Lugar: Hotel Hilton
Fecha: 23 de abril
Hora de inicio: 7:00 a.m.
07:00 – 08:20 | Asamblea Ordinaria Afiliados
08:20 – 08:35 | Bienvenida y apertura
Intervención: María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia
Temas:
- Reflexión sobre los 70 años de AmCham Colombiay su papel en la construcción de una relación sólida entre Colombia y EE.UU.
- Impacto en el comercio, la inversión y la diplomacia.
- TLC, diversificación y porque sigue siendo el mejor mercado para Colombia
- Proyección de la Cámara para los próximos 70 años.
08:35 – 09:20 | Seguridad y Defensa Nacional: Estrategia para garantizar la gobernabilidad
Participantes
General Pedro Sánchez – Ministro de Defensa
Angela Buitrago – Ministra de Justicia
Moderador: Fernando Quijano – Director La República
Temas:
- Contexto y Desafíos en Seguridad Nacional
- Compromiso de Colombia con la Seguridad y la Lucha contra el Narcotráfico
- Estrategia de Seguridad Integral y Desarrollo Territorial
- Estrategia para la No Descertificación de Colombia
09:20 – 10:10 | Conversatorio: Colombia y EE.UU.: Una relación en transformación, ¿hacia dónde vamos?
Participantes
Juan Manuel Santos, Expresidente de Colombia y Premio Nobel de Paz
Modera: Roberto Pombo, Director Editorial de Prisa Media en Colombia
Temas:
- Análisis de la evolución histórica de la relación entre ambos países.
- Perspectivas sobre los desafíos y oportunidades actuales.
- Importancia de la relación con Estados Unidos para Colombia.
- Propuestas para fortalecer los lazos en las próximas décadas.
10:10 – 10:25 | La comisión de amistad entre el Congreso de Estados Unidos y el Congreso de Colombia
Invitado Especial
Efraín Cepeda Sarabia – Presidente del Senado de la República de Colombia
10:25- 11:00 | Diplomacia en la relación Colombia-EE.UU.: aliados estratégicos, tensiones y oportunidades
Invitados Especiales:
- 10:25 – 10:40 John McNamara – Embajador (e) de EEUU en Colombia
- 10:40 – 11:00 Daniel García-Peña – Embajador de Colombia en EE. UU.
Temas:
- El papel de la diplomacia en la relación bilateral
- Eficiencia y efectividad diplomática: logros alcanzados y desafíos pendientes
- Impacto y ajustes de la cooperación en seguridad y lucha contra el narcotráfico
- Migración y cooperación bilateral: desafíos, oportunidades y el camino a seguir.
- Influencia de la diplomacia en el comercio, la inversión y la competitividad
- Transición en la agenda bilateral: de la seguridad a la innovación y transformación productiva
- Adaptabilidad de la diplomacia a los retos geopolíticos y económicos
11:00 – 11:50 | Panel: Congreso y comercio bilateral: ¿Construyendo puentes o levantando barreras?
Participantes:
- Senadora Angelica Lozano (PV)
- Senadora María Fernanda Cabal (CD)
- Senador Mauricio Gómez-Amin (L)
- Modera: Maritza Aristizabal
Temas:
- El rol del Congreso en la relación bilateral: impacto en comercio, inversión y cooperación.
- Bipartidismo en EE.UU.: cómo se ha construido y su papel en la estabilidad de la relación con Colombia.
- Legislación en Colombia: apoyo para fortalecer la relación y atraer inversión.
- Tratados comerciales y cooperación económica: avances y retos legislativos.
- Desafíos y oportunidades para la próxima década.
11:50 – 12:30 | Conversación: ¿Dependencia o estrategia? El dilema comercial entre Colombia y EE.UU.
Participantes:
- Neil Herrington, Vicepresidente Senior, Departamento de las Americas, U.S. Chamber of Commerce
- Moderador: María Alejandra Villamizar – Directora Fundación Conversa Colombia – Periodista, columnista, analista política
Temas:
- El papel de EE.UU. en la estrategia comercial de Colombia: ¿una relación irremplazable o una que debe diversificarse?
- Empresas y gremios en la era Trump: ¿cómo jugar en un tablero de proteccionismo y nacionalismo económico?
- Inversión y comercio bilateral: ¿cómo mantener y fortalecer la confianza empresarial en tiempos inciertos?
- Oportunidades para Colombia en el nuevo escenario global: nearshoring, reindustrialización y acceso a mercados.
- El rol del sector privado y el gobierno en la estabilidad de la relación comercial.
12:30 – 14:00 | Almuerzo
14:00 – 14:45 | Panel: EE.UU. y sus aliados: ¿Socios estratégicos o rivales comerciales? La visión de China y México
Participantes:
- Embajador de China:Zhu Jingyang
- Embajadora de México:Martha Patricia Ruiz Anchondo
Modera: Juan Mesa –Director Estratégico Comunicaciones – CEO Libreta Personal
Temas:
- Impacto de la política comercial de EE.UU. en sus relaciones con China, México y Canadá: tensiones, acuerdos y desafíos.
- Nearshoring y reconfiguración de las cadenas de suministro: oportunidades y competencia entre los tres países.
- Regulaciones y proteccionismo estadounidense: efectos en la inversión, el comercio y la manufactura.
- Cooperación y rivalidad en sectores estratégicos: inteligencia artificial, semiconductores, energías renovables y tecnología.
- Lecciones y oportunidades para Colombia: cómo aprovechar la dinámica global en el comercio y la inversión. América Latina como actor clave: ¿Cómo pasar de ser un campo de disputa a un socio estratégico global?
14:45 PM – 15:35 PM | Panel: ¿Colombia exporta crecimiento? El impacto de EE.UU. en el desarrollo económico y social
Participantes:
- Javier Díaz – Presidente Analdex (Asociación Nacional de Comercio Exterior)
- German Bahamon – Gerente General Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
- Ana Karina Quessep – Presidenta Ejecutiva Bpro (Asociación Colombiana de BPO y Tercerización de Servicios)
- Miguel Espinosa – Presidente Ejecutivo Fitac (Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional)
- Moderador: María Claudia Lacouture – Presidenta Ejecutiva AmCham Colombia
Temas:
- La evolución del comercio entre Colombia y EE.UU.: impacto del TLC y otros acuerdos en los sectores productivos.
- Casos de éxito: cómo la relación con EE.UU. ha impulsado el crecimiento de sectores estratégicos.
- Exportaciones y desarrollo social: generación de empleo, formalización y oportunidades en las regiones.
- El desafío de la competitividad: barreras para la expansión y estrategias para fortalecer la presencia colombiana en EE.UU.
- Innovación, sostenibilidad y valor agregado: claves para el futuro de la oferta exportadora colombiana.
- El papel de los gremios en la defensa y fortalecimiento de la relación comercial con EE.UU.
15:40 PM – 16:25 PM | Panel: Negocios en tiempos de incertidumbre: ¿Sigue siendo EE.UU. el socio clave para Colombia?
Participantes:
- Carlos Manuel Uribe (Flores el Capiro)
- Angela Hurtado (JP Morgan)
- Luis Fernando Montoya (Colhilados)
- Manuel Julián Dávila (Grupo Daabon)
- Moderador: Francisco Miranda – Director Portafolio (TBC)
Temas:
- ¿Por qué apostarle a la relación EE.UU.-Colombia? Beneficios tangibles para las empresas en ambos países.
- Impacto de los aranceles como arma comercial: ¿cómo proteger los negocios frente a políticas proteccionistas?
- Competitividad y acceso a mercados: ¿cómo se posicionan las empresas colombianas en EE.UU.?
- Inversión estadounidense en Colombia: oportunidades y desafíos en un entorno de cambios.
- El futuro de la integración productiva: estrategias para mantener y fortalecer la cooperación empresarial.
- ¿Vale la pena seguir invirtiendo en la relación bilateral? Perspectivas a corto y largo plazo.
16:30 – 17:10 | América Latina y el Caribe: hacia un desarrollo sostenible en el siglo XXI
Orador: Sergio Diaz-Granados, Presidente de la CAF (Virtual)
Temas:
- Desafíos transversales de la política social
- Políticas para el desarrollo productivo
- Perspectivas de crecimiento económico sostenible: oportunidades en medio de los desafíos persistentes.
- Aprovechar nuevas (y viejas) oportunidades: la agenda pendiente y el papel de la institucionalidad.
17:10 – 17:45 | Reconocimientos AmCham Colombia
17:45 | Coctel
Estados Unidos retira la roya blanca del crisantemo de su lista de plagas cuarentenarias
El Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA-APHIS) eliminó la roya blanca del crisantemo (Puccinia horiana) de su lista de plagas cuarentenarias. Así lo informó el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia. La decisión entrará en vigor en noviembre de 2026 y modifica los requisitos fitosanitarios para la importación de crisantemos desde Colombia, tanto de flor cortada como de material de propagación.
Entre los principales cambios está la eliminación de los requisitos específicos que se exigían por esta plaga para exportar flor cortada: el registro de predios, las declaraciones adicionales y la marcación específica de las cajas. También desaparecen las medidas que se aplicaban cuando se detectaba roya blanca en puerto, como la destrucción o devolución de la carga y la suspensión de exportadores.
La nueva clasificación permitirá además exportar a Estados Unidos esquejes y plántulas in vitro de crisantemo, siempre que se cumplan los requisitos establecidos bajo un enfoque de sistemas. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) trabaja con la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores) en la actualización de los procedimientos de certificación y en el protocolo necesario para exportar este material. Las demás exigencias fitosanitarias vigentes se mantienen.
Colombia es el principal proveedor de crisantemos del mercado estadounidense, con cerca del 98% de las importaciones de este producto. Según una estimación de Asocolflores, la modificación podría representar un beneficio económico superior a US$6 millones, por la reducción de los costos asociados al cumplimiento de las medidas fitosanitarias.
El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond, afirmó que la decisión “constituye un avance en las condiciones de acceso para la floricultura colombiana”. Agregó que el Ministerio seguirá coordinando con el ICA, Asocolflores y las autoridades internacionales la implementación de los nuevos procedimientos.
Los exportadores de crisantemo deberán ajustar sus procesos de certificación y empaque a los nuevos procedimientos que defina el ICA antes de noviembre. La apertura para material de propagación abre una línea de negocio adicional para viveros y productores de esquejes.
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) invocó el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para que México revise si en la planta de GLM Components México, en Puebla, se están vulnerando los derechos de libertad sindical y negociación colectiva.
La solicitud se origina en una petición presentada el 8 de septiembre por el Sindicato Regeneración Nacional de Trabajadores y Empleados de la República Mexicana “Morenas”, organización sindical independiente. Según la petición, la empresa habría interferido en la actividad sindical y despedido trabajadores como represalia por su afiliación o participación sindical.
El Comité Laboral Interinstitucional de Monitoreo y Cumplimiento, copresidido por el Representante Comercial y el secretario de Trabajo, revisó la petición dentro del plazo de 30 días y concluyó que existe evidencia suficiente y creíble para invocar de buena fe los mecanismos de cumplimiento del acuerdo. Con base en ello, Washington presentó a México una solicitud formal bajo el Anexo 31-A del T-MEC.
La revisión solicitada abarca cualquier acción u omisión de la empresa, directamente o a través de representantes, agentes o terceros, orientada a impedir el ejercicio de la libertad sindical, incluidas amenazas, intimidación, coerción y despidos por actividad sindical. Si México determina que hubo una violación, Estados Unidos pide que se adopten medidas de reparación en un plazo de 45 días.
De forma paralela, el Representante Comercial instruyó al Departamento del Tesoro a suspender la liquidación aduanera de las importaciones de autopartes provenientes de esta planta que aún no hayan sido liquidadas, con base en la sección 752(a) de la Ley de Implementación del T-MEC. La medida se mantendrá hasta que se cumplan las condiciones previstas en la ley.
México cuenta con 10 días para aceptar la revisión y, en caso de hacerlo, tendrá hasta el 22 de noviembre para concluirla.
El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó el Informe sobre la Trata de Personas 2026 (Trafficking in Persons Report), un informe anual que evalúa los esfuerzos de los gobiernos para prevenir y combatir la trata de personas, proteger a las víctimas y judicializar a los responsables. El documento clasifica a los países según su cumplimiento de los estándares mínimos establecidos en la legislación estadounidense. En la edición de 2025, Colombia descendió del nivel 1 al nivel 2, categoría correspondiente a los gobiernos que no cumplen plenamente estos estándares, pero realizan esfuerzos significativos para alcanzarlos.
En la edición de 2026, Colombia permaneció en el nivel 2, aunque el Departamento de Estado reconoció un incremento general de los esfuerzos gubernamentales frente al periodo anterior. Entre los avances identificados se encuentran una mayor detección de víctimas, el fortalecimiento de la cooperación internacional en operaciones judiciales y repatriaciones, así como el aumento de los recursos destinados a prevención. También destacó modificaciones legales para permitir el uso de testimonios pregrabados de menores en procesos judiciales y campañas de sensibilización en zonas fronterizas y costeras consideradas de alto riesgo.
No obstante, el informe señaló una disminución de las investigaciones, los procesos judiciales y las condenas por trata de personas. Durante 2025, la Fiscalía General de la Nación investigó 419 casos sospechosos, frente a 429 en 2024, mientras que el número de personas procesadas pasó de 14 a 11 y las condenas disminuyeron de 12 a nueve. El Departamento de Estado también advirtió que, por octavo año consecutivo, las autoridades colombianas no iniciaron procesos penales por trata con fines de explotación laboral, pese a identificar víctimas e investigar situaciones relacionadas con este delito en distintos sectores económicos.
En materia de protección, las autoridades identificaron 435 posibles víctimas de trata durante 2025, frente a 400 en el año anterior. De ese total, 303 correspondieron a explotación sexual, 67 a trabajo forzoso y 65 a modalidades no especificadas. Aunque aumentó la identificación de víctimas, el informe cuestionó la capacidad institucional para proporcionar asistencia especializada, particularmente a adultos y personas sometidas a explotación laboral. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) destinó aproximadamente COP107 millones a la atención de 14 menores mediante procesos de restablecimiento de derechos, frente a 23 atendidos en 2024.
Uno de los principales señalamientos estuvo relacionado con el reclutamiento forzado de menores por organizaciones armadas ilegales. El informe advirtió que el número estimado de niños, niñas y adolescentes afectados aumentó considerablemente, mientras que las acciones estatales de prevención, protección y judicialización fueron consideradas insuficientes. Aunque las autoridades reportaron 257 casos de reclutamiento y utilización de menores en 2025, frente a 541 en 2024, el documento indicó que los registros oficiales representarían apenas el 15% de los casos estimados. Asimismo, señaló que la situación de violencia en el Catatumbo estuvo acompañada de un incremento del 700% en el reclutamiento y utilización de menores en actividades de combate.
Respecto al trabajo forzoso, el Departamento de Estado identificó riesgos de explotación en actividades como minería, agricultura, construcción, pesca de altura, servicio doméstico y economía informal. Particularmente, señaló la ausencia de inspecciones laborales orientadas a detectar posibles víctimas en determinadas zonas mineras de Antioquia, pese a reportes sobre trabajadores, incluidos menores de edad, que serían obligados a realizar actividades bajo el control de grupos armados ilegales. También advirtió sobre el uso de ofertas laborales fraudulentas, restricciones a la movilidad, retención de documentos y amenazas como mecanismos de explotación, así como sobre las dificultades institucionales para investigar estos casos.
El informe también expresó preocupación por la corrupción y la posible complicidad de funcionarios públicos en delitos de trata, al señalar que durante el periodo evaluado no se registraron nuevos procesos judiciales ni condenas contra servidores estatales presuntamente involucrados. En contraste, destacó que la cooperación con autoridades extranjeras permitió la extradición de ocho presuntos tratantes y la detención de otros 32, incluidos 12 señalados por reclutamiento y utilización de menores en conflictos armados. En prevención, el Gobierno destinó aproximadamente COP 3.000 millones y mantuvo campañas de sensibilización, aunque no había finalizado un nuevo plan nacional contra la trata de personas.
Finalmente, el Departamento de Estado advirtió sobre la expansión de modalidades transnacionales de explotación que afectan a ciudadanos colombianos, particularmente mediante ofertas laborales engañosas en Europa, centros de estafas en el sudeste asiático y reclutamiento para actividades vinculadas con conflictos internacionales. El documento también identificó el uso creciente de redes sociales, inteligencia artificial, criptomonedas y otras plataformas digitales para captar y controlar víctimas. Asimismo, señaló que los migrantes venezolanos continúan siendo especialmente vulnerables a la trata en Colombia y que la presencia de economías ilegales y organizaciones armadas incrementa los riesgos de explotación en diferentes regiones del país.
Los riesgos de trabajo forzoso señalados en minería, agricultura y construcción son relevantes para los exportadores colombianos, dado que la legislación estadounidense prohíbe la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. En ese contexto, resulta conveniente fortalecer la debida diligencia laboral en las cadenas de proveedores.
Las autoridades de Estados Unidos presentaron nuevos cargos contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por presunta conspiración para cometer actos de tortura y violaciones de los derechos humanos durante el mandato del exgobernante venezolano. La acusación revisada, divulgada este jueves 8 de octubre, sostiene que Maduro habría autorizado y supervisado mecanismos de represión contra opositores políticos con el propósito de mantenerse en el poder. Ambos permanecen detenidos en Nueva York desde enero, cuando fueron capturados por fuerzas estadounidenses en Caracas, y ya enfrentaban cargos relacionados con narcotráfico.
De acuerdo con el documento judicial, Maduro habría autorizado el uso de tortura, detenciones arbitrarias y violencia contra personas consideradas opositoras a su Gobierno. La acusación señala que miles de venezolanos fueron presuntamente víctimas de amenazas, detenciones, agresiones y otros abusos, incluidos métodos como descargas eléctricas, golpizas y simulacros de ahogamiento. Asimismo, los fiscales sostienen que el exmandatario habría aprobado procedimientos específicos de tortura.
Entre las presuntas víctimas identificadas en la acusación figuran varios ciudadanos estadounidenses que habrían sufrido torturas durante su detención en Venezuela. Según los fiscales, uno de ellos fue sometido a privación de alimentos y agua, simulacros de ahogamiento, golpizas reiteradas, descargas eléctricas e inyecciones forzadas. El documento también menciona la presunta participación de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), vinculada durante años al general Hugo Carvajal, quien se declaró culpable de cargos de narcotráfico en Estados Unidos y manifestó su disposición a testificar contra Maduro.
La acusación ampliada reúne cinco cargos: conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para cometer tortura, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y dos cargos relacionados con el uso y la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos. El cargo de tortura contempla una pena máxima de 20 años, mientras que los demás pueden acarrear prisión perpetua. Maduro y Flores se declararon inocentes de los cargos iniciales. Paralelamente, Maduro ha sido objeto de investigaciones de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con la represión de opositores durante su Gobierno. El exmandatario ha negado reiteradamente haber cometido irregularidades y sostiene que su captura por fuerzas estadounidenses constituyó un secuestro.
Por otra parte, Flores compareció este jueves ante un tribunal de Nueva York, donde sus abogados solicitaron que fuera trasladada a arresto domiciliario debido a problemas de salud. La defensa argumentó que la ex primera dama, de 69 años, presenta afecciones cardíacas, mareos persistentes y dificultades respiratorias, además de haber perdido aproximadamente 11 kilogramos durante su reclusión. Sus representantes señalaron que podría necesitar una intervención cardíaca y propusieron que permaneciera bajo vigilancia permanente en una residencia de Nueva York, al tiempo que solicitaron desestimar el proceso bajo argumentos de inmunidad.
La Fiscalía estadounidense se opuso a la solicitud de libertad bajo fianza al considerar que Flores representaría un elevado riesgo de fuga y un posible peligro para la ciudadanía. Los fiscales también indicaron que la detenida ha recibido atención hospitalaria cuando ha sido necesario, mientras que sus abogados insistieron en que no pretende abandonar el país y desea permanecer cerca de su esposo. El proceso continúa después de que la administración del presidente Donald Trump defendiera la operación de captura como una acción de cumplimiento de la ley, mientras Maduro mantiene su posición de que se encuentra detenido en condición de prisionero de guerra.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que su administración no realizará nuevos ataques militares contra Irán antes de las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre. A través de una publicación en Truth Social, el mandatario afirmó que Washington mantiene conversaciones que calificó como productivas con Teherán, en medio de las tensiones entre ambos países y de los esfuerzos diplomáticos para encontrar una salida al conflicto.
Trump describió la situación económica y militar de Irán como especialmente complicada y aseguró que el bloqueo estadounidense al petróleo iraní en el estrecho de Ormuz permanecerá vigente. Según el mandatario, el tránsito de crudo por esta ruta marítima ha alcanzado niveles récord, con aproximadamente 22 millones de barriles transportados durante la noche anterior, ninguno de ellos con origen o destino en Irán. Estas cifras fueron presentadas por el presidente como parte de los resultados de las medidas implementadas por Washington.
En materia de seguridad, Trump reiteró que Estados Unidos no permitirá que Irán desarrolle armas nucleares, una posición que ha mantenido como uno de los principales objetivos de su política hacia Teherán. Aunque descartó nuevas operaciones militares antes de las elecciones, el mandatario no precisó si contempla reanudar los ataques después de esa fecha ni ofreció detalles sobre el contenido de las conversaciones que, según afirmó, continúan entre ambos gobiernos.
Las declaraciones contrastan con las advertencias realizadas el pasado 1 de octubre, cuando Trump aseguró que respondería militarmente contra Irán si se confirmaba su responsabilidad en un incidente relacionado con un vuelo de Flydubai que transportaba principalmente pasajeros israelíes. En esa ocasión, el presidente advirtió que Teherán enfrentaría una respuesta contundente si las investigaciones establecían su participación, aunque no especificó las características de una eventual operación estadounidense.
Asimismo, el mandatario había señalado el pasado martes que próximamente se conocería si el conflicto podría resolverse mediante negociaciones o requeriría nuevas acciones militares. Trump sostuvo entonces que las capacidades militares iraníes se encontraban considerablemente debilitadas, mientras que Estados Unidos mantenía una posición favorable. El anuncio de este jueves introduce un periodo durante el cual Washington descarta nuevos ataques, aunque mantiene las restricciones petroleras y sus exigencias relacionadas con el programa nuclear iraní.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos informó este 8 de octubre que la ejecución de Nidal Malik Hasan, condenado por el ataque de 2009 en Fort Hood, Texas, será transmitida en vivo. Hasan tiene prevista su ejecución por pelotón de fusilamiento el 3 de diciembre a la 1:00 p. m., en la misma base militar donde mató a 13 personas e hirió a otras 32.
El anuncio se produjo después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmara que la ejecución sería pública y que las personas podrían verla. Posteriormente, un funcionario del Pentágono confirmó que habrá una transmisión en vivo, aunque todavía no se han explicado detalles sobre la plataforma, las condiciones de acceso o el formato de la emisión.
Hasan, entonces psiquiatra del Ejército, fue declarado culpable en una corte marcial en 2013 y condenado a muerte. Según el Ejército, el proceso de apelación ordinario concluyó y la Corte Suprema rechazó en marzo de 2025 revisar su condena. El presidente Donald Trump aprobó formalmente la sentencia de muerte el 2 de octubre de 2026, paso requerido en el sistema de justicia militar, y posteriormente el secretario interino del Ejército fijó la fecha de ejecución.
De realizarse según lo previsto, sería la primera ejecución militar estadounidense desde 1961 y la primera mediante pelotón de fusilamiento desde 1945. El método tiene un uso excepcional en Estados Unidos y actualmente solo algunos estados lo contemplan dentro de sus procedimientos de pena capital.
La decisión de transmitirla públicamente introduce además un elemento inusual. El Pentágono la ha presentado como una medida de transparencia y de exposición de las consecuencias de este tipo de delitos. Organizaciones contrarias a la pena de muerte y especialistas jurídicos han planteado, en cambio, cuestionamientos éticos y legales sobre convertir una ejecución en un evento accesible al público.
La fecha del 3 de diciembre sigue siendo la programada oficialmente, aunque todavía podrían presentarse recursos judiciales extraordinarios que intenten aplazarla. Por ahora, el Ejército continúa preparando el procedimiento y el Pentágono ha señalado que dará más detalles sobre la transmisión.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que la administración del presidente Donald Trump busca fortalecer las capacidades económicas, sociales y militares de sus aliados europeos como parte de su estrategia para consolidar la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Durante declaraciones a la prensa al finalizar su visita a Grecia, el funcionario señaló que Washington no pretende imponer su política de America First (Estados Unidos Primero) a otros países, sino promover que cada miembro de la alianza incremente sus capacidades para contribuir a la seguridad colectiva.
Rubio destacó los esfuerzos de países como Grecia, Portugal y Alemania para fortalecer sus capacidades y asumir mayores responsabilidades dentro de la OTAN. Según explicó, el fortalecimiento individual de los Estados miembros contribuye directamente a la capacidad conjunta de la organización, aunque reconoció que algunos gobiernos enfrentan presiones internas que dificultan la adopción de mayores compromisos en materia de defensa y seguridad.
En relación con Irán, el secretario de Estado aseguró que las amenazas provenientes de ese país no han limitado la capacidad operativa de Estados Unidos en territorio europeo ni dentro de la OTAN. Asimismo, evitó establecer comparaciones entre Portugal y España respecto al respaldo a las operaciones estadounidenses, al señalar que el propósito de su visita no era generar diferencias con otros países.
Finalmente, Rubio resaltó la importancia de Grecia como aliado estratégico de Estados Unidos y explicó que su discurso durante la visita buscó reafirmar los vínculos históricos y políticos entre ambos países. El secretario de Estado destacó el papel de Grecia en el origen de la democracia occidental y señaló que su siguiente parada en Portugal tendría como objetivo continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales con un socio que calificó como cooperativo y con el que Washington mantiene vínculos en expansión.
La administración del presidente Donald Trump anunció un conjunto de iniciativas científicas que representan inversiones superiores a US$6.000 millones, con participación del Gobierno federal, empresas privadas, universidades y organizaciones filantrópicas. Los anuncios se realizaron durante la cumbre Science: A New Golden Age (Ciencia: una nueva era dorada), en la que la Casa Blanca presentó nuevas medidas para ampliar las capacidades de investigación de Estados Unidos, fortalecer la formación de científicos y promover proyectos nacionales en sectores estratégicos como energía, salud, inteligencia artificial y exploración espacial.
Uno de los principales anuncios corresponde a compromisos por US$2.400 millones en herramientas de superinteligencia —denominación que el Gobierno federal adoptó oficialmente en reemplazo de “inteligencia artificial”— y recursos computacionales destinados a la Misión Génesis (Genesis Mission), que reúne iniciativas de investigación de más de 15 agencias federales. Los aportes provendrán de 11 empresas tecnológicas, entre ellas NVIDIA, con US$1.000 millones; AMD, con US$500 millones; OpenAI, con US$200 millones; y Anthropic y Google, con US$150 millones cada una. Estos recursos respaldarán proyectos científicos en áreas prioritarias para el Gobierno estadounidense.
En materia de infraestructura tecnológica, más de 14 universidades de diez estados anunciaron la creación de un consorcio regional para ampliar el acceso a capacidades avanzadas de computación científica. Asimismo, instituciones académicas, empresas y el estado de Georgia comprometieron US$1.000 millones para infraestructura computacional y formación especializada, mientras que la Fundación Nacional de Ciencias (National Science Foundation, NSF) y el Departamento de Energía (U.S. Department of Energy, DOE) anunciaron inversiones superiores a US$100 millones en instrumentos científicos y laboratorios autónomos.
La estrategia también contempla nuevas iniciativas de formación científica, entre ellas la reactivación de programas para estudiantes con capacidades destacadas en matemáticas y el fortalecimiento de oportunidades educativas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. El Gobierno anunció las becas de la Misión Génesis (Genesis Mission Fellowship), un programa de US$100 millones para financiar doctorados acelerados de cuatro años que combinen superinteligencia con otras disciplinas científicas. Adicionalmente, los Institutos Nacionales de Salud (National Institutes of Health, NIH) incorporarán a 100 investigadores en etapas iniciales de sus carreras mediante la iniciativa Generation Discovery.
En el ámbito de las misiones nacionales, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (National Aeronautics and Space Administration, NASA) y el Departamento de Energía acordaron colaborar en el desarrollo de sistemas nucleares espaciales, incluido un vehículo de propulsión nuclear con destino a Marte cuyo lanzamiento está previsto para 2028, así como un reactor de fisión para la superficie lunar. Paralelamente, el DOE anunció una iniciativa de US$215 millones para impulsar el desarrollo de computadoras cuánticas capaces de resolver problemas científicos complejos.
En investigación biomédica, los NIH, el DOE y Biohub presentaron una iniciativa de US$1.800 millones orientada al desarrollo de modelos computacionales de células y sistemas biológicos, con el propósito de mejorar la comprensión de enfermedades y facilitar la identificación de posibles tratamientos. Por su parte, la NSF anunció dos concursos científicos dotados con US$33 millones cada uno, enfocados en aplicaciones de tecnologías cuánticas y en el estudio de sistemas multicelulares sintéticos, con participación de equipos de investigación multidisciplinarios.
Finalmente, la administración anunció la creación del consorcio X-Labs, respaldado por compromisos superiores a US$310 millones provenientes de empresas y organizaciones filantrópicas para apoyar equipos de investigación independientes. Esta iniciativa complementa un programa de US$1.500 millones anunciado previamente por la NSF y busca facilitar proyectos científicos que requieren colaboración entre distintas disciplinas. Asimismo, varias agencias federales impulsarán mecanismos para evaluar los resultados de la financiación científica, mientras Estados Unidos y el Reino Unido anunciaron una cooperación para mejorar los procesos de evaluación de investigaciones.
La administración del presidente Donald Trump anunció la suspensión de Microsoft del programa de certificación laboral PERM, que permite a las empresas estadounidenses solicitar la residencia permanente para trabajadores extranjeros, tras señalar presuntas irregularidades en su utilización. El vicepresidente JD Vance presentó la medida durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, en la que cuestionó las prácticas de contratación de trabajadores internacionales mediante visas H-1B y sostuvo que algunas compañías utilizan estos mecanismos en perjuicio de los trabajadores estadounidenses.
Vance explicó que el programa exige a las empresas publicar ofertas laborales en Estados Unidos antes de solicitar al Departamento de Trabajo (U.S. Department of Labor, DOL) la autorización necesaria para patrocinar la residencia permanente de un trabajador extranjero. Según el vicepresidente, algunas compañías recurren a anuncios con escasa difusión para argumentar que no existen candidatos estadounidenses disponibles, una práctica que, a su juicio, facilita la contratación de personal extranjero en condiciones laborales menos favorables.
En el caso de Microsoft, Vance afirmó que la compañía despidió a aproximadamente 6.000 trabajadores estadounidenses durante el último año, mientras obtuvo 6.300 visas H-1B y cerca de 3.000 residencias permanentes para empleados extranjeros. El funcionario sostuvo que estas cifras reflejan un uso inadecuado de los programas migratorios y pidió a la empresa priorizar la contratación de ciudadanos estadounidenses. Por su parte, Microsoft afirmó que la gran mayoría de sus empleados en Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses, que solo presenta solicitudes H-1B para trabajadores que cumplen los requisitos del programa y que les paga lo mismo que a otros empleados en funciones comparables.
La decisión se enmarca en el escrutinio de la administración Trump sobre el programa H-1B, diseñado para permitir la contratación temporal de trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas. Sus críticos sostienen que algunas empresas utilizan estas visas para reducir costos laborales, mientras que el Gobierno ha planteado la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión. El anuncio sobre Microsoft coincidió con la ceremonia en la que Trump entregó la Medalla Nacional de Tecnología e Innovación al director ejecutivo de la compañía, Satya Nadella.
Durante la misma intervención, Vance también cuestionó el uso de las visas J-1 por parte de instituciones universitarias, un mecanismo que permite la entrada temporal de extranjeros para participar en programas de intercambio académico y laboral. El vicepresidente identificó nueve universidades que, según afirmó, requieren investigaciones adicionales por posibles irregularidades, entre ellas Harvard, Yale, Stanford, Brown, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), el Instituto Tecnológico de California (Caltech), la Universidad de Pittsburgh, la Universidad de California en Davis y la Universidad Estatal de Arizona.
Las declaraciones se produjeron después de que el Departamento de Seguridad Nacional (U.S. Department of Homeland Security, DHS) propusiera establecer una tarifa de US$70.000 para las instituciones educativas por cada estudiante internacional que participe en el programa de Capacitación Práctica Opcional (OPT). Este mecanismo permite a estudiantes extranjeros adquirir experiencia laboral relacionada con sus estudios durante o después de su formación académica. La propuesta forma parte de las medidas de la administración Trump orientadas a modificar las condiciones de acceso de estudiantes y trabajadores extranjeros al mercado laboral estadounidense.
El juez federal Timothy J. Kelly prorrogó la suspensión temporal del veto impuesto por el presidente Donald Trump a CNN, MS NOW y Politico para acceder a la Casa Blanca. La medida, que inicialmente debía expirar este jueves, se mantendrá vigente mientras el tribunal evalúa la legalidad de las restricciones. Kelly tiene previsto pronunciarse a más tardar el martes 13 de octubre sobre la solicitud de los medios para mantener suspendida la prohibición durante el desarrollo del proceso judicial.
Durante la audiencia, el magistrado examinó los argumentos presentados por la administración Trump para justificar la exclusión de los tres medios, particularmente aquellos relacionados con la seguridad nacional y el cumplimiento de estándares periodísticos. Kelly cuestionó si las críticas dirigidas al Gobierno pueden constituir una infracción de las normas que regulan el acceso de periodistas a la Casa Blanca y señaló que las autoridades han presentado diferentes justificaciones para respaldar la decisión.
Por su parte, el abogado del Departamento de Justicia (U.S. Department of Justice, DOJ), Michael Velchik, defendió la posición del Ejecutivo al argumentar que las restricciones responden a preocupaciones sobre la difusión de información que la administración considera falsa o inexacta. Según el representante del Gobierno, Trump no se opone a recibir cobertura periodística negativa cuando considera que está justificada, sino a determinadas prácticas informativas que, a juicio de la Casa Blanca, incumplen los estándares exigidos a los medios acreditados.
En contraste, los representantes legales de CNN, MS NOW y Politico sostuvieron que la prohibición constituye una vulneración de la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de expresión y de prensa. Theodore Boutrous, abogado principal de los demandantes, afirmó que la decisión presidencial estaría motivada por el desacuerdo de Trump con la cobertura crítica de su administración. Los medios también han cuestionado la ausencia de procedimientos adecuados antes de la revocación de sus credenciales, argumento que fue considerado por el juez al conceder inicialmente la suspensión temporal.
El litigio comenzó después de que Trump anunciara el pasado 18 de septiembre la prohibición inmediata de acceso a la Casa Blanca para los tres medios, a los que acusó de difundir noticias falsas. Las organizaciones presentaron una demanda contra el Gobierno y obtuvieron una orden judicial que permitió restablecer temporalmente sus acreditaciones. Con la nueva prórroga, los periodistas podrán mantener su acceso mientras el tribunal determina si corresponde establecer una medida cautelar de mayor duración durante el proceso judicial.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que debería recibir el Premio Nobel de la Paz de 2026 por su participación en la resolución de conflictos internacionales y sus esfuerzos para evitar una escalada de las tensiones mundiales. En declaraciones difundidas el 7 de octubre, el mandatario sostuvo que ha contribuido a resolver ocho conflictos desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, aunque reconoció tener dudas sobre la posibilidad de ser elegido por el Comité Noruego del Nobel.
Trump aseguró que sus decisiones en materia de política exterior han contribuido a evitar un conflicto de mayores proporciones, particularmente frente a Irán, país al que afirmó haber impedido desarrollar armamento nuclear. El mandatario señaló que estas acciones deberían ser consideradas por el comité encargado de seleccionar al ganador, al tiempo que reiteró su posición de que los resultados de su administración justifican el reconocimiento internacional.
El presidente también cuestionó los criterios utilizados para otorgar el galardón y sostuvo que sería un descrédito para el comité no concederle el premio este año. Según afirmó, la institución tiene antecedentes de no reconocer a dirigentes con posiciones similares a las suyas, aunque admitió que desconoce cuál será la decisión definitiva. Estas declaraciones se suman a otras intervenciones en las que Trump ha manifestado públicamente su interés en recibir el reconocimiento.
El anuncio del ganador está previsto para el viernes 9 de octubre en Oslo, Noruega, en una edición que cuenta con 287 candidaturas, correspondientes a 208 personas y 79 organizaciones. Aunque Trump ha sido mencionado entre los aspirantes, el Instituto Nobel mantiene bajo reserva la identidad oficial de los nominados. Por otra parte, diversos analistas han cuestionado las afirmaciones del mandatario sobre la resolución de ocho conflictos, al señalar que las confrontaciones con Irán y la guerra en Ucrania continúan sin una solución definitiva.
Asimismo, las declaraciones se producen después de que, a comienzos de 2026, la dirigente opositora venezolana María Corina Machado entregara a Trump la medalla correspondiente al Premio Nobel de la Paz que recibió en 2025. Posteriormente, el Instituto Nobel aclaró que el reconocimiento continuaba perteneciendo a Machado, independientemente de la entrega de la medalla. Pese a sus dudas sobre el resultado de este año, Trump sostuvo que sus esfuerzos internacionales superan los realizados por otros presidentes estadounidenses.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves 8 de octubre que la Casa Blanca considerará como un “enemigo” a quienes continúen utilizando el término “inteligencia artificial” en lugar de “superinteligencia”. A través de una publicación en Truth Social, el mandatario defendió esta nueva denominación, que calificó como más precisa y ampliamente aceptada, en el marco de los esfuerzos de su administración por modificar el lenguaje utilizado para referirse a las tecnologías avanzadas.
La declaración se produce después de que Trump firmara, el pasado 29 de septiembre, una orden ejecutiva que establece el uso de los términos “superinteligencia” y “SI” en sustitución de “inteligencia artificial” e “IA” en las comunicaciones oficiales del Gobierno federal. La disposición se aplica a correspondencia institucional, sitios web, informes y documentos administrativos del poder ejecutivo, sin establecer sanciones para particulares que continúen utilizando la denominación anterior. Según la Casa Blanca, el cambio busca reflejar las capacidades y el potencial de estas tecnologías.
La administración Trump ha situado el desarrollo de estas herramientas entre sus prioridades tecnológicas, particularmente por su interés en mantener la competitividad de Estados Unidos frente a China. En este contexto, el Gobierno anunció recientemente la creación de una fuerza de trabajo especializada en superinteligencia. El mandatario también ha cuestionado el uso de la palabra “artificial”, al considerar que no representa adecuadamente las capacidades actuales de estos sistemas. Según la Casa Blanca, la sustitución terminológica forma parte de una estrategia orientada a promover la innovación tecnológica y consolidar el liderazgo estadounidense en este campo.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves una nueva ronda de sanciones contra 17 buques vinculados al transporte de petróleo y productos petroquímicos iraníes, como parte de la operación Economic Outcast (Paria Económico). La medida busca restringir las operaciones de la denominada flota fantasma, una red de embarcaciones utilizada, según las autoridades estadounidenses, para comercializar hidrocarburos iraníes mediante mecanismos de evasión de sanciones. El Tesoro afirmó que estas acciones permiten neutralizar la mayor parte de la red marítima que aún permanecía operativa.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) identificó embarcaciones registradas en más de una docena de jurisdicciones y administradas mediante compañías internacionales que, según la entidad, facilitan el transporte de crudo y productos petroquímicos hacia mercados de Asia meridional y oriental. Las autoridades señalaron que estas estructuras empresariales permiten ocultar el origen de los cargamentos y dificultar la identificación de los responsables de las operaciones comerciales, por lo que las nuevas designaciones también incluyen a las compañías propietarias y administradoras de los buques.
Entre las embarcaciones sancionadas se encuentran el SHENZHEN, que habría transportado más de 3,5 millones de barriles de crudo iraní desde noviembre de 2025, y el STARWAY, al que se atribuye el traslado de más de tres millones de barriles de nafta desde 2025. También figura el TINA 5, que, según el Tesoro, movilizó más de 1,5 millones de barriles de petróleo iraní durante agosto de 2026. La lista incluye igualmente buques utilizados para transportar gas licuado de petróleo, metanol, amoníaco y otros derivados hacia China, India, Pakistán y distintos puertos de Oriente Medio.
Las sanciones también alcanzan a empresas registradas en jurisdicciones como las Islas Marshall, Hong Kong, China, el Reino Unido y las Islas Vírgenes Británicas, señaladas por operar en los sectores petrolero y petroquímico iraníes. Como consecuencia de las designaciones, los bienes e intereses de las entidades sancionadas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados, mientras que las transacciones con estas organizaciones estarán sujetas a restricciones. El Tesoro advirtió, además, que las instituciones financieras extranjeras que faciliten determinadas operaciones con entidades sancionadas podrían enfrentar medidas adicionales.
La decisión forma parte de la operación Economic Outcast, presentada el 24 de agosto de 2026 por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, con el objetivo de limitar los ingresos que obtiene Irán mediante sus exportaciones petroleras y otros mecanismos financieros. La estrategia contempla la identificación de redes comerciales, intermediarios y canales de financiación utilizados para eludir sanciones, mediante la cooperación con agencias estadounidenses y socios internacionales, incluidos la Unión Europea, el Reino Unido y países del Golfo. Bessent sostuvo que las medidas buscan restringir los recursos que, según Washington, Teherán utiliza para financiar operaciones militares y actividades regionales.
Paralelamente, la OFAC anunció el retiro de dos embarcaciones de su lista de sanciones, HAKUNA MATATA y PINOCCHIO, identificadas previamente como integrantes de la flota fantasma iraní. Según el Departamento del Tesoro, ambos buques dejaron de participar en esta red y fueron vendidos a operadores no sancionados, lo que permitió autorizar su reincorporación a las actividades marítimas comerciales. La entidad señaló que continuará supervisando las operaciones de transporte vinculadas a Irán y adoptará nuevas medidas frente a posibles mecanismos de evasión de las restricciones estadounidenses.
Las empresas colombianas de logística, comercio de materias primas y servicios financieros deberían verificar sus contrapartes y las embarcaciones con que operan frente a la lista de la OFAC, dado el riesgo de sanciones secundarias para las entidades extranjeras que faciliten operaciones con actores sancionados.
Estados Unidos y Zambia firmaron un memorando de entendimiento bilateral de cooperación sanitaria con una vigencia de cinco años, en el marco de la Estrategia de Salud Global Estados Unidos Primero (America First Global Health Strategy) de la administración del presidente Donald Trump. El acuerdo contempla una inversión conjunta de aproximadamente US$2.490 millones, orientada a fortalecer el sistema de salud de Zambia, ampliar sus capacidades de respuesta ante enfermedades infecciosas y promover una mayor participación financiera del país africano.
Del total previsto, Estados Unidos planea aportar US$1.520 millones en asistencia sanitaria, mientras que Zambia se comprometió a destinar US$975 millones en nuevos recursos para su sistema de salud durante el periodo de ejecución. Adicionalmente, Washington prevé proporcionar más de US$13 millones en financiación para seguridad sanitaria mundial, con el propósito de mejorar las capacidades de detección y respuesta frente a amenazas de enfermedades infecciosas. La firma se concretó después de que Zambia aplazara el acuerdo durante varios meses por diferencias sobre cláusulas relacionadas con el intercambio de datos de pacientes y el acceso a minerales críticos; según el Gobierno zambiano, el texto final excluyó las disposiciones sobre datos de pacientes.
El memorando establece una transferencia progresiva de responsabilidades hacia las autoridades zambianas, que asumirán mayores compromisos en la adquisición de medicamentos e insumos médicos, así como en la incorporación de trabajadores sanitarios actualmente financiados por Estados Unidos a su servicio público. El acuerdo también contempla el fortalecimiento de los sistemas de seguimiento y distribución de suministros médicos, desde su producción hasta su entrega a los establecimientos de salud.
Como parte de la cooperación, Estados Unidos apoyará la modernización de la infraestructura sanitaria de Zambia mediante la ampliación de los registros médicos electrónicos y el desarrollo de sistemas de información interoperables. Estas herramientas estarán orientadas al seguimiento del VIH/sida, la tuberculosis y la malaria, así como al fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia epidemiológica y detección temprana de brotes, dando continuidad a más de cinco décadas de asistencia estadounidense en materia de salud.
La firma se suma a los 36 memorandos bilaterales de cooperación sanitaria suscritos por el Departamento de Estado de Estados Unidos hasta el 8 de octubre, que representan compromisos de financiación superiores a US$27.200 millones. De esa cifra, más de US$16.100 millones corresponden a asistencia estadounidense y más de US$11.100 millones a inversiones de los países participantes, como parte de una estrategia que busca aumentar la corresponsabilidad financiera y fortalecer la sostenibilidad de los sistemas nacionales de salud.
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