El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, y posiblemente el secretario de Defensa, Pete Hegseth, podrían visitar Colombia durante noviembre como parte de una agenda de acercamiento bilateral. Los desplazamientos, que todavía no cuentan con confirmación oficial de ambos gobiernos, estarían orientados a fortalecer la cooperación en seguridad, lucha contra el narcotráfico, comercio e inversión.

La primera visita prevista sería la del general Dan Caine, cuya llegada se contempla para la segunda semana de noviembre, posiblemente alrededor del día 10. El Ministerio de Defensa colombiano estaría coordinando los preparativos del desplazamiento, cuya agenda incluiría cooperación militar, intercambio de inteligencia, seguridad fronteriza y operaciones contra organizaciones criminales. Su presencia coincidiría con los ejercicios militares conjuntos que desarrollan más de 300 uniformados estadounidenses en Tolemaida, Cundinamarca, programados hasta el 11 de noviembre.

Posteriormente, el vicepresidente JD Vance viajaría durante la tercera o cuarta semana de noviembre para reunirse con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. El encuentro estaría previsto para el 20 y 21 de noviembre, aunque todavía se evalúan Cartagena, Medellín y Barranquilla como posibles sedes. La agenda comprendería asuntos políticos, económicos y de seguridad, entre ellos migración, narcotráfico, comercio bilateral y oportunidades de inversión estadounidense.

Uno de los asuntos económicos que podrían abordarse durante la reunión sería la situación arancelaria entre ambos países. De acuerdo con los reportes, Colombia buscaría la suspensión de los aranceles vigentes, invocando la emergencia ocasionada por el terremoto del 10 de agosto. También se contempla discutir el apoyo estadounidense a las regiones afectadas. La visita de Vance podría formar parte de una gira regional que incluiría Argentina y posiblemente Chile, con encuentros previstos con sus respectivos mandatarios.

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, también figura entre los funcionarios que podrían viajar a Colombia, aunque su desplazamiento todavía no cuenta con una fecha definida ni confirmación oficial. De concretarse, su agenda estaría centrada en la cooperación militar, las operaciones contra el narcotráfico y el fortalecimiento de las capacidades de vigilancia e inteligencia, así como en la coordinación de iniciativas de seguridad regional.

Las posibles visitas se relacionan con la agenda de seguridad regional impulsada por Washington, particularmente mediante la iniciativa Escudo de las Américas, orientada a fortalecer la cooperación contra el crimen organizado transnacional. Entre los asuntos que podrían discutirse también figuran mecanismos de asistencia militar, apoyo aéreo y coordinación de operaciones conjuntas. Por ahora, las fechas, sedes y agendas definitivas de los encuentros permanecen pendientes de confirmación gubernamental.

DIPLOMACIA

Colombia avanza en la extradición de nueve personas requeridas por la justicia estadounidense

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció el traslado de nueve personas recluidas en la cárcel La Picota de Bogotá, como parte de nuevos procedimientos de extradición hacia otros países, principalmente Estados Unidos. Los requeridos fueron trasladados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) hasta el hangar de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA), donde quedaron a disposición de las autoridades encargadas de continuar los trámites correspondientes.

Entre las personas trasladadas se encuentran Juan Carlos Ojeda Realpe, Jeovanny Aguilar Jiménez, Eduardo Martínez Álvarez, Jean Carlos Ansasoy Narváez y Jeison Stiven Acosta Ansasoy. La lista también incluye a Werling Palacios Palacios, Óscar Hernando Giraldo Gómez, Édgar Germán Montoya Montoya y Po Ya Lin, quienes figuran en las solicitudes de extradición tramitadas por las autoridades colombianas.

La mayoría de los requeridos está vinculada a investigaciones por presunto narcotráfico y concierto para delinquir, incluidos posibles nexos con organizaciones dedicadas al transporte internacional de estupefacientes. Entre los casos figuran señalamientos sobre redes relacionadas con las disidencias de las FARC y estructuras criminales que operarían mediante rutas de tráfico de cocaína y marihuana hacia otros países.

El mandatario divulgó imágenes del procedimiento a través de su cuenta en la red social X y aseguró que su administración mantendrá las extradiciones como parte de la estrategia contra el crimen organizado. De la Espriella afirmó que su Gobierno continuará utilizando los mecanismos de cooperación judicial internacional para que las personas requeridas por autoridades extranjeras respondan ante los respectivos sistemas de justicia.

La nueva operación forma parte de la política de extradiciones promovida por el Ejecutivo desde el inicio de su administración, el 7 de agosto. Según el balance oficial presentado el 23 de octubre, el Gobierno había contabilizado 142 procesos de extradición durante sus primeros 74 días, mientras que el presidente reiteró su intención de mantener este mecanismo como una herramienta de cooperación frente al narcotráfico y otras actividades criminales transnacionales.

Los procedimientos de entrega se desarrollan conforme a las solicitudes y autorizaciones correspondientes. Varios de los requeridos deberán comparecer ante las autoridades competentes de Estados Unidos, en el marco de la cooperación judicial entre ambos países frente a los delitos de alcance transnacional.

DIPLOMACIA

Secretario Rubio llama a fortalecer la cooperación del G20 ante las crisis económicas y geopolíticas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó a los países del G20 a fortalecer la cooperación internacional para enfrentar las crisis económicas y geopolíticas que afectan la estabilidad mundial. Durante la apertura de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores en Atlanta, el funcionario advirtió que las tensiones actuales representan amenazas para el orden económico internacional y requieren respuestas coordinadas entre las principales economías.

Rubio afirmó que el mundo atraviesa un momento crítico debido a la acumulación de conflictos y desafíos económicos interconectados, cuyas consecuencias se extienden más allá de las fronteras nacionales. En ese sentido, destacó la responsabilidad de los gobiernos de coordinar medidas para responder a las crisis emergentes, proteger los intereses comunes y fortalecer la resiliencia de los mercados internacionales.

Entre las principales preocupaciones, el secretario de Estado mencionó la libertad de navegación marítima, particularmente las restricciones en el estrecho de Ormuz derivadas del conflicto con Irán, así como los riesgos para el suministro mundial de alimentos y energía. Según Rubio, la cooperación entre los integrantes del G20 resulta fundamental para reducir las amenazas que afectan el comercio internacional y la seguridad económica.

La reunión, que se extenderá durante dos días, comenzó sin la tradicional fotografía conjunta de los ministros debido al rechazo de representantes europeos a aparecer junto al ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, por la guerra en Ucrania. Ante esta situación, Estados Unidos decidió retirar la actividad de la agenda para evitar que la controversia desviara la atención de las discusiones diplomáticas, aunque las delegaciones europeas participaron en las sesiones junto al representante ruso.

El encuentro también se desarrolla mientras persisten las diferencias entre los países miembros sobre los conflictos en Ucrania e Irán, asuntos que forman parte de las preocupaciones de seguridad internacional abordadas por los ministros. La administración del presidente Trump mantiene gestiones diplomáticas relacionadas con ambas guerras.

La reunión ministerial tiene como objetivo preparar la cumbre de líderes del G20, prevista para diciembre en Doral, Florida. Durante las sesiones, las delegaciones discutirán asuntos relacionados con el comercio, la seguridad energética, las cadenas de suministro y la estabilidad económica mundial, mientras continúan las diferencias diplomáticas entre algunos de sus integrantes.

ECONOMÍA

Wall Street registra su peor jornada desde junio por caída de acciones tecnológicas y dudas sobre la inteligencia artificial

Los principales índices de Wall Street cerraron con fuertes pérdidas ante la creciente preocupación de los inversionistas por las elevadas valoraciones de las empresas tecnológicas y la rentabilidad de sus inversiones en inteligencia artificial (IA). El S&P 500 retrocedió 1,8%, en su peor jornada desde junio y su tercera semana consecutiva de pérdidas, mientras que el Nasdaq cayó 2,8% y el Dow Jones perdió cerca de 555 puntos, equivalentes a 1,1%.

Entre las compañías más afectadas destacó Intel, cuyas acciones se desplomaron cerca de 29% después de presentar previsiones de ganancias para el último trimestre del año inferiores a las expectativas de los analistas. Aunque la empresa reportó resultados trimestrales superiores a lo previsto, su director ejecutivo, Lip-Bu Tan, señaló que la industria de computadores personales continúa enfrentando presiones. Por su parte, Nvidia retrocedió 4,9%, convirtiéndose en la compañía con mayor incidencia negativa sobre el S&P 500.

Amazon también registró una caída de 1,9% tras presentar ganancias inferiores a las estimaciones y reportar un flujo de caja libre negativo de US$42.400 millones durante los últimos doce meses, asociado principalmente a inversiones en infraestructura tecnológica. La compañía destinó US$94.800 millones a propiedades y equipos, especialmente para proyectos de inteligencia artificial, mientras que Alphabet había perdido más de 12% en la jornada anterior, tras informar un aumento significativo de sus desembolsos relacionados con esta tecnología.

Las pérdidas reflejan las dudas de los inversionistas sobre la capacidad de las grandes empresas tecnológicas para generar beneficios suficientes que justifiquen sus inversiones multimillonarias en inteligencia artificial. A estas preocupaciones se suman las elevadas tasas de interés, que podrían limitar la expansión de centros de datos. En el mercado de criptomonedas, bitcoin cayó por debajo de US$77.000 tras conocerse un ataque informático contra Binance, mientras que Coinbase retrocedió 13,6% y Strategy perdió 8,3%.

En contraste, algunas compañías de sectores tradicionales registraron avances respaldados por resultados financieros superiores a las expectativas. ExxonMobil subió 1,8% y Chevron ganó 1,7% después de reportar mayores beneficios trimestrales, mientras que Mondelez International avanzó 4% y Colgate-Palmolive aumentó 2,9%.

En el mercado de deuda, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a diez años descendió de 4,98% a 4,93%, mientras que el petróleo Brent aumentó 2,4% hasta US$113,43 por barril, cerca de sus niveles más elevados desde el inicio de la guerra con Irán. Las pérdidas tecnológicas también se extendieron a los mercados asiáticos, donde el Kospi de Corea del Sur cayó 3,5% y el Nikkei 225 de Japón retrocedió 2,1%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong avanzó 1,5%.

POLÍTICA

Presidente Trump retoma mítines en Kansas e Iowa de cara a las elecciones legislativas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reprogramó sus actos de campaña en Kansas e Iowa para el domingo 1 de noviembre, después de haber cancelado inicialmente sus visitas a ambos estados. El mandatario participará en dos mítines consecutivos como parte de sus actividades previas a las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

La decisión modifica el anuncio realizado por el Comité Nacional Republicano (RNC), que había informado sobre la cancelación de los eventos presenciales y su sustitución por encuentros telefónicos con votantes. Con la nueva programación, Trump participará tanto en los mítines presenciales como en las actividades virtuales incorporadas a su agenda.

Previamente, el RNC había anunciado que el presidente dedicaría un periodo de 72 horas a realizar intervenciones telefónicas de campaña, una estrategia que, según el organismo, permitiría ampliar su alcance entre los electores. El plan contempla actividades en cerca de 20 estados, aunque el partido señaló que podrían anunciarse encuentros adicionales antes de las elecciones.

La reprogramación se produce durante la etapa final de la campaña legislativa, en la que los republicanos buscan mantener el control del Congreso. Kansas e Iowa figuran entre los estados con contiendas electorales relevantes, mientras que Trump ha mantenido una agenda de actividades destinadas a respaldar a los candidatos de su partido en diferentes regiones del país.

Durante las últimas semanas, el mandatario había manifestado su intención de intensificar los actos presenciales en el cierre de la campaña. Hasta el 29 de octubre, Trump había participado en 25 mítines a lo largo del mes, una cifra inferior a su objetivo previamente anunciado de realizar más de 30 eventos.

POLÍTICA

Más de 5,2 millones de latinos participan en la votación anticipada de las elecciones legislativas en Estados Unidos

La participación anticipada del electorado latino en Estados Unidos registró un incremento cercano al 80% frente a las elecciones legislativas de 2022, con más de 5,2 millones de personas que ya han emitido su voto antes de los comicios del 3 de noviembre. Según datos divulgados por la organización Voto Latino, a partir de un análisis de la plataforma TargetSmart, la cifra supera los 2,9 millones de sufragios registrados en el mismo periodo electoral de hace cuatro años.

El crecimiento de la participación hispana coincide con un aumento generalizado de la votación anticipada en el país, donde se han contabilizado más de 41,3 millones de sufragios, frente a aproximadamente 33 millones registrados cuatro días antes de las elecciones de 2022, lo que representa un incremento superior al 25%. De acuerdo con Voto Latino, estas cifras sitúan al electorado hispano como el grupo minoritario con mayor participación anticipada, por encima de la población afroamericana.

Uno de los incrementos más destacados corresponde a los votantes latinos de entre 18 y 29 años, entre quienes se han registrado aproximadamente 400.000 sufragios anticipados, frente a los 259.000 contabilizados en las anteriores elecciones legislativas. La organización señaló que esta tendencia refleja una mayor movilización de los jóvenes hispanos durante la etapa previa a los comicios, en los que se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y parte del Senado.

El aumento también se observa en estados con contiendas electorales relevantes, entre ellos Alaska, Carolina del Norte, Florida, Georgia, Iowa, Maine, Ohio y Texas. En estas jurisdicciones, los votantes latinos representan alrededor del 15% de los sufragios anticipados, frente al 10% registrado en los procesos electorales de 2018 y 2022, lo que evidencia un crecimiento de su participación relativa en varios estados donde se disputan escaños legislativos.

En cuanto a las principales preocupaciones del electorado hispano, una encuesta de Voto Latino identificó el costo de vida y la política migratoria como asuntos centrales. Entre los 7.000 participantes consultados, el 39% manifestó su respaldo a investigar presuntos abusos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE), mientras que el 37% apoyó establecer una vía legal hacia la ciudadanía y el 36,1% se pronunció a favor de poner fin a la detención de familias migrantes.

La presidenta de Voto Latino, María Teresa Kumar, relacionó el incremento de la participación con las preocupaciones de la comunidad hispana frente a las políticas migratorias de la administración de Donald Trump. Según su interpretación, las medidas de deportación han generado una mayor movilización entre los electores latinos, independientemente de su situación migratoria familiar. No obstante, las cifras de participación anticipada no permiten determinar por sí solas las preferencias partidistas ni el sentido de los votos emitidos.

Por otra parte, Georgia registró una participación anticipada récord para unas elecciones legislativas, con cerca de 2,3 millones de personas que han votado presencialmente, equivalentes aproximadamente al 30% del censo electoral del estado. La cifra supera los registros de 2022, mientras continúan las campañas por el Senado, entre el demócrata Jon Ossoff y el republicano Mike Collins, y por la gobernación, disputada entre el republicano Rick Jackson y la demócrata Keisha Lance Bottoms.

POLÍTICA

Proyecciones electorales anticipan cambios en el equilibrio de fuerzas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos

Las proyecciones electorales para las elecciones legislativas del 3 de noviembre muestran un avance de los demócratas en las contiendas por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, según el último análisis de The Cook Political Report. A cuatro días de los comicios, la organización revisó la clasificación de doce distritos a favor de los demócratas, ampliando las posibilidades de que el partido alcance su mayor representación legislativa desde 2009, cuando contaba con 257 escaños tras las elecciones de 2008.

La actualización clasifica 222 distritos en categorías favorables a los demócratas, 195 en categorías favorables a los republicanos y 18 como contiendas sin una ventaja clara. La mayoría absoluta de la Cámara requiere 218 de sus 435 escaños, aunque estas clasificaciones representan evaluaciones de competitividad electoral y no resultados definitivos. El análisis considera factores como las características políticas de cada distrito, las encuestas disponibles, el desempeño de los candidatos y las condiciones nacionales de campaña.

Uno de los factores identificados es la disminución de los niveles de aprobación del presidente Donald Trump, incluso en distritos tradicionalmente republicanos donde obtuvo amplias victorias durante las elecciones presidenciales de 2024. Esta tendencia ha coincidido con cambios en la clasificación de varias contiendas, mientras ambos partidos intensifican sus actividades de campaña y destinan recursos a los distritos considerados competitivos.

En la disputa por el Senado se registran varias contiendas estrechas en estados como Kansas, Iowa, Maine, Texas, Ohio, Alaska y Michigan. Las evaluaciones electorales identifican márgenes reducidos entre candidatos en distintas jurisdicciones, mientras los partidos buscan los escaños necesarios para controlar la cámara alta. En las elecciones del 3 de noviembre se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes, aproximadamente un tercio del Senado y se elegirán gobernadores en 36 estados, además de numerosos cargos estatales y locales.

Entre los distritos que concentran la atención figura el octavo de Colorado, donde el congresista republicano Gabe Evans busca la reelección frente al demócrata Manny Rutinel, de origen dominicano. Diversas plataformas de pronósticos electorales han publicado estimaciones sobre esta contienda, aunque sus resultados dependen de diferentes modelos estadísticos y supuestos de participación. Una encuesta realizada en septiembre entre 400 votantes probables registró una competencia estrecha entre ambos candidatos, lo que refleja la importancia de distinguir los sondeos de las proyecciones.

Las revisiones también alcanzan otros distritos competitivos, entre ellos el quinto de Colorado y el primero de Pensilvania, que pasaron de una clasificación de ligera ventaja republicana a una de competencia abierta. Los cambios reflejan las nuevas evaluaciones del escenario electoral durante la etapa final de campaña, aunque el resultado dependerá de la participación y las preferencias expresadas por los votantes en las urnas. La composición del próximo Congreso determinará el equilibrio legislativo durante los últimos dos años del mandato presidencial de Trump.

POLÍTICA

Tribunal de apelaciones rechaza solicitud del Departamento de Justicia para apartar 20.000 papeletas en California

El Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos rechazó, por una votación de dos contra uno, la solicitud del Departamento de Justicia (Department of Justice, DOJ) para separar determinadas papeletas electorales en California mientras se verificaba la ciudadanía de sus votantes. La administración del presidente Donald Trump ha impulsado medidas para ampliar la supervisión federal sobre los procesos electorales estatales antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

La controversia surgió después de que el Gobierno federal señalara que California había enviado papeletas a aproximadamente 20.000 personas que podrían no tener ciudadanía estadounidense. El Departamento de Justicia solicitó que esos votos fueran apartados y no contabilizados hasta comprobar su elegibilidad, mientras que las autoridades estatales cuestionaron la fiabilidad de la lista presentada y advirtieron que podría incluir a numerosos ciudadanos con derecho al voto.

El tribunal respaldó una decisión previa de un juez federal de distrito, quien había rechazado la solicitud al considerar que su aplicación podría privar del derecho al voto a ciudadanos habilitados. Los magistrados concluyeron que no existe un mecanismo viable para identificar y separar las papeletas de personas específicas sin generar consecuencias graves para el sistema electoral, especialmente porque cientos de miles de votos ya procesados fueron anonimizados y no pueden vincularse nuevamente con sus electores.

La decisión mayoritaria fue suscrita por los jueces Mark J. Bennett, designado por Trump, y Gabriel P. Sanchez, nombrado por el expresidente Joe Biden. El fallo se produce después de que millones de residentes de California participaran anticipadamente en las elecciones legislativas, mientras continúan las disputas judiciales entre las autoridades estatales y el Gobierno federal sobre las competencias de supervisión electoral.

Paralelamente, un juez federal en Washington ordenó a la administración Trump entregar la lista de aproximadamente 20.000 personas a los abogados de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) y del Proyecto de Derechos Electorales de la Universidad de California en Los Ángeles. Las organizaciones buscan examinar la información para determinar si incluye ciudadanos habilitados para votar y evaluar las posibles consecuencias de su utilización en los registros electorales.

Por otra parte, una coalición de sindicatos, entre ellos la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), presentó una demanda para impedir que el Departamento de Justicia exija suspender el conteo de determinadas papeletas o amenace con procesos penales a funcionarios electorales. La acción judicial cuestiona las advertencias formuladas por el fiscal federal de Los Ángeles, Bill Essayli, quien señaló que los funcionarios que procesen deliberadamente votos de personas sin ciudadanía podrían enfrentar consecuencias legales.

La controversia también incluye citaciones judiciales dirigidas a funcionarios electorales del condado de Los Ángeles, a quienes se les solicitaron documentos y comunicaciones relacionados con las denuncias federales sobre posibles votantes no ciudadanos. Al menos tres funcionarios deberán comparecer ante un gran jurado el 4 de noviembre, un día después de las elecciones, aunque todavía no está claro si el Departamento de Justicia presentará cargos penales. La disputa forma parte de una serie de actuaciones federales relacionadas con la administración electoral en distintos estados.

SEGURIDAD

Pentágono investiga a general destituido por presunta filtración de información clasificada

El Departamento de Defensa de Estados Unidos (Department of Defense, DOD) señaló que el teniente general Brett Sylvia es investigado por presuntamente filtrar información sensible a medios de comunicación, pocas horas después de confirmarse su destitución como jefe de estrategia, planes y política del Estado Mayor Conjunto. La decisión fue adoptada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aunque inicialmente las autoridades no ofrecieron explicaciones sobre los motivos de su salida.

Un funcionario del Pentágono, que habló bajo condición de anonimato, señaló que Sylvia está siendo investigado por supuestamente compartir información clasificada con periodistas sobre la guerra en Irán, el conflicto entre Rusia y Ucrania y otros asuntos militares. Según la misma fuente, el general no habría superado tres pruebas de polígrafo relacionadas con las presuntas filtraciones, aunque no se divulgaron detalles adicionales sobre los resultados de la investigación.

El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, afirmó que el departamento había adoptado las medidas administrativas necesarias para proteger información sensible, sin mencionar directamente al general. Asimismo, informó que el caso fue remitido al Departamento de Justicia (Department of Justice, DOJ) para evaluar posibles acciones legales.

Tras conocerse la destitución, el Estado Mayor Conjunto retiró un comunicado en el que agradecía a Sylvia sus 32 años de servicio militar, al considerar que el mensaje no reflejaba adecuadamente las circunstancias de su salida. El general había dirigido anteriormente la 101.ª División Aerotransportada y ocupado otros cargos de planificación militar, mientras que su trayectoria incluye seis condecoraciones Estrella de Bronce y una medalla Corazón Púrpura por heridas sufridas en combate.

La salida de Sylvia se produce mientras, según medios estadounidenses, la Casa Blanca evalúa posibles nuevas acciones militares contra Irán después de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. No obstante, el funcionario del Pentágono aseguró que el general no desempeñaba un papel central en la planificación de las operaciones relacionadas con ese conflicto, cuya responsabilidad corresponde principalmente al Comando Central de Estados Unidos (United States Central Command, CENTCOM).

El caso se suma a otras destituciones e investigaciones por presuntas filtraciones durante la gestión de Hegseth, incluida la salida de tres colaboradores cercanos en 2025, quienes rechazaron las acusaciones formuladas en su contra. Paralelamente, el Pentágono ha implementado restricciones al acceso de periodistas a sus instalaciones, entre ellas la obligación de contar con acompañamiento y la limitación de ingreso a determinadas oficinas. Hasta el momento, Sylvia no ha respondido públicamente a los señalamientos.

SANCIONES

Estados Unidos restringe ingreso de exfuncionario libio acusado de violaciones de derechos humanos

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la designación del exfuncionario de la Policía Judicial de Libia, Osema Almasri Habeesh Najeem, y de su esposa, Aml Faraj Mohamed Makhluf, por su presunta participación en graves violaciones de derechos humanos. La medida fue adoptada bajo la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, que permite imponer restricciones migratorias a funcionarios extranjeros vinculados con este tipo de conductas.

Según el comunicado oficial, Najeem habría participado en actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra personas detenidas en las prisiones de Mitiga y al Jadida, en Libia. El Departamento de Estado también lo señaló por presuntos asesinatos, trabajos forzados y acciones dirigidas contra cristianos e integrantes de otras minorías religiosas. Najeem fue arrestado en Italia en enero de 2025 en virtud de una orden de la Corte Penal Internacional (CPI), aunque posteriormente fue devuelto a Libia.

La designación establece que Najeem y sus familiares inmediatos quedan impedidos de ingresar a Estados Unidos, una restricción contemplada en la legislación para funcionarios extranjeros involucrados en violaciones graves de derechos humanos. La medida incluye expresamente a su esposa y constituye una acción de carácter migratorio, sin que el comunicado anuncie sanciones económicas adicionales.

La administración del presidente Donald Trump afirmó que no tolerará actos de violencia contra cristianos y miembros de otras minorías religiosas. Asimismo, el Departamento de Estado sostuvo que la decisión forma parte de sus esfuerzos para exigir responsabilidades a personas señaladas por abusos contra los derechos humanos y proteger a la población estadounidense frente a sus acciones.