Lugar: Hotel Hilton
Fecha: 23 de abril
Hora de inicio: 7:00 a.m.
07:00 – 08:20 | Asamblea Ordinaria Afiliados
08:20 – 08:35 | Bienvenida y apertura
Intervención: María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia
Temas:
- Reflexión sobre los 70 años de AmCham Colombiay su papel en la construcción de una relación sólida entre Colombia y EE.UU.
- Impacto en el comercio, la inversión y la diplomacia.
- TLC, diversificación y porque sigue siendo el mejor mercado para Colombia
- Proyección de la Cámara para los próximos 70 años.
08:35 – 09:20 | Seguridad y Defensa Nacional: Estrategia para garantizar la gobernabilidad
Participantes
General Pedro Sánchez – Ministro de Defensa
Angela Buitrago – Ministra de Justicia
Moderador: Fernando Quijano – Director La República
Temas:
- Contexto y Desafíos en Seguridad Nacional
- Compromiso de Colombia con la Seguridad y la Lucha contra el Narcotráfico
- Estrategia de Seguridad Integral y Desarrollo Territorial
- Estrategia para la No Descertificación de Colombia
09:20 – 10:10 | Conversatorio: Colombia y EE.UU.: Una relación en transformación, ¿hacia dónde vamos?
Participantes
Juan Manuel Santos, Expresidente de Colombia y Premio Nobel de Paz
Modera: Roberto Pombo, Director Editorial de Prisa Media en Colombia
Temas:
- Análisis de la evolución histórica de la relación entre ambos países.
- Perspectivas sobre los desafíos y oportunidades actuales.
- Importancia de la relación con Estados Unidos para Colombia.
- Propuestas para fortalecer los lazos en las próximas décadas.
10:10 – 10:25 | La comisión de amistad entre el Congreso de Estados Unidos y el Congreso de Colombia
Invitado Especial
Efraín Cepeda Sarabia – Presidente del Senado de la República de Colombia
10:25- 11:00 | Diplomacia en la relación Colombia-EE.UU.: aliados estratégicos, tensiones y oportunidades
Invitados Especiales:
- 10:25 – 10:40 John McNamara – Embajador (e) de EEUU en Colombia
- 10:40 – 11:00 Daniel García-Peña – Embajador de Colombia en EE. UU.
Temas:
- El papel de la diplomacia en la relación bilateral
- Eficiencia y efectividad diplomática: logros alcanzados y desafíos pendientes
- Impacto y ajustes de la cooperación en seguridad y lucha contra el narcotráfico
- Migración y cooperación bilateral: desafíos, oportunidades y el camino a seguir.
- Influencia de la diplomacia en el comercio, la inversión y la competitividad
- Transición en la agenda bilateral: de la seguridad a la innovación y transformación productiva
- Adaptabilidad de la diplomacia a los retos geopolíticos y económicos
11:00 – 11:50 | Panel: Congreso y comercio bilateral: ¿Construyendo puentes o levantando barreras?
Participantes:
- Senadora Angelica Lozano (PV)
- Senadora María Fernanda Cabal (CD)
- Senador Mauricio Gómez-Amin (L)
- Modera: Maritza Aristizabal
Temas:
- El rol del Congreso en la relación bilateral: impacto en comercio, inversión y cooperación.
- Bipartidismo en EE.UU.: cómo se ha construido y su papel en la estabilidad de la relación con Colombia.
- Legislación en Colombia: apoyo para fortalecer la relación y atraer inversión.
- Tratados comerciales y cooperación económica: avances y retos legislativos.
- Desafíos y oportunidades para la próxima década.
11:50 – 12:30 | Conversación: ¿Dependencia o estrategia? El dilema comercial entre Colombia y EE.UU.
Participantes:
- Neil Herrington, Vicepresidente Senior, Departamento de las Americas, U.S. Chamber of Commerce
- Moderador: María Alejandra Villamizar – Directora Fundación Conversa Colombia – Periodista, columnista, analista política
Temas:
- El papel de EE.UU. en la estrategia comercial de Colombia: ¿una relación irremplazable o una que debe diversificarse?
- Empresas y gremios en la era Trump: ¿cómo jugar en un tablero de proteccionismo y nacionalismo económico?
- Inversión y comercio bilateral: ¿cómo mantener y fortalecer la confianza empresarial en tiempos inciertos?
- Oportunidades para Colombia en el nuevo escenario global: nearshoring, reindustrialización y acceso a mercados.
- El rol del sector privado y el gobierno en la estabilidad de la relación comercial.
12:30 – 14:00 | Almuerzo
14:00 – 14:45 | Panel: EE.UU. y sus aliados: ¿Socios estratégicos o rivales comerciales? La visión de China y México
Participantes:
- Embajador de China:Zhu Jingyang
- Embajadora de México:Martha Patricia Ruiz Anchondo
Modera: Juan Mesa –Director Estratégico Comunicaciones – CEO Libreta Personal
Temas:
- Impacto de la política comercial de EE.UU. en sus relaciones con China, México y Canadá: tensiones, acuerdos y desafíos.
- Nearshoring y reconfiguración de las cadenas de suministro: oportunidades y competencia entre los tres países.
- Regulaciones y proteccionismo estadounidense: efectos en la inversión, el comercio y la manufactura.
- Cooperación y rivalidad en sectores estratégicos: inteligencia artificial, semiconductores, energías renovables y tecnología.
- Lecciones y oportunidades para Colombia: cómo aprovechar la dinámica global en el comercio y la inversión. América Latina como actor clave: ¿Cómo pasar de ser un campo de disputa a un socio estratégico global?
14:45 PM – 15:35 PM | Panel: ¿Colombia exporta crecimiento? El impacto de EE.UU. en el desarrollo económico y social
Participantes:
- Javier Díaz – Presidente Analdex (Asociación Nacional de Comercio Exterior)
- German Bahamon – Gerente General Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
- Ana Karina Quessep – Presidenta Ejecutiva Bpro (Asociación Colombiana de BPO y Tercerización de Servicios)
- Miguel Espinosa – Presidente Ejecutivo Fitac (Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional)
- Moderador: María Claudia Lacouture – Presidenta Ejecutiva AmCham Colombia
Temas:
- La evolución del comercio entre Colombia y EE.UU.: impacto del TLC y otros acuerdos en los sectores productivos.
- Casos de éxito: cómo la relación con EE.UU. ha impulsado el crecimiento de sectores estratégicos.
- Exportaciones y desarrollo social: generación de empleo, formalización y oportunidades en las regiones.
- El desafío de la competitividad: barreras para la expansión y estrategias para fortalecer la presencia colombiana en EE.UU.
- Innovación, sostenibilidad y valor agregado: claves para el futuro de la oferta exportadora colombiana.
- El papel de los gremios en la defensa y fortalecimiento de la relación comercial con EE.UU.
15:40 PM – 16:25 PM | Panel: Negocios en tiempos de incertidumbre: ¿Sigue siendo EE.UU. el socio clave para Colombia?
Participantes:
- Carlos Manuel Uribe (Flores el Capiro)
- Angela Hurtado (JP Morgan)
- Luis Fernando Montoya (Colhilados)
- Manuel Julián Dávila (Grupo Daabon)
- Moderador: Francisco Miranda – Director Portafolio (TBC)
Temas:
- ¿Por qué apostarle a la relación EE.UU.-Colombia? Beneficios tangibles para las empresas en ambos países.
- Impacto de los aranceles como arma comercial: ¿cómo proteger los negocios frente a políticas proteccionistas?
- Competitividad y acceso a mercados: ¿cómo se posicionan las empresas colombianas en EE.UU.?
- Inversión estadounidense en Colombia: oportunidades y desafíos en un entorno de cambios.
- El futuro de la integración productiva: estrategias para mantener y fortalecer la cooperación empresarial.
- ¿Vale la pena seguir invirtiendo en la relación bilateral? Perspectivas a corto y largo plazo.
16:30 – 17:10 | América Latina y el Caribe: hacia un desarrollo sostenible en el siglo XXI
Orador: Sergio Diaz-Granados, Presidente de la CAF (Virtual)
Temas:
- Desafíos transversales de la política social
- Políticas para el desarrollo productivo
- Perspectivas de crecimiento económico sostenible: oportunidades en medio de los desafíos persistentes.
- Aprovechar nuevas (y viejas) oportunidades: la agenda pendiente y el papel de la institucionalidad.
17:10 – 17:45 | Reconocimientos AmCham Colombia
17:45 | Coctel
Colombia propone reenfocar la Misión de la ONU en reincorporación y seguridad
El Gobierno colombiano planteó este 12 de octubre ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que la Misión de Verificación concentre su mandato en dos componentes del Acuerdo de Paz de 2016: la reincorporación de los antiguos integrantes de las FARC y las garantías de seguridad. La propuesta, presentada por el canciller Omar Bula, retiraría de la supervisión directa de la Misión el tercer componente que actualmente verifica: la Reforma Rural Integral.
El cambio es importante, pero no significa que Colombia esté solicitando eliminar la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz ni dejar de cumplirla. Bula fue explícito en señalar que las obligaciones del Estado continuarían vigentes y que la cooperación internacional podría seguir apoyando proyectos rurales. El argumento del Gobierno es distinto: acceso a la tierra, formalización de la propiedad, productividad, infraestructura y desarrollo campesino son políticas estructurales y de largo plazo que, a su juicio, deben quedar integradas a las instituciones permanentes del Estado y no depender de una misión internacional de carácter temporal. La propuesta fue trabajada con el Ministerio de Agricultura.
Lo que sí cambiaría es quién hace la verificación internacional independiente. Actualmente la Misión no ejecuta la reforma ni decide la política agraria; observa sus avances, identifica dificultades y reporta periódicamente al Consejo de Seguridad sobre asuntos como acceso y uso de la tierra, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial —PDET— y los Planes Nacionales de Reforma Rural Integral. Si el Consejo acepta la propuesta colombiana, estos temas dejarían de formar parte de los informes y de la verificación territorial específica de la Misión, aunque seguirían bajo responsabilidad del Estado y podrían continuar recibiendo acompañamiento de otras agencias de Naciones Unidas y de la cooperación internacional.
La solicitud tiene además un antecedente que explica parte de la discusión. La Reforma Rural Integral no estuvo desde el comienzo dentro del mandato de esta Misión. El Consejo de Seguridad la incorporó en enero de 2023 mediante la Resolución 2673, después de recibir una solicitud presentada como conjunta por el Gobierno colombiano y los antiguos integrantes de las FARC. Esa misma resolución expresó la disposición del Consejo a trabajar sobre el mandato teniendo como referencia el acuerdo entre las partes. En 2025 el mandato ya fue reducido: dejaron de verificarse el Capítulo Étnico y el cumplimiento de las sanciones restaurativas de la Jurisdicción Especial para la Paz. Hoy quedan tres pilares: reincorporación, seguridad y reforma rural, y la propuesta del Gobierno reduciría la labor específica de verificación a los dos primeros.
Este es precisamente uno de los motivos por los que la iniciativa ha generado preocupación entre firmantes del Acuerdo, organizaciones campesinas, indígenas, afrocolombianas y de víctimas que respaldan una implementación integral. No necesariamente porque retirar la verificación de la ONU suprima jurídicamente la reforma, sino porque consideran que seguridad, desarrollo rural, víctimas y reincorporación forman parte de una misma arquitectura. El 9 de octubre, representantes de estos sectores enviaron una carta al Consejo de Seguridad señalando que la reducción de la violencia, la justicia transicional y la reforma rural deben entenderse como componentes conectados de la construcción de paz. Antiguos integrantes de las FARC también han pedido preservar esa arquitectura y fortalecer la interlocución a través de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación —CSIVI—.
La discusión de fondo está en si la reforma rural debe seguir siendo observada internacionalmente como un componente directamente relacionado con la paz y la seguridad, o si después de casi diez años debe avanzar principalmente como una política pública ordinaria del Estado colombiano. La posición del Gobierno se acerca a la segunda visión. Naciones Unidas mantiene la primera conexión: en su informe más reciente, el secretario general António Guterres señaló que la reforma rural puede contribuir a ampliar la presencia del Estado, fortalecer el desarrollo económico y reducir las condiciones que sostienen economías ilícitas en territorios afectados por el conflicto.
Miroslav Jenča, jefe de la Misión, reforzó esa relación ante el Consejo. Mencionó los PDET, la Jurisdicción Agraria y el Catastro Multipropósito como instrumentos que pueden mejorar la presencia institucional y la seguridad jurídica sobre la tierra. Según Jenča, esta última también es relevante para facilitar inversión privada y crecimiento económico en territorios históricamente afectados por la violencia. Esto muestra que el debate tiene implicaciones que van más allá del proceso de paz: involucra desarrollo territorial, propiedad rural, infraestructura, economías ilícitas y condiciones para la inversión.
También existe una dimensión institucional. La Misión cuenta con presencia territorial y relaciones construidas durante años con autoridades, comunidades y firmantes. Su verificación ofrece un tercero que recopila información y presenta evaluaciones públicas al Consejo de Seguridad. Retirar la reforma rural de ese mandato daría al Estado colombiano una responsabilidad aún mayor sobre seguimiento, indicadores, transparencia y rendición de cuentas, si quiere demostrar que el cambio de mecanismo no significa menor seguimiento a los compromisos.
La decisión no corresponde únicamente al Gobierno colombiano. El Consejo de Seguridad debe aprobar el nuevo mandato, que actualmente vence el 31 de octubre. Puede mantenerlo, modificarlo o adoptar una fórmula intermedia. Además, aunque algunos medios han mencionado el 30 de octubre como fecha de decisión, al 12 de octubre la información oficial confirma que la renovación deberá producirse antes del vencimiento del día 31, pero el calendario definitivo de la votación todavía puede ajustarse.
El debate, por tanto, no es si la Reforma Rural Integral continúa o desaparece. La pregunta es qué mecanismo debe acompañar y verificar su cumplimiento en la siguiente etapa del Acuerdo de Paz.
Para el Gobierno, el paso hacia la institucionalidad permanente puede representar una maduración de esa política; para quienes defienden mantener la verificación internacional, la presencia de la ONU continúa ofreciendo transparencia, continuidad e interlocución en territorios donde varios compromisos siguen pendientes. El resultado dependerá ahora de cómo el Consejo de Seguridad concilie ambas perspectivas al renovar el mandato.
El presidente Abelardo De la Espriella conversó por teléfono este lunes 12 de octubre con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Según el Departamento de Estado, la llamada tuvo como propósito reafirmar la asociación renovada entre Estados Unidos y Colombia. De acuerdo con el portavoz Tommy Pigott, el secretario valoró los esfuerzos de Colombia en el avance de prioridades compartidas y su contribución a un hemisferio seguro, estable y próspero.
Por su parte, la Presidencia de la República informó que la conversación se extendió por más de 15 minutos. Según esa información, ambos funcionarios intercambiaron perspectivas sobre la situación del país y los asuntos de interés común, en particular en materia de seguridad y estabilidad regional. También destacaron la importancia del apoyo mutuo, la cooperación bilateral y el fortalecimiento de las relaciones estratégicas. El Gobierno colombiano reiteró su compromiso de mantener una comunicación directa y permanente con Washington.
La conversación se suma al acercamiento entre ambos Gobiernos desde la posesión del presidente De la Espriella, el 7 de agosto. Uno de sus hitos fue la visita de Rubio a Barranquilla el 8 de septiembre, cuando se definieron los Acuerdos de Barranquilla. Esta hoja de ruta se centra en la recuperación económica, la seguridad y la cooperación regional. En esa ocasión también se firmaron memorandos de entendimiento sobre minerales críticos y tierras raras, y sobre cooperación en energía nuclear civil.
Un vocero de America PAC, el principal comité de acción política de Elon Musk, confirmó este lunes que el empresario ha aportado al menos US$276 millones a la contienda electoral desde julio. La confirmación llega tres días antes de que venza, el jueves 15 de octubre, el plazo para que las campañas y ciertos comités presenten ante la Comisión Federal Electoral sus informes financieros del último trimestre.
Según el vocero, la mayor parte de los aportes más recientes, US$158 millones, se destinó al Fondo de Liderazgo del Senado (Senate Leadership Fund). Este es el principal comité independiente que apoya a los candidatos republicanos al Senado. El fondo ha invertido más de US$100 millones en Texas, donde el fiscal general del estado, el republicano Ken Paxton, disputa un escaño en el Senado con el congresista estatal demócrata James Talarico. El comité ha señalado que ese gasto proviene de un fondo dedicado y que no resta recursos a otras contiendas competitivas.
America PAC reactivó su operación a finales de julio con una estrategia de visitas puerta a puerta, publicidad digital y correo directo. La estrategia busca movilizar a votantes conservadores que suelen participar menos en elecciones no presidenciales y se coordina con otros grupos republicanos. En el ciclo de 2024, Musk fue el mayor donante individual del país, con cerca de US$300 millones en apoyo a la campaña presidencial de Donald Trump.
En mayo de 2025, Musk anunció que reduciría de manera considerable su gasto político, y posteriormente se distanció del presidente por la ley de impuestos y gasto impulsada por la Casa Blanca. La relación entre ambos se ha recompuesto desde entonces. La semana pasada, Trump le otorgó la Medalla Nacional de la Ciencia. Los comicios de mitad de mandato se celebrarán el 3 de noviembre y definirán el control de ambas cámaras del Congreso.
El congresista republicano Gabe Evans busca conservar su escaño por el Distrito 8 de Colorado frente al exlegislador estatal demócrata Manny Rutinel. Los analistas electorales consideran que la contienda es una de las más competidas del país en las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre. Las dos elecciones anteriores en este distrito se resolvieron por menos de un punto porcentual. En 2024, Evans obtuvo el escaño por 2.449 votos frente a la entonces representante demócrata Yadira Caraveo, quien dos años antes había ganado la primera elección del distrito por 1.632 sufragios.
Una encuesta de la firma republicana McLaughlin & Associates, realizada el 16 y 17 de septiembre entre 400 probables votantes, sitúa a Evans con el 48 % de intención de voto y a Rutinel con el 46 %, dentro del margen de error. El 6 % de los encuestados se declaró indeciso. La encuesta fue encargada por una organización conservadora que respalda a Evans. Según el mismo sondeo, el 51 % de los votantes del distrito desaprueba la gestión del presidente Donald Trump y el 34 % la aprueba.
El distrito se creó tras el censo de 2020. Abarca comunidades urbanas y suburbanas al norte de Denver, así como zonas agrícolas y petroleras de los condados de Weld y Larimer. Según la organización UnidosUS, los latinos representan el 28,5 % de los votantes registrados, unos 131.460 electores, y el 30,1 % de la población ciudadana en edad de votar.
Ambos candidatos tienen raíces latinas. Evans es nieto de inmigrantes mexicanos, veterano del Ejército y expolicía. Rutinel es hijo de una inmigrante dominicana. Evans centra su campaña en la reducción de impuestos, la generación de empleo, el costo de vida y una mayor producción energética nacional. En materia migratoria, impulsa la Ley de Dignidad, una propuesta de reforma que presentó en 2025 junto con la congresista republicana María Elvira Salazar y que combina medidas de seguridad fronteriza con mecanismos de regularización para ciertos inmigrantes. Rutinel ha enfocado su campaña en el costo de vida, el efecto de los aranceles sobre los precios de alimentos y vivienda, y los cambios aprobados a Medicaid y a los subsidios de salud. También propone prohibir las donaciones corporativas a los políticos y las operaciones bursátiles de los congresistas, y establecer límites de mandato.
La representante María Elvira Salazar publicó en la red social X un video en el que el presidente Abelardo De la Espriella le expresa su apoyo. “La mejor amiga de Colombia en el Congreso de EE.UU. es María Elvira Salazar, que siempre ha estado ahí y ha defendido a Colombia, y por eso estoy con María Elvira Salazar”, afirma el mandatario. Salazar agradeció el respaldo y señaló que representar a miles de colombianos en el sur de Florida ha hecho de Colombia una causa que lleva al Congreso. Afirmó también que ha defendido la democracia colombiana y la relación bilateral, y que el presidente tiene en ella una amiga y Colombia una aliada.
Salazar, del Partido Republicano, representa desde 2021 el Distrito 27 de Florida, que abarca el sur de Miami y municipios como Coral Gables, Cutler Bay, Key Biscayne y Pinecrest. En las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre enfrentará al candidato demócrata Eliott Rodríguez, ex presentador de televisión. El Comité de Campaña Demócrata del Congreso incluye este distrito entre los tres de Florida que considera disputables. En 2024, Salazar fue reelegida con cerca de 21 puntos de ventaja.
En el Congreso, Salazar ha impulsado la Ley de Dignidad, una propuesta de reforma migratoria, y se ha pronunciado a favor de extender el Estatus de Protección Temporal para venezolanos y haitianos. La votación anticipada en Florida se realizará del 24 al 31 de octubre.
Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), unidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ejecutaron en la mañana del lunes 12 de octubre una orden de registro en la vivienda de la congresista Ilhan Omar en el área de Washington. Un juez había autorizado la orden a solicitud del Departamento de Justicia. El Departamento confirmó que la actuación hace parte de una investigación penal federal en curso, pero no identificó a la persona investigada ni entregó más detalles. La Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional remitieron las consultas al Departamento de Justicia.
Según personas conocedoras del caso citadas por medios estadounidenses, la investigación se relaciona con un presunto fraude en trámites migratorios. Entre otros aspectos, examina documentación presentada por el padre de la congresista cuando ella era menor de edad. En septiembre, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, confirmó que la entidad revisaba el historial migratorio de Omar, incluidos los señalamientos sobre su matrimonio de 2009. Posteriormente, el asesor de la Casa Blanca para asuntos fronterizos, Tom Homan, indicó que HSI estaba a cargo de la investigación. Ningún tribunal ha establecido irregularidades, y Omar ha rechazado en repetidas ocasiones estas acusaciones.
En un mensaje en la red social X, la congresista afirmó que no será silenciada. Describió el registro como la escalada más reciente de una campaña de intimidación política y como un intento de usar las fuerzas federales del orden contra adversarios políticos. Los líderes del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes calificaron la diligencia de profundamente inquietante en un comunicado conjunto.
Omar nació en Somalia, llegó a Estados Unidos como refugiada en 1995 y obtuvo la ciudadanía en 2000. Aspira a la reelección en las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre. Dirigentes demócratas cuestionaron que el registro se produjera a tres semanas de los comicios, a la luz de la práctica del Departamento de Justicia de evitar acciones investigativas visibles contra candidatos en la antesala electoral.
La mayoría republicana en la Cámara de Representantes es de 219 escaños frente a 214 de los demócratas, cifra que incluye a un legislador independiente que forma parte del bloque republicano. Con esa composición, los demócratas necesitan una ganancia neta de tres escaños para obtener el control de la cámara. Aunque los 435 escaños están en disputa, cerca del 83 % de las contiendas no se consideran competitivas. Según las proyecciones del Cook Political Report, publicación especializada en análisis electoral, 21 distritos tienen un resultado incierto y el total de contiendas competitivas asciende a 76. Los demócratas defienden 14 escaños en riesgo y los republicanos 25, de los cuales 15 están clasificados como de resultado incierto.
Las contiendas más reñidas se concentran en tres tipos de regiones. La primera son los distritos industriales del medio oeste y el noreste, en estados como Michigan, Pensilvania y Ohio. La segunda, los suburbios de estados como Nueva York, Virginia y Carolina del Norte. La tercera, los distritos del sur y el oeste, como los de Florida, Texas, California y Nevada, donde el voto latino tiene un peso considerable. En las últimas dos semanas, el Cook Political Report modificó su calificación en 33 contiendas, todas en dirección favorable a los demócratas.
Según el promedio de encuestas de Silver Bulletin, el 60 % de los estadounidenses desaprueba la gestión del presidente Donald Trump y el 37 % la aprueba. En materia económica, la desaprobación llega al 72 %. En la pregunta sobre intención de voto por partido para el Congreso, los demócratas registran una ventaja promedio de nueve puntos. Históricamente, el partido del presidente pierde en promedio 26 escaños en las elecciones de mitad de mandato desde la Segunda Guerra Mundial, según la Institución Brookings.
Los republicanos cuentan con dos factores a su favor. El primero es la redistribución anticipada de distritos, que llevó a nueve estados a adoptar nuevos mapas electorales. El Cook Political Report estima que esos cambios representarían una ganancia neta de cuatro escaños para el Partido Republicano: nueve en Alabama, Florida, Luisiana, Carolina del Norte, Ohio, Tennessee y Texas, frente a cinco para los demócratas en California y Utah. El segundo es la posibilidad de que las encuestas subestimen el apoyo republicano, como ocurrió en las tres elecciones presidenciales en las que Trump fue candidato. Algunos analistas señalan, sin embargo, que en las elecciones de mitad de mandato desde 2016 las encuestas no han mostrado ese sesgo. El partido también ha anunciado una inversión de último momento de cientos de millones de dólares para defender los distritos que Trump ganó en 2024.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió este lunes 12 de octubre, en su conferencia de prensa matutina, al estado de las conversaciones con el Gobierno de Estados Unidos en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). “Hay avances. Todavía no tenemos un acuerdo final, pero seguimos dialogando, que es lo importante”, señaló.
Las declaraciones se produjeron dos días después de que el presidente Donald Trump, en un acto en Clarksville (Tennessee), planteara la posibilidad de concretar un acuerdo comercial independiente con México. En esa ocasión, Trump afirmó que su país no necesita el comercio con Canadá y sugirió adelantar negociaciones individuales con los socios de la región. Sheinbaum indicó que, por el momento, Washington ha decidido negociar por separado con cada país. Precisó también que el tratado se mantiene vigente, pues fue aprobado por los Senados de los tres países, y que cualquier modificación o terminación exige procesos legales y legislativos en cada uno de ellos.
Entre las prioridades del Gobierno mexicano en estas conversaciones figuran la reducción de los aranceles vigentes sobre las exportaciones de automóviles, acero y aluminio, y evitar la imposición de nuevos gravámenes mientras avanza la revisión.
La primera revisión conjunta del T-MEC concluyó el 1 de julio sin que Estados Unidos aceptara extender la vigencia del acuerdo por 16 años. En consecuencia, el tratado permanecerá en vigor al menos hasta 2036 y quedó sujeto a revisiones anuales. Según Sheinbaum, sigue abierta la posibilidad de acordar esa extensión en una próxima consulta.
Conatel informó que su junta directiva aprobó una habilitación general y siete concesiones en la banda Ku a favor de SPACEX VZ, S.C.A., filial venezolana de SpaceX. La decisión autoriza la prestación del servicio de internet satelital Starlink en todo el territorio nacional, con domicilio local y bajo supervisión del regulador. La compañía aún no ha anunciado la fecha de inicio de su operación comercial.
La autorización tiene como antecedente la cooperación que siguió al doble sismo del 24 de junio en el norte del país, que dejó a La Guaira sin internet ni telefonía. En ese momento, Conatel concedió permisos temporales para probar equipos de la empresa. Las pruebas incluyeron la tecnología de conexión directa al dispositivo, que permitió enviar mensajes de texto entre los tres operadores móviles del país a través de la red satelital, y la operación en banda Ku con parámetros técnicos flexibilizados para atender la emergencia. Según informó entonces la Embajada de Estados Unidos en Caracas, Starlink distribuyó más de 1.600 equipos de conectividad para apoyar a equipos de rescate, personal de salud y organizaciones humanitarias.
A partir de julio, la empresa sostuvo mesas de trabajo con Conatel para revisar los requisitos técnicos, jurídicos y económicos de su operación. Como parte de ese proceso, el regulador le pidió iniciar la homologación de sus equipos. Posteriormente, SpaceX presentó su solicitud formal.
Hasta ahora Starlink no comercializaba sus servicios en Venezuela, aunque cerca del 3,6 % de los usuarios de internet del país ya utilizaba sus equipos de manera irregular, según el registro regional de direcciones de internet APNIC. Durante el gobierno de Nicolás Maduro, las autoridades detuvieron a personas que comercializaban antenas de la compañía. Tras su salida del poder en enero, la empresa ofreció su servicio de banda ancha de forma gratuita en el país durante un mes. Según la organización de derechos digitales VE Sin Filtro, la ausencia de la empresa respondía también a las sanciones de Estados Unidos y a la necesidad de cumplir con la normativa estadounidense.
Las autoridades de Long Beach, en el condado de Los Ángeles, iniciaron este lunes las labores de reparación y limpieza en la península de la ciudad. El oleaje y las mareas altas asociados a la tormenta tropical Rachel rompieron parte del muro de contención y del paseo marítimo durante el fin de semana. Las cuadrillas municipales realizaron reparaciones de emergencia, extrajeron agua de las calles y reforzaron la zona expuesta con cerca de 1.000 sacos de arena. Algunos residentes no podrán regresar a sus viviendas al menos hasta el martes.
Los inspectores de la ciudad declararon inhabitables dos edificaciones con tres unidades de vivienda y restringieron el uso de otras tres. Rachel dejó menos lluvia de la prevista, pero su efecto combinado con El Niño generó un fuerte oleaje en la costa. En el vecino condado de Orange, la ciudad de Newport Beach declaró una emergencia local por las inundaciones costeras en la península de Balboa.
El alcalde de Long Beach, Rex Richardson, calificó los efectos como sin precedentes para la comunidad. Señaló que el episodio aumenta la urgencia de fortalecer la resiliencia climática del litoral y advirtió que los efectos de El Niño sobre la costa oeste podrían intensificarse este invierno. Los daños se suman a los que dejaron semanas atrás los huracanes Marie y Polo en la misma zona.
El Centro Nacional de Huracanes indicó que lo peor de Rachel ya pasó, aunque las condiciones peligrosas podrían persistir en los próximos días. Los remanentes de la tormenta avanzaron hacia el interior con riesgo de inundaciones desde el sur de Idaho hasta Baja California, en México. Al mismo tiempo, el país enfrentaba en el este los efectos del huracán Isaias, que dejó cientos de miles de usuarios sin electricidad desde Florida hasta Pensilvania.
Nidal Malik Hasan, exmayor y psiquiatra del Ejército, fue condenado a muerte por el ataque armado de noviembre de 2009 en la base militar de Fort Hood, Texas, en el que murieron 13 personas y 32 resultaron heridas. Su ejecución está prevista para el 3 de diciembre en esa misma base, mediante pelotón de fusilamiento. El presidente Trump la autorizó por recomendación del secretario de Defensa, Pete Hegseth. Sería la primera ejecución por fusilamiento a cargo de las fuerzas militares estadounidenses desde la Segunda Guerra Mundial. La última ejecución militar en el país tuvo lugar en 1961.
El jueves 8 de octubre, Hegseth anunció que la ejecución sería pública, y el Departamento de Defensa confirmó que se transmitiría en directo. Según el secretario, la medida busca mostrar que este tipo de actos tiene consecuencias graves. El reglamento del Ejército sobre ejecuciones no contempla su difusión, y en Estados Unidos no se realiza una ejecución pública desde 1936. El sábado 10 de octubre, Trump señaló que hay dos opciones, mostrarla o no mostrarla, y que tomará la decisión final.
La propuesta ha recibido objeciones de distintos sectores. El vicepresidente J. D. Vance indicó que no sabe si la transmisión se llevará a cabo y que, en caso de realizarse, no la verá. El senador republicano Thom Tillis y el senador demócrata Jack Reed, principal miembro de la minoría en el Comité de Servicios Armados del Senado, expresaron su rechazo. La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos pidió reconsiderar la medida. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos recordó que, a su juicio, la transmisión en directo de una ejecución equivale a una ejecución pública, contraria a la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Expertos en derecho militar consultados por la agencia AP coinciden en que las vías legales para impugnar la transmisión son limitadas. Según ellos, solo Hasan tendría legitimidad para objetarla, mediante una petición de habeas corpus ante un tribunal federal. Hasta ahora, Hasan no ha manifestado intención de apelar ningún aspecto de su condena.
El presidente Donald Trump defendió este lunes el acuerdo alcanzado con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para que Rusia libere diésel a los mercados internacionales. Según Trump, la medida busca reducir los altos precios del combustible, que han marcado máximos históricos en las últimas semanas. El mandatario anunció el acuerdo el viernes 9 de octubre: Rusia suministraría de inmediato más de 300.000 toneladas de diésel, otras 500.000 en noviembre y un millón de toneladas posteriormente. El Kremlin, por su parte, emitió una declaración más general en la que se mostró dispuesto a suministrar el combustible.
Para viabilizar el acuerdo, el Departamento del Tesoro emitió ese mismo día la Licencia General 135 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). La licencia suspende las sanciones sobre el diésel ruso hasta el 7 de abril de 2027, un plazo cercano a seis meses. Estados Unidos había prohibido las importaciones de energía rusa en 2022, tras el inicio de la invasión a Ucrania. Hace tres semanas, el presidente firmó además la Ley Lindsey O. Graham de Sanciones a Rusia e Irán de 2026, que amplió las sanciones al sector energético ruso.
El domingo, un grupo de senadores republicanos y demócratas pidió a Trump revertir el acuerdo, por considerar que podría infringir la ley de 2022. El senador republicano Jerry Moran señaló que las sanciones deberían endurecerse y no flexibilizarse. El congresista demócrata Steny Hoyer instó al Congreso a impedir que se usen fondos estadounidenses para adquirir productos petroleros rusos. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, calificó la decisión como una muestra de debilidad. Afirmó que los precios del diésel responden al bloqueo del estrecho de Ormuz y no a los ataques ucranianos contra refinerías rusas, a los que la Casa Blanca atribuye parte del alza.
Analistas del sector energético señalan que el impacto sobre los precios podría ser limitado y de corto plazo, ya que los volúmenes anunciados equivalen aproximadamente a un día de consumo mundial de diésel. Para ejecutar el acuerdo, Rusia también deberá levantar su propia prohibición a las exportaciones de este combustible.
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INFORME ESPECIAL Elecciones de medio término en Estados Unidos: los demócratas avanzan sobre territorio republicano y pondrían en riesgo la mayoría de Trump en la Cámara, según medios
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