Las autoridades colombianas reportaron este sábado la entrega de Mosquea Polanco junto con un balance de ocho extradiciones adicionales. Según informó la Policía Nacional de Colombia, el dominicano es el presunto cabecilla de la organización criminal conocida como Red Falcón y utilizaba múltiples identidades y documentos falsificados. De acuerdo con las investigaciones citadas por la institución, habría acumulado ganancias ilícitas cercanas a los 166 millones de dólares derivadas de actividades de lavado de activos y narcotráfico, y se le atribuye el envío de aproximadamente 2.500 kilogramos de cocaína semanales hacia Estados Unidos, Europa y Puerto Rico desde 2012. Fue capturado en diciembre de 2024 en el municipio de Chía, cercano a Bogotá.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Mosquea Polanco, de 45 años y conocido con los alias "Ramón" y "E", enfrenta cargos por tráfico de cocaína y lavado de dinero en los distritos judiciales de Puerto Rico y Nueva Jersey, y que compareció por primera vez ante un tribunal federal en Puerto Rico el 27 de agosto. La Administración para el Control de Drogas (DEA) lo había identificado como Objetivo Organizacional Regional Prioritario. De ser declarado culpable de los cargos de narcotráfico, podría enfrentar una pena mínima de diez años y máxima de cadena perpetua por cada cargo, además de una multa de hasta diez millones de dólares; el cargo de conspiración para lavado de dinero contempla una pena máxima de veinte años. En la detención y posterior entrega participaron el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, el agregado judicial del Departamento de Justicia en Bogotá y la Oficina de Asuntos Internacionales.

El fiscal federal para el Distrito de Nueva Jersey, Robert Frazer, señaló que el acusado dirigía una organización internacional de tráfico de drogas con base en República Dominicana y que, tras su huida de ese país con documentos falsos, las agencias nacionales e internacionales lo ubicaron en Colombia y gestionaron su extradición. Por su parte, el administrador de la DEA, Terry Cole, sostuvo que la entrega evidencia el alcance de la cooperación internacional.

La red había sido desarticulada en República Dominicana en 2021, tras una investigación de varios meses en la que el Ministerio Público analizó el modus operandi de sus integrantes y el alcance económico de sus actividades, y que derivó en la identificación y judicialización de 33 miembros, la mayoría con prisión preventiva. La justicia dominicana señaló el año pasado que Mosquea Polanco estructuró la organización alrededor de un clan familiar entre cuyos integrantes distribuyó roles.

En el mismo balance, las autoridades colombianas reportaron la extradición de ocho ciudadanos a Estados Unidos y Austria. Entre ellos figura Óscar Iván Morón Ramos, alias Supervisor, acusado de integrar un grupo dedicado a la contaminación de buques comerciales mediante la adhesión de cargamentos de droga con dispositivos magnéticos con destino a Puerto Rico. También fueron enviados a Estados Unidos Elkliver López Jusayu, Juan Rafael Fuenmayor Barros, Elvis Giovanni Guevara Quintero y Jaime Torres Castiblanco, mientras que Daniela García Vanegas y Jorge Elkin Ríos Ortiz fueron extraditados a Austria por su presunta pertenencia a una red transnacional de explotación sexual que, según la información policial, captaba mujeres mediante falsas ofertas laborales en Europa.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, indicó el viernes que ha firmado 41 extradiciones en 19 días de gobierno y anunció que continuará suscribiéndolas. Semanas antes, su administración había informado la reactivación de procesos de extradición hacia Estados Unidos que permanecían suspendidos por la participación de los solicitados en diálogos de paz del gobierno anterior.

Según el comunicado de la Defensa, la Fuerza de Tarea Conjunta-Frontera Sur del Comando Norte estadounidense notificó al Ejército mexicano sobre la detección e inhabilitación de los tres aparatos. La dependencia señaló que los dispositivos tenían características comerciales y eran utilizados por redes de tráfico de migrantes para vigilar los movimientos de las autoridades, y precisó que los hechos ocurrieron en territorio soberano de Estados Unidos.

La Defensa ubicó la operación en el marco de las denominadas operaciones concurrentes o "espejo" que ambos países realizan en la frontera común desde el 5 de febrero de 2025. Estos despliegues consisten en reconocimientos simultáneos a lo largo de la línea fronteriza, con las fuerzas de cada país actuando dentro de su propio territorio, orientados principalmente a combatir el tráfico de armas y drogas.

Del lado estadounidense, el Comando Norte informó que el personal de la Fuerza de Tarea Conjunta-Frontera Sur empleó el Láser de Alta Energía Multipropósito del Ejército (AMP-HEL) y calificó a las aeronaves como hostiles por su uso en actividades que representaban una amenaza física para el personal militar y para agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Es la primera vez que ese sistema se emplea contra drones vinculados con organizaciones criminales en la frontera sur. El mayor general Curtis Taylor, comandante de la fuerza de tarea con sede en Fort Bliss, El Paso, sostuvo que las redes criminales recurren cada vez más a aeronaves no tripuladas para facilitar el tráfico de personas y vigilar a personal militar y de las agencias de control fronterizo, y agradeció la cooperación del Ejército mexicano.

El mando estadounidense situó las intercepciones en el Valle del Río Grande, en el sur de Texas, pero no reveló la ubicación precisa ni especificó si los aparatos se encontraban sobre territorio estadounidense o mexicano al momento de ser neutralizados. El Comando Norte indicó a medios estadounidenses que las acciones fueron coordinadas con socios que operan en la frontera, sin ofrecer detalles adicionales por razones de seguridad operativa.

El AMP-HEL es un sistema de energía dirigida que inhabilita el blanco con un haz concentrado en lugar de munición convencional; según reportes especializados, la empresa AeroVironment entregó los primeros prototipos al Ejército estadounidense en 2025 y el sistema se plantea como una alternativa de menor costo frente al uso de interceptores. En febrero de 2026, un sistema láser antidrones del Ejército derribó por error una aeronave no tripulada de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza cerca de Fort Hancock, Texas, episodio que derivó en restricciones de vuelo de la Administración Federal de Aviación y en una revisión de los protocolos de coordinación.

La precisión de la Defensa mexicana se produce en un contexto sensible frente a las operaciones estadounidenses contra los carteles. La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado de manera reiterada cualquier acción militar unilateral de Estados Unidos dentro de territorio mexicano, al advertir que constituiría una violación de la soberanía nacional, y ha defendido la cooperación bilateral en seguridad siempre que respete la territorialidad de ambos países. La colaboración fronteriza se ha intensificado desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, en el marco de las presiones de Washington sobre el tráfico de fentanilo y la migración irregular.

La consulta fue realizada conjuntamente por CNN y la firma SSRS entre el 7 y el 31 de mayo, entre algo más de 1.200 adultos que se declararon republicanos. Además de Reagan y Lincoln, la medición ubicó a George Washington con 5%. Una encuesta separada de la Universidad de Elon arrojó una tendencia similar con márgenes más estrechos: 29% de los republicanos consideró a Trump el mejor presidente de la historia estadounidense, frente a 25% de Lincoln y 14% de Washington.

Harry Enten, analista jefe de datos de CNN, presentó las cifras en el canal y sostuvo que Trump sigue siendo el eje alrededor del cual gira el Partido Republicano. El analista vinculó esos resultados con el desempeño de los respaldos presidenciales en las primarias: según los datos que expuso, la totalidad de los candidatos al Senado avalados por Trump ha ganado sus primarias en 2026, y desde 2022 esa tasa se mantiene en torno al 95%. Citó como ejemplo la primaria republicana en Carolina del Sur, donde la candidata Darline Graham pasó de una probabilidad de victoria del 14% en mercados de predicción antes del respaldo presidencial a una posición mayoritaria después de este.

El presidente se refirió al segmento en un mensaje en su red Truth Social, en el que criticó a CNN pero elogió a Enten por difundir los datos y afirmó que estos demuestran que es seis veces más popular que Lincoln, Washington o cualquier otro presidente.

Los sondeos citados miden admiración dentro del electorado republicano y no la aprobación del conjunto de la población adulta. Mediciones recientes de Angus Reid y Reuters/Ipsos, referidas en la cobertura del segmento, ubican la aprobación general del mandatario en 34% y 33% respectivamente, uno de los registros más bajos de su gestión. La distancia entre ambos indicadores es el dato relevante de cara a los comicios legislativos de noviembre.

Donalds, congresista por Naples y respaldado por el presidente Donald Trump, ganó la primaria republicana con cerca del 48% del voto estatal y presentó a Ávila el martes 25 de agosto en la Freedom Tower de Miami, un inmueble asociado al procesamiento de refugiados cubanos. Ávila, nacido en Hialeah, fue elegido a la Cámara estatal en 2014 y al Senado de Florida en 2022, donde representó comunidades de mayoría cubanoamericana; es capitán de la Guardia Nacional de Florida y renunció a su escaño minutos después del anuncio. De ganar la elección, Donalds sería el primer gobernador negro del estado.

Por el Partido Demócrata compiten David Jolly y Gwen Graham, ambos exmiembros del Congreso. Graham fue subsecretaria de Educación durante la administración Biden y es hija del exgobernador y exsenador Bob Graham. Jolly, que fue republicano y luego independiente antes de inscribirse como demócrata, ha planteado su candidatura desde una posición que describe como posideológica.

En el arranque de la campaña, ambas fórmulas han situado el costo de vida en el centro del debate. Donalds y Ávila han enfatizado la reducción de costos, en particular el precio de la vivienda, en un estado donde los votantes enfrentan además presiones en alimentos y en primas de seguros. Donalds ha buscado vincular a la fórmula demócrata con la candidata al Senado federal Angie Nixon, integrante de los Socialistas Democráticos de América, señalamiento que Jolly y Graham han rechazado. Jolly, por su parte, sostuvo que la contienda se definirá por la relación de Donalds con Trump.

DeSantis no puede aspirar a un nuevo periodo por límite de mandatos. Ningún candidato demócrata ha ganado la gobernación de Florida desde 1994, y el Partido Republicano superó a los demócratas en registro de votantes con una ventaja superior a 1,2 millones. En materia de recursos de campaña, Donalds ha reportado una recaudación sustancialmente mayor que la de Jolly.

La composición de las fórmulas ha generado discusión sobre el peso del origen racial y étnico en la contienda. Según recoge El Nuevo Herald, ambas campañas coinciden en que serán las políticas y no el origen de los candidatos lo que defina la elección; el propio Donalds evitó pronunciarse sobre la posibilidad de hacer historia. Susan MacManus, profesora emérita de la Universidad del Sur de la Florida, señaló que el origen étnico sigue siendo un factor entre los votantes del estado, pero con menor peso este año porque las preocupaciones económicas y el costo de vida dominan la agenda, y atribuyó el cambio en la composición de las candidaturas a las transformaciones demográficas del estado.

Según la petición, el caso plantea lo que el procurador general describió como un asunto de importancia excepcional y recurrente: la facultad del Gobierno federal para determinar quién puede servir en las Fuerzas Armadas del país. El escrito sostiene que la institución militar ha determinado que la política es necesaria para mantener sus estándares.

El litigio corresponde a la causa Talbott contra Estados Unidos, presentada en enero de 2025 ante la corte federal del Distrito de Columbia por el Centro Nacional por los Derechos LGBTQ y la organización GLAD Law. El caso involucra a 28 miembros del servicio activo. El 1 de junio de 2026, un panel dividido de tres jueces del Circuito de Apelaciones del Distrito de Columbia confirmó parcialmente la orden de primera instancia y determinó que el Gobierno no puede aplicar la política contra los demandantes que ya se encontraban en filas. En la opinión mayoritaria, el juez Robert Wilkins señaló que existía evidencia directa de que la medida estaba motivada por animadversión hacia las personas transgénero.

La política se originó en una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en enero de 2025, a partir de la cual el secretario de Defensa, Pete Hegseth, emitió una directiva que descalifica de manera presuntiva a las personas transgénero para el servicio militar. En mayo de 2025, la Corte Suprema autorizó la aplicación de esa política mientras avanzaban los procesos judiciales, en una decisión sin motivación expresa y con el voto disidente de tres magistradas.

La petición presentada esta semana pide, además de la revisión de fondo, que se levante de inmediato la medida cautelar y se permita proceder con las bajas mientras continúa el litigio. Desde la Casa Blanca se defendió la política en términos de estándares de preparación y capacidad operativa. Shannon Minter, abogado del Centro Nacional por los Derechos LGBTQ, sostuvo que la solicitud busca autorizar las bajas antes de que un tribunal haya emitido una sentencia definitiva.

Según la información publicada por NOTUS, desde la primavera de 2025 la Administración ha explorado mecanismos para ceder una franja de aproximadamente un cuarto de milla dentro de Yosemite a una compañía que, a través de una red de sociedades de responsabilidad limitada, es operada por la firma de inversión y desarrollo inmobiliario Kingsbarn Realty Capital. La propuesta contempla que el Servicio de Parques entregue el terreno o un interés sobre él en forma de servidumbre y reciba a cambio un predio de igual valor en un punto de California aún por definir. Los desarrolladores son propietarios de un lote de 83 acres colindante con el límite occidental del parque, a unas cinco millas de una de las arboledas de secuoyas milenarias. De acuerdo con el San Francisco Chronicle, el predio, conocido históricamente como Hazel Green Ranch, fue adquirido por Kingsbarn en 2024 por cuatro millones de dólares a través de una sociedad de responsabilidad limitada.

El mecanismo quedó consignado en un documento oficial remitido al Congreso. Según ese documento, obtenido por The Hill, el Servicio de Parques Nacionales señala que un propietario busca conectar su predio con una vía del parque para facilitar un desarrollo comercial, y que la agencia trabaja con el propietario en un intercambio de tierras que le permitiría transferir un interés sobre el terreno, con la condición de que el propietario adquiera un predio dentro del parque o en otras unidades del Servicio de Parques en California. Respuestas del Departamento del Interior a una oficina del Senado, compartidas con ese medio, describen el intercambio como una prioridad.

La firma defendió la legalidad de la operación. Lanny J. Davis, abogado de Kingsbarn Realty Capital, declaró a Newsweek que el proyecto corresponde a una vía de acceso de menos de media milla y sostuvo que el mecanismo de intercambio está expresamente previsto en la legislación federal y no reducirá el área del parque. El Departamento del Interior, del que depende el Servicio de Parques, reconoció ante Los Angeles Times que el acuerdo está bajo consideración, pero negó cualquier influencia indebida de la Casa Blanca. Un vocero de la cartera precisó que no se ha adoptado una decisión final y que cualquier intercambio de tierras o propuesta de acceso sobre predios del Servicio de Parques quedaría sujeto a las leyes, reglamentos y políticas federales aplicables, incluidos los procesos de revisión ambiental y notificación pública.

La propuesta enfrenta objeciones en el Congreso y entre organizaciones conservacionistas. El senador demócrata por California Alex Padilla afirmó que los parques nacionales no pertenecen a los aliados políticos del presidente y que los proyectos deben elegirse por sus méritos y no por las conexiones del solicitante con altos funcionarios. El senador Adam Schiff recordó que los tribunales ya anularon una iniciativa similar y anunció que acudirá nuevamente a la vía judicial de ser necesario. Un vocero del senador Jeff Merkley, demócrata de mayor rango en el subcomité de Asignaciones del Senado para Interior y Medio Ambiente, también manifestó su oposición.

Existe un antecedente judicial directo. La sociedad Hazel Green Ranch, LLC demandó al Servicio de Parques Nacionales en 2007 alegando el derecho a construir vías sobre dos rutas históricas hacia el valle de Yosemite, y una corte federal de apelaciones en California confirmó el fallo que negó ese derecho. De acuerdo con NOTUS, los intercambios de tierras son frecuentes en otras agencias federales, pero permutar terrenos del Servicio de Parques Nacionales para habilitar acceso a un desarrollo privado es inusual, según un exfuncionario de la entidad citado por ese medio. Don Neubacher, exsuperintendente de Yosemite, declaró a Los Angeles Times que considera que la propuesta es ilegal y que la transferencia de tierras públicas a otras entidades no corresponde a la práctica institucional.

NOTUS reportó además que el presidente ejecutivo de Kingsbarn, Jeff Pori, realizó aportes periódicos y en su mayoría de bajo monto a comités republicanos entre 2024 y 2025, sin antecedentes de donaciones a campañas nacionales antes de octubre de ese año. CNBC señaló que no encontró evidencia de que esas contribuciones hayan incidido en la evaluación de la propuesta por parte de la Administración.

De acuerdo con el comunicado de Rodríguez, el entendimiento contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos con un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo, una inversión de más de 100.000 millones de dólares y más de 209.000 millones de dólares en tributos para el Estado venezolano. La funcionaria agradeció al presidente Donald Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, y describió la alianza como un hito histórico en las relaciones bilaterales. El anuncio inicial fue hecho por Trump, quien lo calificó como el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial y señaló, en su publicación en Truth Social, que la transacción fue negociada por Rubio y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en asociación con empresas privadas. Rubio, por su parte, la describió como una victoria para los pueblos estadounidense y venezolano.

Según la Casa Blanca, citada por El Diario de Hoy, Estados Unidos asegura el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas venezolanas, equivalentes a cerca de una quinta parte del total del país. De acuerdo con ese mismo análisis, los 17 campos combinan yacimientos maduros en el entorno del lago de Maracaibo con zonas poco desarrolladas de la faja del Orinoco. Rodríguez sostuvo que el convenio facilitará un flujo de inversiones destinado a la recuperación y reconstrucción de infraestructura estratégica del sector de hidrocarburos, y lo atribuyó al fortalecimiento de la relación entre Caracas y Washington, que reanudaron formalmente sus vínculos diplomáticos en marzo pasado tras siete años de ruptura.

La industria petrolera venezolana registró una producción de 1,2 millones de barriles diarios al cierre de julio, un incremento de 29,8% frente a enero, según cifras reportadas por Semana. El Diario de Hoy señala que se trata del nivel más alto desde 2019, que Caracas aspira a alcanzar 1,37 millones de barriles diarios al cierre del año y que cerca de la mitad de ese crudo ya se destina a refinerías estadounidenses. La producción venezolana superaba los 3,4 millones de barriles diarios a finales de la década de 1990.

El acuerdo se produce tras la captura de Nicolás Maduro por tropas estadounidenses el 3 de enero de este año. Maduro enfrenta un juicio en Nueva York por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, mientras que su esposa, Cilia Flores, está acusada de delitos relacionados con importación de drogas y posesión de armas.

El anuncio abrió dos frentes de cuestionamiento interno. El partido opositor Unión y Cambio, creado en 2025 por dirigentes provenientes de Primero Justicia, pidió al Gobierno hacer públicos el alcance, los términos y las condiciones del acuerdo, y sostuvo en un comunicado publicado en X que se trata de un contrato de interés nacional que debe ser examinado conforme a la Constitución venezolana. La formación defendió la atracción de capitales nacionales e internacionales y un régimen fiscal que no sacrifique los ingresos del Estado, pero planteó que la propiedad del petróleo debe mantenerse en manos de los venezolanos. Juan Pablo Guanipa, exvicepresidente de la Asamblea Nacional, pidió una lectura calmada del acuerdo y reconoció, según declaraciones recogidas por EFE, que agregar valor a las reservas requiere inversión privada extranjera de magnitud, aunque condicionó su éxito a que la población perciba beneficios directos.

Del otro lado, decenas de simpatizantes del chavismo se concentraron este sábado en el centro de Caracas, cerca de la sede de la Asamblea Nacional, para protestar contra la presencia estadounidense en Venezuela y exigir la liberación de Maduro y Flores. Humberto Vargas, miembro del Frente Popular Antiimperialista, declaró a EFE que el movimiento discutirá próximamente el alcance del acuerdo petrolero y que se mantendrá movilizado. Los manifestantes entregaron un manifiesto en el que también rechazan el proceso de diálogo con un sector de la oposición encabezado por la exdiputada Dinorah Figuera, al que califican como una negociación tutelada por Washington.

Para el entorno regional, según la lectura de El Diario de Hoy, el acuerdo responde al objetivo estadounidense de asegurar suministro hemisférico, desplazar a China, Rusia e Irán del sector petrolero venezolano y mostrar resultados internos en materia de precios de combustible.

De acuerdo con la información reportada por Reuters a partir de los registros ante la Junta de Transporte de Superficie (STB), Union Pacific fue el único ferrocarril de gran escala que reportó recargos de combustible superiores a sus costos de combustible en el primer semestre de 2026, con un excedente de 56,4 millones de dólares en el periodo. En el segundo trimestre, Norfolk Southern y CSX también registraron excedentes, de 3,6 y 8,4 millones de dólares respectivamente. En contraste, BNSF, principal competidor de Union Pacific en el occidente estadounidense, recaudó 658,1 millones de dólares menos por recargos de lo que gastó en combustible durante los primeros seis meses del año.

La compañía informó el mes pasado que los recargos por combustible aportaron 14 centavos por acción a sus utilidades del segundo trimestre, equivalentes a cerca de 83,2 millones de dólares. Union Pacific señaló que su incremento porcentual interanual en recargos está en línea con el de la industria. En 2025, la recaudación total de la empresa por este concepto fue de 2.300 millones de dólares, 48 millones menos de lo que pagó por combustible.

Los ferrocarriles son las únicas empresas de transporte estadounidenses que reportan al regulador tanto sus costos de combustible como sus ingresos por recargos, lo que permite comparar ambos rubros. En el transporte carretero y en la paquetería no existe una obligación equivalente de reporte, de modo que la relación entre el recargo cobrado y el costo efectivamente incurrido no es verificable públicamente.

El recargo por combustible es un cargo variable que se suma a la tarifa base y se indexa habitualmente al precio promedio semanal del diésel en carretera que publica el Departamento de Energía, con recálculo semanal. Tras el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, el precio promedio del diésel en Estados Unidos superó los cinco dólares por galón en marzo, el nivel más alto desde finales de 2022, según datos de la Administración de Información Energética, y los recargos se ajustaron automáticamente al alza en toda la red de transporte.

Según análisis del sector citados por medios especializados, el efecto es asimétrico entre actores: en la carga contratada, el cargador absorbe la mayor parte del incremento a través de tarifas más altas, mientras que en la carga cotizada en mercado spot son los transportistas, en particular operadores pequeños e independientes sin acuerdo formal de recargo, quienes absorben el costo. Algunos cargadores han cuestionado que los recargos, concebidos como mecanismo de recuperación de costos, resulten en ocasiones superiores al costo real del combustible.