Colombia recibirá aproximadamente 350 militares estadounidenses, que participarán junto con más de 400 soldados colombianos en un ejercicio de entrenamiento conjunto en el Fuerte Militar de Tolemaida, Cundinamarca. Según el Ministerio de Defensa, las actividades se desarrollarán entre el 27 de octubre y el 11 de noviembre, con el propósito de fortalecer las capacidades operativas y la cooperación entre ambos ejércitos.

El ejercicio, denominado Vanguardia del Sur 2026 por Colombia y Southern Vanguard 2027 por Estados Unidos, incluirá entrenamientos relacionados con la lucha contra el narcotráfico, la minería ilegal, las amenazas con drones, la defensa cibernética y la seguridad terrestre. También contará con observadores de otros países y organizaciones regionales de seguridad.

Entre las actividades previstas se encuentra una evacuación aeromédica simulada el 30 de octubre, desde Tolemaida hasta Bogotá, para evaluar procedimientos de atención y traslado de heridos. El Comando Sur estadounidense señaló que la fase principal del ejercicio comenzará el 2 de noviembre y se extenderá hasta mediados de ese mes, aunque los cronogramas oficiales presentan algunas diferencias.

La importancia del entrenamiento está en fortalecer la interoperabilidad, es decir, la capacidad de las fuerzas militares de ambos países para coordinar operaciones, compartir procedimientos y responder conjuntamente ante situaciones complejas. Para Colombia, esto puede contribuir a mejorar las capacidades tecnológicas, de movilidad, inteligencia y atención médica frente a amenazas como el narcotráfico, la minería ilegal y el uso de drones por organizaciones criminales.

La presencia estadounidense será temporal y exclusivamente para actividades de entrenamiento, según la información oficial disponible. No se ha anunciado una misión de combate, operaciones independientes de tropas extranjeras ni el establecimiento de bases militares permanentes.

El ejercicio también refleja la continuidad de la cooperación bilateral en seguridad y lucha contra el crimen transnacional. Su impacto dependerá de cómo los conocimientos y procedimientos adquiridos se incorporen posteriormente a las capacidades de las Fuerzas Militares colombianas.

COMERCIO

EE.UU. y Canadá negocian reducción de aranceles al acero y automóviles antes de las elecciones legislativas

Estados Unidos y Canadá mantienen conversaciones para alcanzar un acuerdo que permita reducir los aranceles estadounidenses sobre el acero y los automóviles canadienses, según fuentes de ambos gobiernos. Las negociaciones buscan recomponer las relaciones comerciales bilaterales después de la suspensión de las conversaciones en agosto y se concentran en las medidas impuestas bajo la Sección 232 de la legislación comercial estadounidense, que incluyen gravámenes de hasta 50% sobre el acero y de 25% sobre los vehículos importados desde Canadá.

Las conversaciones están encabezadas por el secretario de Comercio de Estados Unidos (Department of Commerce, DOC), Howard Lutnick, y el ministro canadiense responsable del comercio con Estados Unidos, Dominic LeBlanc, quienes han mantenido contactos frecuentes durante las últimas semanas. La oficina de LeBlanc confirmó que Ottawa continúa dialogando con Washington sobre distintas prioridades comerciales y manifestó su disposición a trabajar en un acuerdo que beneficie a ambas economías. Sin embargo, fuentes estadounidenses señalaron que la Administración Trump espera concesiones adicionales por parte de Canadá.

Las negociaciones comerciales entre ambos países se interrumpieron en agosto debido a diferencias sobre la reducción de aranceles aplicados a vehículos medianos y pesados, un segmento relevante para la industria automotriz canadiense. Los fabricantes estadounidenses también habían solicitado medidas para reducir los costos derivados del arancel de 25% sobre automóviles y componentes que cruzan la frontera. Aunque las conversaciones se han retomado, fuentes cercanas al proceso señalaron que cualquier acuerdo podría limitarse a determinados productos y no necesariamente representar una solución integral a las diferencias comerciales.

El acercamiento ocurre a pocos días de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre, mientras candidatos republicanos de estados fronterizos han solicitado reducir las tensiones comerciales con Canadá. Los aranceles se han convertido en un asunto de debate electoral debido a sus efectos sobre empresas y consumidores estadounidenses. Una fuente canadiense indicó que podría alcanzarse un acuerdo antes de los comicios, aunque representantes estadounidenses advirtieron que todavía existen diferencias por resolver.

El presidente Donald Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney, han expresado anteriormente su disposición a alcanzar un acuerdo comercial mutuamente beneficioso. No obstante, Trump anunció previamente su intención de elevar al 50% los aranceles sobre las importaciones canadienses de acero y automóviles a partir del 1 de enero de 2027, una medida que podría aumentar los costos para las cadenas de producción integradas entre ambos países. Carney, por su parte, ha reiterado que cualquier entendimiento deberá responder a los intereses económicos de Canadá.

Durante un acto político celebrado el domingo, Trump afirmó que la disputa comercial con Canadá podría resolverse pronto, aunque no ofreció detalles sobre las condiciones de un eventual acuerdo. Asimismo, el viernes firmó una orden para eliminar aranceles de 50% sobre determinados productos agrícolas y forestales canadienses, una decisión que podría beneficiar a empresas estadounidenses, particularmente en Maine. Pese a estos avances, las fuentes consultadas señalaron que todavía no existe un acuerdo definitivo y que el alcance de una eventual reducción arancelaria dependerá de las negociaciones entre ambos gobiernos.

DIPLOMACIA

Presidente Trump cuestiona resultados electorales en Brasil tras la reelección de Lula da Silva

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó los resultados de las elecciones presidenciales de Brasil, en las que Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo la reelección frente al senador Flávio Bolsonaro. Durante declaraciones a periodistas, el mandatario estadounidense afirmó que los comicios parecían haber sido manipulados, aunque no presentó pruebas que respaldaran sus señalamientos. "No tomé partido, pero parecía otra elección amañada", sostuvo Trump, quien también cuestionó la forma en que se realizó el escrutinio de los votos.

Según los resultados publicados por el Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE), Lula obtuvo 51,79% de los votos válidos, equivalentes a 64,2 millones de sufragios, frente al 48,21% alcanzado por Bolsonaro, quien recibió cerca de 59,8 millones. La diferencia superó los 4,4 millones de votos y permitió al actual mandatario asegurar un cuarto mandato presidencial. El presidente del TSE, Kassio Nunes Marques, confirmó los resultados y destacó la participación de más de 128 millones de ciudadanos en la segunda vuelta celebrada el domingo 25 de octubre.

Las declaraciones de Trump se produjeron después de que Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, rechazara reconocer su derrota y anunciara que buscará la anulación de los comicios. El candidato cuestionó una decisión del juez Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal, que permitió extender durante dos horas la votación en centros electorales que permanecían abiertos debido a dificultades relacionadas con el transporte de votantes. Sin embargo, según un análisis de registros electorales citado por Reuters, menos de 35.000 votos fueron emitidos durante ese periodo adicional, una cifra considerablemente inferior a la diferencia registrada entre ambos candidatos.

El pronunciamiento de Trump también contrasta con las reacciones de distintos gobiernos que reconocieron la victoria de Lula, entre ellos México, Colombia, Francia, Canadá y varios países integrantes de los BRICS. La relación entre Trump y Lula ha estado marcada por diferencias en materia comercial y de política exterior, mientras que el expresidente Jair Bolsonaro mantuvo una relación cercana con el mandatario estadounidense durante su Gobierno. La reelección de Lula se produce después de varias victorias de candidatos de derecha en América Latina y abre una nueva etapa para las relaciones diplomáticas y comerciales entre Brasil y Estados Unidos.

DIPLOMACIA

Presidenta Sheinbaum rechaza participación de fuerzas estadounidenses en operativos contra cárteles en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que la Administración de Donald Trump ha solicitado en varias ocasiones autorización para que fuerzas estadounidenses participen en operaciones contra los cárteles del narcotráfico dentro del territorio mexicano. Durante su conferencia de prensa, la mandataria aseguró que su Gobierno ha rechazado estas propuestas para preservar la soberanía nacional, aunque reiteró su disposición a mantener la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Sheinbaum explicó que las solicitudes se han presentado desde el inicio del segundo mandato de Trump y que la posición de México ha sido mantener la coordinación entre las autoridades de ambos países sin permitir operaciones militares estadounidenses en su territorio. Precisó que cualquier colaboración debe ajustarse a la Constitución mexicana, la Ley de Seguridad Nacional y los acuerdos bilaterales vigentes, bajo el principio de "coordinación sin subordinación".

Como ejemplo de los mecanismos de cooperación existentes, la presidenta mencionó las operaciones espejo en la frontera, mediante las cuales las fuerzas de seguridad de ambos países realizan patrullajes simultáneos desde sus respectivos territorios. Asimismo, señaló que Estados Unidos puede compartir información de inteligencia sobre organizaciones criminales, pero que las intervenciones dentro de México corresponden exclusivamente a las autoridades federales mexicanas.

Las declaraciones se produjeron después de que The New York Times publicara un reportaje en el que, citando a funcionarios de ambos países, señaló que Washington ha incrementado las presiones para ampliar las operaciones conjuntas contra los cárteles. Según el diario, funcionarios estadounidenses habrían presentado recientemente un memorando para facilitar la participación de personal de seguridad de ese país en operativos dentro de México, aunque Sheinbaum desestimó la existencia de dicho documento.

El medio también señaló que la Administración Trump buscaría obtener resultados en materia de seguridad antes de las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre. Sin embargo, Sheinbaum descartó vincular las solicitudes estadounidenses exclusivamente con intereses electorales y recordó que estas se han presentado de manera recurrente desde la llegada del mandatario republicano. La presidenta reiteró que ambos gobiernos mantienen una relación de cooperación en seguridad, pero insistió en que las operaciones dentro del territorio mexicano deben permanecer bajo responsabilidad de las autoridades nacionales.

ECONOMÍA

Precio promedio de la gasolina en EE.UU. supera el registrado durante la Administración Biden

El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos durante el segundo mandato del presidente Donald Trump superó ligeramente el registrado durante la Administración de Joe Biden, según datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (American Automobile Association, AAA). Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, el galón de gasolina regular ha promediado US$3,472, frente a los US$3,471 registrados durante el mandato de su predecesor, una diferencia que se presenta a pocos días de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

La tendencia también se observa en el diésel, cuyo precio promedio durante la actual Administración alcanza US$4,343 por galón, frente a US$4,078 durante la presidencia de Biden. Este combustible tiene una incidencia directa en actividades como la agricultura, el transporte de mercancías y la industria pesada, por lo que sus variaciones afectan los costos operativos de distintos sectores económicos y pueden trasladarse a los precios de bienes y servicios.

El pasado 22 de septiembre, el precio nacional del diésel alcanzó un máximo histórico de US$6,523 por galón, en medio de las interrupciones del suministro energético internacional asociadas con las guerras en Irán y Ucrania. Las tensiones geopolíticas han afectado los mercados de combustibles y contribuido al incremento de los costos de transporte y producción, mientras los precios de la gasolina se mantienen entre las principales preocupaciones económicas de los consumidores estadounidenses.

El aumento de los combustibles coincide con una disminución en los niveles de aprobación del presidente Trump. Según una encuesta de Reuters/Ipsos publicada el 19 de octubre, el respaldo a su gestión se ubicó en 31%, un punto porcentual menos que dos semanas antes y el nivel más bajo registrado durante sus dos mandatos. Asimismo, únicamente 23% de los adultos consultados manifestó aprobar su manejo de la economía, reflejando las preocupaciones de los ciudadanos por el costo de vida.

Estos resultados se conocen mientras el Partido Republicano busca conservar sus mayorías en el Senado y la Cámara de Representantes en las elecciones de medio término. Los precios de la energía se han convertido en uno de los asuntos económicos presentes en la campaña, particularmente por sus efectos sobre los hogares y las empresas.

POLÍTICA

Presidente Trump intensifica su campaña ante el avance demócrata en estados tradicionalmente republicanos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitará este lunes Mississippi para respaldar a candidatos republicanos en la última semana de campaña antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. La visita se produce mientras ambos partidos intensifican sus actividades en estados considerados tradicionalmente republicanos, donde las preocupaciones por la inflación, la guerra en Irán y el aumento de los precios de los combustibles han incrementado la competencia electoral. Según Associated Press, cerca de 30 millones de estadounidenses ya han emitido su voto anticipado.

En Mississippi, Trump participará en un acto de campaña junto a la senadora republicana Cindy Hyde-Smith, quien busca su reelección frente al demócrata Scott Colom. Aunque la legisladora continúa siendo considerada favorita en un estado donde Trump ha obtenido amplias victorias, Colom ha logrado superar su recaudación de fondos y atraer atención nacional mediante anuncios centrados en el costo de vida. Además, un comité de acción política vinculado a los demócratas del Senado anunció una inversión de US$1,2 millones para apoyar la contienda, ampliando los esfuerzos del partido en territorios de predominio republicano.

La competencia también se ha intensificado en Carolina del Sur, donde la demócrata Annie Andrews enfrenta a la senadora republicana Darline Graham y recibió el respaldo de dos exgobernadores del estado, uno republicano y otro demócrata. Trump anunció que regresará a ese territorio el jueves para apoyar a Graham, mientras el vicepresidente JD Vance tiene previsto viajar a Kansas para respaldar al senador Roger Marshall, quien enfrenta al demócrata Adam Hamilton. Estas actividades reflejan la ampliación del mapa electoral hacia estados que inicialmente no figuraban entre las principales prioridades de campaña.

Por su parte, los demócratas han movilizado a dirigentes nacionales para respaldar sus candidaturas. La exvicepresidenta Kamala Harris participará en actividades en Wisconsin junto a David Crowley, aspirante a gobernador, mientras el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, apoyará en Georgia al senador Jon Ossoff y a la candidata a gobernadora Keisha Lance Bottoms. En Minnesota, la candidata al Senado Peggy Flanagan y la representante Pramila Jayapal promovieron una propuesta de cobertura sanitaria universal, con la que buscan responder a las preocupaciones de los electores por los costos de atención médica.

Las estrategias electorales también se han extendido a la Cámara de Representantes, donde el comité de acción política demócrata House Majority PAC anunció cerca de US$2,5 millones adicionales para campañas en distritos de Minnesota e Indiana previamente considerados favorables a los republicanos. Paralelamente, los candidatos de ambos partidos han concentrado sus mensajes en el costo de los alimentos, la gasolina y los servicios esenciales, mientras las repercusiones económicas de la guerra en Irán y las políticas comerciales de la Administración Trump se mantienen entre los asuntos presentes en la campaña.

Actualmente, los republicanos mantienen una mayoría de 53 escaños frente a 47 del bloque demócrata en el Senado, por lo que los demócratas necesitan obtener al menos cuatro escaños adicionales para alcanzar el control de la Cámara Alta. En la Cámara de Representantes, el Partido Republicano inició el ciclo electoral con una ventaja de 220 escaños frente a 215, aunque las modificaciones de distritos electorales han alterado las condiciones de competencia en varios estados. Los resultados del 3 de noviembre determinarán la composición del próximo Congreso y la capacidad de ambos partidos para impulsar o limitar la agenda legislativa durante los dos últimos años del segundo mandato de Trump.

POLÍTICA

Demócratas solicitan investigación independiente sobre presuntos vínculos de Trump con Epstein

Legisladores demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos solicitaron este lunes el nombramiento de un fiscal especial independiente para investigar los posibles vínculos del presidente Donald Trump con Jeffrey Epstein, financista condenado por delitos sexuales y fallecido en 2019. La petición se presentó junto con un informe que reúne testimonios, registros de investigaciones federales y documentos relacionados con el caso, a ocho días de las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.

         

El documento, elaborado por el personal demócrata del comité, recoge información relacionada con 11 mujeres, de las cuales cinco han formulado acusaciones de violación o agresión sexual contra Trump en circunstancias presuntamente vinculadas con Epstein. Según los legisladores, los testimonios describen posibles conductas ocurridas principalmente durante la década de 1990, cuando ambos mantenían una relación personal. El informe sostiene que estas declaraciones justifican una investigación adicional, aunque las acusaciones presentadas no constituyen por sí mismas pruebas concluyentes de responsabilidad penal.

Entre los señalamientos incluidos figura el testimonio de una mujer que denunció una presunta agresión sexual por parte de Trump durante un evento celebrado en noviembre de 1993 en el Hotel Plaza de Nueva York. Esta declaración se hace pública por primera vez, aunque el informe no presenta pruebas adicionales que permitan corroborar de manera independiente su versión. Los congresistas también plantearon interrogantes sobre el tratamiento de los expedientes relacionados con Epstein y cuestionaron la actuación de las autoridades federales frente a posibles implicados en su red de explotación sexual.

El representante demócrata Jamie Raskin, principal integrante de su partido en el Comité Judicial, solicitó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (Department of Justice, DOJ) facilite el acceso completo a los expedientes del caso y permita una investigación independiente sobre los posibles cómplices de Epstein. Raskin también acusó al organismo de presuntamente ocultar información para proteger al presidente, señalamiento que forma parte de las conclusiones de los legisladores demócratas y que no ha sido establecido judicialmente. Asimismo, pidió fortalecer la colaboración con fiscales estatales y extranjeros que adelanten investigaciones relacionadas.

Por su parte, Trump ha negado reiteradamente haber participado en actividades delictivas relacionadas con Epstein y ha afirmado que su relación personal terminó años antes de que se conocieran públicamente los delitos del financiero. El mandatario también ha sostenido que prohibió el ingreso de Epstein a su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Tras la publicación del informe, la Casa Blanca rechazó las acusaciones y las calificó como un intento de los demócratas de utilizar el caso con fines políticos. Hasta el momento, Trump no ha sido acusado penalmente por delitos vinculados con Epstein.

La publicación del documento se produce durante la recta final de las elecciones de medio término, en las que se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y parte del Senado. Los demócratas han mantenido el caso Epstein entre sus prioridades de supervisión legislativa y buscan ampliar el acceso a los documentos relacionados con la investigación. Los resultados electorales del 3 de noviembre determinarán la composición del próximo Congreso y podrían modificar el alcance de las investigaciones parlamentarias sobre este asunto.

POLÍTICA

Jueza federal ordena al Gobierno Trump informar sobre posible despliegue de agentes en centros de votación

La jueza federal Loren AliKhan ordenó a la Administración del presidente Donald Trump presentar este lunes 26 de octubre información sobre sus planes de despliegue de agentes federales en centros de votación, a ocho días de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. La decisión responde a varias demandas que advierten sobre posibles actos de intimidación electoral asociados con la presencia de funcionarios migratorios durante el proceso de votación anticipada.

La magistrada del Distrito de Columbia estableció que el Gobierno deberá entregar documentación relacionada con sus planes operativos y, a más tardar el miércoles 28 de octubre, presentar los análisis de amenazas utilizados para determinar si agentes federales pueden acudir a instalaciones electorales. La orden se produjo después de que el tribunal consolidara varias demandas interpuestas por la ciudad de Denver, organizaciones de derechos civiles, sindicatos y dirigentes demócratas del Congreso.

Entre los demandantes figuran la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), UnidosUS y la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP). Estas organizaciones sostienen que el Gobierno habría adoptado una política para permitir la presencia de agentes del Buró Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation, FBI) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) en centros electorales, lo que, según su interpretación, podría intimidar a los votantes y vulnerar la legislación electoral.

Por su parte, la Administración Trump rechazó los señalamientos y argumentó ante el tribunal que los demandantes no han presentado pruebas de una política destinada a desplegar agentes armados en los lugares de votación. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Department of Homeland Security, DHS) calificó las preocupaciones como especulativas, mientras su secretario, Markwayne Mullin, aseguró en septiembre que el ICE no patrullaría los centros electorales y que sus funcionarios únicamente acudirían ante amenazas específicas o para ejecutar órdenes judiciales.

La controversia se intensificó después de que autoridades electorales del condado de Monroe, en Florida, reportaran la detención de un hombre por agentes de la Patrulla Fronteriza cerca de un centro de votación anticipada en los Cayos de Florida. La supervisora electoral Sherri Hodies notificó el incidente al FBI e inició una investigación, mientras la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (Customs and Border Protection, CBP) sostuvo que se trató de una operación migratoria dirigida contra una persona que había estacionado su vehículo junto al lugar de votación.

Las demandas también mencionan intervenciones anteriores de agentes migratorios cerca de instalaciones electorales durante las primarias celebradas en Texas y California. La legislación estadounidense establece restricciones a la presencia de personal federal armado en los lugares de votación, con excepciones específicas previstas por la ley. La decisión de AliKhan busca obtener información sobre las actuaciones previstas por la Administración antes de los comicios, mientras continúa el proceso judicial sobre los límites de la intervención federal en las elecciones estatales.

POLÍTICA

Republicanos intensifican campaña para conservar el Senado ante preocupaciones económicas y guerra en Irán

El líder de la mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos, John Thune, intensificó sus actividades de campaña de cara a las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre, con el objetivo de conservar el control de la Cámara Alta. La estrategia se desarrolla mientras candidatos republicanos enfrentan preocupaciones de los votantes por la guerra en Irán, el aumento de los precios de la gasolina y los alimentos, así como cuestionamientos a determinadas políticas del presidente Donald Trump.

Uno de los principales escenarios electorales es Iowa, donde la representante republicana Ashley Hinson disputa un escaño frente al demócrata Josh Turek, legislador estatal que ha centrado parte de su campaña en promover una agenda bipartidista. La competencia, inicialmente considerada favorable para los republicanos, se ha estrechado en las últimas semanas, lo que llevó a Thune a acompañar a Hinson en encuentros con empresarios, organizaciones locales y votantes. El dirigente sostuvo que una derrota en este estado podría comprometer las posibilidades de su partido de mantener la mayoría en el Senado.

Durante su recorrido por Iowa, Thune reconoció las dificultades que enfrentan los candidatos republicanos y pidió fortalecer la participación electoral. Las preocupaciones expresadas por los votantes se concentraron principalmente en el costo del cuidado infantil, los precios de los combustibles y el incremento de los insumos agrícolas, factores que afectan especialmente a las comunidades rurales. Hinson también admitió la existencia de estas inquietudes, aunque destacó la importancia de la elección debido a que el escaño en disputa corresponde a un mandato de seis años.

La guerra en Irán se ha convertido en otro asunto de la campaña, particularmente por sus efectos sobre los precios de la energía y los costos de producción. Tanto Thune como Hinson han respaldado posiciones republicanas contrarias a las iniciativas demócratas para limitar la intervención estadounidense, aunque ambos han expresado expectativas de una pronta resolución del conflicto. Thune afirmó que la guerra no se prolongaría indefinidamente y anticipó una eventual reducción de los precios de los combustibles, mientras Hinson manifestó su interés en alcanzar una conclusión inmediata y favorable para Estados Unidos.

Las actividades electorales también se desarrollan en medio de diferencias entre Thune y Trump por el funcionamiento del Senado. El presidente ha cuestionado la falta de avances de la Ley SAVE America, que busca exigir pruebas de ciudadanía e identificación a los votantes, y ha presionado para modificar las reglas legislativas que permiten bloquear determinadas iniciativas. Sin embargo, Thune se ha opuesto a eliminar el mecanismo conocido como filibuster, argumentando que este podría servir a los republicanos para limitar iniciativas demócratas si pierden el control de la Cámara Alta.

Paralelamente, Hinson ha procurado mantener su respaldo a Trump sin dejar de expresar desacuerdos con algunas decisiones de su Administración, entre ellas el aumento de las importaciones de carne de res y un acuerdo para adquirir combustible diésel ruso. Por su parte, Thune ha participado en actividades de campaña en Nebraska, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Misisipi, Kentucky, Florida y Minnesota, además de programar una visita a Ohio para apoyar al senador republicano Jon Husted, quien enfrenta al exsenador demócrata Sherrod Brown.

Tras las elecciones, los senadores republicanos deberán decidir si mantienen a Thune como líder de su bancada, una votación interna para la que todavía no se han presentado contendores. Algunos legisladores, como Bernie Moreno, han expresado su respaldo al dirigente y consideran que eventuales pérdidas electorales estarían relacionadas principalmente con los precios de la gasolina. Si los republicanos conservan su mayoría, Thune prevé impulsar iniciativas sobre regulación de inteligencia artificial, vivienda, reforma tributaria, permisos para proyectos energéticos y deporte universitario, mientras advirtió que una victoria demócrata podría dificultar la aprobación de la agenda legislativa durante los próximos dos años.      

POLÍTICA

Fiscal general de EE.UU. defiende demanda sobre certificación electoral en Alaska

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, defendió la demanda presentada por la Administración de Donald Trump para impedir, bajo determinadas condiciones, la certificación de los resultados de las elecciones al Senado en Alaska, previstas para el próximo 3 de noviembre. Durante una entrevista con CNN, Blanche aseguró que la acción judicial busca evitar posibles confusiones entre los votantes y negó que el presidente pretenda intervenir en los resultados electorales del estado.

La controversia se originó por la presencia de dos candidatos con nombres similares en la contienda: el senador republicano Dan Sullivan, quien busca su reelección, y Daniel J. Sullivan Jr., un profesor jubilado y exadministrador escolar. Los republicanos consideran que esta coincidencia podría dividir los votos destinados al senador y favorecer a la candidata demócrata Mary Peltola, exrepresentante a la Cámara, en una competencia que podría influir en el equilibrio de fuerzas del Senado.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (Department of Justice, DOJ) presentó la demanda para cuestionar una eventual certificación de los resultados si Sullivan pierde por un margen atribuible, según sus argumentos, a la confusión entre los candidatos. Blanche explicó que la iniciativa pretende establecer mecanismos para conservar posibles evidencias y permitir que un tribunal determine si el resultado refleja la voluntad de los electores. Asimismo, sostuvo que la actuación del Gobierno se ajusta a la legislación federal y estatal.

Por su parte, Trump reconoció el viernes que había impulsado la presentación de la demanda, mientras que Blanche rechazó las insinuaciones de que esta pudiera constituir un antecedente para impugnar los resultados de las elecciones de medio término. Durante sus intervenciones en CNN y CBS, el fiscal general afirmó que la Administración no está intentando asumir el control de los procesos electorales estatales y reiteró que cualquier decisión sobre la validez de los resultados deberá resolverse mediante los procedimientos judiciales correspondientes.

La iniciativa también ha generado cuestionamientos, incluso dentro del Partido Republicano. La senadora por Alaska Lisa Murkowski manifestó su oposición a la demanda y señaló que las autoridades estatales ya habían adoptado medidas para diferenciar a los candidatos en las papeletas. Estas identificarán al senador Sullivan como republicano y titular del cargo, mientras que Daniel J. Sullivan Jr. aparecerá sin afiliación partidista. Además, la Corte Suprema de Alaska había autorizado previamente la participación de ambos aspirantes.

La disputa judicial se desarrolla a pocos días de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que el Partido Republicano buscará conservar su mayoría en el Senado. La competencia entre Sullivan y Peltola figura entre las contiendas relevantes para la configuración de la próxima legislatura, mientras continúa el debate sobre el alcance de la intervención del Gobierno federal en los procesos electorales estatales y las condiciones bajo las cuales podría cuestionarse su certificación.

SANCIONES

Congresista Raskin advierte a la industria petrolera sobre sanciones penales por participar en compras de diésel ruso

Jamie Raskin, representante de mayor rango del Partido Demócrata en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, envió el 26 de octubre una carta al Instituto Estadounidense del Petróleo (American Petroleum Institute, API), a la Cámara de Comercio de Estados Unidos (U.S. Chamber of Commerce) y a la Asociación Estadounidense de Fabricantes de Combustibles y Petroquímicos (American Fuel & Petrochemical Manufacturers, AFPM). En la comunicación, el legislador sostiene que las gestiones del Ejecutivo para facilitar la venta de diésel ruso en el mercado estadounidense no eximen a las compañías de responsabilidad civil ni penal.

La advertencia se basa en la Ley para Poner Fin a la Importación de Petróleo Ruso (Ending Importation of Russian Oil Act), aprobada por el Congreso en 2022, que convirtió en ley la prohibición de importar productos energéticos de origen ruso. Según esa norma, para levantar la prohibición el presidente debe consultar al Congreso y certificar que Rusia cumple determinadas condiciones, entre ellas un acuerdo aceptado por el Gobierno electo de Ucrania. Raskin afirma que esos requisitos no se han cumplido. También señala que la orden ejecutiva del 16 de octubre, con la que se reglamentó la Ley Lindsey O. Graham de Sanciones a Rusia e Irán de 2026, reconoce que el embargo al diésel sigue vigente.

La carta cuestiona el acuerdo que el presidente Trump anunció el 9 de octubre, tras una conversación con Vladimir Putin, para el suministro de diésel ruso a Estados Unidos. Ese acuerdo contempla un primer envío de más de 300.000 toneladas, otro de 500.000 en noviembre y un millón adicional después. De forma paralela, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (Office of Foreign Assets Control, OFAC) emitió la Licencia General 135, que exime de sanciones hasta abril de 2027 al diésel ruso cargado en buques. Raskin sostiene que esa licencia se expidió sin los procedimientos que exige el Congreso.

Según la carta, quienes infrinjan la prohibición se exponen a sanciones civiles de hasta el doble del valor de la transacción y a sanciones penales de hasta US$1 millón en multas y 20 años de prisión. El congresista subrayó que el plazo de prescripción de estos delitos es de 10 años, de modo que el riesgo legal se extendería más allá del actual mandato presidencial. Raskin señaló que los miembros de los tres gremios "quedan advertidos" y que los infractores "responderán, sin duda, con todo el peso de la ley".

El plan de importación de diésel ruso ha generado cuestionamientos en el Congreso. El 11 de octubre, seis senadores pidieron a la Administración revertir la medida. La iniciativa se presentó como una forma de aliviar los precios del combustible, después de que el diésel alcanzara un máximo histórico de US$6,52 por galón el 22 de septiembre.