La embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, se reunió en Washington con Cartwright Weiland, secretario adjunto de Estado para la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, INL), para abordar la cooperación bilateral en seguridad y lucha contra el narcotráfico. Según informó la Embajada de Colombia, la conversación reafirmó el compromiso compartido de fortalecer una asociación en seguridad que ambas partes consideran central para la estabilidad regional.

El encuentro se produjo un día después de que Estados Unidos mantuviera a Colombia bajo la designación de haber “fallado de manera demostrable” en el cumplimiento de sus compromisos antidrogas durante los últimos 12 meses. Sin embargo, Washington volvió a aplicar la excepción por interés nacional, lo que permite mantener la asistencia estadounidense, y la administración de Donald Trump dejó abierta la posibilidad de revisar la designación si Colombia demuestra avances en erradicación de coca y desarticulación de organizaciones vinculadas al narcotráfico.

Weiland ha participado en la definición de la cooperación antidrogas con Colombia. En una audiencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes celebrada en julio, Weiland señaló que Estados Unidos podía ampliar herramientas operativas apoyadas por la INL, entre ellas la flota de helicópteros Black Hawk utilizada junto con la Policía Nacional, además de otras capacidades para operaciones contra organizaciones narcotraficantes.

El diálogo también se enmarca en la agenda de seguridad acordada durante la reciente visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a Colombia. En Barranquilla, los gobiernos de Estados Unidos y Colombia plantearon profundizar la cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado, mientras Colombia solicitó apoyo adicional en capacidades como drones, radares y otros equipos para operaciones de seguridad.

La Embajada destacó el encuentro como parte del fortalecimiento de la relación bilateral. Por su parte, Washington ha condicionado una eventual revisión de la descertificación a resultados concretos durante el próximo periodo en reducción de cultivos, producción de cocaína y desarticulación de estructuras vinculadas al narcotráfico.

COMERCIO

Casa Blanca ordena identificar bienes canadienses para excluirlos de compras federales

El presidente Donald Trump firmó un memorando que ordena revisar la participación de bienes de origen canadiense en el sistema de contratación pública civil del Gobierno federal de Estados Unidos, como respuesta a las nuevas preferencias de compra implementadas por Canadá. La medida instruye a varias agencias estadounidenses a identificar productos canadienses que, cuando corresponda y dentro de los límites de la legislación vigente, puedan ser retirados o declarados no disponibles para compras federales.

La decisión se dirige principalmente a la Oficina de Administración y Presupuesto (Office of Management and Budget, OMB) y a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (Office of the United States Trade Representative, USTR), que deberán trabajar con el Consejo de Regulación de Adquisiciones Federales para determinar qué bienes podrían quedar sujetos a las restricciones. El memorando no establece una prohibición inmediata y general sobre todos los productos canadienses, sino que abre un proceso para identificar aquellos que puedan ser excluidos conforme a la legislación aplicable.

La Casa Blanca presentó la medida como respuesta a la política “Buy Canadian”, mediante la cual Canadá ha aumentado las preferencias para proveedores, productos y contenido nacional en sus adquisiciones públicas. El programa canadiense entró en vigor en diciembre de 2025 y actualmente aplica preferencias a determinadas contrataciones estratégicas por montos de al menos US$5 millones, después de que el umbral inicial de US$25 millones fuera reducido en junio de 2026. El Gobierno canadiense señala que estas reglas buscan fortalecer la industria local y las cadenas nacionales de suministro.

Según el memorando estadounidense, estas políticas han generado nuevas barreras para empresas de Estados Unidos que buscan participar en el mercado canadiense de contratación pública, mientras compañías canadienses mantienen acceso a las adquisiciones federales cubiertas por el Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio. La administración Trump indicó que esas compras representan más de US$280.000 millones anuales, aunque esta cifra y la caracterización de las políticas canadienses como discriminatorias corresponden a la evaluación presentada por la Casa Blanca.

El memorando también ordena a la OMB informar a las agencias federales, cuando sea permitido, sobre alternativas producidas dentro de Estados Unidos que puedan sustituir los bienes canadienses afectados. Al mismo tiempo, la USTR deberá seguir monitoreando el trato que Canadá otorga a los productos estadounidenses tanto en las compras del Gobierno federal como en las de las provincias y comunicar al presidente si considera necesarias medidas adicionales.

La decisión deja abierta la posibilidad de revertir las restricciones para determinados productos canadienses si cambian las condiciones que motivaron la medida, incluido un eventual ajuste de la política de contratación de Canadá. Cada agencia federal deberá adoptar las acciones que estén dentro de sus competencias para implementar el memorando, que deberá ejecutarse de acuerdo con la legislación vigente y sujeto a la disponibilidad de recursos presupuestarios.

COMERCIO

Trump advierte posibles aranceles a la UE por propuesta de asociar a Canadá

El presidente Donald Trump advirtió que Estados Unidos podría imponer nuevos aranceles a la Unión Europea si considera que la propuesta para convertir a Canadá en el primer “miembro asociado” del bloque constituye un acto hostil hacia Washington. Trump calificó la iniciativa como “ridícula” y señaló que, si identifica una intención adversa detrás del acercamiento, podría aplicar “aranceles muy fuertes” o restringir el comercio con Europa en determinados sectores, aunque agregó que no tomaría medidas si considera que la propuesta tiene una intención favorable.

Las declaraciones se produjeron antes del discurso del primer ministro canadiense, Mark Carney, ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, donde respaldó una relación más estrecha con el bloque y respondió a las presiones externas señalando que Canadá mantendrá la capacidad de decidir con quién establece acuerdos internacionales. Carney sostuvo que el objetivo de Ottawa no es conformar un nuevo bloque para competir con otras grandes potencias, sino aumentar su resiliencia y evitar que otros países puedan condicionar sus mercados, su soberanía o sus decisiones.

La propuesta fue presentada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien planteó abrir la puerta para que Canadá se convierta en el primer “miembro asociado” de la Unión Europea. Carney acogió favorablemente la iniciativa y afirmó que Canadá y Europa buscarán definir conjuntamente el alcance de una eventual “alianza para el futuro”, mientras la Comisión Europea ha señalado que el fortalecimiento de la relación bilateral no está dirigido contra Estados Unidos ni contra otro país.

El concepto de “miembro asociado” todavía no existe dentro de los tratados de la Unión Europea y deberá ser definido y negociado antes de que pueda avanzar, por lo que la propuesta no equivale actualmente a una adhesión formal de Canadá al bloque. Carney también aclaró posteriormente que su Gobierno no está buscando convertirse en miembro pleno de la UE, sino desarrollar un esquema de cooperación más amplio que permita aumentar la autonomía económica y estratégica de ambas partes.

Entre las áreas planteadas para profundizar la relación figuran minerales críticos, capacidad industrial de defensa, inteligencia artificial, energía, espacio, sistemas de pagos y servicios financieros, además de avanzar hacia un comercio digital más integrado y ampliar los intercambios educativos y laborales. Carney también propuso explorar la participación canadiense en programas europeos de investigación y educación y fortalecer cadenas de suministro conjuntas en sectores considerados estratégicos.

El acercamiento se apoya en mecanismos de cooperación que ya están en funcionamiento, entre ellos el Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá y la UE (CETA) y la participación canadiense en Security Action for Europe (SAFE), el instrumento europeo para financiar adquisiciones de defensa. Canadá se incorporó formalmente a SAFE en febrero de 2026 como el primer país no perteneciente a la UE en alcanzar un acuerdo de participación, mientras Ottawa se prepara para recibir a los líderes europeos en una cumbre Canadá-UE prevista para el 29 y 30 de octubre.

La iniciativa ocurre mientras Canadá busca diversificar sus relaciones comerciales y de seguridad en medio de las tensiones con Estados Unidos derivadas de los aranceles y otras diferencias bilaterales. Carney ha señalado que Washington continuará siendo un socio central para Canadá, pero su Gobierno también ha planteado reducir vulnerabilidades mediante una mayor cooperación con otros mercados; cualquier ampliación sustancial de la relación con la UE deberá continuar negociándose y, según el primer ministro, los acuerdos correspondientes serán sometidos al proceso político canadiense.

COMERCIO

EE. UU. y México aplazan nueva ronda comercial del USMCA para finales de septiembre

Estados Unidos y México aplazaron una semana la cuarta ronda bilateral de negociaciones vinculadas con la revisión del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), que ahora se realizará el 28 y 29 de septiembre en Washington. Hasta el momento, ni la Casa Blanca, ni el Gobierno mexicano ni la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (Office of the United States Trade Representative, USTR) han informado oficialmente la razón del cambio de fechas.

La nueva ronda continuará un proceso de conversaciones que durante 2026 ha abordado reglas de origen, comercio de acero y aluminio, industria automotriz, agricultura, seguridad económica y otros asuntos relacionados con el funcionamiento del acuerdo. En julio, durante la tercera ronda celebrada en Ciudad de México, ambos gobiernos acordaron continuar las negociaciones en Washington durante septiembre y destacaron como objetivos el fortalecimiento de la manufactura norteamericana y de las cadenas regionales de suministro.

Uno de los temas que ha adquirido mayor peso es el endurecimiento de las reglas de origen para determinados productos industriales, con el propósito de aumentar la proporción de insumos producidos dentro de América del Norte. Washington también ha planteado reducir la dependencia de componentes procedentes de países externos a la región, particularmente China, y ha impulsado requisitos más estrictos para sectores como equipos de inteligencia artificial, productos electrónicos y dispositivos médicos.

Las discusiones forman parte de la revisión conjunta del USMCA, proceso en el que Estados Unidos y México han mantenido rondas bilaterales para definir posibles ajustes al acuerdo. Desde las primeras conversaciones, ambos países han discutido alternativas para fortalecer la producción regional, mejorar la compatibilidad regulatoria y limitar el uso de insumos provenientes de economías externas en sectores considerados estratégicos.

El aplazamiento traslada las negociaciones a los últimos días de septiembre sin modificar, por ahora, la agenda general de discusión. La próxima ronda permitirá a los equipos de ambos países continuar definiendo sus posiciones sobre reglas de origen, cadenas de suministro y seguridad económica, mientras permanecen pendientes varios ajustes que podrían modificar las condiciones bajo las cuales determinados productos acceden a los beneficios comerciales del USMCA.

SANCIONES

Cámara aprueba ley de sanciones contra Rusia e Irán y la envía a Trump

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un paquete de sanciones contra Rusia que incluye medidas contra funcionarios, bancos y buques utilizados para transportar energía rusa, además de aranceles de hasta el 100% para algunos de los principales compradores de petróleo y gas del país. La iniciativa recibió 262 votos a favor y 159 en contra y, tras haber sido aprobada previamente por el Senado, quedó en manos del presidente Donald Trump para su promulgación.

Uno de los principales componentes de la legislación ordena al presidente imponer aranceles de hasta el 100% a los cinco mayores importadores de petróleo o gas natural de Rusia, una disposición que sus promotores han señalado que busca reducir los ingresos energéticos de Moscú. La facultad arancelaria también alcanza a los principales países que facilitan la evasión de las sanciones sobre la energía rusa.

El paquete también amplía las sanciones dirigidas directamente contra la economía rusa, incluidos funcionarios, instituciones financieras y la denominada “flota en la sombra” de buques cisterna utilizada para mantener las exportaciones energéticas. Los legisladores que respaldaron la iniciativa sostuvieron que estas disposiciones buscan aumentar la presión económica sobre Rusia por la guerra en Ucrania y limitar los recursos disponibles para financiar sus operaciones militares.

La legislación, denominada Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 en honor al fallecido senador republicano de Carolina del Sur, había sido aprobada por el Senado en agosto por 86 votos contra 11. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había solicitado públicamente al Congreso avanzar con el proyecto, mientras sus defensores en Washington destacaron que representa una de las principales medidas legislativas relacionadas con Ucrania adoptadas desde el paquete de asistencia aprobado en 2024.

La votación evidenció diferencias dentro de la Cámara sobre las facultades arancelarias incluidas en el proyecto. Un total de 203 republicanos y 58 demócratas votaron a favor, mientras siete republicanos y 152 demócratas se opusieron; algunos legisladores demócratas cuestionaron que las nuevas herramientas pudieran utilizarse contra aliados de Estados Unidos que todavía compran determinados volúmenes de energía rusa y advirtieron sobre posibles efectos sobre los precios internos, mientras los promotores de la norma señalaron principalmente a China e India entre los grandes compradores que buscan desincentivar.

El respaldo de Trump al proyecto se produjo después de un proceso de negociación que se extendió durante varios meses y que incorporó una extensión por cinco años de sanciones estadounidenses vigentes contra Irán, una disposición impulsada por el presidente.

Con la aprobación de ambas cámaras, el siguiente paso es la firma presidencial para que la legislación entre en vigor. De ser promulgada, la norma ampliaría las herramientas de Estados Unidos para sancionar directamente a entidades rusas y, al mismo tiempo, utilizar aranceles sobre terceros países como mecanismo para reducir las compras internacionales de energía rusa, aunque el alcance concreto de algunas medidas dependerá de las condiciones y excepciones establecidas en la legislación.

SANCIONES

Díaz-Balart respalda mantener las sanciones de OFAC contra Gustavo Petro

El representante republicano Mario Díaz-Balart respaldó la permanencia del expresidente Gustavo Petro bajo las sanciones administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y sostuvo que existen motivos suficientes para mantener las medidas. En entrevista con Caracol Radio, el legislador afirmó que “el daño que hizo el presidente Petro a la relación entre Colombia, los Estados Unidos y también al propio pueblo de Colombia es difícil de explicar”, una valoración que corresponde a la posición expresada por Díaz-Balart.

Díaz-Balart también vinculó su evaluación de la relación bilateral con el cambio de Gobierno en Colombia y sostuvo que la elección de Abelardo de la Espriella abrió una etapa distinta entre Colombia y Washington. El congresista, quien integró la delegación estadounidense que asistió a la posesión presidencial en agosto, destacó el aumento de la cooperación contra organizaciones vinculadas con el narcotráfico y señaló que espera una mayor coordinación bilateral en seguridad.

Las sanciones contra Petro son anteriores a la actual evaluación antidrogas de Colombia. El Departamento del Tesoro incluyó al entonces presidente colombiano en sus medidas de OFAC el 24 de octubre de 2025, bajo la Orden Ejecutiva 14059, que permite sancionar a personas vinculadas, según las autoridades estadounidenses, con el comercio ilícito internacional de drogas. En ese momento, el Tesoro responsabilizó a las políticas de Petro por el aumento de la producción de cocaína y también sancionó a varios integrantes de su entorno; esas afirmaciones corresponden a la justificación oficial presentada por Washington para la designación.

Las declaraciones de Díaz-Balart se produjeron además después de que la administración Trump mantuviera a Colombia entre los países que, según la determinación presidencial para el año fiscal 2027, “fallaron de manera demostrable” durante los 12 meses anteriores en realizar esfuerzos sustanciales para cumplir sus compromisos internacionales de lucha contra las drogas. Asimismo, el congresista ha señalado que espera que la nueva administración colombiana profundice las operaciones contra organizaciones criminales y fortalezca la relación de seguridad con Estados Unidos. Díaz-Balart también ha relacionado el cambio de Gobierno con el anuncio estadounidense de US$1.000 millones en asistencia para Colombia, y anteriormente había explicado que durante la administración Petro apoyó restricciones sobre parte de los recursos destinados al país por sus diferencias con las políticas del entonces Gobierno colombiano.

SANCIONES

Tesoro convoca a bancos internacionales para ampliar presión financiera sobre Irán

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reunió a instituciones financieras internacionales para compartir información destinada a identificar y cortar flujos de ingresos y redes de adquisición vinculadas con Irán, como parte de la Operación Economic Outcast. El encuentro fue liderado por la Red de Control de Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN), que señaló que el objetivo es mejorar la capacidad del sector financiero para detectar operaciones relacionadas con las estructuras que Washington busca aislar del sistema financiero internacional.

Durante la reunión, FinCEN proporcionó a las entidades participantes información sobre nodos financieros, facilitadores y redes que, según el Tesoro, son utilizados por actores vinculados con Irán para mover recursos, acceder a servicios bancarios y mantener redes internacionales de adquisición. La agencia también busca recibir información del sector privado que permita identificar nuevas transacciones o relaciones consideradas relevantes para las investigaciones estadounidenses.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que estas reuniones forman parte de los esfuerzos de Washington por reducir las fuentes de financiamiento disponibles para Teherán. “El Tesoro continúa cortando cada vía económica que le queda a Teherán”, señaló Bessent, quien agregó que el Gobierno estadounidense continuará coordinándose con las instituciones financieras privadas para implementar la operación.

Los intercambios entre FinCEN y el sector privado constituyen uno de los componentes de la estrategia estadounidense, junto con alertas sobre operaciones financieras, investigaciones de posibles esquemas de evasión y medidas administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC). FinCEN ha pedido a las instituciones mantenerse atentas a operación es relacionadas con intermediarios, empresas y entidades extranjeras que puedan estar involucradas en actividades sujetas a las sanciones estadounidenses contra Irán.

La Operación Economic Outcast fue lanzada el 24 de agosto y busca aumentar la presión sobre las fuentes de ingresos y los canales financieros vinculados con el Gobierno iraní y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Desde entonces, el Tesoro ha adoptado medidas contra bancos, intermediarios, aerolíneas y otras redes que, según las autoridades estadounidenses, facilitan operaciones financieras o comerciales utilizadas por Irán para evadir restricciones internacionales.

La reunión con bancos internacionales amplía esa estrategia hacia una cooperación más directa con el sistema financiero privado, con el propósito de identificar operaciones antes de que los recursos ingresen a determinados canales internacionales. El Tesoro también ha advertido que las instituciones financieras extranjeras que faciliten actividades sujetas a sanciones relacionadas con Irán pueden enfrentar mayores riesgos de medidas secundarias o restricciones de acceso al sistema financiero estadounidense.

POLÍTICA

María Elvira Salazar pide a Trump revisar su política migratoria

La representante republicana por Florida María Elvira Salazar cuestionó directamente la política migratoria del presidente Donald Trump en un nuevo anuncio de campaña, en el que sostuvo que algunas acciones de control migratorio de su administración “han ido demasiado lejos”. La congresista, que busca la reelección en el distrito 27 de Florida, dirigió su mensaje al presidente y le pidió revisar el enfoque de las operaciones de detención y deportación.

Salazar utilizó como argumento las detenciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE) durante julio, cuando cerca de 50.000 personas fueron arrestadas. La legisladora afirmó que alrededor de la mitad no tenía antecedentes penales y advirtió a Trump que, según su percepción, parte de los votantes hispanos que lo respaldaron en 2024 ahora “se sienten traicionados” por su política migratoria. CBS News informó que julio fue el primer mes del segundo mandato de Trump en el que las personas detenidas únicamente por infracciones migratorias civiles representaron más de la mitad de los arrestos.

La congresista aclaró que su propuesta no consiste en conceder una amnistía general, sino en establecer alternativas para inmigrantes que llevan años en Estados Unidos, carecen de antecedentes penales y participan en la economía. Salazar ha promovido anteriormente reformas que permitirían a determinados inmigrantes indocumentados obtener un estatus laboral renovable, una posición que ha mantenido mientras continúa respaldando medidas de control fronterizo y acciones contra personas consideradas amenazas para la seguridad pública.

El mensaje aparece a pocas semanas de las elecciones legislativas de noviembre y tiene especial relevancia por las características del distrito de Salazar, que abarca sectores de Miami-Dade y cuya población es aproximadamente 74% hispana. Trump ganó ese distrito por cerca de 15 puntos porcentuales en las elecciones presidenciales de 2024, mientras Salazar compite ahora por un nuevo periodo frente al candidato demócrata Eliott Rodriguez.

La política migratoria se ha convertido en un asunto de discusión dentro de algunas campañas republicanas ante las elecciones de medio término. Datos citados por CNN muestran que ICE superó las 46.000 detenciones en julio y posteriormente aumentó el ritmo de arrestos, mientras encuestas recientes han mostrado un deterioro en la evaluación de Trump sobre inmigración entre determinados segmentos de votantes latinos; esas tendencias han llevado a candidatos en distritos competitivos a ajustar sus mensajes sobre la aplicación de las leyes migratorias.

Salazar ya había expresado anteriormente preocupación por los efectos políticos de las deportaciones sobre el apoyo republicano entre los votantes hispanos, pero el nuevo anuncio traslada esas críticas directamente a Trump durante su campaña de reelección. Hasta la publicación inicial de la información, la Casa Blanca no había respondido públicamente al mensaje de la congresista, mientras la administración continúa defendiendo el aumento de las operaciones de ICE como parte de su estrategia de aplicación de las leyes migratorias.

POLÍTICA

Cámara de Representantes aprueba proyecto para que centros de datos asuman costos de la red eléctrica

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por 417 votos contra tres la Ratepayer Protection Act, una iniciativa que busca evitar que los costos adicionales de generación y expansión de las redes eléctricas asociados con grandes centros de datos sean trasladados a hogares y pequeños negocios. El proyecto, presentado por el republicano Gabe Evans y la demócrata Kathy Castor, pasa ahora al Senado.

La legislación se concentra en los denominados grandes consumidores de electricidad, categoría que incluye a los centros de datos utilizados para servicios de computación e inteligencia artificial. Estas instalaciones pueden requerir nuevas plantas de generación, líneas de transmisión y otras inversiones para atender su demanda, por lo que el proyecto plantea que los reguladores estatales evalúen mecanismos para asignar esos costos incrementales directamente a quienes los generan.

La medida no establece una tarifa federal específica ni obliga automáticamente a los estados a cobrar determinados montos a los centros de datos. En cambio, modifica la legislación federal sobre regulación de servicios públicos para exigir que las comisiones estatales consideren un estándar relacionado con la recuperación de los costos completos e incrementales de las mejoras destinadas a atender a clientes de gran carga eléctrica. Según reportes de prensa, los estados deberán celebrar una audiencia sobre ese estándar dentro de los dos años siguientes a la promulgación de la ley.

El proyecto surge en medio del rápido crecimiento del consumo eléctrico asociado con los centros de datos y de las discusiones sobre quién debe financiar la infraestructura necesaria para ampliar su capacidad. Sus promotores sostienen que las familias y las pequeñas empresas no deberían asumir mediante sus facturas inversiones requeridas específicamente por grandes instalaciones tecnológicas, mientras el Gobierno de Donald Trump mantiene como prioridad la expansión de la infraestructura de inteligencia artificial en Estados Unidos.

A pesar del amplio respaldo en la Cámara, algunos legisladores y organizaciones consideraron que la iniciativa tiene un alcance limitado porque obliga a los estados a estudiar las reglas, pero no determina de manera directa cómo deberán distribuirse los costos. Los tres votos en contra correspondieron a las representantes demócratas Summer Lee, Delia Ramirez y Rashida Tlaib, mientras otros legisladores que apoyaron la medida señalaron que podrían ser necesarias acciones adicionales para abordar los efectos de los centros de datos sobre las tarifas eléctricas.

El siguiente paso será la consideración del proyecto en el Senado, donde también existe una iniciativa relacionada, aunque todavía no se ha definido una fecha para su votación. Si ambas cámaras aprueban un mismo texto y este es promulgado por el presidente, los reguladores estatales tendrían que incorporar formalmente a sus procesos la consideración de mecanismos destinados a evitar que los costos incrementales vinculados con grandes centros de datos recaigan sobre el resto de los usuarios eléctricos.