LA DECISIÓN ANTIDROGAS: CAMBIA EL CONTEXTO, SE AMPLÍA LA MEDICIÓN, PERSISTE EL DESAFÍO

·     Colombia llega mejor posicionada a la determinación antidrogas de Estados Unidos, pese a un balance técnico heredado adverso[1].

Los indicadores estructurales de oferta siguen siendo complejos. De acuerdo con el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de UNODC y el Ministerio de Justicia, la última medición oficial disponible ubica el área sembrada con coca en aproximadamente 261.000 hectáreas al cierre de 2024, 3,5% más que en 2023; Según el Ministerio de Defensa, la erradicación manual cerró 2025 en 8.051 hectáreas, 14% menos que en 2024. En el primer trimestre de 2026 se observó un repunte, con 1.832 hectáreas erradicadas, 85% más que un año atrás. Son cifras que explican por qué el punto de partida técnico continúa siendo complejo. 

Sin embargo, la variable política y la dirección de la estrategia cambiaron de manera significativa. La determinación presidencial estadounidense de 2025, que incluyó por primera vez en casi tres décadas a Colombia entre los países que habían “failed demonstrably” (“fracasó de manera demostrable”), atribuyó expresamente el deterioro a su liderazgo político, al tiempo que reconoció la capacidad y el compromiso de las instituciones colombianas de seguridad. Además, dejó abierta la posibilidad de reconsiderar la designación si Colombia adoptaba acciones más agresivas para erradicar coca, reducir la producción y el tráfico de cocaína y fortalecer la cooperación con Estados Unidos para llevar a los responsables ante la justicia. 

Ese es precisamente el elemento nuevo desde el 7 de agosto. En su primer mes, el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella modificó las prioridades políticas y comenzó a mostrar resultados en varias de las áreas que Washington había señalado. Esto fue reconocido directamente por el secretario Marco Rubio durante su visita a Colombia: “Hemos visto en el último mes más acciones concretas en contra de estas bandas criminales que lo que vimos posiblemente en cuatro años”.

Rubio señaló que, si Colombia mantiene esta trayectoria, podría producirse un cambio en la certificación. La señal es especialmente relevante porque proviene del actual Secretario de Estado y Asesor de Seguridad Nacional del Presidente, pocos días antes de la determinación anual.

Acciones recientes que respaldan el cambio de orientación

La decisión estadounidense de 2025 fijó cuatro condiciones para reconsiderar la designación: mayor erradicación, reducción de la producción y el tráfico, judicialización de quienes se benefician del negocio y mayor cooperación contra los líderes criminales. Desde el 7 de agosto, Colombia registra avances verificables en tres de estos cuatro frentes.

·     Erradicación: más de 1.300 hectáreas de coca erradicadas en el primer mes.

·     Interdicción: cerca de 50 toneladas de narcóticos incautadas entre el 7 de agosto y el 7 de septiembre.

·     Producción: 162 infraestructuras utilizadas para producir drogas destruidas o inhabilitadas en los primeros 15 días.

·     Organizaciones criminales: 1.574 capturas vinculadas al narcotráfico y 23 cabecillas neutralizados.

·     Finanzas ilegales: 81 bienes ocupados, avaluados en cerca de $71.886 millones.

·     Extradición: más de 30 extradiciones firmadas y reactivación de entregas a Estados Unidos que estaban suspendidas.

Estas acciones todavía no revierten los indicadores estructurales acumulados, pero sí muestran un cambio de trayectoria en voluntad política, intensidad operacional y cooperación bilateral.

·     NDCS 2026: una evaluación más amplia del esfuerzo antidrogas

La National Drug Control Strategy (NDCS) 2026 amplía el enfoque operativo de Estados Unidos sobre la lucha antidrogas. Para Colombia identifica expresamente dos prioridades complementarias: reducir el cultivo de coca y desarticular las redes criminales que se benefician de la producción de cocaína. La estrategia también plantea atacar la producción en origen, fortalecer la interdicción, perseguir las finanzas ilícitas y mejorar la inteligencia y el control de precursores.  En consecuencia, el desempeño ya no debe leerse únicamente en hectáreas erradicadas o toneladas incautadas, sino en la capacidad de afectar integralmente la cadena del narcotráfico. 

La NDCS introduce además un Performance Review System (PRS), con líneas base y metas a dos y cinco años para medir su implementación. Para Colombia, la única métrica cuantitativa que la estrategia identifica expresamente por país está vinculada al reporte de incidentes de precursores químicos, sustancias relacionadas y equipos en el sistema PICS (Precursors Incident Communication System): establece como referencia 12 reportes por país en 2026 para Colombia, China, India y México, aumentando a 52 por país en 2029. 

Las referencias específicas a Colombia son cuatro:

·        Cultivos y organizaciones: reducir el cultivo de coca y desarticular las redes que se benefician de la producción de cocaína. 

·        Producción en origen: la estrategia menciona expresamente la erradicación de plantas de coca destinadas a producir cocaína en Colombia. 

·        Precursores: Colombia forma parte de la medición del sistema PICS sobre incidentes de precursores químicos y equipos para producción de drogas. 

·        Cadenas de suministro: Colombia aparece entre los países de origen o tránsito a los que EE. UU. buscará exigir mayores controles e incentivos para que empresas logísticas, químicas y farmacéuticas aseguren sus cadenas y adopten acciones de cumplimiento. 

Además de ampliar la medición, la NDCS 2026 refuerza el uso de herramientas financieras directas contra las organizaciones criminales y sus facilitadores. La estrategia prevé intensificar las sanciones del Departamento del Tesoro bajo la Orden Ejecutiva 14059^[2] y ampliar las medidas especiales de FinCEN contra estructuras vinculadas al lavado de activos.

Son instrumentos que pueden aplicarse caso por caso, sin esperar la determinación anual de certificación, y que permiten bloquear activos, restringir operaciones financieras y elevar rápidamente el costo de participar o facilitar el negocio del narcotráfico.

El mandato específico para Colombia, dentro del NDCS

La National Drug Control Strategy 2026 menciona expresamente a Colombia en dos frentes: reducir el cultivo de coca y desarticular las redes criminales que se benefician de la producción de cocaína, y atacar la producción en origen mediante la erradicación y la afectación de infraestructura y equipos asociados al procesamiento. El mensaje es claro: Washington prioriza actuar simultáneamente sobre la oferta y las organizaciones criminales, por lo que una estrategia concentrada exclusivamente en uno de estos frentes quedaría desalineada con el enfoque integral de la estrategia estadounidense.

Colombia aparece además en una métrica concreta. La Medida 3.1.1 establece una meta de reportes al PICS de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes sobre incautaciones de precursores, intentos de desvío, cargamentos detenidos y laboratorios ilícitos. Para China, Colombia, India y México, la meta pasa de una línea base conjunta de 11 reportes en 2024 a 48 en 2026 (12 por país) y 208 en 2029 (52 por país).

La señal es relevante porque incorpora el control de precursores y el intercambio de información como resultados medibles. Para Colombia representa una oportunidad de fortalecer, dentro de sus propias competencias y prioridades, la capacidad de reporte, trazabilidad y cooperación técnica frente a incidentes que efectivamente se presenten. Las industrias química y logística pueden contribuir como fuentes de información y mediante mayores controles de sus cadenas de suministro, aunque el reporte formal corresponde a las autoridades nacionales.

 

Referencia	Valor
Incidentes combinados 2021	30
Incidentes combinados 2022	46
Línea base 2024	11
Meta 2026	48 combinados (12 por país, uno mensual)
Meta 2029	208 combinados (52 por país, uno semanal)

 

 

El sector privado adquiere un papel más explícito y medible^[3]

La National Drug Control Strategy 2026 incorpora de manera explícita al sector privado en la protección de las cadenas de suministro. La estrategia plantea ampliar los programas de comercio confiable y promover que países fuente y de tránsito, entre ellos Colombia, desarrollen incentivos similares para empresas de transporte, química, farmacéutica y logística. En la práctica, se busca compensar el costo de mayores estándares de seguridad, trazabilidad y control de riesgos con beneficios que faciliten el comercio legítimo. 

Para Colombia, esto hace especialmente relevante ampliar la participación empresarial en el Operador Económico Autorizado (OEA) y aprovechar su reconocimiento con el Customs Trade Partnership Against Terrorism (CTPAT)^[4] de Estados Unidos. La estrategia mide, a nivel global, el aumento de empresas químicas, farmacéuticas y logísticas vinculadas a CTPAT, así como de compañías pertenecientes a programas internacionales de Authorized Economic Operator (AEO) reconocidos por Estados Unidos. 

Separadamente, Colombia aparece en una métrica específica del Precursors Incident Communication System (PICS)de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). La meta para 2026 es de 48 reportes combinados de China, Colombia, India y México, 12 por país, frente a 11 en conjunto en 2024. Estos reportes son realizados por las autoridades nacionales e incluyen incautaciones de precursores, intentos de desvío, cargamentos detenidos y laboratorios ilícitos. 

En conjunto, la estrategia amplía la medición más allá de incautaciones y erradicación: incorpora la seguridad de las cadenas de suministro, la participación empresarial y el control de precursores como componentes de su implementación.  El sector privado deja de ser únicamente un actor afectado por la política antidrogas y adquiere un papel más visible en su implementación y medición, especialmente en seguridad de las cadenas de suministro y control de precursores. Estos nuevos indicadores complementan la evaluación operativa, pero no modifican los criterios legales de la Sección 706.

Qué cambia en la norma y qué no en el 2026: implicaciones jurídicas de la Sección 706

En 2026 operan dos instrumentos complementarios. La Sección 706 del Foreign Relations Authorization Act, Fiscal Year 2003 (22 U.S.C. 2291j-1) mantiene el marco jurídico de la determinación anual y define cuándo un país ha “failed demonstrably”. La National Drug Control Strategy 2026 (NDCS) no modifica ese estándar legal, pero amplía el marco operativo con el que la Administración mide el esfuerzo antidrogas, incorporando nuevas prioridades e indicadores a través de su Performance Review System (PRS). Así, los criterios legales permanecen, pero su análisis puede apoyarse en una evidencia más amplia sobre cultivos, organizaciones criminales, interdicción, precursores, finanzas ilícitas y seguridad de las cadenas de suministro.

Bajo la Sección 706, si un país es designado por haber “failed demonstrably”, la asistencia estadounidense cubierta por la norma puede verse restringida durante el año fiscal siguiente, salvo que el Presidente determine que mantenerla es vital para los intereses nacionales de Estados Unidos o, posteriormente, determine que el país ha realizado esfuerzos sustanciales para corregir el incumplimiento. La NDCS 2026 cambia el lente con el que Washington mide y ejecuta su política antidrogas; la Sección 706 sigue definiendo las reglas jurídicas de la decisión anual.

Esto no equivale a una suspensión total de la cooperación. La definición legal de “asistencia de Estados Unidos” excluye determinadas categorías, entre ellas asistencia internacional directamente relacionada con el control de narcóticos, bajo las condiciones previstas por la ley, así como algunas ayudas humanitarias.  Por tanto, incluso una designación negativa sin excepción por interés nacional no significa necesariamente el fin de toda la cooperación antidrogas, aunque sí puede poner en riesgo otras categorías de asistencia comprendidas por la norma.

La experiencia 2025–2026 muestra cómo opera el mecanismo en la práctica. Colombia fue designada como país que había “failed demonstrably”, pero la Administración mantuvo la asistencia mediante una determinación de interés nacional. La designación produjo, por tanto, un efecto político y reputacional relevante, sin implicar por sí misma una ruptura de la cooperación bilateral.

Más interdicción, mayor oferta: el desbalance que Colombia debe corregir

 

 

Entre 2020 y 2024, el área con coca pasó de 142.784 a 261.386 hectáreas (+83%). En paralelo, la erradicación manual cayó de 130.147 hectáreas en 2020 a 8.051 en 2025 (-94%), mientras la aspersión aérea permaneció en cero. Su suspensión fue adoptada en 2015 y la Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-236 de 2017 y el Auto 387 de 2019, condicionó su eventual reanudación al cumplimiento de requisitos estrictos de protección de la salud, el ambiente y participación. Si bien la aspersión no constituye por sí sola una solución sostenible, sí puede ser una herramienta adicional para ampliar la capacidad de reducción de cultivos, especialmente donde la erradicación manual enfrenta restricciones de seguridad o acceso. Al mismo tiempo, las incautaciones de cocaína y pasta/base aumentaron de cerca de 580 toneladas en 2020 a más de 1.056 en 2025 (+82%). El resultado fue un desplazamiento del esfuerzo hacia etapas posteriores de la cadena, más que una pérdida uniforme de capacidad estatal.

La brecha se abrió en el origen

La expansión de la base productiva es el dato estructural más difícil. El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) reportó 261.386 hectáreas de coca en 2024, el máximo de la serie reciente y 3,5% más que en 2023. No existe todavía un dato oficial comparable para 2025, por lo que no es técnicamente correcto proyectar una nueva variación anual.

La caída de la erradicación fue, en cambio, sostenida: 130.147 hectáreas en 2020, 68.893 en 2022, 20.325 en 2023 y 8.051 en 2025. El punto no es que más erradicación garantice automáticamente menos coca, la resiembra y el desplazamiento territorial siguen siendo riesgos, sino que la reducción de esa herramienta no fue compensada con suficiente escala y velocidad por sustitución, desarrollo alternativo y transformación territorial.

 

 

 

Gráfico 1. Cultivos de coca, erradicación manual forzada y fumigación aérea

en Colombia (hectáreas)

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional, Cifras de resultados operacionales en la lucha contra el problema mundial de las drogas y UNODC-SIMCI.

 

Interdicción: récords operativos, oferta todavía alta

La trayectoria de la interdicción fue casi inversa. Entre 2020 y 2025, las incautaciones de cocaína crecieron de 505,7 a 984,9 toneladas y las de pasta/base de coca de 74,2 a 71,5 toneladas. En conjunto, el volumen interceptado pasó de 579,9 a 1.056,3 toneladas (+82%). Es un resultado operacional relevante: muestra capacidad de inteligencia, cooperación y persecución de cargamentos.

Pero un récord de incautaciones no equivale, por sí solo, a una contracción del negocio. Cuando las incautaciones aumentan al mismo tiempo que se expande la base productiva, parte del crecimiento también puede reflejar una mayor disponibilidad de droga para transportar. La pregunta decisiva es qué proporción de la oferta se logra sacar del mercado y si las pérdidas elevan de manera persistente los costos de las organizaciones.

 

 

Gráfico 2. Interdicciones de cocaína y pasta base de coca de Colombia (toneladas)

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional, Cifras de resultados operacionales en la lucha contra el problema mundial de las drogas

Otros indicadores operacionales, 2020–2025

La composición de las incautaciones confirma el cambio en el foco operacional: el crecimiento se concentró principalmente en clorhidrato de cocaína, mientras la pasta/base tuvo una evolución más estable. Esto muestra una mayor capacidad para afectar el narcotráfico en etapas avanzadas de procesamiento y comercialización, cuando buena parte de la producción ya ocurrió.

La destrucción de infraestructura se mantuvo elevada durante 2020-2025, señal de continuidad operacional, pero también de la capacidad de las organizaciones para reemplazar laboratorios y redes de procesamiento. La caída en embarcaciones incautadas debe interpretarse con cautela, pues puede responder a cambios de rutas, cargamentos y modalidades logísticas, más que a una reducción del narcotráfico marítimo.

 

 

 

Tabla 1. Evolución de los principales resultados operacionales en materia

antidrogas, 2020-2025

 

Indicador	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Embarcaciones incautadas	252	354	351	412	332	212
Infraestructura de producción destruida (unidades)	5.233	5.779	4.719	5.237	5.261	5.584

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional, Cifras de resultados operacionales en la lucha contra el problema mundial de las drogas.

El balance muestra un desplazamiento del esfuerzo: Colombia fortaleció la interdicción y la presión sobre redes criminales, pero perdió capacidad para contener la oferta desde los territorios productores. Esto ayuda a explicar la determinación estadounidense de 2025.

La National Drug Control Strategy 2026 busca corregir ese desbalance: para Colombia prioriza reducir los cultivos de coca y desarticular las redes que se benefician de su producción. El reto es actuar sobre ambos frentes: reducir la oferta y debilitar de manera sostenida la capacidad criminal para producir, transportar y monetizar cocaína.

La decisión de Estados Unidos en 2026 podría concentrarse en dos escenarios: retirar la designación negativa a Colombia o mantenerla con una nueva excepción por interés nacional. Una descertificación sin excepción aparece hoy como el escenario menos consistente con el momento de la relación bilateral y con las señales recientes de Washington.

La razón es sencilla. Los indicadores técnicos heredados siguen siendo adversos: los cultivos permanecen en niveles históricos, la producción potencial continúa elevada y la reducción de la oferta todavía no muestra un cambio estructural. Bajo una lectura estrictamente retrospectiva de los doce meses evaluados, estos resultados podrían justificar mantener la designación failed demonstrably.

Pero el contexto político y operativo cambió sustancialmente desde el 7 de agosto. El nuevo Gobierno ha retomado la erradicación, intensificado operaciones contra estructuras criminales, reactivado extradiciones y fortalecido la cooperación con Estados Unidos. El secretario Marco Rubio reconoció expresamente ese cambio de trayectoria y señaló que, si se mantiene, podría producirse una modificación en la decisión sobre Colombia.

A ello se suma un elemento estratégico: la nueva National Drug Control Strategy 2026 ubica a Colombia como socio relevante dentro de una estrategia regional que combina reducción de cultivos, desarticulación de organizaciones criminales, interdicción, persecución financiera y control de precursores. Una ruptura de la cooperación sería difícil de conciliar con ese enfoque.

¿Dónde está entonces la decisión?

Certificación: es viable si Washington considera que el cambio de política y los esfuerzos iniciales del nuevo Gobierno constituyen evidencia suficiente de una nueva trayectoria, aun cuando los resultados estructurales todavía no hayan cambiado. Sería, fundamentalmente, un voto de confianza condicionado a resultados futuros.

Descertificación con excepción por interés nacional: es la alternativa más conservadora desde el punto de vista técnico. Reconoce que los resultados de la mayor parte del período evaluado fueron insuficientes, pero evita trasladar al nuevo Gobierno las consecuencias de una política que acaba de modificar y permite mantener plenamente la cooperación bilateral.

Por ello, la verdadera decisión no parece estar entre cooperación y ruptura, sino entre reconocer ahora el cambio de trayectoria o exigir un año adicional de resultados antes de retirar la designación negativa.

La variable decisiva será cuánto peso otorgue Washington a los resultados heredados frente a las nuevas señales de voluntad política y ejecución. Técnicamente, una nueva designación con excepción sigue siendo defendible; política y estratégicamente, la certificación es hoy significativamente más viable que hace un año. En ambos casos, el mensaje para Colombia será el mismo: el cambio de voluntad abrió la puerta; mantenerla abierta dependerá de convertir esa voluntad en resultados verificables.

·         Implicaciones económicas: proyección 2025 frente a resultado observado

La experiencia 2025–2026 permite precisar el impacto económico de una descertificación con excepción por interés nacional. El análisis de AmCham Colombia de 2025 identificó correctamente los principales canales de riesgo (cooperación, financiamiento, turismo e inversion), pero los impactos proyectados no se materializaron de manera significativa ni puede identificarse un shock económico directamente atribuible a la descertificación.

La explicación principal está en la propia Sección 706. Aunque Colombia fue designada como país que había “failed demonstrably”, el Presidente determinó simultáneamente que mantener la asistencia a Colombia era “vital para los intereses nacionales de Estados Unidos”. Bajo la ley estadounidense, esta determinación permite que la asistencia cubierta por la norma continúe durante el siguiente año fiscal pese a la designación negativa. En la práctica, la excepción por interés nacional neutralizó el principal canal jurídico de impacto económico de la descertificación: la cooperación pudo mantenerse y tampoco se observó un efecto atribuible a la decisión sobre financiamiento multilateral, turismo o riesgo país.

¿Qué cambia para 2026?

Una nueva designación failed demonstrably acompañada de una excepción por interés nacional no implicaría, por sí misma, una ruptura económica ni de la cooperación. El efecto directo volvería a ser limitado; el principal costo sería político, reputacional y de incertidumbre sobre futuras decisiones de asistencia.

Sin embargo, una segunda designación consecutiva tendría un peso distinto: podría comenzar a transformar una señal asociada al gobierno anterior en una percepción de problema estructural del país. Por ello, más que el impacto económico inmediato, lo relevante en 2026 sería su efecto sobre la confianza, la condicionalidad futura de la cooperación y la posición de Colombia dentro de la nueva arquitectura de seguridad hemisférica de Estados Unidos.

La experiencia de 2025 deja una conclusión clara: con excepción por interés nacional, el costo económico inmediato de la descertificación es limitado; el riesgo aumenta si la designación se prolonga y deja de percibirse como transitoria.

·     Implicaciones más allá de la certificación: un nuevo entorno de riesgo y cumplimiento

Una certificación favorable o una nueva designación con excepción por interés nacional, puede limitar el impacto económico directo de la decisión anual. Pero el entorno de riesgo para las empresas sí cambió. La NDCS 2026 y otras medidas estadounidenses amplían las herramientas contra las organizaciones criminales, sus finanzas y las cadenas utilizadas para el tráfico, independientemente del proceso de certificación.

Designaciones terroristas. La clasificación de organizaciones criminales como Foreign Terrorist Organizations (FTO)amplía la exposición jurídica de quienes les proporcionen apoyo material. Para empresas con operaciones, proveedores o transporte en zonas de influencia de grupos designados, esto eleva la importancia de conocer contrapartes, trazabilidad de proveedores y protocolos frente a extorsión. La exposición no es automática: depende de las circunstancias y de los elementos exigidos por la legislación estadounidense.

Riesgo financiero. La NDCS prevé intensificar las sanciones del Tesoro bajo la Orden Ejecutiva 14059 y las medidas especiales de FinCEN contra estructuras vinculadas al narcotráfico y al lavado de activos. Para empresas legítimas, el principal efecto indirecto puede ser una mayor exigencia de debida diligencia por parte de bancos, corresponsales y socios comerciales.

Aduanas y comercio electrónico. Estados Unidos eliminó globalmente el tratamiento libre de derechos de minimis para envíos de bajo valor. La medida no es específica para Colombia, pero aumenta requisitos, costos y trazabilidad para comercio electrónico y mensajería. Los programas OEA/CTPAT adquieren mayor relevancia como mecanismos de facilitación para empresas que acrediten estándares elevados de seguridad.

Operación en el Caribe. La NDCS refuerza la interdicción marítima y aérea y contempla operaciones persistentes contra las rutas criminales. Para el comercio legítimo, el riesgo es principalmente indirecto: mayores controles, requerimientos de trazabilidad y posibles ajustes operacionales en corredores considerados de mayor riesgo.

La contrapartida: convertir cumplimiento en ventaja

El mismo enfoque que eleva los controles ofrece mecanismos para reducir la exposición. Mayor trazabilidad, conocimiento de contrapartes, seguridad de la cadena de suministro y participación en esquemas de comercio confiable pasan de ser buenas prácticas a convertirse en activos estratégicos para operar con Estados Unidos.

El cambio más relevante, por tanto, no es una nueva sanción general para Colombia: es un entorno estadounidense con mayor capacidad para actuar directamente sobre personas, empresas, transacciones y cadenas de suministro vinculadas, consciente o materialmente, a las redes del narcotráfico.

CONCLUSIONES

Colombia llega mejor posicionada, pero el desafío técnico permanece. Los indicadores estructurales que pesaron en la decisión de 2025 no han cambiado sustancialmente: los cultivos siguen en niveles históricamente altos y la reducción de la oferta continúa siendo insuficiente. Lo que sí cambió es la trayectoria política, operacional y de cooperación bilateral.

La decisión de 2026 se podría concentra entre dos escenarios. Con la información disponible, la discusión no parece estar entre cooperación y ruptura, sino entre retirar la designación negativa o mantenerla con una nueva excepción por interés nacional. La primera reconocería el cambio de trayectoria; la segunda daría mayor peso a los resultados heredados, preservando al mismo tiempo la cooperación.

La voluntad política abrió una oportunidad; los resultados deberán sostenerla. Las acciones adoptadas desde el 7 de agosto mejoran la posición de Colombia, pero pocas semanas no revierten varios años de deterioro. La prueba relevante será convertir ese cambio de orientación en resultados verificables y sostenidos durante los próximos doce meses.

La NDCS 2026 amplía el lente, no cambia las reglas jurídicas. La Sección 706 continúa definiendo la determinación anual. La nueva estrategia estadounidense incorpora una mirada más amplia sobre el desempeño: para Colombia prioriza simultáneamente reducir cultivos y debilitar las organizaciones criminales, junto con interdicción, finanzas ilícitas, precursores y seguridad de las cadenas de suministro. La eficacia ya no puede medirse con un solo indicador.

El problema del narcotráfico trasciende la certificación. La reducción de las economías ilícitas es, ante todo, un desafío de seguridad y desarrollo para Colombia. Su expansión afecta territorios, empresas, competencia, inversión y cadenas de suministro. Una decisión favorable de Washington sería una señal positiva, pero no sustituye la necesidad de corregir los factores estructurales que alimentan el negocio criminal.

Para las empresas, el entorno sí cambió. Independientemente del resultado de la determinación anual, Estados Unidos está reforzando sanciones financieras, controles sobre organizaciones designadas, trazabilidad y seguridad de las cadenas de suministro. Para el sector privado colombiano, debida diligencia, conocimiento de contrapartes, OEA/CTPAT y control de proveedores adquieren mayor importancia estratégica.

La experiencia de 2025 muestra que una descertificación con excepción por interés nacional tiene un impacto económico directo limitado. La excepción permitió preservar la asistencia y no se observa un choque atribuible a la decisión en turismo, financiamiento multilateral o riesgo país. Sin embargo, una segunda designación consecutiva podría elevar el costo reputacional y comenzar a proyectar la percepción de un problema estructural, más allá de un gobierno específico.

En síntesis: la decisión de 2026 importa, pero no cierra la discusión. El verdadero examen para Colombia comienza después del 15 de septiembre: sostener el cambio de trayectoria, reducir la oferta y debilitar de manera verificable la capacidad económica y operativa de las organizaciones criminales.

ANEXO I

Evolución histórica del proceso, marco legal, criterios de selección.

La certificación es un instrumento unilateral de política exterior de Estados Unidos mediante el cual se evalúa anualmente la cooperación de otros países en la lucha contra el narcotráfico. Fue establecido por la Ley de Asistencia Exterior de 1961 (Foreign Assistance Act) y fortalecido por la Ley Integral contra el Abuso de Drogas de 1986 (Anti-Drug Abuse Act), que introdujo las secciones 489 y 490 y obligó al presidente a determinar cada año si los países identificados como grandes productores o de tránsito cooperaban plenamente.

Bajo el esquema original, la consecuencia de una determinación negativa era automática: suspensión de toda la asistencia económica no humanitaria y voto en contra en los directorios de los bancos multilaterales, salvo que se otorgara una exención por interés nacional.

En 2002, la Sección 706 de la Foreign Relations Authorization Act para el año fiscal 2003 reformó el procedimiento. La reforma no alteró el contenido sustantivo de las sanciones ni las condiciones para la descertificación. Sí modificó aspectos procedimentales relevantes: eliminó la obligación de publicar anualmente la lista de países certificados y descertificados, y otorgó mayor discrecionalidad al presidente y al secretario de Estado para manejar el proceso diplomáticamente. Desde entonces el presidente ya no certifica públicamente a cada país, sino que identifica cuáles han fallado demostrablemente en el cumplimiento de sus obligaciones.

El efecto práctico fue el paso de un esquema rígido y automático a un modelo más flexible y político, que conserva intacta la capacidad de generar consecuencias severas.

Marco legal

El marco jurídico que sustenta la condicionalidad de la asistencia estadounidense se ha ampliado desde la década de 1960 hasta configurar un régimen multitemático

 

Norma		Efecto en materia de condicionalidad
Foreign Assistance Act de 1961, secs. 489–490, enmendada en 1986		• Las enmiendas de 1986 (Ley contra el Abuso de Drogas) introdujeron las secciones 489 y 490, que obligaron al presidente a evaluar anualmente si los países “mayores” productores o de tránsito de drogas cooperaban plenamente en la lucha antidrogas. • En caso de descertificación, se suspendía toda ayuda económica no humanitaria y se votaba en contra de créditos multilaterales. • La ley contempla una excepción: la “certificación por interés nacional”, que permite al presidente mantener la ayuda si se considera estratégico
Foreign Relations Authorization Act 2002, sec. 706	• Reformó el proceso de certificación. Desde 2002-2003, el presidente ya no certifica públicamente cada país, sino que identifica cuáles “no cumplieron de manera demostrable” sus compromisos. • Las sanciones siguen siendo similares: suspensión de ayuda y oposición a créditos multilaterales, salvo dispensa por seguridad nacional
Enmiendas Harkin y Leahy (desde los 1970s y 1990s)	• Prohíben ayuda a gobiernos que cometan violaciones graves de derechos humanos, salvo justificación humanitaria o de interés nacional. • La Ley Leahy veda asistencia militar a unidades implicadas en abusos si no han sido procesadas. El Departamento de Estado debe certificar avances antes deliberar fondos, como se hizo con Colombia desde el Plan Colombia (2000).
Trafficking Victims Protection Act (2000)	• Crea un régimen anual de evaluación. Los países en el Nivel 3 (Tier 3) pueden perder ayuda económica y respaldo en organismos financieros. • Esta ley amplió el alcance de la condicionalidad hacia temas de derechos humanos.
Cláusulas de gobernanza democrática (1985)	• Cláusulas en leyes presupuestales anuales prohíben ayuda a países donde se haya producido un golpe de Estado militar. • La asistencia se restituye sólo cuando retorne un gobierno civil electo. En algunos casos, se ha evitado usar el término “golpe” para no activar la suspensión formal.
Global Magnitsky Act (2016)	• Permite sancionar a personas por corrupción significativa o abusos de derechos humanos. Implica bloqueo de activos y restricciones migratorias. • Aunque no descertifica países, refuerza los factores de evaluación que influyen en decisiones más amplias.
Millennium Challenge Act (2004)	• Condiciona la adjudicación de ayuda al cumplimiento de indicadores de gobernanza, libertad económica y control de la corrupción.
ATPA/ATPDEA y GSP	Condicionalidad comercial por cooperación antidrogas, estándares laborales y ambientales.

 

Instrumentos incorporados en el ciclo 2025–2026.

El perímetro normativo se amplió de forma significativa durante el último año, con efectos que exceden el ámbito de la asistencia y alcanzan a actores privados. Los siguientes instrumentos son especialmente relevantes:

•     Orden Ejecutiva 14157, crea el procedimiento para designar carteles como Foreign Terrorist Organization FTO bajo la sec. 219 de la INA y como SDGT bajo IEEPA. Enero 2026. Prórroga de la emergencia de la EO 14157. Extendida un año más.

•     Orden Ejecutiva 14159, que consolidó las fuerzas de tarea federales existentes en un único mecanismo interagencial, las Homeland Security Task Forces.

•     Orden Ejecutiva 14367, que designó el fentanilo y sus precursores esenciales como armas de destrucción masiva.

•     Orden Ejecutiva 14324, que suspendió el trato libre de derechos de minimis para todos los países.

•     Dos normas anteriores se volvieron centrales sin ser nuevas: la EO 13224 de 2001, que es la base jurídica de las designaciones SDGT, y la EO 14059 de 2021, expedida bajo la administración Biden para perseguir a quienes, con productos químicos, tecnología o logística favorecían las redes de fentanilo.

Designaciones del Departamento de Estado

•     Designaciones como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) de múltiples organizaciones criminales, que habilitaron figuras penales previamente no aplicables a estructuras de narcotráfico.

 

Fecha	Organizaciones designadas
20 feb 2025	Tren de Aragua, MS-13, Cártel de Sinaloa, CJNG, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo, La Nueva Familia Michoacana, Cárteles Unidos
29 mayo – 23 sept 2025	Barrio 18; Los Lobos y Los Choneros (Ecuador); Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital (Brasil); Cártel de Juárez y Los Viagras.
16 nov 2025, efectiva el 24	Cartel de los Soles
16 dic 2025	Clan del Golfo / Ejército Gaitanista de Colombia

 

Sanciones OFAC-Office of Foreign Assets Control

El 24 de octubre de 2025, el Departamento del Tesoro incluyó en la lista SDN (pecially Designated Nationals and Blocked Persons List) conocida como la “Lista Clinton” al hoy expresidente Gustavo Petro, a Verónica Alcocer, a Nicolás Petro y al exministro del Interior Armando Benedetti, bajo la etiqueta ILLICIT-DRUGS-EO14059. El fundamento invocado fue el otorgamiento de beneficios a organizaciones de narcotráfico bajo la política de paz total, además de la filtración de información de inteligencia financiera en 2024 que derivó en la exclusión de Colombia del Grupo Egmont.

Ámbitos y criterios de evaluación

El ámbito original del proceso fue la cooperación antinarcóticos. La base legal la constituyen las secciones 489 y 490 de la Foreign Assistance Act (22 U.S.C. 2291h–2291j), modificadas por la Anti-Drug Abuse Act de 1986 y reguladas actualmente por la Sección 706 de la Foreign Relations Authorization Act de 2002, que incorpora como referencia los estándares de la Convención de Viena de 1988.

Criterios en materia de narcotráfico

1.      Reducción de la oferta. Hectáreas cultivadas y su tendencia, producción potencial, y acciones de erradicación forzosa o voluntaria.

2.      Interdicción y control del tráfico. Incautaciones, destrucción de laboratorios, control de rutas y puertos, control de precursores químicos, y cooperación operativa con agencias estadounidenses.

3.      Enjuiciamiento y extradiciones. Número y nivel de procesamientos por narcotráfico, severidad de las penas, y respuesta a solicitudes de extradición.

4.      Compromisos internacionales. Adhesión y cumplimiento de las convenciones de Naciones Unidas y adopción de legislación concordante.

5.      Voluntad política y resultados demostrables. Valoración de la disposición del gobierno extranjero y de su alineamiento con el interés nacional estadounidense.

Ámbitos críticos adicionales.

Derechos humanos (Ley Leahy), trata de personas (Informe TIP), democracia y gobernanza, corrupción, comercio y estándares laborales, y seguridad internacional. Estos criterios legales fueron operacionalizados de manera específica para Colombia en la National Drug Control Strategy 2026, que traduce el estándar general en prioridades bilaterales e indicadores medibles. El capítulo 10 desarrolla esa traducción, que constituye el cambio más relevante del ciclo de evaluación.

Proceso decisional, entidades y fechas

El proceso es técnico, político e interinstitucional. La decisión final recae en el presidente mediante una Determinación Presidencial, sustentada en la recomendación del Departamento de Estado y en los aportes de múltiples agencias.

Flujo del proceso

1.     Recopilación de información. Embajadas, DEA, CIA, FBI y otras agencias aportan datos operativos e inteligencia sobre cultivos, rutas, procesamiento judicial y cooperación.

2.     Evaluación técnica. Dentro del Departamento de Estado, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) elabora la Majors List y las justificaciones, con base en el International Narcotics Control Strategy Report (INCSR).

3.     Revisión interagencial. El secretario de Estado define la recomendación oficial tras consultas con las oficinas regionales y funcionales.

4.     Análisis político. El Consejo de Seguridad Nacional evalúa el impacto estratégico y diplomático.

5.     Decisión presidencial. Se emite la Determinación, identificando países no cooperantes y, si corresponde, las exenciones por interés nacional.

6.     Notificación al Congreso. El Congreso puede emitir una resolución conjunta de desaprobación en 30 días, mecanismo poco frecuente en la práctica.

Entidades relevantes

Departamento de Estado (INL, DRL, J/TIP), agencias de inteligencia y aplicación de la ley (DEA, CIA, FBI), Departamento de Justicia y Departamento de Seguridad Nacional, Oficina Ejecutiva del Presidente y Consejo de Seguridad Nacional.

La Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP) merece una mención específica en el ciclo 2026. Es la entidad que emite la National Drug Control Strategy, documento que en esta edición define prioridades bilaterales nombrando expresamente a Colombia y establece metas de desempeño verificables. Su peso relativo en el marco de evaluación es mayor que en ciclos anteriores.

 

 

Calendario anual

 

Fecha	Hito	Base legal
1 de marzo	Entrega del INCSR al Congreso con la lista preliminar de países incluidos en el Majors List	FAA, sec. 489
15 de septiembre	Determinación Presidencial: confirmación de la Majors List y designación de países que han fallado demostrablemente	22 U.S.C. § 2291j-1
1 de octubre	Inicio del año fiscal y entrada en vigor de las restricciones	—
30 de septiembre siguiente	Vencimiento de la designación, salvo nueva determinación	—

 

Países designados

A lo largo de las últimas décadas, varios países han sido objeto de determinaciones negativas. En la región, Colombia fue descertificada en 1996 y 1997; Bolivia en 2008, tras la expulsión de la DEA; y Venezuela de manera reiterada desde 2005.

El 15 de septiembre de 2025, dentro de un grupo de 23 países identificados como grandes productores o territorios de tránsito de drogas ilícitas, cinco fueron designados por haber fallado de manera demostrable en el cumplimiento de sus obligaciones antidrogas durante los doce meses anteriores.

 

País	Designación failed demonstrably	Exención por interés nacional
Colombia	Sí	Sí
Bolivia	Sí	Sí
Birmania	Sí	Sí
Venezuela	Sí	Sí
Afganistán	Sí	No

 

La distribución de exenciones es analíticamente relevante. Cuatro de los cinco países designados recibieron determinación de que continuar proporcionando asistencia era vital para los intereses nacionales de Estados Unidos. Esto confirma que, en la práctica contemporánea del instrumento, la designación negativa y la continuidad de la cooperación no son incompatibles.

ANEXO II

La entrada del sector privado en el marco de evaluación

Esta es la novedad de mayor alcance del NDCS 2026 para el empresariado colombiano, y no ha sido incorporada al debate público nacional.

El mandato. El NDCS instruye a la Administración a aprovechar sus canales bilaterales, regionales y multilaterales para exigir que los países fuente y de tránsito, el texto nombra a China, India, México, Canadá y Colombia, expandan marcos de incentivos similares y compatibles con los programas estadounidenses de comercio confiable, dirigidos a las industrias de transporte marítimo, química, farmacéutica y logística.

Los principios de integridad de cadena de suministro. El NDCS define la integridad de cadena de suministro como análoga a una cadena de custodia, que exige responsabilidad desde la orden inicial hasta la entrega final. Sus tres principios son:

1.     Transparencia y responsabilidad a lo largo de la cadena. Mantener un registro verificable y cronológico de todas las entidades involucradas en el manejo de las mercancías.

2.     Debida diligencia. Las empresas asumen la responsabilidad de reducir vulnerabilidades mediante el conocimiento de sus socios comerciales y clientes, el análisis de riesgo y la implementación de medidas de mitigación.

3.     Recolección, estandarización y verificación de datos. Fortalecer y estandarizar los requisitos de información, con verificación rigurosa, para estrechar las brechas explotables.

Los indicadores asociados. El NDCS no establece indicadores de cumplimiento por país para el mandato de integridad de cadena de suministro. Sí fija tres medidas agregadas de participación empresarial en los programas de comercio confiable estadounidenses, que son el marco de referencia contra el cual se evaluará el avance global de ese objetivo.

 

Medida	Línea base 2024	Meta 2026	Meta 2029
Empresas químicas y farmacéuticas en CTPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism (Asociación Aduana-Comercio Contra el Terrorismo))	428	445	471
Agentes de carga consolidadores en CTPAT	769	800	846
Empresas cubiertas por acuerdos de reconocimiento mutuo entre programas OEA extranjeros y CBP (U.S. Customs and Border Protection)	23.142	24.068	25.465

 

La tercera medida es la que abre la vía de participación para Colombia. Los acuerdos de reconocimiento mutuo permiten que la autoridad aduanera estadounidense reconozca los estándares de seguridad de los programas de Operador Económico Autorizado extranjeros como equivalentes a Customs-Trade Partnership Against Terrorism (CTPAT), ampliando la red global de socios comerciales confiables. El NDCS atribuye explícitamente el crecimiento proyectado a la finalización de acuerdos pendientes y al aumento de la divulgación para que más empresas adopten estos estándares.

Es la primera vez que la política antidrogas de Estados Unidos asigna al sector privado de los países fuente un rol medible dentro del marco que sustenta la evaluación anual. Para Colombia esto abre una vía de cumplimiento que no depende del ciclo político ni de las metas de hectáreas. La integridad de la cadena de suministro es una competencia empresarial, verificable, y con retorno directo en facilitación aduanera para quienes la adopten.

Marco normativo. Foreign Assistance Act de 1961, secs. 481, 489 y 490 (22 U.S.C. 2291, 2291h-2291j) y enmiendas de 1986; sec. 614(a) (22 U.S.C. 2364(a)); Foreign Relations Authorization Act FY2003, sec. 706 (P.L. 107-228, 116 Stat. 1350); Trafficking Victims Protection Act de 2000 (22 U.S.C. 7107); Global Magnitsky Act (2016); Millennium Challenge Act (2003); Órdenes Ejecutivas 14159, 14324 y 14367; Full-Year Continuing Appropriations and Extensions Act, 2025 (P.L. 119-4); Rescissions Act of 2025 (P.L. 119-28).

Fuentes oficiales estadounidenses. Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas — National Drug Control Strategy 2026; Departamento de Estado — International Narcotics Control Strategy Report, Country Reports on Human Rights Practices, comunicados de prensa; Determinaciones Presidenciales sobre países principales de tránsito y producción; Congressional Research Service — informes sobre asistencia a Colombia; Congressional Budget Justifications; U.S. Customs and Border Protection — programa CTPAT; National Travel and Tourism Office.

Fuentes oficiales colombianas y multilaterales. Ministerio de Defensa Nacional — estadísticas de incautación, erradicación e infraestructura; DIAN — programa de Operador Económico Autorizado; Banco de la República; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Migración Colombia; UNODC-SIMCI — Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos; Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes — sistema PICS; Banco Interamericano de Desarrollo; Banco Mundial; Fondo Monetario Internacional.

Análisis y elaboración propia. AmCham Colombia — Estudio Antidrogas 2026 y documento sobre descertificación y ayuda económica (2025)

 

DESARROLLO DE NOTICIAS

 

ECONOMÍA

La Fed llega a septiembre con la puerta abierta a subir tasas

 

La Reserva Federal de Estados Unidos llega a su reunión del 15 y 16 de septiembre con una decisión menos predecible que hace unas semanas. En julio mantuvo la tasa de referencia entre 3,50% y 3,75%, pero tres miembros del Comité votaron por aumentarla en 25 puntos básicos. Desde entonces, la inflación volvió a mostrar resistencia y el mercado laboral sorprendió al alza, fortaleciendo el argumento de quienes consideran que la política monetaria podría necesitar un nuevo ajuste. La decisión se conocerá el miércoles 16 a las 2:00 p. m. hora de Washington. 

La principal preocupación sigue siendo la inflación. En agosto, los precios al consumidor aumentaron 0,4% mensual y 3,4% anual, mientras la inflación subyacente avanzó 0,3% y se ubicó en 2,4% anual. A esto se suma un Índice de Precios al Productor que creció 0,4% en el mes y 5,4% anual, el mayor registro de 2026. Parte importante de la presión proviene de la energía, pero el dato subyacente confirma que el problema no se limita únicamente a gasolina o petróleo. 

El mercado laboral, por su parte, le da a la Fed cierto margen para actuar. Estados Unidos creó 162.000 empleos en agosto, muy por encima de los meses anteriores, y la tasa de desempleo se mantuvo en 4,1%. Ese resultado reduce, por ahora, el argumento de que una subida de tasas pueda agravar un deterioro significativo del empleo. 

La economía, sin embargo, sí muestra moderación. El PIB creció a una tasa anualizada de 1,5% en el segundo trimestre, frente a 2,1% en el primero. Al mismo tiempo, el consumo se mantuvo como uno de los principales soportes de la actividad. La combinación es incómoda para la Fed: crecimiento más lento, pero inflación todavía elevada. 

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, reforzó recientemente el tono de cautela al señalar que, si no hay confianza suficiente en que la inflación vuelva al objetivo de 2%, el banco central todavía “tendrá trabajo por hacer”. El gobernador Christopher Waller, en cambio, ha dicho que apoyaría mantener las tasas sin cambios si los datos muestran continuidad en la desinflación. Esa diferencia confirma que el Comité llega dividido. 

El mercado también ha cambiado rápidamente. Tras los últimos datos de inflación, los futuros llegaron a asignar una probabilidad cercana al 85% a un aumento de tasas en septiembre, frente a probabilidades considerablemente menores semanas atrás. Esto significa que una subida ya no sería una sorpresa para los mercados, pero el foco estará tanto en la decisión como en las nuevas proyecciones de tasas, inflación y crecimiento que la Fed publicará el mismo día. 

Para Colombia, la decisión importa por tres canales. Primero, un aumento de tasas en Estados Unidos tiende a fortalecer el dólar y aumentar la volatilidad cambiaria, lo que puede presionar el peso. Segundo, eleva el costo del financiamiento internacional para Gobierno y empresas colombianas, especialmente en emisiones de deuda y créditos externos. Tercero, puede reducir el margen del Banco de la República para bajar tasas con rapidez: si se amplía demasiado la diferencia frente a Estados Unidos, aumenta el riesgo de salidas de capital y presión sobre la tasa de cambio.

Por eso, para Colombia el mensaje más relevante no será únicamente si la Fed sube o no 25 puntos básicos, sino qué trayectoria anticipa para los próximos meses. Si las nuevas proyecciones muestran más aumentos antes de terminar 2026, el entorno financiero externo seguirá siendo más exigente para economías emergentes. Si, en cambio, la Fed presenta la medida como un ajuste puntual, el impacto sobre dólar, tasas y flujos de capital podría ser más limitado.

 

POLÍTICA

Trump rechaza los llamados a ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial

 

Desde Irlanda, donde se encontraba por un torneo de golf, el presidente Donald Trump se refirió a las voces que instan a moderar el ritmo de desarrollo de la inteligencia artificial y las atribuyó a lo que llamó fuerzas negativas que plantean escenarios que, a su juicio, no van a ocurrir, según reportó France 24 con información de AFP.

El mandatario sostuvo que “estamos por delante de China en IA” y afirmó que Estados Unidos puede establecer salvaguardias sin ceder ese liderazgo. De acuerdo con el medio, se ha abstenido de manera sistemática de impulsar regulaciones más estrictas sobre la tecnología.

Sus declaraciones se produjeron un día después de que el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, pidiera a las empresas del sector desacelerar el desarrollo de la IA ante la preocupación por los riesgos de sistemas superinteligentes. El llamado fue respaldado por el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, y por Elon Musk, propietario de xAI, en un contexto de mayor presión por reforzar la supervisión.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, expresó una posición similar en declaraciones a CNN: advirtió que una regulación apresurada por parte del Congreso podría hacer que Estados Unidos pierda la carrera frente a China, y planteó gestionar la tecnología sin frenar la innovación. Johnson indicó que propuso al presidente convocar una reunión en el Congreso con altos ejecutivos del sector para definir la mejor forma de regularla.

France 24 recordó que a comienzos de agosto la Casa Blanca estableció un mecanismo no vinculante de evaluación de seguridad para los modelos avanzados de IA antes de su lanzamiento, cuyos detalles aún no se han precisado. En paralelo, Altman declaró a la revista Fortune que OpenAI no saldrá a bolsa este año y atribuyó la decisión a los problemas de seguridad vigentes.

 

POLÍTICA

Johnson respalda tramitar en el Congreso el pago de 5.000 dólares anunciado por Trump

 

En entrevista con el programa Meet the Press, de NBC, Johnson se comprometió a que el Congreso trabaje en la propuesta y busque un acuerdo, según reportó la agencia EFE. El legislador sostuvo que el cuerpo legislativo procesará y resolverá el anuncio hecho por el mandatario.

La promesa fue formulada por Trump el miércoles anterior en la Convención Republicana en Dallas, donde ofreció un pago de 5.000 dólares a los adultos del país condicionado al resultado de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

Johnson reconoció que la entrega de los cheques requeriría el aval del Congreso. De acuerdo con análisis de la prensa estadounidense citados por EFE, la medida costaría más de 1,2 billones de dólares para cubrir a los más de 240 millones de ciudadanos adultos de Estados Unidos.

El presidente de la Cámara Baja calificó a Trump como un “gran generador de ideas”, aunque matizó su respaldo en una entrevista posterior con CNN, en la que señaló que se trata de una idea creativa cuya viabilidad dependerá de los detalles y de la actuación del Congreso.

E FE precisó que los republicanos obtuvieron 220 escaños en la Cámara de Representantes en 2024, frente a 215 de los demócratas.

 

COMERCIO

Trump anuncia la eliminación de los aranceles al whisky irlandés

 

El anuncio se produjo durante la final del Abierto de Irlanda de golf, celebrada en uno de los complejos que el mandatario tiene en Doonbeg, en el oeste del país, según reportó la agencia EFE. Trump declaró allí que, en nombre de Estados Unidos, va a “eliminar los aranceles del whisky irlandés”.

El presidente sostuvo que durante su viaje distintos interlocutores, incluido el primer ministro irlandés, Micheál Martin, le habían planteado el asunto de manera insistente, y refirió que le pedían corregir lo que consideran un trato desventajoso.

De acuerdo con la cadena pública irlandesa RTÉ, citada por EFE, Martin habría presentado la solicitud de rebaja arancelaria en la reunión que ambos sostuvieron el sábado en Dublín, y el mandatario estadounidense se comprometió entonces a estudiarla.

EFE precisó que el whisky elaborado en Irlanda y vendido en Estados Unidos está sujeto actualmente a un arancel del 10 %, mientras que el procedente de Escocia e Irlanda del Norte, regiones británicas, ingresa sin gravamen, situación que coloca al producto irlandés en desventaja competitiva en el mercado estadounidense.

Hasta el cierre de esta edición no se había publicado una orden ejecutiva, proclamación o notificación en el Registro Federal que formalice la medida anunciada.

 

DIPLOMACIA

Trump vincula la retirada estadounidense de Irán a la disposición del petróleo

 

En declaraciones a la prensa durante el Abierto de Irlanda de golf, en Doonbeg, el presidente Donald Trump sostuvo que Estados Unidos saldrá de Irán “a menos que decidamos permanecer y quedarnos con el petróleo”, según reportó la agencia EFE. El mandatario afirmó, además, que su país ha recibido ingresos cuantiosos por el conflicto y que la guerra se ha pagado varias veces.

En la misma jornada, Trump previó que el conflicto con Irán terminará justo después de las elecciones legislativas de noviembre, o incluso antes, y sostuvo que con ello “la gasolina va a caer en picado”, según reportó Reuters. El presidente añadió que Teherán manifiesta interés en alcanzar un acuerdo y que mantiene contactos frecuentes con Washington, aunque precisó que solo aceptará un entendimiento que considere adecuado.

Las declaraciones respondieron a preguntas sobre la reunión que, de acuerdo con medios iraníes citados por EFE, sostendrán este lunes Omán e Irán con Arabia Saudí, Kuwait, Catar, Emiratos Árabes Unidos e Irak sobre el futuro del estrecho de Ormuz, corredor por el que transitaba una quinta parte del crudo mundial antes del inicio de la guerra, en febrero. Consultado sobre ese encuentro, el presidente señaló que la decisión corresponde a esos países, siempre que Israel y las naciones involucradas queden conformes.

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, manifestó el mismo domingo que el acuerdo con Omán sobre el estrecho de Ormuz, que se anunciará el lunes, no implicará la reapertura de la vía mientras Estados Unidos no retome los compromisos del memorando de entendimiento para la paz suscrito en junio.

Trump comparó el caso iraní con el venezolano y afirmó que allí las compañías petroleras están ingresando y que se están generando miles de empleos. Sobre la eventual realización de elecciones en Venezuela, donde la presidenta encargada Delcy Rodríguez asumió el cargo en enero tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, el mandatario indicó que se celebrarán cuando el país esté listo, según EFE.

El elemento por seguir es la trayectoria del precio internacional del crudo y de los combustibles, sujeta tanto al desenlace del conflicto como al resultado de las negociaciones sobre el estrecho de Ormuz previstas para el lunes.

 

SEGURIDAD

Trump solicita a Zelenski suspender los ataques contra refinerías rusas

 

En declaraciones a los medios antes de un partido de golf en Irlanda, el mandatario estadounidense señaló que habló con Volodímir Zelenski para pedirle que dirija sus ataques a otros objetivos y no al combustible diésel, porque, según dijo, la ofensiva “está provocando una escasez de diésel”, de acuerdo con la agencia EFE.

Trump atribuyó los problemas de abastecimiento de ese combustible a la guerra entre Rusia y Ucrania, y no al conflicto en Oriente Medio. Sostuvo que los ataques contra la infraestructura energética rusa perjudican al mundo y reiteró que existen otros blancos disponibles.

El pronunciamiento se produjo después de que Zelenski informara que Ucrania atacó el sábado dos plantas químicas y una fábrica de drones en las regiones rusas de Perm, Samara y Rostov, además de un depósito de petróleo, una estación de radares y un sistema Pantsir-S2.

El Ejército ucraniano reportó también un ataque contra una planta en la ciudad rusa de Toliatti, en la región de Samara, una de las mayores del complejo petroquímico ruso. Según el Estado Mayor ucraniano, el caucho sintético que allí se fabrica se emplea, entre otros usos, en la producción de combustible sólido para misiles tácticos y balísticos.

Fuentes oficiales rusas informaron, por su parte, que sus defensas antiaéreas derribaron 230 drones ucranianos y reportaron ataques en al menos tres regiones, con un muerto y varios heridos, según EFE.

 

SALUD

Trump solicita a Zelenski suspender los ataques contra refinerías rusas

 

La Oficina del Forense del Condado Jefferson, en Pensilvania, informó este domingo que una mujer de 40 años murió el sábado a causa de complicaciones asociadas con el sarampión, según reportó la agencia EFE. La entidad no reveló la identidad de la fallecida por motivos de privacidad ni precisó si estaba vacunada contra la enfermedad. Se trata de la tercera muerte por sarampión registrada este año en Pensilvania y en el conjunto de Estados Unidos.

El subforense principal, Jason Stiver, señaló que, aunque los casos graves siguen siendo infrecuentes, el episodio muestra que la enfermedad no debe tomarse a la ligera. Indicó que las medidas de salud pública, el reconocimiento temprano de los síntomas y la consulta con profesionales de la salud son herramientas importantes frente al brote.

El fallecimiento se produce tres semanas después de que el Departamento de Salud de Pensilvania reportara las dos primeras muertes por sarampión en ese estado en 35 años, que hasta ahora eran las únicas contabilizadas en el país durante 2026.

Estados Unidos registra cerca de 3.300 contagios de sarampión en lo que va del año, la mayor cifra en 35 años y la más alta desde que la enfermedad fue declarada erradicada en el país en el 2000, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). La agencia atribuye el repunte a la caída de las coberturas de vacunación.

De acuerdo con el reporte de los CDC, la vacunación en niños de nivel preescolar descendió de 95,2% en el ciclo escolar 2019-2020 a 92,4% en el de 2025-2026, lo que dejó a cerca de 280.000 estudiantes en situación de riesgo frente a la enfermedad.

El registro de los fallecimientos es objeto de una controversia entre el Gobierno federal y las autoridades estatales. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., ha sostenido que Pensilvania podría haber fabricado las muertes por razones políticas y pidió a los CDC no incluirlas en su registro oficial. El gobernador del estado, el demócrata Josh Shapiro, ha pedido a Kennedy Jr. que promueva la vacunación y que deje de difundir desinformación sobre las vacunas, que el secretario ha vinculado con condiciones como el autismo, una relación que carece de respaldo científico.