El presidente Donald Trump presentó al Congreso la determinación anual sobre los principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027, en la que incluyó a 23 países, entre ellos Colombia. Dentro de ese grupo, la administración determinó que Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia “failed demonstrably” durante los últimos 12 meses en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia antidrogas, por lo que permanecen bajo esta categoría. La inclusión en la lista general, sin embargo, no implica por sí misma una evaluación negativa del Gobierno de cada país, pues también responde a factores geográficos, comerciales y económicos asociados con la producción o el tránsito de drogas.

Para Colombia, la decisión significa que Estados Unidos mantiene la determinación negativa adoptada el año anterior, aunque el documento establece una diferencia entre la evaluación de los últimos 12 meses y la valoración que Washington hace del Gobierno que asumió el 7 de agosto. La Casa Blanca atribuyó la permanencia de Colombia en esta categoría exclusivamente al desempeño registrado durante la mayor parte del periodo evaluado y señaló que el cultivo de coca y la producción de cocaína alcanzaron niveles récord bajo la administración anterior. En 2025, Estados Unidos había incluido por primera vez en casi tres décadas a Colombia entre los países considerados failed demonstrably.

Al referirse al nuevo presidente Abelardo De La Espriella, Trump señaló que Colombia se encuentra ante la posibilidad de modificar esa trayectoria. “He has pledged to lead an aggressive campaign against coca cultivation and cocaine production” [“Se ha comprometido a liderar una campaña enérgica contra el cultivo de coca y la producción de cocaína”], afirmó el mandatario estadounidense. Asimismo, sostuvo que “Colombia is poised to resume its place as our foremost security partner in the hemisphere” [“Colombia está preparada para retomar su lugar como nuestro principal socio en materia de seguridad en el hemisferio”]. Estas afirmaciones reflejan un cambio en el tono de Washington hacia el Gobierno colombiano, aunque no modificaron la evaluación formal correspondiente al periodo analizado.

La determinación también destacó a las instituciones colombianas encargadas de seguridad y justicia. Trump afirmó que las Fuerzas Militares, la Policía, la Fiscalía y los tribunales cuentan ahora con respaldo político para intensificar las operaciones contra el narcotráfico, y vinculó una posible revisión futura de la designación a resultados concretos en erradicación y desmantelamiento de organizaciones criminales. “If, as expected, Colombia makes progress on aggressive coca eradication and dismantling its narcoterrorist networks over the coming year, I will consider lifting the country’s ‘failed demonstrably’ status.” [“Si, como se espera, Colombia logra avances en la erradicación enérgica de la coca y el desmantelamiento de sus redes narcoterroristas durante el próximo año, consideraré levantar el estatus de ‘fracaso demostrado’ del país”], señaló.

La referencia al próximo año es particularmente relevante porque deja explícita una ruta para modificar la decisión en la siguiente evaluación. Washington no levantó en esta oportunidad la designación negativa, pese a reconocer un cambio de orientación bajo el nuevo Gobierno, porque la legislación exige evaluar los esfuerzos realizados durante los 12 meses anteriores. En consecuencia, la mayor parte del periodo considerado corresponde todavía a la administración anterior, mientras que el Gobierno de De La Espriella llevaba poco más de un mes en funciones cuando se presentó la determinación.

Al mismo tiempo, Trump determinó que continuar prestando asistencia estadounidense a Colombia es “vital to the national interests of the United States” [“vital para los intereses nacionales de Estados Unidos”]. Esta excepción es jurídicamente relevante porque, cuando un país es clasificado como failed demonstrably, determinadas restricciones sobre la asistencia pueden aplicarse durante el siguiente año fiscal, salvo que el presidente determine que mantenerla responde a los intereses nacionales de Estados Unidos. Este mismo mecanismo permitió preservar la asistencia a Colombia después de la determinación de 2025.

Por tanto, la decisión mantiene para Colombia una situación similar en términos jurídicos a la de 2025: persiste la designación negativa, pero no se produce automáticamente una suspensión de la cooperación estadounidense. La principal diferencia está en el mensaje político que acompaña la determinación.

La determinación introduce además un cambio frente a Venezuela. Aunque el país permanece en la lista de principales territorios de tránsito o producción de drogas, dejó de figurar entre aquellos considerados failed demonstrably. Trump atribuyó esta modificación a la captura y salida de Nicolás Maduro y a la cooperación desarrollada con el gobierno interino de Delcy Rodríguez y señaló como ejemplo las acciones contra organizaciones criminales, incluida la eliminación del líder del Tren de Aragua, Niño Guerrero. La administración estadounidense afirmó que espera avances adicionales en el desmantelamiento de estas organizaciones y en la reducción del tráfico de drogas desde territorio venezolano hacia Estados Unidos.

Bolivia, en contraste, permanece bajo la determinación negativa, aunque también recibió una excepción de interés nacional que permite mantener la asistencia estadounidense. Trump reconoció la ampliación de la cooperación antidrogas bajo el presidente Rodrigo Paz, incluida la reanudación de la coordinación policial y la extradición a Estados Unidos de Sebastián Marset en marzo de 2026, pero sostuvo que el nuevo Gobierno aún no ha tenido suficiente tiempo para revertir el incremento del cultivo de coca registrado anteriormente. Washington señaló que podría reconsiderar la designación si Bolivia muestra avances en reducción de la producción ilícita y lucha contra la corrupción durante el próximo año.

En América del Norte, la determinación pidió mayores acciones a Canadá y México. Sobre Canadá, Trump sostuvo que continúan operando laboratorios clandestinos de drogas sintéticas y redes asociadas con el ingreso de precursores químicos a Estados Unidos, por lo que reclamó mayores controles sobre las cadenas de suministro y las organizaciones criminales. Respecto a México, reconoció las incautaciones de drogas, el desmantelamiento de laboratorios y la cooperación de seguridad bajo la presidenta Claudia Sheinbaum, pero solicitó mayores inversiones en las fuerzas de seguridad, controles adicionales en puertos de entrada y acciones contra funcionarios presuntamente vinculados con organizaciones criminales.

China también ocupa un espacio central en la evaluación estadounidense debido a su papel en la producción de precursores químicos utilizados para fabricar fentanilo, metanfetamina y otras drogas sintéticas. Trump reconoció que Beijing implementó nuevos requisitos de licencia para exportar determinados precursores hacia Norteamérica, pero sostuvo que las organizaciones criminales continúan utilizando sustancias no reguladas para eludir los controles y pidió que China incorpore químicos adicionales a sus mecanismos de fiscalización.

La determinación presentó valoraciones favorables sobre la cooperación de India y Perú y destacó las acciones de Argentina, Ecuador y El Salvador contra el narcotráfico. En el caso peruano, Trump manifestó su respaldo al compromiso de la presidenta Keiko Fujimori de trabajar con Estados Unidos y otros socios para reducir el tráfico de cocaína, mientras que en India destacó las medidas relacionadas con los cultivos ilícitos de adormidera y la seguridad de las cadenas de suministro.

El documento fue más crítico con Brasil, Nicaragua, Birmania y Afganistán. Sobre Brasil, la administración pidió mayores acciones contra el Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho, organizaciones que Estados Unidos ha designado como terroristas; sobre Nicaragua, cuestionó las medidas adoptadas contra el narcotráfico y formuló señalamientos contra integrantes del Gobierno de Ortega-Murillo. En Birmania, Washington señaló que las autoridades militares han realizado esfuerzos insuficientes contra la producción de opio y metanfetamina, aunque el país recibió la excepción de interés nacional, mientras que Afganistán volvió a ser clasificado como failed demonstrably por su papel en el suministro internacional de drogas, y es el único país designado que no recibió la excepción.

Así, la determinación para el año fiscal 2027 mantiene la presión de Estados Unidos sobre los principales países productores y de tránsito, pero introduce cambios relevantes dentro de América Latina. Para Colombia, el resultado combina la continuidad formal de la designación negativa con un respaldo explícito a la nueva orientación de la política antidrogas y una señal concreta de que la evaluación podría modificarse en 2027 si Washington observa avances sostenidos en erradicación de coca y desmantelamiento de redes narcoterroristas.

ALERTA COMERCIAL

La presión sobre Rusia que puede extenderse al comercio mundial

Aunque está dirigido principalmente a reducir los recursos con los que Rusia financia la guerra en Ucrania, el proyecto de sanciones que avanza en el Congreso de Estados Unidos puede producir efectos mucho más allá de las fronteras rusas. La iniciativa obliga a las autoridades estadounidenses a revisar cada 180 días, con base en la información de los 12 meses anteriores, cuáles son los cinco mayores importadores de petróleo ruso y los cinco mayores compradores de gas de ese país.

También contempla medidas contra las principales jurisdicciones desde las cuales se facilite la evasión de sanciones petroleras. Los países identificados podrían enfrentar aranceles adicionales de hasta 100% sobre todos los bienes que exporten a Estados Unidos, no solamente sobre sus compras de energía.

La precisión es importante: el proyecto no dispone analizar “180 países”. El número corresponde a la periodicidad de la revisión, cada 180 días. Sin embargo, el universo potencial sí es global, pues no existe una lista cerrada de países. Cualquier economía podría ser evaluada si aumenta significativamente sus compras de energía rusa o se convierte en un centro relevante para evadir las sanciones.

La iniciativa, denominada Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, utiliza como vehículo legislativo el H.R. 5334. El Senado la aprobó el 7 de agosto por 86 votos contra 11, un respaldo ampliamente bipartidista. La Cámara de Representantes aprobó el 15 de septiembre, por 214 votos contra 211, la regla que permite debatir y someter a votación el texto del Senado. Esa decisión fue procesal: abrió el camino para la votación definitiva, pero no convirtió el proyecto en ley.

La votación final en la Cámara está prevista para este 16 de septiembre. El procedimiento aprobado permite aceptar íntegramente el texto del Senado, sin incorporar las enmiendas que buscaban limitar las facultades arancelarias del presidente. Si la Cámara lo aprueba sin cambios, no será necesaria una conciliación entre las dos corporaciones y la iniciativa pasará directamente a la Casa Blanca. Solo después de la firma presidencial, o de convertirse en ley sin firma en los casos previstos por la Constitución estadounidense, comenzará su vigencia. La agenda oficial de la Cámara confirma su consideración.

El proyecto tiene dos componentes. El primero refuerza la presión directa contra Rusia. Contempla sanciones financieras y migratorias contra altos funcionarios, oligarcas y personas relacionadas con los sectores militar, energético y financiero. También prohíbe nuevas inversiones estadounidenses en Rusia, restringe la compra de deuda soberana rusa, adopta medidas frente a Rosatom y el uranio ruso, y busca bloquear los barcos de la denominada “flota fantasma”, utilizados para transportar petróleo y eludir las restricciones internacionales.

Adicionalmente, faculta al presidente para elevar hasta 500% los aranceles aplicados a los bienes importados directamente desde Rusia. Esta cifra, que ha generado titulares y preocupación, no corresponde al gravamen previsto para Colombia ni para todos los países que mantengan relaciones comerciales con Moscú. Se refiere específicamente a productos rusos que ingresen al mercado estadounidense.

El segundo componente es el que amplía el alcance de la iniciativa hacia terceros países. El texto permitiría imponer aranceles adicionales de más de cero y hasta 100% sobre todos los bienes procedentes de países que se encuentren entre los cinco mayores compradores de petróleo ruso, los cinco mayores importadores de gas ruso o las principales jurisdicciones que faciliten la evasión de sanciones petroleras. Estas categorías pueden coincidir, por lo cual no necesariamente se trataría de quince países diferentes.

Tampoco basta con que un país mantenga relaciones comerciales con Rusia o compre algún producto de ese origen. Para quedar comprendido tendría que ocupar uno de los primeros lugares mundiales en la compra de petróleo o gas ruso, o convertirse en una de las principales plataformas desde las cuales empresas, intermediarios financieros, aseguradoras o navieras ayuden conscientemente a evadir las sanciones. El texto considera que existe conocimiento tanto cuando una persona sabía de la operación como cuando, por las circunstancias, debía haberlo sabido.

Los aranceles no serían necesariamente de 100%. Ese porcentaje es el límite máximo autorizado. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, USTR, podría establecer o modificar la tasa dentro de un rango superior a cero y hasta 100%, según el país aumente o reduzca sus compras de energía rusa. Antes de imponer o modificar el gravamen, la Administración tendría que presentar al Congreso una justificación sustantiva y explicar la metodología utilizada para identificar al país.

El proyecto también contempla una excepción para determinados compradores de gas ruso cuando sus adquisiciones representen menos de 15% de las exportaciones anuales de gas de Rusia y demuestren avances significativos para reducir esa dependencia. Además, el presidente conservaría una facultad amplia para suspender sanciones o aranceles si certifica ante el Congreso que la decisión responde al interés nacional de Estados Unidos.

Esta discrecionalidad es uno de los puntos centrales de la discusión. Los defensores sostienen que entrega a Washington una herramienta de negociación para reducir los ingresos energéticos de Rusia y aumentar la presión a favor de una salida a la guerra. Los críticos advierten que amplía considerablemente el poder arancelario del Ejecutivo, podría afectar a aliados de Estados Unidos, aumentar los precios para sus consumidores y generar una mayor incertidumbre sobre las cadenas internacionales de suministro.

El propósito estratégico es claro: llevar a los mayores compradores de energía rusa, especialmente China e India, a escoger entre continuar adquiriendo petróleo y gas de Rusia o mantener un acceso competitivo al mercado estadounidense. El instrumento ya no se concentra únicamente en sancionar a quien vende, sino también en elevar el costo para quien compra o ayuda a ocultar las operaciones.

Para Colombia, la exposición directa es actualmente limitada. El país no se encuentra entre los cinco mayores compradores mundiales de petróleo o gas ruso ni figura entre los principales centros internacionales de evasión de sanciones. En consecuencia, el proyecto no permite afirmar que las exportaciones colombianas vayan a recibir un arancel de 100%. El propio texto restringe esa facultad a los países que cumplan expresamente los criterios establecidos.

Colombia tampoco quedaría incluida por el solo hecho de importar fertilizantes rusos. Las disposiciones arancelarias contra terceros países están vinculadas principalmente con la compra de petróleo y gas y con la evasión de sanciones petroleras. Sin embargo, podría haber consecuencias indirectas para el sector agrícola: mayor cautela de bancos, aseguradoras y transportadores; dificultades en los pagos internacionales; alteraciones en la oferta mundial y aumentos en los precios de los fertilizantes.

También existe un riesgo individual para empresas, entidades financieras y operadores logísticos colombianos.

Una compañía podría ser sancionada si suministra bienes críticos a la industria militar rusa, realiza transacciones significativas con actores sancionados o facilita conscientemente pagos, transporte, seguros o servicios dirigidos a evadir las restricciones. Por eso, la trazabilidad de las operaciones, la identificación de beneficiarios finales y la revisión de barcos, aseguradoras e intermediarios serán cada vez más importantes.

El proyecto todavía debe superar la votación definitiva y recibir la aprobación presidencial. Pero su orientación ya envía una señal relevante: las sanciones económicas estadounidenses están dejando de concentrarse exclusivamente en el país sancionado y comienzan a utilizar el acceso al mercado de Estados Unidos para influir sobre las decisiones comerciales de terceros países. Para Colombia, el reto será mantener una vigilancia activa, fortalecer el cumplimiento empresarial y anticipar los efectos de una medida dirigida contra Rusia, pero con capacidad de incidir sobre buena parte del comercio mundial.

DESARROLLO DE NOTICIAS

DIPLOMACIA

Gobierno colombiano destaca cambio de enfoque antidrogas y expectativa de revisión en 2027

La primera reacción pública del Gobierno colombiano a la nueva determinación antidrogas de Estados Unidos llegó a través de su embajadora en Washington, María Consuelo Araújo, quien señaló que el documento estadounidense reconoce una diferencia entre los resultados correspondientes al periodo evaluado y las expectativas frente a la nueva administración de Abelardo de la Espriella.

Araújo explicó que la evaluación de Washington cubre el periodo comprendido entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, por lo que incorpora principalmente resultados registrados antes de la llegada de De la Espriella a la Presidencia el 7 de agosto. Según la Embajadora, el nuevo Gobierno recibió un escenario complejo en materia de seguridad y narcotráfico y desde el inicio de su administración ha adoptado medidas dirigidas a fortalecer la seguridad, las instituciones y las acciones contra las organizaciones criminales.

La Embajadora destacó que la propia determinación estadounidense diferencia entre el desempeño del periodo analizado y las expectativas frente al nuevo Gobierno. Recordó que el presidente Donald Trump señaló en el documento que De la Espriella se comprometió a impulsar una campaña contra el cultivo de coca y la producción de cocaína y que Colombia podría recuperar su posición como uno de los principales socios de seguridad de Estados Unidos en el hemisferio si registra avances durante el próximo año.

Como parte de los resultados iniciales, la representación diplomática resaltó que durante los primeros 36 días la Fuerza Pública realizó 17.147 capturas, incautó 75.613 kilogramos de estupefacientes, registró 463 sometimientos a la justicia firmados y el Gobierno aprobó 73 extradiciones. Estas cifras coinciden con balances que la Presidencia ha venido divulgando sobre las primeras semanas de la nueva administración. 

Araújo señaló igualmente que el Gobierno puso en marcha una estrategia de erradicación de cultivos ilícitos que combina las modalidades legales disponibles, intervenciones focalizadas en zonas estratégicas y programas piloto. En ese contexto, recordó que la determinación estadounidense dejó abierta la posibilidad de retirar en la próxima evaluación la categoría failed demonstrably si Colombia muestra avances en erradicación de coca y en el desmantelamiento de redes vinculadas al narcotráfico.

Finalmente, la Embajadora indicó que los acuerdos alcanzados recientemente en Barranquilla servirán como hoja de ruta para profundizar la cooperación operacional y judicial entre Colombia y Estados Unidos, con énfasis en erradicación, incautaciones, destrucción de infraestructura para la producción de drogas y desarticulación de organizaciones criminales.

ECONOMÍA

Fed eleva la tasa de interés por primera vez desde 2023

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) elevó este miércoles su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, hasta un rango de entre 3,75% y 4%, en la primera subida desde julio de 2023. La decisión fue adoptada por unanimidad por el Comité Federal de Mercado Abierto (Federal Open Market Committee, FOMC) y constituye el primer ajuste de política monetaria bajo la presidencia de Kevin Warsh.

La medida responde a la persistencia de la inflación por encima de la meta de 2%, en un entorno marcado por mayores costos asociados con los aranceles, el choque energético derivado de la guerra con Irán y el aumento de la inversión vinculada a centros de datos e inteligencia artificial. En su comunicado, la Fed señaló que la economía continúa expandiéndose a un ritmo sólido, con gasto interno resistente, crecimiento de la productividad e inversión de capital, mientras el desempleo se ha mantenido con pocos cambios.

El FOMC indicó que el aumento de tasas busca favorecer un retorno más rápido de la inflación hacia el objetivo de 2%. La nueva proyección de la Fed situó la inflación medida por el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE) en 3,7% para el cierre de 2026, frente al 3,6% previsto en junio, y señaló que la convergencia hacia la meta no se produciría hasta 2029.

Las nuevas proyecciones también apuntan a una política monetaria más restrictiva durante los próximos meses. La mediana de los participantes ubica la tasa de fondos federales en 4,1% al cierre de 2026, frente al 3,8% proyectado en junio, mientras para 2027 la mediana permanece igualmente en 4,1%. De los 18 participantes que presentaron proyecciones de tasas, 16 anticiparon al menos otro incremento de 25 puntos básicos antes de terminar este año.

El comunicado también eliminó una referencia anterior que atribuía parte de la inflación elevada a perturbaciones de oferta, particularmente en el sector energético. El cambio coincide con una mayor preocupación dentro de la Fed sobre la amplitud de las presiones sobre los precios y con la intención de Warsh de reducir el uso de orientaciones explícitas sobre los próximos movimientos de política monetaria.

La decisión se produjo después de cinco reuniones consecutivas en las que la Fed había mantenido las tasas sin cambios. En julio, tres presidentes de bancos regionales habían votado a favor de un incremento, mientras que los datos posteriores mostraron nuevas presiones inflacionarias y contribuyeron a consolidar el respaldo interno a un ajuste monetario.

Antes del anuncio, los mercados ya anticipaban ampliamente un aumento de 25 puntos básicos, por lo que la atención se desplazó hacia la trayectoria futura de las tasas y las señales que entregue Warsh. La Fed dejó abierta la posibilidad de nuevos incrementos, mientras los inversionistas evalúan hasta qué punto la persistencia de la inflación obligará al banco central a mantener una política monetaria más restrictiva durante los próximos meses.

ECONOMÍA

Ventas minoristas de EE.UU. crecen 1,2% en agosto

Las ventas minoristas de Estados Unidos aumentaron 1,2% en agosto frente al mes anterior, el mayor crecimiento desde marzo, después de una caída revisada de 0,5% en julio, informó la Oficina del Censo de Estados Unidos (U.S. Census Bureau), entidad adscrita al Departamento de Comercio de Estados Unidos (U.S. Department of Commerce). El resultado superó la expectativa de 0,8% prevista por economistas y llevó el crecimiento interanual de las ventas a 6%, mostrando un repunte del consumo pese a las persistentes presiones inflacionarias.

El incremento fue generalizado entre diferentes categorías de bienes y servicios, aunque también estuvo parcialmente impulsado por el aumento de los precios de los combustibles. Las ventas en estaciones de servicio crecieron 3,1%, mientras las de comercios electrónicos y otros minoristas sin establecimiento físico avanzaron 2,6%, favorecidas en parte por las compras asociadas con el regreso a clases.

También se registraron aumentos de 1,6% en electrónica y electrodomésticos, 1,2% en artículos deportivos, pasatiempos, instrumentos musicales y libros, 0,9% en muebles y 0,7% en ropa. Las ventas de vehículos y autopartes crecieron 0,6%, mientras los establecimientos de materiales de construcción y jardinería registraron una disminución de 0,2%.

El gasto en restaurantes y bares, la principal categoría de servicios incluida en el reporte, aumentó 1,2% después de avanzar 0,5% en julio. Al excluir automóviles, gasolina, materiales de construcción y servicios de alimentación, las denominadas ventas minoristas subyacentes crecieron 1,4%, su mayor incremento desde septiembre de 2024 y ampliamente por encima del 0,4% esperado por los analistas.

El comportamiento del consumo refuerza las señales de resiliencia de la economía estadounidense, apoyada por el crecimiento de los salarios y las ganancias recientes en los mercados financieros, aunque los hogares también han reducido su ahorro para sostener el gasto. Las estimaciones actuales apuntan a que la economía podría crecer a una tasa anualizada superior a 2% durante el tercer trimestre, después de registrar una expansión de 1,5% en el trimestre anterior.

Al mismo tiempo, la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (Bureau of Labor Statistics, BLS), adscrita al Departamento de Trabajo de Estados Unidos (U.S. Department of Labor), informó que los precios de las importaciones aumentaron 0,7% en agosto, tras caer 0,3% en cada uno de los dos meses anteriores, superando también la expectativa de 0,4%. Frente a agosto de 2025, los precios de las importaciones crecieron 7%, el mayor aumento interanual desde agosto de 2022, mientras que al excluir alimentos y combustibles el incremento mensual fue de 0,8% y el interanual alcanzó 5,6%.

Los datos de consumo y precios se publicaron el mismo día en que el Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) debe anunciar su decisión de política monetaria, en momentos en que la inflación al consumidor y al productor también mostró una aceleración durante agosto. El fortalecimiento de las ventas y el incremento de los costos de las importaciones refuerzan la atención sobre la posibilidad de nuevas alzas de tasas de interés, mientras la economía continúa mostrando crecimiento pese a las mayores presiones sobre los precios.

ECONOMÍA

Refinerías de EE.UU. operan cerca de su capacidad máxima

El director del Instituto Americano del Petróleo (American Petroleum Institute, API), Mike Sommers, advirtió que Estados Unidos no podrá construir nuevas refinerías con suficiente rapidez para responder a las actuales presiones sobre el mercado energético, mientras la administración de Donald Trump estudia alternativas para aumentar la capacidad de procesamiento. Según Sommers, la respuesta inmediata dependerá principalmente de la evolución de los conflictos internacionales que están afectando el suministro mundial.

Las refinerías estadounidenses están operando actualmente cerca de su capacidad máxima en un intento por compensar la escasez. Sommers señaló que las instalaciones trabajan alrededor de 98% de su capacidad, un nivel que, según explicó, sigue siendo insuficiente para cubrir completamente las restricciones de oferta que enfrenta el mercado.

El representante de la industria destacó que Estados Unidos ha registrado niveles elevados de producción de petróleo y un aumento de sus reservas, situación que atribuyó a las políticas implementadas por la administración Trump. Sin embargo, señaló que una mayor producción de crudo no resuelve por sí sola las restricciones existentes, debido a que el principal límite se encuentra actualmente en la capacidad disponible para refinar ese petróleo y convertirlo en combustibles.

A las restricciones internas se suman los riesgos provenientes de Medio Oriente. Sommers advirtió particularmente sobre la situación del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita, cerrado temporalmente después de un ataque con drones procedente de Irak, y señaló que una interrupción prolongada podría convertirse en una situación crítica para el mercado energético.

El oleoducto transporta cerca de siete millones de barriles diarios y permite movilizar parte de la producción saudí sin depender de otras rutas de exportación. Sommers sostuvo que, si la infraestructura no puede ser reparada con rapidez, Arabia Saudita podría verse obligada a reducir su producción ante las dificultades para transportar el crudo, agregando nuevas presiones sobre un mercado que ya enfrenta una limitada capacidad de refinación.

POLÍTICA

Cámara de Representantes vuelve a aprobar una resolución sobre poderes de guerra frente a Irán

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por tercera vez una resolución de poderes de guerra que busca impedir que el presidente Donald Trump continúe las operaciones militares contra Irán sin autorización del Congreso. La medida obtuvo 220 votos a favor y 204 en contra, con el respaldo de todos los demócratas presentes y de siete republicanos, tres más que en las votaciones anteriores.

La iniciativa busca obligar al Ejecutivo a obtener autorización legislativa para mantener las operaciones militares, en momentos en que el conflicto, iniciado el 28 de febrero, se acerca a los siete meses. Las dos resoluciones anteriores aprobadas por la Cámara no han llegado a la Casa Blanca; de hacerlo, el presidente podría vetarlas, mientras que el Senado también ha debatido medidas similares para limitar el uso de la fuerza.

Durante la discusión, el representante demócrata Seth Moulton sostuvo que el Congreso debía ejercer con mayor firmeza sus facultades constitucionales frente a la prolongación del conflicto. Por su parte, el republicano Brian Mast, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, defendió la continuidad de las operaciones al señalar que Irán sigue representando una amenaza para Estados Unidos.

El respaldo republicano a la resolución aumentó frente a las votaciones anteriores, al pasar de cuatro a siete legisladores. Entre ellos estuvieron Zach Nunn y Mariannette Miller-Meeks, de Iowa; Nancy Mace, de Carolina del Sur; Tom Barrett, de Michigan; Warren Davidson, de Ohio; Brian Fitzpatrick, de Pensilvania, y Thomas Massie, de Kentucky.

La votación también ocurre en medio del creciente costo económico de la guerra. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el conflicto había costado más de US$38.000 millones hasta el 1 de agosto y calculó que podría continuar generando gastos de entre US$2.000 millones y US$3.000 millones mensuales, dependiendo de la intensidad de las operaciones. Además, proyectó que la guerra podría elevar la inflación en 0,5 puntos porcentuales frente a lo previsto para 2027.

La resolución podría ser la última votación de la Cámara sobre la guerra antes de las elecciones legislativas de medio término, previstas en menos de 50 días. El conflicto ha ganado espacio en la campaña electoral debido a su duración, su costo fiscal y las presiones sobre los precios de los combustibles asociadas con las interrupciones en el flujo de petróleo por el estrecho de Ormuz.

POLÍTICA

Presidente Trump retoma la campaña electoral en Carolina del Norte para respaldar a Michael Whatley

El presidente Donald Trump viajará este miércoles a Carolina del Norte para participar en un acto de campaña junto al candidato republicano al Senado Michael Whatley, en su primera parada electoral de gran escala desde la convención de medio término del Partido Republicano. La visita forma parte de una ofensiva nacional con la que Trump busca involucrarse directamente en las elecciones legislativas de noviembre y movilizar a los votantes que lo apoyaron en 2024.

Whatley, expresidente del Comité Nacional Republicano, compite por el escaño que dejará el senador republicano Thom Tillis, quien decidió no buscar la reelección después de sus diferencias con Trump. Su rival es el exgobernador demócrata Roy Cooper, quien registró 49% de apoyo frente a 38% para Whatley entre votantes probables en una reciente encuesta de Elon University. En ese mismo sondeo, 54% de los consultados desaprobó la gestión presidencial y 31% la aprobó.

Uno de los desafíos para la campaña republicana es consolidar en torno a Whatley el respaldo de quienes votaron por Trump en las elecciones presidenciales de 2024. Una encuesta de Elon University realizada en agosto encontró que 72% de esos votantes apoyaba al candidato republicano al Senado, mientras 10% respaldaba a Cooper y 14% permanecía indeciso; entre quienes dijeron haber votado por Kamala Harris, Cooper concentraba 93% del apoyo.

La campaña también está poniendo atención en los votantes no afiliados, que representan alrededor de 40% del electorado registrado de Carolina del Norte y constituyen el mayor bloque de inscripción del estado. Tanto republicanos como demócratas buscan atraer a este segmento en medio de preocupaciones económicas relacionadas con el costo de vida, un tema que ha adquirido mayor peso durante la campaña legislativa.

Los precios de los combustibles se han sumado a esas preocupaciones. El promedio nacional de la gasolina regular se ubicaba el martes en US$4,33 por galón, mientras el diésel alcanzaba US$6,27, de acuerdo con la Asociación Estadounidense del Automóvil (American Automobile Association, AAA). La Casa Blanca señaló que Trump utilizará el evento en Carolina del Norte para destacar también el desempeño de su administración en materia de seguridad y criminalidad, uno de los asuntos que Whatley ha incorporado de manera recurrente a su campaña.

Los demócratas, por su parte, buscan vincular la contienda al balance de la administración Trump, mientras los republicanos intentan movilizar a la base que respaldó al presidente en 2024 y ampliar su apoyo entre votantes independientes. La visita se produce a menos de dos meses de las elecciones de medio término, en las que estarán en juego el control del Congreso y varios escaños competitivos del Senado.

SANCIONES

Equipo multilateral alerta sobre red laboral de Corea del Norte para evadir sanciones de la ONU

El Equipo Multilateral de Monitoreo de Sanciones (Multilateral Sanctions Monitoring Team, MSMT) publicó un nuevo informe sobre el despliegue de trabajadores de Corea del Norte en el exterior, una práctica que, según el mecanismo, continúa pese a las restricciones establecidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El documento examina las posibles violaciones y mecanismos de evasión de las resoluciones 2375 y 2397, que prohíben que ciudadanos norcoreanos generen ingresos laborales en otros países.

De acuerdo con el informe, Corea del Norte mantendría actualmente entre 35.600 y 101.280 trabajadores desplegados en el extranjero, concentrados principalmente en China y Rusia. El MSMT señaló que al menos 17 países serían sospechosos de continuar albergando trabajadores norcoreanos, pese a que la resolución 2397 estableció 2019 como fecha límite para su repatriación.

El mecanismo estima que estos trabajadores generaron entre US$450 millones y US$800 millones durante 2025, recursos que, según el reporte, son utilizados por el Gobierno norcoreano para financiar sus programas nucleares y de misiles balísticos. El documento sostiene además que las autoridades de Corea del Norte retienen entre 80% y 90% de los salarios percibidos por sus ciudadanos en el exterior.

China concentraría entre 20.000 y 70.000 trabajadores norcoreanos, según las estimaciones incluidas en el informe. Aunque entre 10.000 y 20.000 trabajadores habrían regresado temporalmente a Corea del Norte entre 2023 y 2025, el MSMT señaló que aproximadamente 10.000 nuevos trabajadores llegaron a territorio chino entre enero de 2025 y enero de 2026.

En Rusia, el reporte calcula que entre 15.000 y 30.000 ciudadanos norcoreanos se encontraban trabajando al cierre de 2025, incluidos algunos vinculados a instalaciones dedicadas a la fabricación de drones militares. El MSMT afirmó además que las autoridades rusas habrían utilizado esquemas de visas estudiantiles para registrar a determinados trabajadores como estudiantes y estimó que cada trabajador norcoreano en Rusia genera en promedio cerca de US$7.500 anuales.

El informe también advierte sobre las condiciones laborales de estos ciudadanos, al señalar que las autoridades norcoreanas mantienen controles estrictos sobre sus movimientos y contactos con terceros. Según el MSMT, la retención de salarios puede incluso superar los ingresos obtenidos por algunos trabajadores, mientras que quienes abandonan sus puestos o desertan podrían enfrentar consecuencias para sus familiares que permanecen en Corea del Norte.

El MSMT indicó que el informe busca cubrir parcialmente el vacío de monitoreo surgido tras la disolución, en abril de 2024, del Panel de Expertos del Comité 1718 del Consejo de Seguridad de la ONU, después de que Rusia vetara en marzo de ese año la renovación de su mandato. Los países participantes pidieron al Consejo de Seguridad restablecer ese mecanismo y afirmaron que continuarán documentando posibles violaciones y esquemas de evasión relacionados con las sanciones impuestas a Corea del Norte.