La prohibición de Estados Unidos a cerca de US$1.000 millones en importaciones canadienses entró en vigor este martes, en una nueva etapa de las tensiones comerciales entre Washington y Ottawa. La medida incluye bebidas alcohólicas, algunos productos lácteos, melaza y motocicletas. El veto al alcohol responde a la decisión de algunas provincias canadienses de retirar de sus tiendas las bebidas estadounidenses, en el marco de una disputa que se remonta a los aranceles impuestos previamente por la administración Trump y a la respuesta arancelaria de Canadá.

Aunque el monto afectado representa una fracción menor del comercio bilateral anual, estimado en cerca de US$880.000 millones, la decisión marca un nuevo episodio en la disputa comercial entre dos socios históricos. El abogado comercial Patrick Childress, socio de Holland & Knight y exfuncionario comercial estadounidense, señaló que la prohibición no contribuirá a reducir las tensiones entre ambos países.

El conflicto se intensificó durante el verano, cuando Trump recurrió a una ley de la Gran Depresión para imponer aranceles de 50% sobre aproximadamente US$20.000 millones en importaciones canadienses. Washington argumentó que Canadá discrimina a productores estadounidenses de lácteos, automóviles y bebidas alcohólicas, mientras Ottawa respondió con aranceles de 15%, 25% o 50% sobre productos estadounidenses, en una represalia equivalente en valor.

El impacto económico inmediato podría ser limitado, debido a que varios de los productos incluidos ya enfrentaban aranceles elevados. Según Childress, el gravamen de 50% ya funcionaba en muchos casos como una prohibición de facto, al hacer poco rentable importar esos bienes desde Canadá hacia Estados Unidos. Jacob Jensen, director de política comercial del centro de pensamiento American Action Forum, calculó que la prohibición cubre US$967 millones en importaciones canadienses, de los cuales 87% corresponde a bebidas alcohólicas.

Además del alcohol, la lista incluye productos lácteos, como el suero de leche, un rubro que ha sido motivo recurrente de fricción por el sistema canadiense de protección a su industria lechera. La prohibición también cubre motocicletas, incluidas algunas unidades de tres ruedas de Can-Am producidas por Bombardier Recreational Products, aunque la empresa indicó que el efecto podría sentirse principalmente el próximo año, debido a que la mayoría de la producción y los envíos de la temporada actual ya fueron completados.

El pulso comercial también genera preocupación entre empresas pequeñas vinculadas al comercio transfronterizo. Wolfhead Distillery, ubicada en Ontario, suspendió los envíos de whisky a Michigan por la disputa arancelaria y la prohibición sobre alcohol canadiense. Su directora de mercadeo, Danielle Moldovan, afirmó que la situación pone en pausa posibles ventas en estados como Georgia y Michigan, mientras se aclara cuánto durará la medida y qué ocurrirá con el conflicto comercial.

La disputa añade presión sobre el futuro del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), que permitió durante años el comercio libre de aranceles para la mayoría de bienes en Norteamérica. En paralelo, el primer ministro canadiense, Mark Carney, ha buscado reducir la dependencia de Canadá del mercado estadounidense, que concentra más de 70% de sus exportaciones, mediante acercamientos con la Unión Europea, India y China. Trump, por su parte, afirmó que espera alcanzar un acuerdo, aunque Childress consideró que el estancamiento podría extenderse durante meses.

MIGRACIÓN

Corte Suprema permite reanudar deportaciones a terceros países mientras revisa la política

La Corte Suprema de Estados Unidos permitió este martes que la administración de Donald Trump reanude, por ahora, las deportaciones de migrantes a países distintos a los de su nacionalidad. La decisión suspende temporalmente una orden del juez federal Brian Murphy, de Boston, que había considerado ilegal la política del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Department of Homeland Security, DHS) sobre remociones a terceros países.

El tribunal aceptó la solicitud de emergencia presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (Department of Justice, DOJ), que pidió dejar en pausa la decisión del juez mientras avanza el litigio. La Corte Suprema también acordó escuchar argumentos en diciembre, antes de emitir un fallo formal sobre la legalidad de la política. La decisión se adoptó por seis votos contra tres, con la disidencia de las magistradas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, y es la tercera vez que el tribunal rechaza los intentos del juez Murphy de frenar estas deportaciones.

La medida permite al Gobierno enviar migrantes a países que no son los suyos sin ofrecerles previamente la oportunidad de exponer los riesgos que podrían enfrentar en esos destinos. La política ha sido utilizada por la administración como parte de su estrategia de deportaciones rápidas, especialmente en casos en los que no es posible enviar a una persona a su país de origen.

Bajo la política cuestionada, los migrantes podrían ser removidos rápidamente hacia terceros países que hayan entregado garantías diplomáticas consideradas creíbles por Washington de que no los perseguirán ni torturarán. Para países que no hayan dado esas garantías, las autoridades notificarían el destino y evaluarían posibles riesgos solo si la persona deportada plantea por su cuenta temor de persecución o tortura.

En su solicitud ante la Corte Suprema, el Departamento de Justicia sostuvo que las deportaciones a terceros países son una herramienta esencial para remover a ciertos migrantes, incluidos algunos con antecedentes criminales. Sin embargo, el juez Murphy y críticos de la política han señalado que también podría afectar a personas que ya habían recibido protección legal para no ser enviadas de regreso a sus países de origen.

Los demandantes afirmaron en documentos judiciales que algunas personas deportadas bajo esta política han sido transferidas posteriormente por terceros países a sus lugares de origen, pese a que Estados Unidos les había reconocido protección frente a ese retorno. También señalaron presuntos casos de personas golpeadas, detenidas, víctimas de agresiones sexuales o desaparecidas tras su remoción, alegaciones que forman parte del debate judicial sobre los riesgos del procedimiento.

La decisión de este martes revierte, de manera temporal, el efecto de un fallo de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, que el 18 de septiembre había mantenido gran parte de la orden del juez Murphyy cuya aplicación se hizo efectiva el 23 de septiembre. El caso seguirá bajo revisión de la Corte Suprema, que deberá definir si la política cumple con las garantías legales aplicables antes de que el Gobierno pueda aplicarla de forma definitiva.

ECONOMÍA

Confianza del consumidor en EE.UU. cae a su nivel más bajo desde 2014

La confianza del consumidor en Estados Unidos cayó en septiembre, según The Conference Board, en una señal de mayor cautela de los hogares frente a los precios, el mercado laboral y las condiciones económicas esperadas para los próximos meses. El Índice de Confianza del Consumidor bajó 6,7 puntos, hasta 81,9, frente a 88,6 en agosto, su nivel más bajo desde 2014, con un deterioro tanto en la evaluación de la situación actual como en las expectativas.

Dana M. Peterson, economista jefe de The Conference Board, señaló que el índice se deterioró de manera notable después de dos meses previos de moderación. Según la entidad, las respuestas abiertas de los consumidores fueron mayoritariamente pesimistas y mostraron un aumento de las referencias a los precios, al alto costo de bienes y servicios y, en particular, al incremento de los precios del petróleo y la gasolina durante septiembre.

El Índice de Situación Actual retrocedió 7,9 puntos, hasta 109,3, y la percepción neta sobre las condiciones empresariales vigentes pasó a terreno negativo por primera vez desde septiembre de 2024. De acuerdo con The Conference Board, la proporción de consumidores que calificó las condiciones de negocio como “malas” aumentó, mientras que la percepción sobre el empleo se debilitó. El diferencial laboral, que compara quienes consideran que hay empleos “abundantes” frente a quienes creen que son “difíciles de conseguir”, retrocedió hasta +1,7%.

Las expectativas también se deterioraron. El Índice de Expectativas cayó a 63,6, por debajo del umbral de 80 que The Conference Board suele asociar con señales de posible recesión hacia adelante. Sus tres componentes bajaron en septiembre, con expectativas más negativas sobre condiciones empresariales, mercado laboral e ingresos familiares, aunque este último indicador se mantuvo todavía en terreno positivo.

La lectura mostró además un deterioro amplio entre grupos de edad e ingreso, medido en promedio móvil de seis meses. Los hogares de mayores ingresos se mantuvieron relativamente más optimistas, pero el grupo con ingresos anuales entre US$125.000 y US$149.000 registró la mayor caída de confianza en ese periodo. Por generación, la confianza siguió siendo más alta entre la generación Z y los milénicos, mientras que se debilitó entre la generación X, la generación del baby boom y la generación silenciosa.

Las expectativas de inflación a 12 meses aumentaron en septiembre, con el promedio y la mediana subiendo 0,3 puntos porcentuales, hasta 6,1% y 5,1%, respectivamente. Los consumidores también mostraron una mayor expectativa de alzas en las tasas de interés y moderaron su optimismo sobre el mercado accionario. En paralelo, las percepciones sobre la situación financiera actual de las familias pasaron a terreno negativo, mientras los planes de compra de autos y vivienda bajaron levemente y el gasto previsto en servicios volvió a moderarse.

POLÍTICA

Presidente Trump presenta America.gov como nuevo portal federal con inteligencia artificial

El presidente Donald Trump presentó este martes America.gov, una plataforma del gobierno federal que utiliza inteligencia artificial para facilitar el acceso de los ciudadanos a información y trámites públicos. Durante el lanzamiento, el mandatario reiteró que su gobierno no limitará el desarrollo de esta tecnología: “Jamás frenaré el crecimiento de una tecnología que será más grande que la Revolución Industrial. No podemos frenarla, y llevamos una amplia ventaja”.

La administración ha presentado America.gov como una herramienta para simplificar la relación entre los ciudadanos y el gobierno, ante la dispersión de los servicios federales en múltiples páginas de agencias y departamentos. Durante la presentación, Joe Gebbia, cofundador de Airbnb, señaló que el sitio reúne información de 29.000 páginas del gobierno federal. El secretario de Estado, Marco Rubio, indicó que el portal podría utilizarse próximamente para solicitar por primera vez un pasaporte completamente en línea, sin acudir a un centro de procesamiento.

El portal fue diseñado como una puerta de entrada digital para consultar información oficial y acceder a servicios federales mediante respuestas generadas con inteligencia artificial. Según The Associated Press, el sitio indicaba que sus respuestas estaban basadas en “fuentes oficiales del gobierno”, lo que permitió hacer consultas sobre asuntos institucionales, electorales y de política pública.

En las primeras pruebas reportadas por la agencia, el sistema respondió consultas sobre las elecciones de 2020, una eventual candidatura presidencial en 2028, la denominación del Departamento de Defensa, el cambio climático y los salarios presidenciales con base en información de fuentes federales, en algunos casos en contraste con afirmaciones frecuentes del mandatario.

Mientras Trump aún hablaba en el lanzamiento, el portal comenzó a modificar algunas respuestas. Al ser consultado nuevamente sobre las elecciones de 2020, America.gov indicó que no podía responder “preguntas políticas”, una respuesta que también apareció ante preguntas sobre si Trump había sido sometido a juicio político o condenado por cargos penales.

POLÍTICA

Administración Trump anuncia acuerdo voluntario con tecnológicas para supervisar el desarrollo de la IA

El presidente Donald Trump afirmó este martes que líderes de empresas de inteligencia artificial (IA) firmaron con su administración un acuerdo voluntario para supervisar internamente y mediante revisiones externas el desarrollo de esta tecnología. Tras una reunión en la Casa Blanca con altos ejecutivos del sector, Trump sostuvo que observa una “tremenda autorregulación” entre las compañías y afirmó que estas entienden la necesidad de vigilar sus propios avances.

El anuncio se produjo después de un encuentro con directivos de varias firmas tecnológicas que están invirtiendo cientos de miles de millones de dólares en infraestructura de IA, incluidos centros de datos en distintas comunidades del país. Entre los asistentes estuvieron Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic; Greg Brockman, presidente de OpenAI; Jeff Bezos, fundador de Amazon; Elon Musk, propietario de X; Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia; Sundar Pichai, director ejecutivo de Google; Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta; y Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft.

La postura de la administración de no limitar el desarrollo de la IA contrasta con advertencias recientes de algunos ejecutivos del sector, incluidos Amodei, Musk y Sam Altman, quienes han planteado la necesidad de fortalecer medidas de seguridad o moderar el ritmo de desarrollo tras incidentes de sistemas de IA con comportamientos no previstos. Otros líderes, como Huang y Zuckerberg, han minimizado parte de esas preocupaciones y han enfatizado la responsabilidad de cada empresa en garantizar la seguridad de sus productos.

En el evento también participaron el vicepresidente JD Vance, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. La administración presentó la jornada como parte de una nueva etapa tecnológica impulsada por lo que Trump ha llamado “superinteligencia”.

Trump añadió que, en todo caso, existen mecanismos de control a través del Departamento de Justicia de Estados Unidos (Department of Justice, DOJ) y la Oficina Federal de Investigación (Federal Bureau of Investigation, FBI). El presidente afirmó además que las empresas buscarán responder a la oposición local frente a los centros de datos mediante apoyo financiero a escuelas o medidas para reducir costos energéticos. Sobre la competencia global, presentó el desarrollo de la IA como una carrera entre Estados Unidos y China, y sostuvo que Washington no debería cooperar demasiado con Pekín mientras mantenga ventaja.

POLÍTICA

Exfiscal Jack Smith defiende ante el Senado el manejo de los casos federales contra Trump

El exfiscal especial Jack Smith defendió ante el Comité Judicial del Senado las investigaciones federales que encabezó contra el presidente Donald Trump, durante una audiencia marcada por cuestionamientos republicanos y respaldos demócratas. Smith rechazó que su equipo hubiera actuado con motivaciones políticas y sostuvo que las decisiones de imputación se basaron en criterios legales y probatorios.

La audiencia permitió a senadores republicanos insistir en que las investigaciones contra Trump habrían tenido un componente político, especialmente por haberse desarrollado durante el ciclo electoral de 2024. En contraste, legisladores demócratas defendieron el trabajo de Smith y criticaron los despidos de fiscales y funcionarios vinculados a esas investigaciones dentro del Departamento de Justicia (Department of Justice, DOJ).

Smith encabezó dos casos federales contra Trump: uno relacionado con sus presuntos esfuerzos para revertir el resultado de las elecciones de 2020 y otro sobre la retención de documentos clasificados en Mar-a-Lago. Ambos procesos fueron abandonados después de la victoria electoral de Trump en 2024, con base en criterios del Departamento de Justicia sobre la imposibilidad de procesar penalmente a un presidente en ejercicio.

Uno de los principales puntos de discusión fue el acceso del equipo de Smith a registros telefónicos de legisladores republicanos, en el marco de la investigación sobre los contactos realizados el 6 de enero de 2021. Smith sostuvo que esas citaciones eran una práctica común en investigaciones penales y que buscaban entender el alcance de las comunicaciones entre Trump, sus aliados y miembros del Congreso durante la certificación del triunfo de Joe Biden.

Los registros en cuestión correspondían a datos de llamadas, como fecha, duración y hora, pero no al contenido de las conversaciones. Aun así, varios republicanos afirmaron que el uso de esas citaciones representó un exceso del Departamento de Justicia y cuestionaron si pudo haber afectado las protecciones constitucionales de los legisladores. Smith negó esa interpretación y afirmó que su equipo contó con aprobación interna dentro del Departamento de Justicia.

La audiencia también incluyó críticas personales contra Smith por parte de varios senadores republicanos, quienes lo acusaron de haber utilizado procedimientos ordinarios con fines políticos. Smith respondió que se mantenía en su testimonio previo y afirmó que no sería silenciado por amenazas de procesamiento, mientras los demócratas señalaron que las críticas buscaban desacreditar las investigaciones sobre los hechos posteriores a las elecciones de 2020.

POLÍTICA

Alcalde Mamdani presenta estrategia municipal contra el antisemitismo en Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó este martes una estrategia municipal para combatir el antisemitismo, en medio de críticas de sectores de la comunidad judía por sus posiciones propalestinas y por sus cuestionamientos al gobierno de Israel. La iniciativa fue descrita por su administración como la primera estrategia de este tipo impulsada por una ciudad en Estados Unidos.

El plan está contenido en un informe de 35 páginas elaborado por la Oficina del Alcalde para Combatir el Antisemitismo. Según la alcaldía, el presupuesto de la Oficina para la Prevención de Delitos de Odio, que atiende a todos los grupos protegidos, pasó de cerca de US$3 millones a US$29 millones anuales.

Como parte de la estrategia, la alcaldía destinará los primeros US$7,4 millones de ese incremento a dos frentes: US$6,4 millones para subvenciones a organizaciones comunitarias dedicadas a prevenir delitos de odio y apoyar a las víctimas, y US$1 millón para reforzar la seguridad en sinagogas y otros lugares de culto. El plan incluye además US$2,5 millones para el Centro para la Nueva Cultura Judía, en Brooklyn, y US$2 millones para un memorial del Holocausto en Queens.

El anuncio se produjo después de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, criticara públicamente a Mamdani durante su visita a Nueva York por la Asamblea General de la ONU. Netanyahu lo calificó de “antisemita” y cuestionó sus llamados previos a que se emitiera una orden de arresto internacional en su contra por presuntos crímenes de guerra, una posición que el alcalde ha defendido aunque reconoció que la ciudad no tiene autoridad para ejecutar una medida de ese tipo.

El informe publicado por la alcaldía señala que los judíos neoyorquinos representan 12% de la población, pero son víctimas de cerca de la mitad de los crímenes de odio reportados en la ciudad. Phylisa Wisdom, directora ejecutiva de la Oficina del Alcalde para Combatir el Antisemitismo, afirmó que la estrategia busca movilizar al gobierno local para prevenir el odio, apoyar a las víctimas, proteger instituciones judías, educar a los residentes y celebrar la vida judía en Nueva York. El plan no adopta una definición única de antisemitismo, decisión que fue cuestionada por la Liga Antidifamación (ADL).

DIPLOMACIA

Secretario Rubio aborda amenazas externas, migración y Venezuela en entrevista con Fox News

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, abordó en una entrevista con Sean Hannity, de Fox News, varios frentes de la agenda exterior de Washington, incluidos asuntos de seguridad en Reino Unido, la política migratoria en Occidente, la situación de Irán, el acuerdo sobre Groenlandia y el panorama en Cuba y Venezuela. Durante la conversación, Rubio mantuvo un énfasis en los riesgos de seguridad nacional y en la coordinación de Estados Unidos con sus aliados.

Sobre el caso de presuntos sospechosos de terrorismo vinculados a una base aérea estadounidense en Reino Unido, Rubio afirmó que había aspectos que no podía detallar públicamente, pero calificó el episodio como una situación “muy seria”. Según su versión, el hecho habría involucrado la participación de un actor extranjero, aunque evitó ofrecer más información, y agradeció la cooperación de las autoridades británicas en la respuesta al incidente.

Rubio también se refirió a los desafíos de seguridad y migración en Europa y en el hemisferio occidental. El secretario sostuvo que ningún país puede permitir una entrada “sin control” de personas y defendió que la migración debe producirse mediante procesos ordenados, con capacidad estatal para definir quién ingresa y en qué número. En ese contexto, comparó la migración irregular masiva con una “inundación” y afirmó que varios países occidentales enfrentan costos sociales y políticos por ese fenómeno.

En relación con Irán, Rubio afirmó que el objetivo de Teherán habría sido acumular suficientes drones, misiles y otros sistemas convencionales para crear una especie de escudo que dificultara cualquier respuesta militar contra su programa nuclear. Según el secretario, la administración Trump buscó impedir que Irán alcanzara ese punto de “inmunidad” y reiteró que Washington considera inaceptable que el país llegue a tener un arma nuclear.

Rubio vinculó la presión económica contra Irán con la política de sanciones y con los esfuerzos para limitar los ingresos del gobierno iraní. En la entrevista, sostuvo que los recursos obtenidos por Teherán no se destinan, según su postura, a mejorar las condiciones de vida de la población, sino a financiar armas, grupos aliados y actividades que Washington considera desestabilizadoras. También afirmó que restringir esos ingresos busca evitar que sean utilizados contra intereses estadounidenses o de sus aliados. 

El secretario también defendió el acuerdo relacionado con Groenlandia y lo presentó como una decisión enfocada en seguridad nacional, defensa misilística y competencia estratégica en el Ártico. Rubio sostuvo que la región tiene una importancia creciente por las rutas marítimas, la actividad de países competidores y las necesidades de defensa de Norteamérica. Según explicó, el acuerdo con Dinamarca permitiría a Estados Unidos mantener presencia y desarrollar instalaciones militares, con mecanismos de aprobación para evitar inversiones de adversarios estratégicos.

Finalmente, Rubio abordó la situación de Cuba y Venezuela. Sobre Cuba, afirmó que el país enfrenta una crisis económica e institucional y sostuvo que Washington buscará impedir que la economía necesita seguir recuperándose sea utilizado como base contra intereses estadounidenses. En el caso venezolano, señaló que, pero afirmó que el foco de Estados Unidos está en una transición democrática y en la creación de condiciones para elecciones libres y justas, en coordinación con la Asamblea Nacional de 2015.

SEGURIDAD

Hegseth prevé recortar 20% de las plazas de generales y almirantes

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunciará este miércoles un recorte de 20% en las plazas asignadas a generales y almirantes, según informaron este martes funcionarios del Pentágono. La medida será presentada durante su discurso sobre el estado de las Fuerzas Armadas ante tropas en Quantico, Virginia, y las distintas ramas deberán completar la reducción antes del 1 de enero de 2027.

El ajuste recae sobre las plazas designadas para oficiales de una a cuatro estrellas en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y no implica la salida de 20% de los oficiales que hoy ocupan esos rangos; algunos cargos podrán ser asumidos por oficiales de menor rango, como coroneles o capitanes de navío. La decisión duplica la reducción mínima de 10% sobre cerca de 800 plazas de generales y almirantes que Hegseth ordenó el año pasado, cuando también dispuso recortar 20% de los oficiales de cuatro estrellas en servicio activo y 20% de los cargos de generales de la Guardia Nacional.

La reducción de altos mandos forma parte de una serie de cambios aplicados desde la llegada de Hegseth al cargo. En ese periodo, alrededor de una veintena de líderes militares de distintas ramas de las Fuerzas Armadas han sido removidos o afectados por decisiones administrativas, lo que ha generado preocupación entre algunos legisladores del Congreso.

Entre quienes han expresado inquietudes figura la senadora republicana Susan Collins, presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, quien en julio señaló su preocupación por la destitución de altos oficiales y el bloqueo de ascensos de personal de menor rango. Sus declaraciones reflejaron el seguimiento que sectores del Congreso han hecho a los cambios dentro de la estructura militar.

La reestructuración también ocurre en medio de cuestionamientos políticos contra Hegseth. El 15 de septiembre, el representante republicano Thomas Massie presentó ocho artículos de juicio político en la Cámara de Representantes, en los que acusó al secretario de abusar de su cargo por la participación de Estados Unidos en hostilidades contra Irán sin autorización del Congreso.

SANCIONES

Tesoro sanciona redes internacionales de compras militares para Irán

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC), sancionó a diez personas y entidades en varias jurisdicciones por su presunta participación en redes de adquisición de armas y componentes para el Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán (MODAFL). Según el Tesoro, esa entidad es responsable de investigación, producción y compras militares para las fuerzas armadas iraníes, y también supervisa organizaciones vinculadas al desarrollo de misiles balísticos y vehículos aéreos no tripulados.

La medida fue adoptada en el marco de la operación Economic Outcast, una campaña anunciada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, para restringir las fuentes de financiamiento, los canales comerciales y las redes de apoyo que, según Washington, sostienen actividades del régimen iraní. Bessent afirmó que el Tesoro continuará apuntando contra quienes brinden apoyo material, tecnológico o financiero a Irán, y sostuvo que la entidad buscará “identificar, exponer y aislar” a sus facilitadores.

Entre los sancionados figura Seyyed Asghar Alizadeh Tabatabai, señalado por el Tesoro como representante de MODAFL en Pekín. De acuerdo con la OFAC, Tabatabai habría coordinado en China la adquisición de sistemas de armas terminados y componentes de doble uso en nombre de Irán, dentro de una red que Washington considera relevante para los esfuerzos de aprovisionamiento militar del país.

La acción también incluyó a la empresa iraní Kavoshcom Asia R and D Group, a su director, Ali Fotowat Ahmady, y a su representante en Irán, Parisa Lali, así como a la firma EC Mojo Technology Co Limited, con sede en Hong Kong, y a su representante en China, Li Fen. Según el Tesoro, Kavoshcom habría adquirido componentes electrónicos, incluidos conectores, para la Compañía Industrial de Fabricación de Aeronaves de Irán (HESA), especializada en aeronaves militares y drones, y también habría suministrado electrónicos al Grupo Industrial Shahid Bakeri (SBIG), entidad asociada al programa iraní de misiles balísticos de combustible sólido. El Tesoro añadió que Li Fen habría intentado evadir sanciones y controles de exportación.

El paquete de sanciones incluyó además a Waseem Pasha Tajammal, con sede en Pakistán, y a tres compañías vinculadas con Cavalier Group en Pakistán, Arabia Saudita y Turquía. De acuerdo con la OFAC, Tajammal y esas empresas habrían actuado como intermediarios para MODAFL, utilizando redes comerciales internacionales para adquirir y distribuir armas en nombre de Irán. Como resultado de la designación, quedan bloqueados los bienes e intereses en bienes de los sancionados bajo jurisdicción estadounidense, y se restringen transacciones con personas o entidades de Estados Unidos. El Tesoro advirtió además que quienes continúen haciendo negocios con el régimen iraní se exponen a sanciones secundarias, y que cualquier entidad que facilite lavado de dinero o evasión de sanciones en su nombre corre el riesgo de quedar excluida del sistema financiero estadounidense.

SANCIONES

OFAC sanciona a líderes y redes de apoyo vinculadas al Cartel de Sinaloa en México

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC), sancionó a cerca de 50 personas y entidades señaladas de actuar como líderes, facilitadores financieros, operadores empresariales o redes de apoyo del Cartel de Sinaloa. La medida incluyó a 21 personas y 25 entidades, entre ellas Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, identificado por Washington como una figura central de la facción de Los Mayos.

Según el Tesoro, la acción apunta a estructuras que habrían permitido al cartel operar en zonas estratégicas cercanas a la frontera entre Estados Unidos y México, especialmente en Tijuana y Mexicali. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la administración Trump buscará identificar y afectar a actores vinculados con carteles que, según Washington, representen riesgos para la seguridad estadounidense o para la integridad del sistema financiero.

Uno de los principales sancionados fue Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, hijo de Ismael Zambada García, alias “El Mayo”. De acuerdo con el Tesoro, Zambada Sicairos, nacido en Anaheim, California, y con doble nacionalidad estadounidense y mexicana, asumió el liderazgo de Los Mayos, una de las facciones del Cartel de Sinaloa, tras la captura de su padre en julio de 2024. Según Washington, esa facción mantiene una disputa interna con Los Chapitos que ha generado una confrontación por territorio e influencia en Sinaloa y otros estados mexicanos.

La medida también alcanzó a integrantes del círculo cercano de Zambada Sicairos, incluidos Hildegardo Gastelum García, alias “Aldo”; Jorge Luis Mendoza Uriarte, alias “Guero Chompas”; Francisco Javier Mendoza Uriarte; y Lorenzo Castillo Maldonado. Según la OFAC, estas personas habrían cumplido funciones de asesoría, seguridad, tráfico de drogas, lavado de dinero o apoyo operativo para Los Mayos. La entidad también sancionó a Servicios Hoteleros Gastelum, S.A. de C.V., señalada como parte de la red empresarial asociada a Gastelum García.

Otro componente de la acción se concentró en Tijuana, donde el Tesoro volvió a señalar a Alfonso Arzate García, alias “Aquiles”, y René Arzate García, alias “La Rana”, como jefes de plaza vinculados al Cartel de Sinaloa. La OFAC también sancionó a presuntos lugartenientes, operadores financieros y empresas que, según Washington, habrían servido para mover recursos, lavar dinero o respaldar actividades del cartel, incluidas casas de cambio, compañías inmobiliarias, firmas de seguridad, negocios de entretenimiento y otras sociedades con sede en Baja California. De forma paralela, el Departamento de Estado ofreció recompensas de hasta US$5 millones por información que conduzca al arresto o condena de cada uno de los hermanos Arzate García y de Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, señalado como líder del cartel en Mexicali.

El Tesoro también dirigió sanciones contra una red que, según la OFAC, habría conectado al Cartel de Sinaloa con círculos políticos y empresariales en Mexicali. Entre los señalados figuran Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, y su hermano Luis Alfonso Torres Torres, a quien el Tesoro acusa de cobrar sobornos y lavar recursos a través de empresas y campañas políticas, así como Pedro Ariel Mendivil García, exdirector de seguridad pública de Mexicali, señalado de presuntamente recibir sobornos a cambio de ceder el control de la policía municipal a operadores del cartel. La lista incluye además a Rafael Buenrostro Martin y Diosvany Samuel Chapotin Villalba. Como resultado de las sanciones, quedan bloqueados los bienes e intereses en bienes de los designados bajo jurisdicción estadounidense, y se restringen transacciones con personas o entidades de Estados Unidos.