El Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de la ONU alertó que la producción, incautación y consumo de cocaína alcanzaron máximos históricos en 2023. La droga se convirtió en la de mayor crecimiento de mercado ilícito, con una producción global estimada en 3.708 toneladas, un 34 % más que en 2022. Las incautaciones también rompieron récord, con 2.275 toneladas, un 68 % más respecto al promedio 2019-2023. El consumo pasó de 17 a 25 millones de usuarios en una década.

Colombia lidera la producción mundial con 253.000 hectáreas cultivadas de coca, lo que representa el 67% del total global. Le siguen Perú con 92.784 hectáreas (25 %) y Bolivia con 31.000 hectáreas (8 %). Esto significa un aumento de 23.000 hectáreas para Colombia respecto al informe anterior, consolidando su posición como el principal productor global. A pesar de este crecimiento, la erradicación cayó 47 % frente a 2022 y 62 % respecto a 2020, lo que evidencia una reducción drástica en los esfuerzos de eliminación.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) también destaca que cerca de 316 millones de personas consumieron drogas en 2023, el 6 % de la población entre 15 y 65 años, frente al 5,2 % en 2013. El cannabis sigue siendo la sustancia más usada (244 millones), seguido de opioides, anfetaminas, cocaína y éxtasis. Se advierte que los desplazamientos masivos y la vulnerabilidad social están abriendo nuevas brechas para el narcotráfico en distintas regiones.

En el caso específico de la cocaína, los mercados en expansión incluyen Asia y África, mientras que Europa Occidental también experimenta un aumento de violencia ligada al narcotráfico. El informe subraya que los grupos criminales de los Balcanes Occidentales están consolidando su influencia en el continente europeo. La internacionalización del conflicto del narcotráfico, antes centrado en América Latina, plantea un nuevo desafío global para las autoridades y la cooperación internacional.

TRUMP RESTA IMPORTANCIA AL PLAZO DEL 9 DE JULIO PARA NUEVOS PACTOS COMERCIALES

La Casa Blanca aclaró este miércoles que el 9 de julio, fecha límite establecida por el presidente Donald Trump para cerrar nuevos acuerdos comerciales, no debe considerarse un plazo “crítico” ni definitivo.

La portavoz presidencial Karoline Leavitt explicó que, si no se logran consensos antes de esa fecha, el presidente podrá imponer aranceles “recíprocos” en cualquier momento posterior, según lo considere conveniente para proteger los intereses económicos de Estados Unidos. “El presidente tiene plena autoridad para actuar cuando lo considere ventajoso. El 9 de julio es una guía, no un ultimátum”, afirmó.

La declaración busca presionar a los socios comerciales para acelerar las negociaciones, sin romper del todo el diálogo. Según Leavitt, la amenaza de aranceles sigue vigente como herramienta de negociación. Trump ya ha indicado que su equipo presentará propuestas de acuerdos para que los países las ‘acepten o rechacen’, reforzando su enfoque transaccional.

El representante comercial Jamieson Greer, designado por Trump, continúa las negociaciones con países clave, y la Casa Blanca asegura que las conversaciones han sido “productivas”. No obstante, ante preguntas sobre qué ocurrirá con los aranceles actualmente suspendidos si no hay avances antes del 9 de julio, la vocera reiteró que será una decisión exclusiva del presidente.

MOODY’S DEGRADA LA CALIFICACIÓN DE COLOMBIA A BAA3 Y CAMBIA PERSPECTIVA A ESTABLE

El 26 de junio de 2025, la agencia calificadora Moody’s rebajó la calificación crediticia de Colombia de Baa2 a Baa3, el nivel más bajo dentro del grado de inversión. Esta decisión obedece al deterioro significativo de los indicadores fiscalesdel país y al debilitamiento del marco institucional que sustenta la regla fiscal.

Moody’s destacó que la decisión del Gobierno de suspender la regla fiscal hasta 2027, sin un choque macroeconómico que lo justifique, erosiona la credibilidad del marco fiscal colombiano. A pesar de ello, la agencia modificó la perspectiva de negativa a estable, en reconocimiento a la resiliencia institucional y macroeconómica de Colombia, así como a la solidez del Banco de la República y el historial de políticas fiscales prudentes.

Deterioro fiscal más profundo de lo previsto

Según Moody’s, el deterioro fiscal ha sido más agudo de lo anticipado. En 2025, el déficit del gobierno central se mantendrá cercano al 7% del PIB, como en 2024. La deuda del gobierno general alcanzará 59,5% del PIB, y el pago de intereses representará el 17% de los ingresos, una cifra muy superior al promedio del grupo de países con calificación ‘Baa’.

El informe advierte que el ajuste fiscal necesario (2% del PIB) en 2025 no es alcanzable bajo las condiciones actuales. Ante esta realidad, el Gobierno optó por suspender la regla fiscal por tres años, sin activar formalmente la cláusula de escape ni justificar un evento excepcional.

Moody’s también señala que, con las elecciones presidenciales previstas para 2026, el espacio político para adoptar medidas fiscales fuertes será limitado, lo que llevará a una consolidación gradual. Bajo este escenario, la agencia proyecta que la deuda del gobierno general se elevará al 64% del PIB en 2027, superando el promedio de sus pares.

Confianza institucional, pero desafíos fiscales

La calificación se mantiene dentro del grado de inversión gracias a la fortaleza institucional del país, en particular la autonomía del banco central, el régimen de tipo de cambio flexible y un historial de políticas fiscales responsables. Moody’s también valora el anuncio del Gobierno sobre un pacto fiscal y un presupuesto más restrictivo para 2026, aunque advierte que estos compromisos deberán concretarse y sostenerse para evitar un mayor deterioro.

En términos de crecimiento, la agencia estima que Colombia recuperará su tendencia de expansión del 3% anual, tras la desaceleración de 2023. Sin embargo, advierte que riesgos sociales, ambientales y de seguridad pueden ejercer presiones sobre el gasto público, comprometiendo la sostenibilidad fiscal.

Perspectivas y riesgos

Moody’s enfatiza que una mejora de la calificación dependerá de avances estructurales que permitan contener el gasto o aumentar los ingresos de forma permanente. Por el contrario, una degradación adicional ocurriría si persisten déficits fiscales elevados, se debilita aún más la efectividad de la política fiscal o si el entorno para la inversión continúa deteriorándose.

EE.UU. PRESIONA A LA OEA PARA DEMOSTRAR RESULTADOS CONCRETOS EN CRISIS REGIONALES

El subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, expresó en la Asamblea General de la OEA el compromiso de su país con el hemisferio occidental, destacando su historia personal y diplomática con la región. Agradeció la hospitalidad de Antigua y Barbuda y reafirmó el respaldo a Albert Ramdin como nuevo secretario general. Landau recordó las raíces históricas de la OEA y cuestionó su relevancia actual, citando el mandato del presidente Trump de revisar la pertinencia de la membresía estadounidense en organismos internacionales.

Durante su intervención, Landau criticó duramente la inacción de la OEA ante las crisis de Venezuela y Haití. Señaló la falta de respuestas efectivas frente al fraude electoral en Venezuela y la creciente represión del régimen de Maduro, así como el colapso institucional y humanitario en Haití. Cuestionó el propósito mismo de la OEA si no puede actuar ante violaciones flagrantes de soberanía y derechos humanos, e instó a asumir responsabilidades compartidas, dado el esfuerzo financiero desproporcionado que sostiene EE. UU.

En un gesto conciliador, Landau ofreció “una mano de amistad”, pero dejó claro que la relación debe ser recíproca. Subrayó que el presidente Trump exige que toda inversión internacional sirva al interés nacional, por lo que es imperativo demostrar que la OEA aporta valor real.

También denunció que algunos países usan la organización para atacar políticamente a EE. UU., desvirtuando su potencial como herramienta regional de desarrollo y cooperación.

Para fortalecer la institucionalidad democrática, Landau pidió el apoyo a la candidatura de Rosa María Payá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, destacando su trayectoria en defensa de la democracia en Cuba. Concluyó que es hora de que la OEA pase de los discursos a las acciones, y reiteró que Estados Unidos desea que el organismo forme parte de las soluciones regionales, no de los obstáculos.

TRUMP REPORTA AVANCES HACIA UN ALTO EL FUEGO EN GAZA

El presidente Donald Trump afirmó que hay “grandes avances” hacia un cese del fuego entre Israel y Hamás en Gaza, tras más de 20 meses de conflicto. En una declaración desde Países Bajos, vinculó el progreso a la reciente ofensiva militar estadounidense contra Irán, sugiriendo que esta podría estar contribuyendo a la estabilidad regional. Además, aseguró que su emisario especial, Steve Witkoff, indicó que una solución “está muy cerca”.

A pesar de los reportes de avance, la violencia persiste. La Defensa Civil de Gaza confirmó la muerte de 35 civiles palestinos por bombardeos israelíes, mientras que el ejército israelí informó la pérdida de siete soldados en Jan Yunis, en uno de los ataques más letales para sus fuerzas desde el inicio del conflicto. El gobierno de Qatar anunció una nueva iniciativa de paz y Hamás aseguró que las conversaciones con Egipto y Qatar “se intensificaron”, aunque aún no hay una propuesta concreta.

La presión interna en Israel también se incrementa. El primer ministro Benjamin Netanyahu enfrenta críticas de la oposición, familiares de rehenes y aliados políticos para alcanzar un acuerdo. El conflicto comenzó con un ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 que dejó 1.219 israelíes muertos y 251 rehenes, de los cuales 49 aún están cautivos. En respuesta, la ofensiva militar israelí ha provocado la muerte de más de 56.000 palestinos, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza validadas por la ONU.

TRUMP DEFIENDE A NETANYAHU Y EXIGE ANULAR SU JUICIO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió la cancelación inmediata del juicio por corrupción contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, o, en su defecto, que se le conceda un indulto. Calificó el proceso como una “caza de brujas” contra un “gran héroe” del Estado israelí, y lo vinculó con motivaciones políticas. Trump enfatizó que “fue Estados Unidos el que salvó a Israel y ahora será quien salve a Bibi Netanyahu”.

Netanyahu enfrenta tres cargos por corrupción desde 2020, incluyendo sobornos y abuso de confianza. Uno de los casos más graves alega que favoreció a un empresario a cambio de una cobertura mediática positiva. El juicio continúa pese a múltiples intentos de aplazamiento, y Netanyahu ha negado todas las acusaciones. Aunque una condena podría acarrear graves consecuencias, la ley israelí no exige su dimisión hasta que exista una sentencia firme.

La defensa de Trump a Netanyahu se da en un contexto de creciente cooperación militar entre ambos países tras la reciente guerra contra Irán. Trump lo describió como “el mayor guerrero en la historia de Israel” por su papel en la eliminación de capacidades nucleares iraníes. Netanyahu, por su parte, agradeció públicamente a Trump y anunció que seguirán trabajando juntos para ampliar “el círculo de la paz” en Medio Oriente y liberar rehenes.

En ese marco, el gobierno israelí ha confirmado nuevos contactos diplomáticos con Siria y se esperan anuncios relevantes sobre los Acuerdos de Abraham, que buscan normalizar relaciones con países árabes. Estas gestiones, impulsadas por el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, se dan mientras Israel e Irán mantienen un alto el fuego promovido por Trump y mediado por Catar, cuyos detalles aún no se han revelado.

TRUMP IMPONE EXIGENCIA DE INGLÉS PARA CAMIONEROS EN ESTADOS UNIDOS

Desde el 25 de junio de 2025 entró en vigor una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que exige a los conductores de vehículos comerciales en EE. UU. demostrar dominio del idioma inglés. La normativa retoma una disposición de 2016 y argumenta que la falta de cumplimiento ha comprometido la seguridad vial. La regla busca garantizar que los conductores puedan comunicarse con el público, leer señales, responder a autoridades y llenar formularios sin asistencia.

Para renovar o solicitar una licencia comercial (CDL), los aspirantes deberán aprobar un examen escrito, sostener conversaciones básicas, identificar partes del vehículo y comprender normativas de tránsito en inglés. La medida impacta directamente al 15 % de camioneros de origen latino, muchos de los cuales enfrentan barreras idiomáticas. Críticas como la de Raúl, un estudiante de conducción en Chicago, reflejan el rechazo de quienes consideran injusto el requisito para labores técnicas.

La orden también establece fuertes sanciones: multas de entre $5.000 y $10.000, pérdida de licencias y penalizaciones a empresas que empleen conductores sin competencia lingüística. Inspectores podrán detener vehículos por revisiones rutinarias e interrogar a los conductores para verificar su nivel de inglés, sin permitir el uso de intérpretes ni herramientas de traducción. La medida refuerza la agenda migratoria restrictiva de Trump con implicaciones económicas y sociales para miles de trabajadores latinos.