El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acordaron este martes en Barranquilla una agenda de cooperación bilateral enfocada en la reconstrucción del país, la recuperación económica y el fortalecimiento de la seguridad regional. El encuentro, realizado en la sede alterna de la Presidencia, fue la primera reunión de alto nivel recibida por el mandatario colombiano desde su posesión.

Rubio sostuvo que la relación entre Colombia y Estados Unidos se deterioró durante los últimos años, pero afirmó que el cambio de Gobierno abre la posibilidad de construir una cooperación “sin precedentes”. Aunque señaló que la seguridad continuará siendo uno de los ejes principales de la alianza, planteó que la relación debe ampliarse hacia inversión, crecimiento económico y prosperidad compartida, en momentos en que Colombia enfrenta además las consecuencias del terremoto del pasado 10 de agosto.

De la Espriella presentó los resultados del encuentro bajo una hoja de ruta denominada “Acuerdos de Barranquilla”, estructurada alrededor de tres prioridades: reconstrucción, recuperación económica y seguridad hemisférica. En materia de reconstrucción, destacó que Estados Unidos ha entregado hasta ahora US$26,5 millones en asistencia humanitaria tras el terremoto y ha apoyado también la respuesta a los incendios registrados en Tolima.

La agenda económica contempla promover inversión y financiación estadounidense para proyectos de vivienda, hospitales, colegios, carreteras, energía, tecnología e infraestructura. El Gobierno colombiano planteó además establecer un diálogo bilateral de prosperidad para estructurar iniciativas en estas áreas, con participación de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (U.S. International Development Finance Corporation, DFC), otras agencias y empresas de ambos países.

En el frente comercial, el Gobierno colombiano planteó ante Washington la posibilidad de suspender temporalmente el arancel de 12,5% que se aplica a determinados productos colombianos, según informó la Presidencia. El asunto quedó dentro de la agenda de conversaciones, sin que se anunciara una decisión de la administración estadounidense.

Durante la visita, el secretario de Estado Marco Rubio y el canciller colombiano, Omar Bula, firmaron dos memorandos de entendimiento, con De la Espriella como testigo de honor. Uno establece un marco de cooperación estratégica en energía nuclear civil y el otro busca fortalecer las cadenas de suministro vinculadas con la minería y el procesamiento de minerales críticos y tierras raras.

En seguridad, el presidente colombiano presentó el “Plan Patriota Siglo XXI”, con el que busca modernizar capacidades militares en áreas como aeronaves, radares, drones, helicópteros, defensa aérea, inteligencia y ciberdefensa con apoyo estadounidense. Esta agenda se suma al paquete de US$1.000 millones en asistencia material aprobado por Washington para fortalecer las capacidades de seguridad de Colombia.

El Gobierno también anunció el regreso de la fumigación de cultivos ilícitos y una ofensiva contra laboratorios, rutas del narcotráfico, estructuras criminales, lavado de activos y cabecillas de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Colombia confirmó además su participación en el Escudo de las Américas, cuya sede en el país estará ubicada en Medellín.

La cooperación bilateral se ampliará igualmente al intercambio de información, herramientas biométricas y controles contra la migración ilegal y el tráfico de migrantes. Ambos gobiernos también prevén reforzar los mecanismos para localizar y confiscar recursos provenientes del narcotráfico, la corrupción y otras actividades criminales, mientras Colombia cooperará con Estados Unidos en asuntos relacionados con Venezuela, especialmente en seguridad fronteriza, migración y estabilidad regional.

De la Espriella solicitó además a Rubio evaluar la reapertura de un consulado de Estados Unidos en Barranquilla y ofreció que el Gobierno colombiano facilite una sede para su funcionamiento. Hasta el momento, Washington no ha anunciado una decisión sobre esa solicitud.

La reunión dejó así una hoja de ruta que combina la tradicional cooperación en seguridad con nuevas áreas económicas, energéticas y de inversión. De la Espriella sostuvo que los compromisos alcanzados buscan ampliar la alianza bilateral, mientras Rubio señaló que ambos países tienen ahora la oportunidad de avanzar hacia una etapa de mayor cooperación.

Canadá anunció este martes nuevos aranceles sobre cerca de US$20.000 millones en productos estadounidenses, en respuesta a la más reciente ronda de medidas comerciales adoptadas por la administración del presidente Donald Trump. Las tarifas, que oscilan entre 15%, 25% y 50%, afectan cientos de bienes, entre ellos acero, aluminio, quesos, electrodomésticos, prendas de vestir, cosméticos y maquinaria agrícola.

El Gobierno del primer ministro Mark Carney señaló que las medidas buscan responder de manera equivalente a los aranceles impuestos por Estados Unidos, tanto en valor como en tasas aplicadas. Los nuevos gravámenes cubren aproximadamente 6% de los US$333.600 millones que Estados Unidos exportó a Canadá durante el último año, mientras varias provincias canadienses mantienen además restricciones a la comercialización de bebidas alcohólicas estadounidenses.

La escalada ocurre después del colapso de las negociaciones comerciales bilaterales el pasado 21 de agosto, tras lo cual Washington anunció nuevas amenazas arancelarias y posibles restricciones a productos canadienses. Trump advirtió recientemente que podría impedir la venta en Estados Unidos de aeronaves de Bombardier si la compañía no traslada parte de su producción al país, mientras el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, planteó la posibilidad de prohibir determinadas importaciones procedentes de Canadá.

Carney ha sostenido que las condiciones planteadas por Washington podrían afectar industrias estratégicas de Canadá y reducir progresivamente su capacidad manufacturera. El sector automotor aparece entre los principales focos de riesgo, después de que Trump amenazara con imponer aranceles de 50% a vehículos, autopartes y acero canadiense a partir del próximo año si Ottawa no modifica su posición comercial.

La disputa también ha profundizado el deterioro de una relación económica caracterizada históricamente por cadenas de suministro altamente integradas y por el USMCA. Más de 70% de las exportaciones canadienses tienen como destino Estados Unidos, aunque la economía estadounidense también mantiene una elevada dependencia de algunos suministros procedentes de Canadá, incluidos cerca de 4 millones de barriles diarios de petróleo y una parte importante del potasio utilizado por el sector agrícola.

En Canadá, la presión estadounidense ha coincidido con un aumento del respaldo político a la estrategia de Carney, mientras consumidores han reducido sus viajes hacia Estados Unidos y promovido boicots a determinados productos estadounidenses. El primer ministro ha señalado que las conversaciones podrían retomarse si Washington adopta una posición que su Gobierno considere más orientada a una negociación formal.

La disputa ha adquirido además una dimensión internacional, después de que Carney utilizara distintos escenarios para advertir sobre el uso de la integración económica como herramienta de presión entre países. El primer ministro tiene previsto intervenir próximamente ante el Parlamento Europeo, mientras su Gobierno sostiene que Canadá puede resistir las medidas estadounidenses pese a la diferencia de tamaño entre ambas economías.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que su Gobierno avanzará en la exclusión de productos de origen canadiense de determinados programas de compras federales si Canadá no ofrece lo que calificó como una reciprocidad “plena y justa” para las empresas y agricultores estadounidenses. Según el mandatario, los programas involucrados representan más de US$50.000 millones anuales.

Trump instruyó a la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos (U.S. General Services Administration, GSA) a trabajar con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (Office of the United States Trade Representative, USTR) para retirar los productos canadienses de los denominados Programas de Adjudicación Múltiple. Estos mecanismos permiten que agencias federales y otras entidades públicas adquieran bienes y servicios a través de contratos previamente establecidos.

El presidente condicionó una eventual reincorporación de los productos canadienses a que Ottawa modifique las condiciones de acceso de empresas y productores estadounidenses a sus mercados de contratación pública. La administración Trump sostiene que Canadá mantiene restricciones que perjudican a proveedores estadounidenses, mientras el Gobierno canadiense ha cuestionado las exigencias comerciales planteadas por Washington.

El anuncio coincidió con la entrada en vigor de los aranceles de represalia adoptados el mismo día por Ottawa, en respuesta a los gravámenes adicionales impuestos previamente por Estados Unidos a determinados bienes canadienses.

La nueva medida amplía la disputa más allá de los aranceles y añade presión sobre la relación comercial entre ambos países, mientras persisten las diferencias sobre acceso a mercados, compras públicas y tratamiento de sectores estratégicos. La escalada también aumenta la incertidumbre sobre el futuro de la integración económica bajo el USMCA, cuya revisión y funcionamiento han quedado cada vez más vinculados al conflicto comercial bilateral.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que Perú será incorporado al Escudo de las Américas, iniciativa presentada por el presidente Donald Trump en marzo de 2026 para fortalecer la cooperación regional frente al crimen organizado. El anuncio se produce antes de su llegada a Lima, prevista para el jueves 10 de septiembre como cierre de una gira que comenzó en Colombia y continúa en Ecuador.

Rubio señaló que la incorporación de Perú permitirá ampliar la coordinación en materias como narcotráfico, trata de personas, inmigración ilegal y organizaciones criminales transnacionales. El funcionario presentó la iniciativa como parte de una estrategia regional de seguridad que busca fortalecer la cooperación entre Estados Unidos y sus aliados en el hemisferio.

La agenda bilateral también tendrá un componente económico, especialmente en materia de minerales críticos e inversión minera. Rubio destacó el Memorando de Entendimiento sobre Minerales Críticos firmado entre Estados Unidos y Perú en febrero de 2026 y señaló que la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (U.S. International Development Finance Corporation, DFC) destinó US$5 millones directamente al sector minero peruano.

Antes de llegar a Lima, Rubio visitará Ecuador, donde tiene previsto reunirse con el presidente Daniel Noboa para abordar la cooperación frente al crimen organizado transnacional. El secretario de Estado destacó los mecanismos de coordinación en seguridad desarrollados entre ambos países y señaló que Washington busca profundizar estas capacidades.

Rubio mencionó además la cooperación con Ecuador mediante el Escudo de las Américas y la Coalición contra los Cárteles de las Américas, así como la designación de Los Lobos, Los Choneros y Chone Killers como organizaciones terroristas extranjeras por parte de Estados Unidos. También indicó que ambos gobiernos avanzan en la modernización de su tratado bilateral de extradición.

La incorporación de Perú al Escudo de las Américas responde además a una solicitud planteada previamente por Fujimori y se produce después de la decisión de Lima de romper relaciones diplomáticas con Irán. Durante la visita de Rubio, ambos gobiernos buscarán profundizar la cooperación en seguridad y consolidar iniciativas económicas vinculadas con sectores estratégicos, particularmente la minería.

El Comando Central de Estados Unidos (U.S. Central Command, CENTCOM) informó este martes que sus fuerzas destruyeron cinco petroleros vinculados a Irán, en respuesta a dos ataques con misiles balísticos lanzados durante los dos días anteriores contra un buque de guerra estadounidense. Según el comando, la embarcación estadounidense evadió los ataques, continuó su patrullaje y no se registraron heridos entre el personal militar.

CENTCOM identificó los buques como el M/T Kaviz, el M/T Charminar, el M/T Horizon 1 y el M/T Riesco, alcanzados en el golfo de Omán, y el M/T Derya, atacado cerca de la isla de Jarg, principal terminal de exportación de crudo iraní. De acuerdo con el comando, las tripulaciones recibieron la instrucción de abandonar las embarcaciones antes de los ataques, tras los cuales los buques quedaron inoperables.

El comando afirmó que los petroleros hacen parte de una red de transporte utilizada por Irán para exportar crudo y financiar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y a sus aliados en la región. Washington presentó la operación como una respuesta directa a los intentos de atacar un buque de la Armada de Estados Unidos, en medio de una campaña más amplia para aumentar la presión económica y militar sobre Teherán.

Tras los ataques, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán advirtió que petroleros ubicados en instalaciones de Kuwait y Baréin podrían convertirse en objetivos. En un comunicado, la organización instó a las tripulaciones de esos buques a abandonar las embarcaciones, al considerar que ambos países facilitan operaciones estadounidenses en la región. Por su parte, Teherán sostuvo que uno de los ataques ocurrió cerca del puerto de Jask.

La nueva escalada amplía las tensiones en torno a las rutas energéticas del Golfo Pérsico, después de varios días de ataques y amenazas contra infraestructura marítima. El estrecho de Ormuz se ha convertido en el eje de la disputa, mientras los precios internacionales del crudo se mantienen en niveles elevados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este martes a su homólogo ruso, Vladímir Putin, avanzar hacia un pronto fin de la guerra en Ucrania durante una conversación telefónica centrada en los recientes contactos diplomáticos promovidos por Washington. Según el Kremlin, Trump señaló que una resolución del conflicto permitiría avanzar hacia el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia.

La llamada fue la primera entre ambos mandatarios desde el pasado 4 de julio y se produjo después de las reuniones mantenidas durante el fin de semana en Moscú y Kiev por los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner. Trump y Putin calificaron de positivos estos contactos y acordaron que las conversaciones continúen, aunque hasta el momento no se han anunciado avances concretos hacia un acuerdo.

Durante la conversación, Putin expuso su posición sobre las condiciones necesarias para alcanzar un cese de las hostilidades y presentó a Trump una evaluación de la campaña militar rusa. El mandatario ruso también aseguró que Moscú no tiene “planes agresivos” contra países europeos, en medio de nuevas tensiones entre Rusia y algunos gobiernos de la región.

Los contactos diplomáticos del fin de semana representaron la reanudación de las conversaciones después de más de seis meses de interrupción, pero no produjeron acuerdos entre Rusia y Ucrania. Tras una tregua de 72 horas, ambos países retomaron este martes los ataques, mientras Estados Unidos mantiene la expectativa de promover una nueva reunión trilateral entre Washington, Moscú y Kiev.

Trump manifestó además su interés en que se produzcan avances hacia el fin de la guerra durante su actual mandato, que concluye en enero de 2029. La administración estadounidense continúa impulsando contactos con ambas partes, aunque persisten diferencias sobre las condiciones para poner fin al conflicto y no se ha confirmado una fecha para una nueva ronda de negociaciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que el país utilizará “todo su poder” para impedir que vuelva a producirse un ataque como los atentados del 11 de septiembre de 2001. El mandatario hizo las declaraciones durante un acto conmemorativo por el 25 aniversario del 11S celebrado en La Elipse, frente a la Casa Blanca.

Durante su intervención, Trump recordó a las víctimas y a los equipos de emergencia que respondieron a los ataques, al tiempo que describió aquella jornada como “un día como ningún otro”. El evento fue organizado por la fundación Tunnel to Towers y contó con una viga de acero perteneciente a una de las Torres Gemelas de Nueva York.

El mandatario también vinculó la conmemoración con la actual guerra entre Estados Unidos e Irán y reiteró que su administración no permitirá que Teherán obtenga un arma nuclear. “Irán no tendrá un arma nuclear”, afirmó Trump, mientras sostuvo que la seguridad nacional continúa siendo una prioridad para su Gobierno.

Trump recordó además cómo vivió personalmente los atentados desde Nueva York y señaló que las imágenes de aquella mañana cambiaron su percepción sobre la seguridad del país. También mencionó al secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, quien sobrevivió a los ataques debido a que llegó tarde a su oficina en el World Trade Center después de acompañar a su hijo al colegio.

El presidente tiene previsto participar el próximo 11 de septiembre en la ceremonia conmemorativa que se realizará en el memorial del Pentágono, uno de los objetivos de los atentados de 2001. La Casa Blanca ha rechazado versiones según las cuales la decisión de no asistir a la Zona Cero de Manhattan estaría relacionada con las restricciones a discursos políticos en ese lugar.    

El Partido Republicano celebrará este miércoles y jueves en Dallas, Texas, una Convención de Mitad de Mandato con la que buscará destacar los principales resultados de la administración del presidente Donald Trump y presentar a sus candidatos de cara a las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre. La cita, inédita en un año no presidencial, contará con la participación de Trump durante ambas jornadas.

Jaime Flórez, portavoz hispano del Comité Nacional Republicano (Republican National Committee, RNC), señaló que el encuentro busca mostrar avances que el partido atribuye a la actual administración, entre ellos el control migratorio en la frontera, la reducción de la delincuencia, la moderación de la inflación y la disminución de los precios de algunos medicamentos. El portavoz rechazó que la convención responda a una estrategia para contener posibles pérdidas electorales.

La cita ocurre cuando la aprobación nacional de Trump se ubica alrededor de 36%, frente a 60% de desaprobación, según el promedio de encuestas recientes; el sondeo más reciente de NBC News sitúa su aprobación en 36%. Flórez sostuvo que los republicanos buscan desafiar la tendencia histórica según la cual el partido que controla la Casa Blanca suele perder escaños en el Congreso durante las elecciones de mitad de mandato.

El partido también intentará defender su posición frente a asuntos que podrían influir en la campaña, como el conflicto con Irán, la situación económica y las políticas migratorias. Flórez reconoció que los conflictos armados suelen generar rechazo entre los votantes, pero sostuvo que la estrategia hacia Irán no debería convertirse en un factor decisivo contra los candidatos republicanos.

En materia de voto latino, el portavoz descartó que las deportaciones, la terminación del Estatus de Protección Temporal para venezolanos o los cambios en beneficios migratorios para cubanos provoquen una pérdida significativa del respaldo obtenido por Trump en 2024. También defendió la política de la administración hacia Venezuela y sostuvo que el Gobierno ha adoptado una postura más firme frente a Caracas y La Habana.

La convención se desarrollará además en medio de disputas electorales relevantes en Texas y Florida, donde el Partido Republicano espera beneficiarse del rediseño de distritos impulsado desde 2025. El evento contará igualmente con la participación del vicepresidente JD Vance, mientras el partido busca consolidar su mensaje antes de unos comicios en los que estará en juego el control de ambas cámaras del Congreso.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes la orden ejecutiva “Accelerating Access to Veterans’ Benefits and Employment Opportunities”, destinada a acelerar el acceso de los veteranos a beneficios, atención médica y oportunidades laborales mediante una mayor integración de los sistemas de información del Gobierno federal. La medida busca mejorar el intercambio de expedientes militares y registros médicos entre el Departamento de Guerra de Estados Unidos (Department of War, DoW) y el Departamento de Asuntos de los Veteranos (Department of Veterans Affairs, VA).

La orden establece que ambas entidades deberán implementar, en un plazo de 180 días, sistemas tecnológicos y lineamientos que permitan compartir de manera permanente los expedientes oficiales y registros médicos del personal desde su ingreso al servicio militar. Además, dentro de los primeros 30 días, el Departamento de Guerra deberá garantizar que la información de los miembros de las Fuerzas Armadas sea transferida inmediatamente al VA cuando sean dados de baja o terminen su servicio activo.

El Gobierno también ordenó desarrollar en un plazo de 180 días nuevas herramientas digitales que utilicen inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes para simplificar las solicitudes de beneficios. La plataforma deberá funcionar como una fuente integrada de información e incluir oportunidades de capacitación y empleo ofrecidas por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos (U.S. Department of Labor, DOL).

En materia laboral, la orden dispone actualizar el Programa de Asistencia para la Transición y otros mecanismos de empleo para que los miembros de las Fuerzas Armadas que abandonen el servicio activo sean conectados, antes de su retiro, con vacantes relacionadas con sus habilidades e intereses o puedan acceder a educación técnica, programas de capacitación y aprendizajes registrados. También deberán ser vinculados con representantes especializados que los orienten en solicitudes de salud, discapacidad, vivienda, empleo y educación.

Asimismo, el Departamento de Guerra y el VA deberán revisar sus contratos de tecnología, en coordinación con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (U.S. Department of Health and Human Services, HHS) y la Oficina de Administración y Presupuesto (Office of Management and Budget, OMB), para mejorar la interoperabilidad entre los distintos sistemas. La orden establece que su implementación estará sujeta a la legislación vigente y a la disponibilidad de recursos presupuestarios.

La administración del presidente Donald Trump pidió este martes a la Corte Suprema de Estados Unidos que permita utilizar nuevamente una base de datos federal para verificar la información de ciudadanía en los registros electorales estatales. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (U.S. Department of Justice, DOJ) solicitó suspender un fallo emitido en junio por una jueza federal de Washington, que bloqueó el uso masivo del sistema por considerar que contenía información poco confiable.

El sistema, denominado Systematic Alien Verification for Entitlements (SAVE), fue modificado el año pasado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (U.S. Department of Homeland Security, DHS) para permitir búsquedas simultáneas de numerosos registros e incorporar información asociada a números de Seguro Social. Desde entonces, varios estados gobernados por republicanos han utilizado la herramienta para comparar sus listas electorales e identificar registros correspondientes a personas señaladas como no ciudadanas.

En su solicitud, el DOJ sostuvo que el fallo limita la capacidad del Gobierno federal para responder a las solicitudes de los estados que buscan verificar la ciudadanía de determinadas personas. La administración argumentó que mantener la prohibición podría afectar sus esfuerzos para proteger la integridad de las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre, en las que el Partido Republicano busca conservar sus mayorías en ambas cámaras del Congreso.

Organizaciones defensoras de los derechos electorales y la privacidad han cuestionado el sistema al señalar que sus datos pueden estar desactualizados y conducir a que ciudadanos habilitados para votar, incluidos algunos naturalizados, sean identificados incorrectamente como no ciudadanos. Los grupos que presentaron la demanda sostienen que estas inconsistencias podrían provocar la exclusión indebida de electores, mientras la administración defiende la herramienta como un mecanismo para mejorar la verificación de los registros.

La jueza federal Sparkle Sooknanan bloqueó en junio el uso del sistema revisado y, el pasado 4 de septiembre, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia rechazó por 2-1 suspender esa decisión. Tras ese fallo, la administración acudió a la Corte Suprema, donde también mantiene otra disputa relacionada con una medida que busca restringir determinadas condiciones para el uso del voto por correo.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes nuevas sanciones contra 36 personas y entidades vinculadas al sector de aviación de Irán, como parte de la denominada Operación Economic Outcast. La medida, ejecutada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC), incluye a 27 aerolíneas iraníes y a empresas extranjeras que, según el Gobierno estadounidense, han facilitado la adquisición de aeronaves, componentes y tecnología de origen estadounidense.

Entre las aerolíneas sancionadas se encuentran Iran Aseman Airlines, Kish Airlines, Qeshm Air, Zagros Airlines y Chabahar Airlines, entre otras. OFAC señaló que las designaciones se sustentan en la Orden Ejecutiva 13902 y afirmó que algunas compañías aéreas han sido utilizadas por el Gobierno iraní y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) para transportar armas, personal y otros cargamentos.

El Tesoro también sancionó compañías ubicadas en Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Reino Unido, Malasia y Kazajistán por presuntamente prestar apoyo a Mahan Air, aerolínea que permanece bajo sanciones estadounidenses desde 2011. Entre ellas figuran ECT Aviation Support LLC y Sky Phoenix Hava Yollari, que, según OFAC, participaron durante 2026 en la transferencia de al menos tres aviones Boeing 777 de origen estadounidense hacia Mahan Air a través de Emiratos Árabes Unidos y Omán.

La acción incluye además a proveedores de servicios de carga y agentes comerciales que habrían coordinado operaciones internacionales de Mahan Air. El Tesoro afirmó que algunas de estas empresas gestionaron envíos de componentes para vehículos aéreos no tripulados, equipos industriales y piezas de origen estadounidense con destino a Irán, por lo que también fueron incluidas en las nuevas sanciones.

Paralelamente, OFAC suspendió tres autorizaciones relacionadas con la aviación iraní, incluidas aquellas que permitían determinados sobrevuelos y que aerolíneas no estadounidenses operaran hacia Irán utilizando aeronaves comerciales de origen o control estadounidense. La entidad precisó que continuará evaluando de manera individual las solicitudes relacionadas con seguridad aérea.

Asimismo, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una alerta dirigida a las instituciones financieras para facilitar la identificación de redes utilizadas por Irán para adquirir aeronaves y componentes en el exterior. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que la medida busca aumentar la presión sobre las empresas que continúen prestando servicios a aerolíneas iraníes sancionadas y advirtió que quienes faciliten estas operaciones podrían quedar expuestos a restricciones dentro del sistema financiero estadounidense.