminantes, mientras la administración argumenta que las emisiones provenientes de centrales de carbón y gas representan una proporción limitada y decreciente del total global.

 

Las plantas de generación alimentadas con carbón, gas y petróleo representan aproximadamente una cuarta parte de las emisiones estadounidenses asociadas al cambio climático, por detrás del sector transporte. La eliminación de las normas forma parte de una agenda más amplia de desregulación ambiental impulsada por la administración Trump, que también ha revertido estándares aplicables a vehículos y otras fuentes de emisiones.

 

ECONOMÍA

Venezuela participará en reunión energética del G20 en Texas por invitación de Estados Unidos

 

Venezuela participará en las reuniones sobre energía del Grupo de los Veinte (G20) que se celebran hasta el miércoles en Houston, Texas, tras una invitación del gobierno del presidente Donald Trump. La Casa Blanca confirmó la participación venezolana en los encuentros, que estarán centrados en asuntos relacionados con seguridad y abastecimiento energético.

 

La delegación venezolana estará encabezada previsiblemente por la ministra de Petróleo e Hidrocarburos, Paula Henao, y por Jovanny Martínez, vicepresidente ejecutivo de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Los representantes tienen previsto participar en encuentros bilaterales, actividades paralelas organizadas por el gobierno estadounidense y conversaciones con representantes de la industria energética.

 

La delegación, sin embargo, no participaría en las reuniones ministeriales oficiales que se desarrollan a puerta cerrada. Un funcionario estadounidense señaló que la administración Trump considera “imperativa” la participación de Venezuela en las conversaciones internacionales sobre abundancia y seguridad energética.

 

La presencia venezolana se produce menos de un mes después del acuerdo petrolero alcanzado entre Estados Unidos y Venezuela, que amplió la participación estadounidense en el sector energético venezolano. La visita también será al menos la tercera de Henao a Houston durante este año, en medio de los esfuerzos de Caracas por atraer inversión y empresas extranjeras hacia su industria petrolera.

 

La reunión coincide además con una nueva agenda de desregulación energética de la administración Trump, que prevé anunciar cambios en las normas que limitan las emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas estadounidenses. La participación venezolana se suma así a una etapa de mayor acercamiento bilateral en asuntos energéticos y de inversión.

 

MIGRACIÓN

Estados y ciudades demandan a la administración Trump por nueva regla sobre beneficios públicos

 

Un grupo de estados, condados y ciudades gobernados por demócratas presentó este lunes dos demandas contra la administración del presidente Donald Trump para bloquear una nueva regla migratoria que ampliaría los beneficios públicos que pueden ser considerados al evaluar solicitudes de residencia permanente. La medida permitiría que autoridades migratorias tengan en cuenta programas como asistencia alimentaria y Medicaid al determinar si una persona puede ser considerada una “carga pública”.

 

Las demandas fueron presentadas ante un tribunal federal de Manhattan y buscan impedir que la regulación entre en vigor el viernes. La norma del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) establece que quienes soliciten convertirse en residentes permanentes legales no deben ser considerados personas que dependen principalmente de prestaciones gubernamentales para su sostenimiento.

 

La regulación, anunciada en julio, retoma elementos de una política adoptada en 2019 durante el primer mandato de Trump y posteriormente abandonada por la administración de Joe Biden. En 2022, el gobierno de Biden estableció una definición más limitada de “carga pública”, bajo la cual podían considerarse ayudas monetarias como el ingreso de seguridad suplementario, pero quedaban excluidos beneficios no monetarios como Medicaid y los programas de asistencia alimentaria.

 

Con la nueva política, esos beneficios no monetarios podrán volver a ser considerados por los funcionarios migratorios al evaluar solicitudes de residencia. Los estados demandantes sostienen que la regulación no establece límites suficientemente claros sobre qué programas podrían afectar una solicitud, lo que, según argumentan, podría generar incertidumbre entre familias inmigrantes sobre el uso de beneficios para los que cumplen los requisitos legales.

 

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, afirmó que la norma podría llevar a algunas familias a renunciar a asistencia alimentaria, cobertura sanitaria y otros programas públicos por temor a afectar su situación migratoria. Nueva York, California e Illinois encabezan una de las demandas, respaldada por 23 estados y el Distrito de Columbia, mientras un segundo caso fue presentado por seis ciudades y condados, entre ellos Nueva York, Chicago, San Francisco y Seattle.

 

Los demandantes sostienen que la medida viola la Ley de Procedimiento Administrativo porque, según su interpretación, excede la autoridad legal del DHS y se aparta del significado que el Congreso ha dado históricamente al concepto de “carga pública”. La versión de 2019 enfrentó impugnaciones judiciales similares antes de que la administración Biden dejara de defenderla y adoptara posteriormente su propia regulación.

 

POLÍTICA

Trump rechaza nuevas restricciones a la inteligencia artificial

 

El presidente Donald Trump rechazó nuevos controles sobre el desarrollo de la inteligencia artificial y afirmó que mayores restricciones podrían perjudicar la posición de Estados Unidos frente a China. En una publicación en redes sociales, sostuvo que existe una “conspiración enfermiza” contra la inteligencia artificial y los centros de datos, al tiempo que defendió que su administración puede ejercer una supervisión suficiente sobre el sector.

 

Las declaraciones se producen en medio de llamados de líderes tecnológicos como Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, Sam Altman, de OpenAI, y Elon Musk para establecer una mayor supervisión gubernamental sobre el desarrollo de la inteligencia artificial. Estas propuestas buscan abordar asuntos relacionados con seguridad, responsabilidad legal, crecimiento económico, avances científicos y protección de la seguridad nacional.

 

Trump cuestionó esos planteamientos y afirmó que “el único control o ‘barrera de seguridad’ que necesita la inteligencia artificial es un presidente fuerte e inteligente, con un coeficiente intelectual alto”. También sostuvo que su administración ya ha intervenido para impedir que Anthropic realizara acciones que calificó como “malas o potencialmente malas”, en medio de una relación marcada por diferencias entre la compañía y el gobierno estadounidense sobre asuntos de seguridad.

 

El debate se intensificó después de que Amodei publicara un ensayo en el que planteó la necesidad de desacelerar el desarrollo de algunos sistemas de inteligencia artificial, mientras Microsoft presentó un código de conducta orientado a mantener el control humano sobre esta tecnología. Estas iniciativas se suman a advertencias recientes de expertos sobre los riesgos asociados con capacidades cada vez más avanzadas de los modelos de inteligencia artificial y su posible utilización en ciberataques.

 

Trump ha sostenido que una regulación más restrictiva podría favorecer a China en la competencia tecnológica y señaló que las críticas actuales responden, según su interpretación, al liderazgo estadounidense en inteligencia artificial. La administración ha colocado el desarrollo de esta tecnología entre sus prioridades económicas y considera que la expansión de centros de datos, infraestructura y capacidad informática puede contribuir a elevar la productividad y el crecimiento.

 

El tema también ha adquirido relevancia política de cara a las elecciones de medio término de noviembre, ante preocupaciones de algunos votantes por la expansión de centros de datos, el impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo y sus efectos en la educación. El vicepresidente JD Vance afirmó que la administración analiza los riesgos asociados con esta tecnología, pero advirtió que una regulación excesiva podría limitar la capacidad de Estados Unidos para competir con China y expresó reservas frente a las solicitudes de algunas compañías del sector para ampliar la intervención gubernamental.

 

POLÍTICA

Segundo juez federal frena la medida sobre el voto por correo

 

Un segundo juez federal suspendió temporalmente la aplicación de una medida impulsada por el presidente Donald Trump para modificar las reglas del voto por correo en Estados Unidos, mientras la Corte Suprema se prepara para pronunciarse sobre el asunto. La decisión impide por ahora que el Servicio Postal de Estados Unidos (United States Postal Service, USPS) implemente las nuevas disposiciones antes de las elecciones de medio término.

 

El juez federal Carl J. Nichols, del Distrito de Columbia, emitió el domingo una orden preliminar contra la regulación publicada el 21 de agosto. Nichols señaló que, sin una suspensión, aumentaría el riesgo de que una cantidad significativa de votos por correo o en ausencia que cumplen los requisitos no sean contabilizados en las próximas elecciones.

 

La decisión se suma a otra emitida por la jueza federal Indira Talwani en Boston, quien también prohibió al Servicio Postal aplicar las nuevas reglas antes de los comicios. La administración Trump apeló esa determinación ante la Corte Suprema, que actualmente analiza el caso y podría definir si las disposiciones pueden entrar en vigor.

 

Las regulaciones se derivan de una orden ejecutiva firmada por Trump y exigen, entre otras medidas, que los diseños de los sobres utilizados para las papeletas sean aprobados previamente por el Servicio Postal. También establecen que los estados carguen información sobre las personas que recibirán esas papeletas en un portal electrónico que todavía no se encuentra operativo.

 

Funcionarios electorales han señalado que implementar los cambios a pocas semanas de las elecciones generales generaría dificultades operativas, especialmente porque algunos estados ya comenzaron a enviar papeletas por correo. Alabama, Carolina del Norte y Wisconsin se encuentran entre los estados que ya iniciaron el proceso, mientras otros tienen previsto hacerlo durante esta semana.

 

La medida también ha generado cuestionamientos de trabajadores del Servicio Postal y de otros actores involucrados en la administración electoral. Trump, por su parte, ha cuestionado durante años el voto por correo y ha sostenido que este mecanismo puede facilitar irregularidades, mientras su administración busca establecer mayores controles sobre su utilización.

 

SALUD

Washington y Vietnam acuerdan una cooperación sanitaria de cinco años por US$98,75 millones

 

Estados Unidos y Vietnam firmaron el 11 de septiembre un Memorando de Entendimiento de cooperación sanitaria con una vigencia de cinco años, enmarcado en la estrategia America First Global Health Strategy de la administración del presidente Donald Trump. El acuerdo busca establecer un modelo de cooperación basado en la coinversión y en una mayor responsabilidad de los países receptores sobre sus propios sistemas y programas de salud.

 

A través del acuerdo, el Departamento de Estado de Estados Unidos, en coordinación con el Congreso, prevé proporcionar US$98,75 millones en asistencia sanitaria global durante los próximos cinco años. De este monto, US$21,385 millones estarán destinados específicamente a seguridad sanitaria global, con el objetivo de fortalecer la capacidad de Vietnam para detectar y responder a enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes.

 

Una parte central del memorando será la transición de los programas relacionados con VIH/sida y tuberculosis hacia una administración plenamente vietnamita durante el periodo de vigencia del acuerdo. Según el Departamento de Estado, la cooperación estadounidense estará orientada a preservar los avances alcanzados durante más de dos décadas de asistencia y facilitar que las instituciones sanitarias del país asuman progresivamente su financiación, operación y sostenibilidad.

 

El gobierno estadounidense proyecta que el gasto anual de Vietnam en salud aumentará de aproximadamente US$23.300 millones a US$33.800 millones durante los cinco años cubiertos por el memorando, un incremento cercano a US$10.500 millones. En materia de VIH, el acuerdo contempla ampliar la prevención, la identificación de casos y el acceso a tratamientos, mientras que para la tuberculosis se buscará fortalecer la detección y atención tempranas con el propósito de reducir la transmisión y la aparición de casos resistentes a medicamentos.

 

La nueva etapa de cooperación sanitaria también se incorpora a la Asociación Estratégica Integral entre Estados Unidos y Vietnam, que abarca áreas como comercio, seguridad e innovación. La administración Trump señaló que la estrategia sanitaria busca reducir la dependencia prolongada de asistencia externa, fortalecer sistemas nacionales de salud y mejorar la capacidad internacional para contener enfermedades que puedan representar riesgos para la población estadounidense.

 

El Departamento de Estado informó que, hasta el 11 de septiembre, había firmado 35 memorandos bilaterales bajo la America First Global Health Strategy. En conjunto, estos acuerdos representan más de US$24.700 millones en nuevos recursos para salud, incluidos más de US$14.600 millones en asistencia estadounidense y más de US$10.100 millones en coinversión de los países participantes, destinados principalmente a programas contra VIH/sida, malaria, tuberculosis y otras enfermedades infecciosas.

 

SALUD

Abbott pagará US$384 millones por acusaciones relacionadas con la producción de fórmula infantil

 

Abbott Laboratories acordó pagar más de US$384 millones para resolver acusaciones de que fabricó y vendió fórmula infantil producida en instalaciones que presentaban un riesgo significativo de contaminación, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos (U.S. Department of Justice, DOJ). El acuerdo no implica una determinación de responsabilidad y la compañía no admitió irregularidades.

 

Según el DOJ, Abbott conocía condiciones y procesos de fabricación en sus plantas de Sturgis, Michigan, y Casa Grande, Arizona, que podían aumentar el riesgo de contaminación, pero presuntamente no realizó pruebas adecuadas ni informó oportunamente a los reguladores sobre resultados positivos. Los productos fueron posteriormente adquiridos mediante programas financiados con recursos federales y estatales.

 

Parte de esos pagos procedieron del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (U.S. Department of Agriculture, USDA) y de Medicaid, cuyos recursos ayudan a subsidiar la compra de fórmula infantil para familias que cumplen los requisitos. El DOJ señaló que el acuerdo resuelve las reclamaciones civiles relacionadas con estas operaciones, mientras Abbott informó que una investigación penal vinculada al caso fue cerrada.

 

Las conductas alegadas cubren el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022. El caso se hizo público ese último año, cuando Abbott retiró del mercado varios productos de fórmula infantil y suspendió temporalmente las operaciones de su planta de Michigan después de que investigadores detectaran rastros de una bacteria potencialmente mortal en las instalaciones. El retiro y el cierre contribuyeron a profundizar la escasez nacional de fórmula infantil que ya afectaba a Estados Unidos por problemas en las cadenas de suministro derivados de la pandemia.

 

Abbott sostuvo que ninguna fórmula infantil distribuida y sellada de la compañía ha dado positivo para la bacteria asociada con el caso y reiteró su compromiso con la seguridad y calidad de sus productos. La empresa afirmó que la producción de fórmula infantil se realiza bajo estándares orientados a proteger a los consumidores y señaló que busca mantener la confianza de las familias y cuidadores.

 

SEGURIDAD

Trump afirma que Irán busca un acuerdo con Estados Unidos

 

El presidente Donald Trump afirmó que Irán busca alcanzar un acuerdo “rápidamente y desesperadamente” y señaló que Estados Unidos está abierto a retomar conversaciones con Teherán. En una publicación en Truth Social, sostuvo que “la nación fracasada de Irán quiere llegar a un acuerdo” y agregó que será él quien determine si Estados Unidos decide involucrarse en una eventual negociación.

 

La declaración supone una señal de apertura después de semanas en las que Trump había descartado una negociación inmediata para poner fin al conflicto. Sin embargo, el mandatario no precisó bajo qué condiciones Washington aceptaría reanudar el diálogo ni informó si actualmente existen canales diplomáticos activos entre ambos países.

 

Trump mantuvo al mismo tiempo la presión sobre Teherán y sostuvo que las autoridades iraníes “llaman todo el tiempo” en busca de un acuerdo, aunque advirtió que no aceptará un pacto que considere desfavorable para Estados Unidos. También reiteró que uno de los objetivos centrales de su política hacia Irán es impedir que el país desarrolle un arma nuclear.

 

El mandatario se refirió además al posible horizonte temporal del conflicto y señaló que podría terminar antes o después de las elecciones de medio término. Sus declaraciones se producen mientras Irán enfrenta un bloqueo naval estadounidense en el estrecho de Ormuz y continúa bajo presión económica derivada de las sanciones internacionales.

 

En paralelo, Teherán ha buscado reactivar contactos con países del Golfo y reconstruir sus vínculos con Emiratos Árabes Unidos, mientras explora posibles vías diplomáticas en medio del conflicto. La disposición expresada por Trump abre la posibilidad de nuevas conversaciones, aunque hasta ahora no se ha anunciado un proceso formal de negociación ni las condiciones que regirían un eventual acuerdo.

 

SEGURIDAD

Trump afirma que Moscú y Kiev acordaron frenar ataques a objetivos energéticos

 

El presidente Donald Trump afirmó que Rusia y Ucrania acordaron suspender mutuamente los ataques contra infraestructura energética, en medio de los esfuerzos de Washington por contener los efectos económicos de la guerra. En una publicación en Truth Social, señaló que “Ucrania acordó no atacar objetivos energéticos rusos. ¡Rusia acordó hacer lo mismo!”, aunque hasta el momento no se ha informado de un anuncio conjunto de Moscú y Kiev que detalle los términos del entendimiento.

 

Trump vinculó el posible acuerdo con las presiones sobre los precios internacionales del diésel y sostuvo que “la subida del precio del diésel en el mundo está causada sobre todo por la guerra entre Rusia y Ucrania, no por Irán”. Un día antes, había pedido al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, detener los ataques contra refinerías rusas y otras instalaciones vinculadas con la producción y distribución de combustibles, al considerar que estas operaciones estaban afectando la oferta global. El precio promedio del diésel en Estados Unidos superó recientemente los US$6 por galón.

 

Desde Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que Rusia recibía favorablemente los llamados para detener los ataques contra infraestructura económica civil. Sin embargo, también afirmó que las fuerzas rusas continuarían sus operaciones en territorio ucraniano, por lo que sus declaraciones no implicaron un compromiso más amplio de reducir las acciones militares.

 

El anuncio coincide con una nueva escalada de ataques en Ucrania. El domingo, drones rusos alcanzaron un tren de pasajeros y una zona cercana a la frontera con Polonia, mientras el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, cuestionó las acciones de Moscú y afirmó que la alianza mantendrá su respaldo a Kiev y reforzará sus capacidades defensivas en su flanco oriental.

 

Funcionarios europeos también han expresado preocupación por posibles nuevas acciones rusas cerca de las fronteras de Ucrania con países de la OTAN. Paralelamente, Peskov señaló que China e India han manifestado disposición para contribuir a eventuales negociaciones, en momentos en que distintas partes buscan abrir canales diplomáticos sin que se haya anunciado hasta ahora un acuerdo más amplio para poner fin al conflicto.

 

SANCIONES

OFAC sanciona a VTB Bank por facilitar operaciones financieras vinculadas con Irán

 

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Office of Foreign Assets Control, OFAC) sancionó este lunes a VTB Bank Public Joint Stock Company, una de las principales entidades financieras de Rusia, por su presunta participación en mecanismos utilizados por Irán para evadir sanciones estadounidenses. La medida forma parte de la Operación Paria Económica, lanzada en agosto para aumentar la presión financiera sobre Teherán y las entidades que facilitan sus operaciones.

 

Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, VTB Bank estableció relaciones de corresponsalía con instituciones financieras iraníes previamente sancionadas y amplió durante los últimos años su presencia en Irán. El Tesoro señaló además que el banco habría participado en mecanismos destinados a movilizar miles de millones de dólares en activos iraníes congelados y en la creación de sistemas de liquidación en riales iraníes y rublos rusos para facilitar el comercio bilateral.

 

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la Operación Paria Económica continuará enfocándose en quienes proporcionen apoyo financiero, tecnológico o material que permita al gobierno iraní sostener sus actividades. “El Tesoro no tolerará ningún apoyo al régimen y continuará identificando, exponiendo y aislando a quienes facilitan sus operaciones”, señaló.

 

La nueva designación incrementa el riesgo de sanciones secundarias para instituciones financieras extranjeras que mantengan relaciones con VTB Bank bajo las autoridades estadounidenses vinculadas con Irán. El Tesoro advirtió que aquellas entidades que continúen realizando operaciones con el banco podrían enfrentar restricciones adicionales y recomendó interrumpir esas relaciones financieras.

 

Paralelamente, funcionarios del Tesoro mantienen esta semana reuniones con instituciones financieras internacionales para compartir información sobre redes de ingresos y mecanismos de adquisición vinculados con el gobierno iraní, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y otros actores asociados. La administración estadounidense busca con estas acciones restringir los canales utilizados por Teherán para comercializar petróleo, movilizar recursos y eludir sanciones.

 

La sanción contra VTB Bank se suma a recientes medidas adoptadas por el Tesoro contra instituciones financieras en Turquía y Emiratos Árabes Unidos dentro de la misma operación. VTB ya estaba sujeto a sanciones estadounidenses relacionadas con Rusia desde 2022 y 2025, pero la nueva designación lo incorpora específicamente al régimen de sanciones asociado con el sector financiero iraní y amplía los riesgos para terceros que continúen haciendo negocios con la entidad.