Los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 reunidos en Asheville, Carolina del Norte, acordaron que los países deben actuar frente a políticas y prácticas “no de mercado” que profundizan los desequilibrios globales. China fue el único miembro presente que no respaldó los apartados centrales de la declaración sobre este tema, según el comunicado oficial de la presidencia estadounidense del G20. 

Aunque el texto no menciona directamente a China en el apartado sobre desequilibrios, el debate estuvo claramente marcado por las preocupaciones sobre su modelo económico y su creciente capacidad exportadora. La declaración señala que los países con superávits externos “excesivos y persistentes” deberían eliminar distorsiones que limitan el consumo interno y generan una dependencia excesiva de las exportaciones como motor de crecimiento. También pide a los países deficitarios aumentar el ahorro interno y fortalecer sus cuentas fiscales, dando al diagnóstico un alcance más amplio que una crítica exclusiva a Beijing. 

Para Estados Unidos, el acuerdo representa un respaldo relevante a una preocupación que Washington viene planteando sobre subsidios, exceso de capacidad productiva y exportaciones procedentes de economías consideradas no de mercado. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, sostuvo que el aumento de las barreras estadounidenses a productos chinos ha contribuido a redirigir exportaciones hacia otros mercados, ampliando la preocupación entre socios comerciales. Europa también ha manifestado inquietud por el rápido crecimiento de las importaciones procedentes de China, particularmente en sectores como vehículos eléctricos, semiconductores y otros bienes industriales. 

Sin embargo, el consenso no supone que los miembros del G20 compartan plenamente la estrategia comercial estadounidense. El Reino Unido reiteró que mantendrá una relación pragmática con China y que continúa favoreciendo un comercio relativamente abierto, mientras representantes europeos señalaron que los desequilibrios globales también requieren acciones de Estados Unidos y otras economías. Entre ellas aparece la necesidad de reducir déficits fiscales y evitar políticas que aumenten la incertidumbre comercial. 

La discusión también se extendió a los minerales críticos. Japón planteó preocupación por las restricciones a las exportaciones de estos insumos y la declaración final pidió evitar limitaciones innecesarias que puedan interrumpir las cadenas globales de suministro. El asunto ha ganado relevancia por el peso de China en el procesamiento de tierras raras y otros minerales esenciales para sectores como tecnología, energía, defensa y producción automotriz. 

El impacto potencial del acuerdo está principalmente en la dirección que puede tomar la política económica de las principales economías. Un mayor consenso frente a subsidios, exceso de capacidad y restricciones a materias primas podría traducirse en más investigaciones comerciales, medidas defensivas y políticas destinadas a diversificar cadenas de suministro. Al mismo tiempo, el G20 pidió al FMI y a la OCDE profundizar el análisis de las políticas que generan estos desequilibrios, lo que podría dar mayor peso técnico y multilateral al debate. 

La reunión deja así una señal relevante: la preocupación por las distorsiones comerciales asociadas con economías de fuerte orientación exportadora ya no es exclusivamente estadounidense. Sin embargo, las diferencias sobre cómo responder siguen siendo importantes. Mientras Washington favorece una política comercial más activa, varios socios buscan combinar la reducción de desequilibrios con la preservación de relaciones económicas abiertas y previsibles.

ECONOMÍA

Tyson contradice al USDA sobre la venta de plantas cerradas y reabre el debate sobre la concentración del mercado de carne

Tyson Foods rechazó una afirmación de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, según la cual la compañía se habría comprometido a vender sus plantas de procesamiento de carne recientemente cerradas únicamente a compradores estadounidenses o cooperativas de productores. La empresa señaló que las instalaciones continúan disponibles para cualquier comprador interesado, incluidos potenciales inversionistas extranjeros. 

La diferencia entre Tyson y el Departamento de Agricultura ocurre en medio de una creciente atención de la administración Trump sobre la estructura del mercado de procesamiento de carne. Cuatro compañías —Tyson, Cargill, JBS USA y National Beef— concentran cerca del 85% del procesamiento de carne bovina en Estados Unidos, mientras los precios al consumidor permanecen elevados y el inventario de ganado se encuentra en niveles históricamente bajos. 

Rollins sostuvo que el presidente ejecutivo de Tyson había expresado verbalmente su intención de priorizar compradores estadounidenses, incluyendo cooperativas de productores. Tyson, sin embargo, indicó que no ha modificado su política de venta y que evaluará cualquier oferta que resulte viable. La discusión adquiere relevancia porque dos de los mayores procesadores del país, JBS USA y National Beef, están vinculados a grupos brasileños, lo que ha aumentado el debate político sobre propiedad extranjera, competencia y seguridad de la cadena alimentaria. 

El Gobierno ha planteado varias medidas para ampliar la competencia. El presidente Donald Trump anunció recientemente acciones para facilitar que productores y ganaderos puedan procesar y comercializar carne con mayor autonomía, mientras el USDA impulsa créditos y apoyo a plantas pequeñas y medianas. La administración sostiene que una mayor capacidad de procesamiento podría mejorar las condiciones para los productores y reducir la concentración; representantes de la industria advierten, por su parte, que algunas modificaciones regulatorias deben preservar los estándares federales de inocuidad. 

La controversia también está vinculada al aumento del precio de la carne. La limitada oferta de ganado ha reducido la utilización de algunas plantas y elevado los costos de los procesadores, mientras Washington busca simultáneamente aumentar la competencia doméstica y ampliar temporalmente determinadas importaciones para moderar los precios al consumidor. Esa combinación ha generado posiciones distintas entre productores, empacadores y autoridades sobre cuál debe ser la respuesta más efectiva. 

Más que una diferencia puntual entre una empresa y el USDA, el episodio refleja una discusión más amplia sobre quién controla la capacidad de procesamiento de carne en Estados Unidos y cómo aumentar la competencia sin afectar inversión, abastecimiento y seguridad alimentaria. El destino de las plantas cerradas por Tyson será relevante porque nuevos operadores podrían ampliar la capacidad disponible, aunque el efecto final dependerá de quién las adquiera, si vuelven efectivamente a operar y de la evolución de la oferta de ganado.

ECONOMÍA

Texas frena nuevas conexiones de centros de datos ante dudas sobre la demanda eléctrica real

Texas decidió detener temporalmente nuevas conexiones de grandes centros de datos a su red eléctrica mientras revisa la magnitud y viabilidad de las solicitudes pendientes. La medida refleja una preocupación creciente en Estados Unidos: buena parte de la demanda proyectada de electricidad asociada con inteligencia artificial y centros de datos podría estar duplicada, sobredimensionada o corresponder a proyectos que nunca llegarán a construirse. 

La dimensión del problema es considerable. ERCOT, el operador de la red de Texas, reportaba a comienzos de 2026 más de 232 gigavatios de grandes cargas en proceso de conexión, de los cuales alrededor del 72% correspondía a centros de datos. A escala más amplia, las solicitudes de electricidad de estos proyectos en varias regiones de EEUU superan los 700 gigavatios, más de diez veces el consumo actual estimado de todos los centros de datos del país. 

El crecimiento de la inteligencia artificial explica parte de esa expansión. Los centros de datos requieren grandes cantidades de electricidad de manera continua para operar servidores, sistemas de refrigeración y equipos especializados. PJM, que administra una de las mayores redes eléctricas del país, estima que estas instalaciones ya representan más del 7% del consumo energético de su región y proyecta que la demanda máxima de su sistema podría aumentar en unos 82 gigavatios durante los próximos 15 años. 

Sin embargo, el problema no es únicamente cuánto crecerá la demanda, sino cuánto de lo solicitado es real. Un mismo proyecto puede solicitar capacidad simultáneamente a diferentes empresas eléctricas o presentar requerimientos antes de contar con terreno, financiamiento o contratos definitivos. Esa práctica genera lo que el sector denomina “ghost demand” o demanda fantasma: solicitudes que aparecen en las proyecciones de las redes, pero que pueden no convertirse nunca en consumo efectivo. 

La consecuencia es relevante para la planificación energética. Si las empresas eléctricas construyen nuevas líneas, subestaciones o generación basándose en proyectos que posteriormente no se materializan, parte de esos costos puede terminar trasladándose a otros consumidores. Reuters señala que algunas compañías redujeron drásticamente sus previsiones después de exigir depósitos u otras garantías financieras a los promotores, una señal de que parte de las solicitudes iniciales no tenía suficiente respaldo. 

Texas está respondiendo con mayores exigencias de información sobre propiedad, financiamiento y viabilidad de los proyectos antes de comprometer nueva capacidad. Otros estados y operadores eléctricos, incluidos Ohio y Pennsylvania, están adoptando mecanismos similares para diferenciar proyectos firmes de solicitudes especulativas. El objetivo no es frenar la expansión de la inteligencia artificial, sino evitar que expectativas difíciles de verificar condicionen inversiones multimillonarias en infraestructura eléctrica. 

El debate muestra uno de los principales desafíos de la expansión de la IA en Estados Unidos: la disponibilidad de energía se está convirtiendo en un factor tan estratégico como los chips o la capacidad de cómputo. Si la demanda es real, el país necesitará acelerar inversiones en generación, transmisión y almacenamiento; si está sobreestimada, construir infraestructura prematuramente podría elevar costos innecesariamente. Texas está intentando determinar precisamente dónde termina el auge real de la inteligencia artificial y dónde comienza la demanda que solo existe sobre el papel.

ECONOMÍA

Casa Blanca confirma concesión de 100 años para explotación de campos petroleros en Venezuela

La Casa Blanca confirmó que la empresa privada North American Blue Energy Partners (NABEP) recibió una concesión por 100 años para explotar 17 campos petroleros en Venezuela, como parte del acuerdo alcanzado entre la administración del presidente Donald Trump y el Gobierno interino de Delcy Rodríguez. Según Washington, las áreas incluidas contienen cerca de 65.000 millones de barriles de crudo, equivalentes aproximadamente a una quinta parte de las reservas venezolanas.

El acuerdo contempla además una participación del 35% del Departamento de Defensa de Estados Unidos (U.S. Department of Defense, DOD) en la empresa matriz de NABEP. Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos tendrá derecho a adquirir, a precio de producción, 20% del petróleo extraído para abastecer las reservas estratégicas del país, mientras el Gobierno estadounidense contará con capacidad de veto sobre los nombramientos del consejo de administración de la compañía.

NABEP, dirigida por el empresario venezolano Alejandro Betancourt, asegura ser actualmente la segunda mayor productora de crudo de Venezuela, con una producción superior a 200.000 barriles diarios, y prevé superar el millón de barriles diarios con el desarrollo de los nuevos campos. Betancourt ha sido investigado en España, Suiza y Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con lavado de activos y fraude fiscal en operaciones vinculadas con Petróleos de Venezuela (Pdvsa), señalamientos que el empresario ha rechazado.

De acuerdo con la Casa Blanca, la compañía invertirá cerca de US$100.000 millones en la recuperación de la infraestructura petrolera venezolana y pagará aproximadamente US$200.000 millones en impuestos a las autoridades del país durante los próximos 25 años. La administración Trump sostiene que el acuerdo permitirá elevar la producción de crudo y contribuir a reducir los precios de la gasolina en Estados Unidos, que han aumentado en medio del conflicto con Irán.

El acuerdo se produce después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela tras la captura y salida del poder de Nicolás Maduro en enero y el establecimiento del Gobierno encabezado por Rodríguez. Algunos sectores han cuestionado la política de Washington hacia Caracas y sostienen que el entendimiento petrolero genera dudas sobre el alcance de los objetivos estadounidenses respecto a una transición política en Venezuela.

ECONOMÍA

Secretario de Energía de Estados Unidos viaja a Venezuela para impulsar expansión de Chevron

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, viaja este martes a Venezuela en una visita que podría concluir con la ampliación de las operaciones de Chevron en el país. Según un funcionario estadounidense, está previsto que la petrolera anuncie un nuevo acuerdo que permitiría incrementar su actividad y contribuir a elevar la capacidad de producción de crudo venezolana.

El anuncio estaría relacionado con negociaciones para incorporar dos grandes yacimientos ubicados en la Faja Petrolífera del Orinoco, en el estado Carabobo. De acuerdo con reportes citados por medios internacionales, estos campos contienen importantes reservas de crudo pesado y ampliarían la presencia de Chevron en uno de los principales polos petroleros del país.

La iniciativa forma parte de la estrategia de la administración del presidente Donald Trump para aumentar la producción petrolera venezolana y ampliar la participación de empresas estadounidenses o vinculadas con Washington en el sector energético del país. El Gobierno estadounidense busca llevar la producción hacia niveles superiores tras los cambios políticos registrados en Venezuela durante este año.

La posible ampliación de Chevron se produce pocos días después de que Washington anunciara un acuerdo con North American Blue Energy Partners (NABEP) para explotar 17 campos petroleros venezolanos. Según la Casa Blanca, la empresa tendrá acceso a reservas equivalentes aproximadamente a una quinta parte de las reservas probadas del país y parte del crudo producido será destinado al mercado estadounidense.

El Gobierno de Estados Unidos ha vinculado estos acuerdos con su objetivo de ampliar la oferta de petróleo y contener los precios de los combustibles. La administración Trump sostiene que una mayor producción venezolana podría aumentar el suministro disponible para las refinerías estadounidenses y contribuir a reducir las presiones sobre el precio de la gasolina.

La estrategia adquiere mayor relevancia en medio del impacto que el conflicto con Irán ha tenido sobre los mercados energéticos y las reservas estratégicas estadounidenses. Con las elecciones legislativas de noviembre próximas, la administración busca aumentar la disponibilidad de crudo mientras profundiza su participación en la recuperación y expansión del sector petrolero venezolano.

ECONOMÍA

Actividad manufacturera de Estados Unidos se modera en agosto mientras persisten las presiones sobre precios

La actividad manufacturera de Estados Unidos perdió impulso en agosto, en medio de una desaceleración de los nuevos pedidos y mayores preocupaciones por los costos asociados con el conflicto en Medio Oriente y los aranceles. El índice de gerentes de compras (PMI) manufacturero del Institute for Supply Management (ISM) bajó a 54,6 desde 55,6 en julio, aunque se mantuvo por encima del nivel de 50 puntos que indica expansión.

La moderación se produjo después de que el indicador alcanzara en julio su nivel más alto desde mayo de 2022. Los nuevos pedidos disminuyeron a 53,7 desde 56,7, lo que podría reflejar parcialmente el agotamiento del impulso generado por empresas que adelantaron compras para protegerse frente a posibles aumentos de precios e interrupciones del suministro.

Pese al menor ritmo de expansión, las presiones sobre los costos permanecieron elevadas. El índice de precios pagados por insumos se mantuvo en 71,1, mientras los fabricantes informaron aumentos en aluminio, acero, cobre, componentes eléctricos, combustibles, semiconductores y memorias, además de dificultades de disponibilidad en varios de estos productos.

Las empresas encuestadas por el ISM señalaron que la volatilidad de precios, los mayores tiempos de entrega, el conflicto con Irán y los aranceles continúan afectando sus operaciones. Fabricantes de equipos de transporte destacaron particularmente el impacto de los aranceles de la Sección 232 sobre el acero y el aluminio, mientras algunas compañías registraron ajustes en sus cadenas de suministro para contener los mayores costos.

El incremento de la inversión vinculada con inteligencia artificial también continúa impulsando la demanda manufacturera, especialmente en productos electrónicos y equipos informáticos, aunque al mismo tiempo genera presiones adicionales sobre precios y disponibilidad de componentes. En total, 15 industrias manufactureras registraron crecimiento en agosto, mientras los sectores de productos de madera y químicos reportaron contracción.

Las restricciones de suministro tampoco mostraron una mejora significativa. El índice de entregas de proveedores aumentó a 59,3 desde 58,9 en julio, una lectura que indica mayores tiempos de entrega, mientras las empresas continuaron señalando escasez de componentes eléctricos, acero, cobre y productos electrónicos.

Los datos reforzaron además las expectativas de que la Reserva Federal pueda mantener una postura restrictiva frente a la inflación. Los mercados asignan aproximadamente 66% de probabilidad a un aumento de 25 puntos básicos en la reunión del 15 y 16 de septiembre, mientras la tasa de fondos federales se mantiene actualmente en un rango de 3,50%-3,75%.

Por otra parte, el mercado laboral continuó mostrando señales de estabilidad. Las vacantes aumentaron a 7,27 millones en julio, equivalentes a 1,05 puestos disponibles por cada persona desempleada, mientras las contrataciones disminuyeron y los despidos permanecieron en niveles históricamente bajos. El informe oficial de empleo de agosto, que será publicado el viernes, permitirá evaluar si estas condiciones se mantuvieron durante el último mes.

SANCIONES

Washington prepara sanciones contra Irán y busca alternativas al estrecho de Ormuz

Estados Unidos anunciará nuevas sanciones contra instituciones financieras vinculadas con Irán y prevé ampliar estas medidas de forma semanal, según informó el secretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. El funcionario hizo el anuncio durante la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20 celebrada en Asheville, Carolina del Norte.

Bessent señaló que Washington trabaja con sus aliados para reforzar la presión económica sobre Teherán y anticipó que una nueva sanción bancaria podría anunciarse esta semana, seguida de medidas adicionales en los próximos días. La administración también evalúa imponer restricciones a empresas de arrendamiento de aeronaves y otras entidades que mantengan relaciones comerciales con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

La estrategia busca limitar el acceso de Irán al sistema financiero internacional mediante sanciones secundarias contra bancos y compañías que faciliten operaciones con entidades iraníes. Bessent afirmó que Estados Unidos mantendrá una política de “tolerancia cero” frente a estas transacciones y sostuvo que la intención de Washington es aumentar la presión económica sobre el Gobierno iraní.

El secretario del Tesoro también afirmó que Estados Unidos y sus aliados trabajan en proyectos de infraestructura destinados a reducir la dependencia del estrecho de Ormuz para el transporte de petróleo. Según Bessent, la construcción de nuevos oleoductos permitiría desviar parte del flujo energético que actualmente atraviesa esta ruta marítima en un plazo aproximado de dos años.

SEGURIDAD

Comando Sur de EE.UU. destaca operación liderada por Colombia que incautó más de 4,5 toneladas de cocaína

El Comando Sur de Estados Unidos (U.S. Southern Command, SOUTHCOM) destacó los resultados de la operación multinacional Zeus Arcano III, liderada por la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), que permitió incautar más de 4,5 toneladas de cocaína y detener a ocho personas vinculadas con actividades de narcotráfico. La operación contó con apoyo de Estados Unidos y la participación de Costa Rica, República Dominicana y Guyana, entre otros países.

Según SOUTHCOM, las acciones también permitieron decomisar 22 kilogramos de marihuana, dos lanchas rápidas y otras tres embarcaciones tipo go-fast utilizadas para actividades ilícitas. El comando estadounidense calificó los resultados como un “golpe importante” contra las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en la región.

Estados Unidos apoyó la operación mediante activos de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (Joint Interagency Task Force South, JIATF South) y de la Guardia Costera de Estados Unidos (U.S. Coast Guard, USCG), como parte de los esfuerzos de interdicción marítima desarrollados junto con los países participantes.

Por su parte, la Fuerza Aérea Colombiana informó que Zeus Arcano III se desarrolló entre el 11 y el 30 de agosto y reunió capacidades de 30 países y 17 agencias de inteligencia y seguridad. La institución reportó la incautación de 4.687 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 22 kilogramos de marihuana durante los 19 días de operaciones conjuntas.

La FAC señaló además que durante el operativo se realizaron 92 misiones aéreas, se inspeccionaron 102 pistas de aterrizaje y se mapearon zonas con presencia de cultivos ilícitos, además de identificar aeronaves y embarcaciones consideradas sospechosas. De acuerdo con las autoridades colombianas, el valor de los cargamentos y bienes incautados superó los US$156 millones.

SOUTHCOM enmarcó la operación dentro de las acciones de la Coalición de las Américas contra los Carteles (AC3) contra los carteles y los grupos que el comando estadounidense calificó como “narcoterroristas” en el hemisferio occidental. La operación refleja la coordinación entre Estados Unidos, Colombia y otros países de la región en labores de interdicción aérea y marítima contra las rutas utilizadas para el tráfico de drogas.

SEGURIDAD

Nueva York reclama a la administración Trump US$87 millones en fondos antiterroristas

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, acusaron este martes a la administración del presidente Donald Trump de mantener congelado cerca de 40% de los fondos federales destinados a programas antiterroristas en el estado. Según Hochul, el monto pendiente asciende a US$87 millones.

La gobernadora señaló que los recursos corresponden al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (U.S. Department of Homeland Security, DHS) y sostuvo que son necesarios para fortalecer las capacidades de prevención y respuesta frente a posibles ataques. Hochul afirmó además que la administración había prometido restablecer estos fondos el año pasado, pero aseguró que Nueva York continúa esperando su desembolso.

Mamdani explicó que los recursos reclamados financian operaciones concretas de seguridad, entre ellas 12 unidades especializadas en desactivación de explosivos desplegadas en distintas zonas de Nueva York. También indicó que parte de los fondos se destina a mejorar las comunicaciones internas del Departamento de Bomberos y a reforzar la capacidad de respuesta frente a amenazas radiológicas.

El alcalde sostuvo que el Gobierno federal no debería trasladar a la ciudad la responsabilidad de financiar por sí sola este tipo de capacidades y cuestionó la retención de recursos destinados a seguridad. Hochul, por su parte, vinculó la disputa presupuestaria con las prioridades de la administración Trump y presentó críticas adicionales a otras políticas federales.

Los reclamos se producen pocos días antes de la conmemoración del 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que dejaron más de 2.700 víctimas mortales en Nueva York. Tanto Hochul como Mamdani utilizaron la cercanía de la fecha para destacar la importancia que, según su posición, tienen estos programas para la seguridad de la ciudad y del estado.

Hasta el momento, la información divulgada se basa en las declaraciones de las autoridades de Nueva York sobre los recursos pendientes. Hochul pidió a la administración federal liberar los fondos y sostuvo que mantenerlos congelados afecta programas diseñados para prevenir y responder a amenazas terroristas.

SEGURIDAD

Presidente Trump advierte que podría intensificar los ataques contra Irán si Teherán responde en Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes que Washington podría ampliar la intensidad de sus ataques contra Irán si Teherán responde militarmente a la nueva ofensiva estadounidense en torno al estrecho de Ormuz. En un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario sostuvo que una eventual represalia iraní tendría como respuesta una acción “a un nivel mucho más duro y elevado”.

Trump afirmó que las operaciones estadounidenses en la zona responden a dos acciones atribuidas a fuerzas iraníes: un intento de colocar minas navales en el estrecho de Ormuz y el lanzamiento de ocho misiles contra una base militar estadounidense en Jordania. El mandatario también señaló que Estados Unidos tiene preparada una operación de mayor escala en caso de una nueva escalada.

El Comando Central de Estados Unidos (U.S. Central Command, CENTCOM) confirmó ataques contra objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) en distintos puntos de Irán y señaló que las acciones respondieron a recientes intentos de ataque contra embarcaciones comerciales y personal militar estadounidense desplegado en la región.

Desde Irán, medios estatales y agencias cercanas al Gobierno difundieron advertencias sobre una posible respuesta. La agencia Tasnim citó a una fuente militar que afirmó que una eventual represalia sería de mayor magnitud que los ataques estadounidenses, mientras un portavoz del IRGC sostuvo, según Fars, que Washington “lamentará sus nuevos ataques”.

La nueva escalada se produce después de que Estados Unidos atacara el domingo dos lanzadores de cohetes en la isla iraní de Larak, que, según Washington, estaban siendo preparados para apoyar la colocación de minas navales. Posteriormente, Irán informó de ataques contra posiciones estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes Unidos, mientras las autoridades jordanas señalaron que ocho misiles fueron interceptados.

El intercambio de amenazas y operaciones militares mantiene al estrecho de Ormuz como uno de los principales focos de tensión entre ambos países. CENTCOM sostiene que sus acciones buscan proteger la navegación comercial y evitar nuevas operaciones de minado, mientras la posibilidad de una represalia iraní mantiene abierto el riesgo de una nueva intensificación del conflicto regional.

POLÍTICA

El estatus migratorio de los padres entra en el debate sobre pasaportes de menores

El Departamento de Estado de Estados Unidos evalúa exigir a los padres que acrediten su ciudadanía o estatus migratorio al solicitar un pasaporte para sus hijos nacidos en el país. La propuesta forma parte de la implementación de la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 6 de agosto, que busca restringir el reconocimiento automático de ciudadanía en determinadas circunstancias. 

Actualmente, para obtener un pasaporte estadounidense de un menor nacido en Estados Unidos suele ser suficiente presentar evidencia de la ciudadanía del niño —por ejemplo, un certificado de nacimiento estadounidense— además de acreditar la relación con sus padres o tutores. La nueva orientación podría añadir un requisito adicional: documentos que demuestren si los padres eran ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes o tenían otra condición migratoria reconocida al momento del nacimiento. 

El cambio responde a una nueva estrategia de la administración después de que la Corte Suprema limitara en junio una versión anterior de la política sobre ciudadanía por nacimiento. La orden más reciente se concentra en categorías específicas, entre ellas hijos de determinados funcionarios extranjeros, personas involucradas en fraude relacionado con ciudadanía o “turismo de nacimiento”, y personas consideradas “alien enemies” bajo la legislación estadounidense. La implementación definitiva todavía está siendo desarrollada por las agencias federales. 

El impacto podría ser principalmente administrativo y documental. Familias que hoy pueden acreditar la ciudadanía de un menor con su certificado de nacimiento podrían tener que aportar información adicional sobre la situación migratoria de los padres. Esto podría ampliar los tiempos de revisión y aumentar la documentación exigida en solicitudes iniciales de pasaporte, especialmente cuando el estatus migratorio parental sea complejo o difícil de demostrar.

La medida también tiene una dimensión jurídica importante. La ciudadanía por nacimiento está protegida por la Decimocuarta Enmienda y las nuevas restricciones continúan siendo objeto de litigios. Una jueza federal en Maryland permitió recientemente que avanzara una impugnación contra la nueva orden y expresó dudas sobre algunos de sus fundamentos, aunque no suspendió inmediatamente su aplicación porque las reglas administrativas todavía no habían sido finalizadas. 

Por ahora, no se trata de un requisito general plenamente vigente para todas las solicitudes. El Departamento de Estado está evaluando cómo aplicar la orden y qué documentos deberá presentar cada familia. La relevancia del cambio estará en determinar hasta qué punto el Gobierno federal puede incorporar el estatus migratorio de los padres al proceso de reconocimiento documental de la ciudadanía de sus hijos sin exceder los límites establecidos por la Constitución y los tribunales.

POLÍTICA

Congreso aprueba extensión presupuestaria y evita cierre del Gobierno antes de las elecciones

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes una resolución para extender temporalmente la financiación del Gobierno federal y evitar un cierre administrativo antes de las elecciones legislativas de noviembre. La medida recibió 370 votos a favor y 48 en contra.

El proyecto ya había sido aprobado por el Senado el mes pasado, por lo que ahora será enviado al presidente Donald Trump para su promulgación. La resolución mantiene financiadas las operaciones del Gobierno federal desde el 30 de septiembre hasta el 11 de diciembre.

La aprobación contó con respaldo tanto de legisladores republicanos como demócratas, que buscaron evitar una interrupción de las actividades gubernamentales durante la campaña electoral. Un cierre habría afectado el funcionamiento de distintas agencias federales y podría haber generado retrasos en servicios públicos, además de dejar temporalmente sin salario a parte de los empleados federales.

La medida se produce después de varios episodios recientes de tensiones presupuestarias en Washington. En 2025, Estados Unidos registró el cierre de Gobierno más prolongado de su historia, con una duración de 43 días, mientras que a comienzos de este año el Departamento de Seguridad Nacional (U.S. Department of Homeland Security, DHS) también enfrentó una interrupción parcial de sus operaciones por falta de financiación.

La nueva extensión permitirá mantener el funcionamiento del Gobierno durante las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que estará en juego el control del Congreso. Una vez superados los comicios, republicanos y demócratas deberán retomar las negociaciones para acordar la financiación federal posterior al 11 de diciembre.

POLÍTICA

Denunciante advierte sobre fallas en el sistema del Servicio Postal para el voto por correo

Un denunciante anónimo advirtió que el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) estaría desarrollando de manera acelerada un nuevo sistema informático para aplicar las restricciones al voto por correo establecidas por una orden ejecutiva del presidente Donald Trump. La información fue divulgada por el senador demócrata Richard Blumenthal, quien señaló que eventuales fallas en la plataforma podrían afectar el envío de papeletas durante las elecciones legislativas de noviembre.

El desarrollo forma parte de la implementación de la orden ejecutiva firmada por Trump en marzo, que exige nuevas verificaciones para el envío de papeletas por correo. Entre otras disposiciones, la medida establece que estas solo podrán remitirse a electores incluidos en listas de ciudadanía verificadas por los estados, mientras que los sobres deberán cumplir requisitos adicionales del Servicio Postal, incluido el uso de códigos de barras. La aplicación de estas reglas permanece temporalmente suspendida por decisión de una corte federal mientras continúa la disputa judicial.

Según la información presentada por Blumenthal y la organización Whistleblower Aid, el Servicio Postal comenzó a desarrollar el portal el 15 de junio y habría intentado completar en cerca de tres meses un proyecto que normalmente podría tomar un año o más. El sistema permitiría a las autoridades electorales estatales remitir al USPS las listas de votantes verificados y estaba previsto para comenzar a operar a comienzos de septiembre, aunque el denunciante sostuvo que el proceso no habría contado con todas las pruebas técnicas habituales antes de su puesta en funcionamiento.

La denuncia también cuestiona un mecanismo mediante el cual un error detectado durante la revisión de un conjunto de sobres podría provocar el rechazo de todo el lote. Según la versión presentada por el denunciante, las papeletas deberán ser entregadas físicamente por funcionarios electorales en oficinas postales y posteriormente escaneadas para comprobar que coincidan con las bases de datos de votantes. Durante las distintas etapas de verificación, una inconsistencia podría impedir el procesamiento del conjunto completo, incluso cuando el problema corresponda únicamente a una papeleta dentro de miles de envíos.

Blumenthal sostuvo que estas condiciones podrían afectar a millones de electores y cuestionó la implementación de las nuevas reglas antes de los comicios. El Servicio Postal no se había pronunciado sobre las afirmaciones del denunciante, mientras que la Casa Blanca ha defendido las disposiciones sobre voto por correo como medidas destinadas a fortalecer los controles contra posibles irregularidades electorales. En las elecciones de 2024, más de 29% de los votantes estadounidenses emitieron su sufragio por correo.

La implementación de la orden se encuentra además en medio de una disputa judicial. La jueza federal Indira Talwani, de Boston, había bloqueado inicialmente su aplicación antes de las elecciones legislativas, pero la Corte Suprema determinó posteriormente que esa decisión había sido prematura, lo que permitió temporalmente avanzar con las nuevas reglas. El 21 de agosto, el Servicio Postal publicó su regulación definitiva, que condicionaba el envío de papeletas a la aprobación previa del diseño de los sobres y a la presentación de las listas de electores mediante el nuevo portal.

Tras una nueva demanda, Talwani emitió una medida cautelar de 14 días que volvió a suspender la implementación de las disposiciones y posteriormente rechazó una solicitud para levantarla. La jueza permitió, sin embargo, que el Servicio Postal continuara trabajando en el desarrollo técnico del portal siempre que no obligara a los estados a utilizarlo. La administración apeló las decisiones judiciales y el litigio podría regresar a la Corte Suprema mientras se aproxima el inicio del envío de papeletas para las elecciones legislativas.