De acuerdo con un análisis realizado por The Economist, en la política estadounidense, las medidas económicas suelen medirse tanto por su tamaño como por su capacidad de “sentirse” en el bolsillo. Un argumento recurrente en los círculos republicanos es que, durante el primer mandato de Donald Trump, los recortes tributarios fueron relevantes en términos agregados, pero llegaron de manera fragmentada y, por eso, muchos votantes no los percibieron con claridad.

Esa experiencia parece estar influyendo en el diseño de una nueva estrategia: hacer que los beneficios sean más notorios y concentrados en el tiempo, especialmente en un año de elecciones de medio término.

Bajo esa lógica, el foco estaría puesto en devoluciones de impuestos más abultadas tras la temporada de declaración. Según estimaciones citadas por el análisis, el contribuyente promedio podría recibir alrededor de US$3.800 en 2026, frente a unos US$3.000 en las dos temporadas previas. A ello se sumarían propuestas con alto impacto comunicacional (por ejemplo, exenciones sobre propinas y horas extra) que, más allá de su alcance real, son fáciles de entender y de convertir en titulares.

Sin embargo, el impulso no se limitaría a lo evidente. El planteamiento de fondo sugiere un “estímulo indirecto”: medidas que no se presentan como gasto público tradicional, pero que pueden terminar dejando más recursos en manos privadas. El caso más ilustrativo es el debilitamiento de la capacidad recaudatoria del Servicio de Impuestos Internos (IRS). Tras una expansión de personal durante la administración de Joe Biden, el giro actual apunta a una reducción significativa, lo que, en la práctica, disminuiría la probabilidad de auditorías y sanciones, especialmente en declaraciones complejas.

La consecuencia fiscal de ese cambio podría ser considerable. Investigaciones académicas citadas en el texto estiman que invertir en fiscalización de contribuyentes de mayores ingresos tiene retornos altos (del orden de varios dólares adicionales recaudados por cada dólar invertido). En el sentido contrario, recortes de personal y disrupciones operativas (incluyendo atrasos en procesamiento y contratación para temporadas críticas) podrían traducirse en menores ingresos para el Estado.

El análisis realizado por The Economist menciona cálculos según los cuales decenas de miles de despidos en el IRS reducirían la recaudación en miles de millones de dólares en los próximos años.

Aquí aparece un punto distributivo importante: si la supervisión cae, quienes más se benefician tienden a ser aquellos con más capacidad para reorganizar ingresos, deducciones y estructuras legales. No se trata necesariamente de evasión abierta; a menudo es el terreno gris de la elusión y la planificación agresiva. De hecho, el segundo gráfico alude a un patrón conocido en la literatura fiscal: una parte desproporcionada de los impuestos no pagados se concentra en los segmentos de mayores ingresos, y el texto afirma que el 5% más rico explicaría aproximadamente la mitad de ese monto.

En paralelo, la administración también estaría ajustando reglas que determinan cómo se aplican ciertos gravámenes a empresas: límites más laxos a impuestos sobre recompras de acciones, menor presión sobre ciertas estructuras societarias y un retroceso en normas de transparencia corporativa. En conjunto, estos cambios, si se consolidan, pueden implicar que el fisco recaude menos durante años. Eso no es neutro macroeconómicamente: menos ingresos suelen equivaler a mayor déficit, y el déficit, a su vez, actúa como una forma de estímulo (porque eleva el gasto neto en la economía), aunque su efecto sobre consumo e inversión puede ser distinto según quién reciba el beneficio.

El riesgo señalado por el análisis de The Economist es el clásico de un “impulso de corto plazo” con costos posteriores. Si la demanda se acelera mientras otras políticas restringen la oferta (por ejemplo, mayores barreras comerciales o menor inmigración, que pueden afectar precios y disponibilidad de mano de obra) el resultado puede ser presión inflacionaria. Y si, además, la política monetaria se relajara (en el analisis se menciona la posibilidad de un giro si un nuevo liderazgo en la Reserva Federal favoreciera tasas más bajas), ese equilibrio se volvería todavía más delicado.

Un elemento adicional podría venir de los tribunales: la Corte Suprema deberá pronunciarse sobre la legalidad de ciertos aranceles “recíprocos” impuestos bajo poderes de emergencia. Si la decisión fuera adversa al Ejecutivo, podría abrirse la puerta a reembolsos de ingresos arancelarios acumulados (el analisis menciona más de US$100.000 millones, alrededor de 0,3% del PIB). Sería otro canal de estímulo, probablemente más gradual, porque el dinero recaería principalmente en empresas y no en hogares.

Implicaciones para América Latina. Para la región, el interés no es solo político: es macroeconómico y comercial. Un estímulo fiscal en EE. UU. que eleve el déficit y complique la inflación puede traducirse en tasas de interés estadounidenses más altas por más tiempo (o, al menos, en mayor volatilidad), lo que suele presionar monedas emergentes, encarecer el financiamiento y afectar flujos de capital hacia América Latina.

En comercio, aranceles y barreras, o su eventual reversión judicial, pueden modificar precios relativos, cadenas de suministro y oportunidades de exportación para países latinoamericanos, con efectos distintos según sector (agroindustria, manufacturas, minerales, servicios). Por último, cambios en transparencia corporativa y fiscalización también importan por su impacto indirecto en estándares internacionales contra el lavado y el uso de estructuras opacas: cuando EE. UU. ajusta sus reglas, el “tono regulatorio” global puede moverse y eso repercute en la cooperación financiera y tributaria.

En suma, la estrategia descrita combina políticas muy visibles (devoluciones y promesas tributarias fáciles de comunicar) con otras menos obvias (menor fiscalización y cambios regulatorios) que pueden actuar como estímulo por vías indirectas. Para EE. UU., el debate central será el equilibrio entre crecimiento de corto plazo, sostenibilidad fiscal e inflación. Para América Latina, el desafío es anticipar cómo ese mix puede influir en tasas, tipo de cambio, comercio y clima financiero, y preparar respuestas de política económica y diplomacia comercial que reduzcan vulnerabilidades y aprovechen oportunidades.

PRESIDENTE TRUMP CUESTIONA ACUERDO ENERGÉTICO ENTRE CALIFORNIA Y EL REINO UNIDO, INFORMA POLÍTICO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó con dureza el acuerdo de cooperación en energía limpia firmado entre el estado de California y el Reino Unido, calificándolo de “inapropiado”. Según reportó Político, Trump cuestionó que Londres establezca compromisos directos con el gobernador demócrata Gavin Newsom. El mandatario también arremetió contra la gestión ambiental del estado, señalando que “ha sido un desastre”. Las declaraciones se produjeron pocas horas después de la firma del entendimiento.

El acuerdo fue suscrito por Newsom y el secretario británico de Energía, Ed Miliband, y contempla cooperación en tecnologías de energía limpia, incluida la eólica marina. Además, busca ampliar el acceso de empresas británicas al mercado californiano. La iniciativa refuerza la diplomacia climática subnacional, una estrategia frecuente en estados que mantienen agendas divergentes frente a la Casa Blanca. En este caso, el pacto simboliza un alineamiento transatlántico en materia de transición energética.

La respuesta de la oficina de Newsom fue igualmente contundente. Un portavoz acusó a Trump de favorecer al carbón y a la industria petrolera, y sostuvo que líderes extranjeros están optando por la visión climática de California. El gobernador, crítico habitual del presidente y potencial aspirante demócrata en 2028, ha construido parte de su perfil político en torno a la agenda ambiental. El choque evidencia la polarización interna sobre política energética y climática en Estados Unidos.

En paralelo, la administración Trump ha impulsado una agenda favorable a la expansión de la exploración de hidrocarburos. Recientemente invitó a la industria de petróleo y gas a nominar áreas en el sur y centro de California para una eventual subasta de concesiones costa afuera desde el próximo año. La iniciativa fue rechazada por Newsom y organizaciones ambientalistas, que la consideran una amenaza para los ecosistemas marinos del estado.

Las tensiones entre la Casa Blanca y el gobernador californiano no son nuevas. En enero, Newsom denunció que se le impidió intervenir en la sede oficial de Estados Unidos durante el Foro Económico Mundial en Davos, decisión que atribuyó al entorno presidencial. El episodio actual profundiza la disputa entre el gobierno federal y uno de los estados con mayor peso económico y liderazgo climático en el país. La controversia refleja la coexistencia de dos visiones energéticas opuestas dentro de la política estadounidense.

PRESIDENTE TRUMP RECHAZA SOBRECOSTOS DEL PROYECTO “GATEWAY” Y NIEGA CAMBIO DE NOMBRE A PENN STATION

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó en su red Truth Social su oposición al proyecto ferroviario “Gateway” entre Nueva York y Nueva Jersey, al advertir que podría costar “muchos miles de millones de dólares” más de lo previsto. Trump calificó la iniciativa como un potencial “desastre” financiero para la región si no se corrigen de inmediato los riesgos de sobrecostos. Comparó el plan con el proyecto ferroviario de alta velocidad impulsado en California bajo el gobernador Gavin Newsom, al que volvió a criticar por exceder ampliamente el presupuesto inicial. El mandatario sostuvo que los desvíos presupuestales pueden tener efectos estructurales sobre las finanzas estatales.

En su mensaje, Trump fue enfático en señalar que el Gobierno federal no asumirá “ni un solo dólar” de eventuales sobrecostos del proyecto Gateway. Subrayó que su administración está dispuesta a reunirse con las autoridades competentes para garantizar una planeación adecuada y evitar desviaciones futuras. El proyecto busca modernizar y ampliar la capacidad ferroviaria bajo el río Hudson, considerada estratégica para el transporte interurbano.

El presidente también desmintió versiones sobre un supuesto cambio de nombre de la estación Penn Station a “Trump Station”. Aseguró que la propuesta fue mencionada por algunos políticos y líderes sindicales del sector construcción, pero negó haberla impulsado. Calificó esas versiones como “fake news” y reiteró que su prioridad es evitar sobrecostos en grandes obras públicas.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente escrutinio sobre el gasto federal en infraestructura y en medio de tensiones políticas entre la Casa Blanca y gobiernos estatales demócratas. El corredor Nueva York–Nueva Jersey concentra una parte sustancial del tráfico ferroviario del país, lo que otorga al proyecto Gateway relevancia nacional. Sin embargo, la postura de Trump deja claro que cualquier expansión deberá ajustarse estrictamente a los presupuestos aprobados. La advertencia fiscal marca la línea de negociación que la administración federal pretende mantener.

PRESIDENTE TRUMP ORDENA INTERVENCIÓN FEDERAL PARA PROTEGER EL RÍO POTOMAC TRAS DERRAME DE AGUAS RESIDUALES

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el Gobierno federal intervendrá para “proteger” el río Potomac luego del colapso de una importante tubería de alcantarillado en el área de Washington, D.C. A través de redes sociales, afirmó que instruyó a las autoridades federales a asumir la gestión, coordinación y dirección necesarias para salvaguardar el suministro de agua de la región capital y los recursos nacionales. El mandatario también acusó a las autoridades locales de mala gestión en los sistemas de residuos.

El 19 de enero colapsó una línea de alcantarillado en el condado de Montgomery, Maryland, provocando el vertimiento de más de 200 millones de galones de aguas residuales al Río Potomac. Investigadores de la University of Maryland señalaron que se trata de uno de los mayores derrames de este tipo en la historia de Estados Unidos. Los análisis detectaron niveles elevados de bacterias asociadas a materia fecal y patógenos causantes de enfermedades. La situación ha generado alertas sanitarias y preocupación por la infraestructura envejecida.

Trump sostuvo que “el Gobierno federal no tiene otra opción” que intervenir y anunció que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) coordinará la respuesta. La agencia ha experimentado recortes de personal desde el inicio de su mandato, lo que añade presión a la capacidad operativa frente a emergencias ambientales. La medida busca contener riesgos para la salud pública y evitar impactos mayores en el sistema de abastecimiento. No se han detallado aún los plazos ni el alcance específico de la intervención.

SECRETARIO DE ESTADO RUBIO RESPALDA LA REELECCIÓN DE ORBÁN Y FIRMA ACUERDO NUCLEAR EN BUDAPEST

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, respaldó abiertamente la aspiración del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, de obtener un quinto mandato consecutivo en las elecciones del 12 de abril. Durante su visita a Budapest, destacó la estrecha relación personal entre Orbán y el presidente Donald Trump, afirmando que ese vínculo ha sido determinante para consolidar la cooperación bilateral. El gesto refuerza el alineamiento político entre ambos gobiernos en un momento electoral clave para el líder húngaro.

En rueda de prensa, Rubio aseguró que la relación atraviesa una “edad de oro” bajo la administración Trump y fue enfático al señalar que el éxito político de Orbán es también un interés estratégico para Washington. Subrayó que la conexión “persona a persona” entre ambos mandatarios ha marcado la diferencia en la construcción del vínculo bilateral. El mensaje constituye un respaldo político explícito en plena campaña. Orbán, considerado uno de los aliados más firmes de Trump dentro de la Unión Europea, busca capitalizar esa cercanía ante unas encuestas adversas.

Más allá del respaldo electoral, la visita tuvo un componente sustantivo en materia energética y tecnológica. Rubio y el gobierno húngaro firmaron un acuerdo de cooperación nuclear civil que contempla la posible adquisición de pequeños reactores modulares (SMR), así como el suministro estadounidense de combustible nuclear y tecnología para almacenamiento de residuos. El entendimiento apunta a profundizar la interdependencia estratégica en el sector energético. También refuerza la presencia tecnológica de Estados Unidos en Europa Central.

La parada en Hungría se produjo tras la visita de Rubio a Eslovaquia y su participación en la Conferencia de Seguridad de Múnich en Alemania. Tanto Hungría como Eslovaquia, liderada por Robert Fico, representan territorios políticamente afines para la agenda de Trump en la región. Ambos gobiernos han cuestionado el apoyo militar a Ucrania y mantienen posturas críticas frente a Bruselas. Para Washington, estos socios facilitan acuerdos energéticos y posicionamientos geopolíticos alineados con su visión.

Orbán, ampliamente considerado uno de los dirigentes europeos más cercanos al presidente ruso Vladimir Putin, ha sostenido la compra de energía rusa pese a los esfuerzos de la UE por reducir esa dependencia. Tras una reunión con Trump en la Casa Blanca en noviembre, Hungría obtuvo una exención de sanciones estadounidenses sobre energía rusa, aunque Rubio evitó precisar su duración. El bloque europeo prevé eliminar gradualmente los combustibles fósiles rusos antes de 2027. En este contexto, Budapest busca mantener margen de maniobra estratégica.

En el plano político-ideológico, Orbán ha promovido el lema “Make Europe Great Again”, en sintonía con el movimiento MAGA estadounidense. Su gobierno ha endurecido políticas migratorias, restringido derechos LGBTQ+ y limitado espacios para la oposición y la sociedad civil, medidas que generan críticas en la UE pero que reciben apoyo de sectores conservadores estadounidenses. Budapest ha sido sede de varias ediciones de la Conservative Political Action Conference (CPAC), reforzando su papel como referente del nacionalismo conservador transatlántico.

MÉXICO Y CANADÁ PREPARAN PLAN BILATERAL DE INVERSIÓN Y COMERCIO AL MARGEN DEL USMCA

México y Canadá acordaron elaborar un “plan de acción” para ampliar inversiones, comercio y reducir trabas regulatorias, en paralelo al Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA). El anuncio fue realizado por el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, tras reunirse en Ciudad de México con el ministro canadiense Dominique LeBlanc. La iniciativa busca acelerar agendas específicas entre ambos países sin sustituir el marco trilateral. Según Ebrard, la estrategia podría quedar definida en el segundo semestre de 2026.

El funcionario explicó que el diálogo comercial celebrado fue uno de los más amplios en años y abrió dos vías principales de trabajo: un canal permanente entre empresas mexicanas y canadienses y la estructuración del mencionado plan de acción. El encuentro reunió a cerca de 900 compañías de ambos países, reflejando un renovado dinamismo empresarial. La delegación canadiense también tiene previstas visitas a Monterrey y Guadalajara. Estas actividades forman parte de una misión comercial que el Gobierno mexicano calificó como la más ambiciosa en años recientes.

La hoja de ruta bilateral incluirá cooperación en minerales estratégicos, inversiones portuarias e infraestructura, seguridad de cadenas de suministro y programas orientados a ampliar oportunidades para jóvenes. Ebrard señaló que el documento servirá como agenda para los próximos años y se irá ajustando conforme avance el trabajo conjunto entre sector público y privado. El objetivo es traducir el impulso político en proyectos concretos. También se contempla reducir obstáculos regulatorios que afectan la operación empresarial.

Durante la jornada se formalizó un memorando de entendimiento entre el Consejo Empresarial de Canadá y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de México. El acuerdo busca articular la cooperación empresarial y facilitar encuentros de negocios durante la misión comercial. Para ambas partes, el fortalecimiento institucional del diálogo privado es clave para sostener la integración productiva. El instrumento también pretende dar continuidad a futuras visitas recíprocas de empresarios.

LeBlanc subrayó el interés de Canadá en profundizar el trabajo conjunto en agricultura y tecnología agrícola, manufactura avanzada —incluida la automotriz—, tecnologías limpias y energía, industrias creativas y tecnologías de la información. Señaló que su enfoque está orientado a identificar oportunidades para que empresas canadienses amplíen su presencia en México en coordinación con socios locales. También celebró que México organice una misión empresarial recíproca en los próximos meses. La intención es consolidar una relación más diversificada y menos dependiente de terceros mercados.

Estos esfuerzos se desarrollan en un contexto de tensiones comerciales con Estados Unidos y en la antesala de la revisión del USMCA prevista para julio. Las políticas más restrictivas impulsadas por el presidente Donald Trump han generado fricciones con ambos socios norteamericanos. En ese escenario, el plan bilateral México-Canadá busca ampliar márgenes de cooperación estratégica sin romper el marco regional.

CUBA REACTIVA LA DOCTRINA DE “GUERRA DE TODO EL PUEBLO” ANTE LA PRESIÓN DE EE. UU.

El Gobierno de Cuba ha reactivado su histórica doctrina de “Guerra de Todo el Pueblo” en medio del aumento de tensiones con Estados Unidos y tras la reciente operación militar estadounidense en Venezuela. La estrategia, concebida hace más de cuatro décadas por Fidel Castro, busca disuadir una eventual intervención elevando al máximo su costo militar, económico y humano. Más que repeler una invasión convencional, el concepto se centra en hacerla inviable mediante resistencia prolongada. El mensaje implícito es claro: cualquier agresión tendría consecuencias significativas.

Según el historiador Fabio Fernández, profesor de la Universidad de La Habana, la doctrina surgió en los años 80 cuando Castro asumió que la URSS no intervendría en defensa de la isla ante una posible ofensiva del entonces presidente estadounidense Ronald Reagan. Ante ese escenario, Cuba debía prepararse para defenderse sola mediante una movilización masiva de la población. El modelo se inspiró en experiencias de resistencia en Vietnam y Afganistán. El objetivo era crear un entramado territorial capaz de sostener una guerra asimétrica prolongada.

La doctrina contempla la creación de “focos de resistencia” organizados en cada municipio mediante milicias populares y unidades de producción y defensa. En ella participan no solo combatientes, sino también civiles encargados de logística, sanidad y abastecimiento. En discursos recientes retransmitidos por la televisión estatal, se recordó la necesidad de unidad nacional bajo la dirección del Partido Comunista de Cuba. Cada ciudadano, según esa visión, debe tener “un lugar, un método y un medio” para contribuir a la defensa del territorio.

Tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense, La Habana instauró una jornada semanal de prácticas denominada Día de la Defensa. Estos ejercicios incluyen simulacros de emboscadas, instalación de minas, lanzamiento de granadas, prácticas con fusiles AKM y entrenamientos en defensa antiaérea. El presidente Miguel Díaz-Canel ha participado activamente en las actividades, visitando unidades militares y centros universitarios. La cobertura en medios oficiales ha sido amplia y reiterativa.

Las Brigadas de Producción y Defensa han reforzado entrenamientos en primeros auxilios, uso de drones, comunicaciones y abastecimiento básico. Sin embargo, expertos advierten que el contexto actual difiere sustancialmente del de los años 80. Cuba enfrenta hoy una sociedad envejecida, marcada por la migración y por tres décadas de crisis económica. Además, el consenso político y la movilización transversal ya no tienen la cohesión de antaño.

Fernández sostiene que el equipamiento militar cubano se encuentra obsoleto y que las capacidades defensivas son limitadas frente a una potencia como Estados Unidos. Aun así, considera que el nacionalismo podría actuar como elemento cohesionador en caso de una intervención externa. La doctrina, más que un plan operativo realista, mantiene un fuerte componente simbólico y disuasivo. En ese sentido, su reactivación busca enviar una señal estratégica tanto interna como internacional.