El director de asuntos globales de OpenAI, Chris Lehane, publicó el miércoles una declaración en la que sostuvo que los compromisos voluntarios de los desarrolladores de inteligencia artificial ya no son suficientes y exhortó a los legisladores a actuar antes de que el Congreso levante sesiones en diciembre. Lehane afirmó que la perspectiva de un desarrollo de IA acelerado por la propia IA exige “algo más que compromisos voluntarios” y planteó una regulación nacional obligatoria y basada en capacidades, que pueda evolucionar con la tecnología.

La compañía, creadora de ChatGPT, detalló que busca un marco federal construido sobre estándares comunes de pruebas, evaluación independiente de los modelos de vanguardia, requisitos más estrictos de ciberseguridad y reporte obligatorio de incidentes graves de seguridad. Según The Next Web, la propuesta incluye además monitoreo obligatorio de desalineación de los modelos, notificación escrita cuando un sistema eluda controles de seguridad y evaluaciones de alineación previas al despliegue.

El anuncio representa un giro en la posición de la empresa, que antes se había opuesto a que los estados adoptaran sus propias reglas sobre IA y pedía en su lugar legislación federal. OpenAI indicó que respaldará proyectos estatales mientras no exista una ley nacional y que apoya iniciativas en California, Nueva York e Illinois; Lehane señaló que algunos de esos proyectos no habían sido respaldados antes y que la empresa los apoya tras reconsiderar el reciente salto en capacidades. En California, el gobernador Gavin Newsom ya firmó las leyes SB 813 y AB 1405, que habilitan rutas de evaluación y auditoría por terceros.

El llamado se produce tras una serie de incidentes en los que agentes de IA excedieron las restricciones fijadas por sus desarrolladores, entre ellos el acceso no autorizado al repositorio de modelos Hugging Face por parte de tecnología de OpenAI que operaba fuera de supervisión humana. En el mismo periodo, el científico jefe de OpenAI, Jakub Pachocki, pidió extrema cautela en el desarrollo de estos sistemas, y el investigador Jacob Coxon, que trabajó en OpenAI y Anthropic, renunció advirtiendo sobre los riesgos de una IA superinteligente.

Hoy ninguna ley federal regula estos modelos en Estados Unidos. La administración Trump ha privilegiado un enfoque de baja intervención para mantener la competitividad frente a China y limitar el alcance de las normas estatales, y la aprobación de regulación tecnológica sigue siendo difícil en un Congreso dividido. A dos meses de las elecciones legislativas de mitad de mandato, la IA se ha consolidado como tema de campaña, según AFP y Reuters.

POLÍTICA

Tribunal de apelaciones mantiene bloqueado el plan del Servicio Postal sobre el voto por correo

Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito —Seth Aframe, Gustavo Gelpí Jr. y Julie Rikelman— confirmó de forma unánime la orden de suspensión preliminar dictada la semana pasada por la jueza de distrito Indira Talwani, del Distrito de Massachusetts, que prohíbe al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) implementar su reglamento para ejecutar la orden ejecutiva presidencial sobre el voto por correo.

El panel coincidió con la conclusión del tribunal de distrito según la cual la aplicación de la medida derivaría probablemente en la privación del derecho al voto de millones de electores en todo el país, con beneficios mínimos o nulos en materia de prevención del fraude electoral. Los jueces señalaron que no existe evidencia en el expediente de fraude previo ni de probabilidad de fraude en relación con la elección del 3 de noviembre.

La orden ejecutiva, firmada por Trump en marzo, instruye al USPS a entregar papeletas de voto por correo únicamente a residentes de estados que hayan remitido al Gobierno federal listas de votantes habilitados. El reglamento final del Servicio Postal, adoptado el mes pasado, exige además requisitos de diseño para las papeletas, entre ellos códigos de barras individualizados, y el envío de información de los electores a través de un nuevo portal federal antes de que las papeletas ingresen al sistema de correo.

El litigio fue promovido por una coalición de estados gobernados por demócratas y organizaciones de derechos electorales, que alegan que la Constitución otorga a los estados, y no al Gobierno federal, el control sobre la organización de las elecciones. Talwani ha bloqueado la medida en varias ocasiones durante el proceso; en agosto, la Corte Suprema revocó una de esas decisiones por considerar que la jueza se había pronunciado de manera prematura, antes de que el USPS emitiera su reglamento definitivo, sin entrar en el fondo de la legalidad de la orden.

Tras el fallo del Primer Circuito, el Gobierno acudió de nuevo a la Corte Suprema: el abogado del Gobierno ante la Corte Suprema (solicitor general), D. John Sauer, solicitó suspender la orden de Talwani y argumentó que el reglamento constituye un ejercicio legítimo de la autoridad estatutaria del Servicio Postal para regular el diseño de los sobres y la información requerida sobre los destinatarios. Carolina del Norte y otros estados ya comenzaron a enviar papeletas de voto por correo a sus electores.

COMERCIO

Trump descarta una ruptura comercial con México en medio de la revisión del T-MEC

Consultado en Dublín, durante su encuentro con el primer ministro irlandés Micheál Martin, sobre la posibilidad de que Estados Unidos se retire del acuerdo comercial de América del Norte, el mandatario respondió que la relación con México será excelente. No anunció un acuerdo ni confirmó que Washington vaya a respaldar una extensión del tratado. Sobre Canadá afirmó que la relación es buena, pero sostuvo que Estados Unidos ha resultado perjudicado en esa relación comercial durante cinco décadas y que no requiere los productos canadienses.

Las declaraciones se produjeron un día después de que Reuters reportara, con base en seis fuentes conocedoras de las conversaciones, que México y Estados Unidos aceleran las negociaciones para cerrar un acuerdo comercial bilateral antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. El entendimiento operaría como acuerdo intermedio mientras se resuelven los asuntos del T-MEC que involucran a Canadá, y contemplaría alivio para México en algunos aranceles estadounidenses a cambio de concesiones en contenido automotor y control de inversiones chinas.

Entre los puntos pendientes figuran los aranceles a acero, aluminio, automóviles y autopartes adoptados bajo la Sección 232, y la exigencia de Washington de elevar el contenido estadounidense en los vehículos producidos en México, particularmente en motores, componentes electrónicos y software. Según fuentes de la industria automotriz citadas por Reuters, el esquema que Washington podría poner sobre la mesa replica el que estuvo cerca de acordarse con Canadá: un arancel base de 15% a los vehículos importados, reducible según el contenido estadounidense, con una tasa efectiva cercana al 7%.

El proceso de revisión comenzó en marzo entre el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, con temas como reglas de origen, reducción de la dependencia de importaciones extrarregionales y seguridad de las cadenas de suministro. Tras la tercera ronda, celebrada en julio en Ciudad de México, ambos gobiernos acordaron una cuarta ronda en Washington durante septiembre. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, sostuvo el jueves una reunión virtual sobre comercio con la presidenta Claudia Sheinbaum, menos de dos semanas después de que ella propusiera una legislación para revisar y bloquear adquisiciones extranjeras de empresas mexicanas, un régimen de escrutinio de inversiones análogo al estadounidense.

La incertidumbre sobre el tratado se elevó el 1 de julio, cuando Estados Unidos no respaldó su extensión por 16 años adicionales. El acuerdo mantiene vigencia hasta 2036 bajo un esquema de revisiones anuales. La Agenda de Política Comercial 2026 de Estados Unidos identifica como preocupaciones los déficits comerciales con México y Canadá, las reglas de origen, las políticas mexicanas en energía y minería, y el crecimiento de inversiones de empresas de economías consideradas no de mercado; Washington también busca reforzar las medidas contra la triangulación de mercancías, para impedir que empresas de terceros países aprovechen las preferencias del tratado.

En contraste, las conversaciones comerciales con Ottawa colapsaron en agosto, Washington impuso en julio aranceles adicionales de 50% a determinadas mercancías canadienses, incluidas algunas que cumplen las reglas del T-MEC, y esta semana anunció prohibiciones de importación para ciertos productos canadienses que entran en vigor el 29 de septiembre. Una fuente del sector automotor indicó a Reuters que la administración busca cerrar con México antes de que nuevos aranceles a Canadá entren en vigor el 1 de enero.

COMERCIO

El boicot de consumidores canadienses reconfigura el abastecimiento de los supermercados

Los movimientos de “compre canadiense” surgieron a comienzos del año pasado, tras la imposición de aranceles estadounidenses a los productos canadienses, y se intensificaron en las últimas semanas después del fracaso de las negociaciones comerciales, rotas el 21 de agosto, y de la firma de una orden ejecutiva que renombra el lago Ontario como “lago América”. La ruptura desencadenó una nueva ronda de aranceles y contramedidas.

Loblaw, el mayor minorista de alimentos del país, reinstaló en agosto grandes carteles con la hoja de arce en sus secciones de frescos y reintrodujo una etiqueta con la letra “T” para señalar qué productos están afectados por aranceles. Metro, la tercera cadena del país, indicó que seguirá priorizando productos locales canadienses. Gary Sands, vicepresidente sénior de política pública de la Federación Canadiense de Tenderos Independientes, sostuvo que se ha producido un cambio permanente en la mentalidad del consumidor canadiense.

En Ontario, el presidente de la cadena independiente Vince’s Market, Giancarlo Trimarchi, publicó en Facebook evidencia del origen canadiense de sus frescos tras recibir mensajes de reclamo por vender producto estadounidense. Sus cuatro tiendas en el área metropolitana de Toronto operan hoy con 90% de productos agrícolas canadienses y sustituyeron las fresas estadounidenses por fresas de Quebec, ajustes que presionaron los costos operativos y lo llevaron a recortar el presupuesto publicitario.

Canadá es el quinto mayor importador mundial de hortalizas frescas por valor. Estados Unidos sigue siendo su principal proveedor de frescos, con más de la mitad de las importaciones, seguido de México; sin embargo, la participación estadounidense en las importaciones canadienses de hortalizas cayó a 62,6% en julio, frente a 69% en el mismo mes de 2023, según datos oficiales. Gordon Dean, propietario de Mike Dean Local Grocer, con tiendas en zonas rurales de Ontario y Quebec, señaló que sus establecimientos venden ahora más frescos procedentes de países como España, Brasil y Honduras, y afirmó que las nuevas cadenas de suministro son más diversificadas.

El Gobierno canadiense invierte alrededor de 3.000 millones de dólares canadienses en diez años en la construcción de invernaderos para elevar la producción durante los meses de invierno y busca contener la inflación de alimentos, una de las más altas del G7, mediante mayor oferta nacional. Dean advirtió que las diferencias regulatorias entre provincias dificultan el transporte de alimentos dentro de Canadá y mantienen la dependencia de proveedores estadounidenses. Mike von Massow, catedrático de Economía de la Alimentación de la Universidad de Guelph, consideró que el nacionalismo prevalece hoy sobre la economía y que una distensión futura podría propiciar un retorno parcial al producto estadounidense, por precio.

MIGRACIÓN

Capriles cuestiona la política migratoria de Estados Unidos hacia los venezolanos

El diputado Henrique Capriles, dos veces candidato presidencial en Venezuela, afirmó que miles de venezolanos en Estados Unidos atraviesan momentos de miedo e incertidumbre y sostuvo que hay connacionales “siendo detenidos y tratados como si fueran delincuentes” pese a tener trámites migratorios en curso, incluidos procesos de asilo. El dirigente centró sus señalamientos en Doral, Florida, municipio con una de las mayores concentraciones de población venezolana en el país.

En su mensaje indicó que muchas de esas personas llegaron a Estados Unidos buscando oportunidades o huyendo de persecución política en Venezuela, y que familias que levantaron negocios y construyeron un patrimonio temen perderlo. Agregó que ya se reportan cierres de negocios en esa comunidad.

El diputado sostuvo que la política migratoria puede aplicarse respetando la ley y, a la vez, la dignidad y los derechos de las personas, y afirmó que tener un proceso migratorio pendiente no convierte a nadie en criminal.

El pronunciamiento se produce en un contexto de endurecimiento de las condiciones de entrada y permanencia en Estados Unidos durante los últimos meses, con nuevas prohibiciones de viaje, suspensión de visas de inmigrante, mayores requisitos económicos para los solicitantes y revocaciones masivas de permisos, junto con cifras récord de deportaciones. Las medidas también han alcanzado a beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y a personas amparadas por el Estatus de Protección Temporal (TPS), según EFE.

ECONOMÍA

Trump insiste en su promesa de un dividendo de 5.000 dólares por adulto

Trump anunció el miércoles en la noche, durante la convención republicana de mitad de mandato celebrada en Dallas, que emitiría un dividendo de 5.000 dólares para cada ciudadano adulto si su partido gana la Cámara de Representantes y el Senado, en una medida que denominó “dividendo Trump”. El viernes defendió la propuesta en sus redes sociales, sostuvo que la cumplirá y afirmó que el Partido Demócrata espera que no llegue a concretarse.

El mandatario justificó la capacidad fiscal para asumir el pago en lo que calificó como el éxito y la fortaleza económica de su administración, sin detallar la fuente de financiación. El vicepresidente JD Vance indicó posteriormente a Fox News que el programa se financiaría con el recaudo arancelario y estaría dirigido a la clase media, no a los contribuyentes de mayores ingresos.

Las estimaciones de costo oscilan entre 1,2 y 1,3 billones de dólares, según los cálculos citados por CNBC, CBS News y Fortune, dependiendo del universo de adultos considerado. Erica York, economista del Centro de Política Fiscal Federal de la Tax Foundation, señaló a CBS News que el recaudo arancelario anual ronda los 125.000 millones de dólares, cerca de una décima parte del monto requerido. La deuda pública estadounidense se ubica en 40 billones de dólares y el servicio de esa deuda ha consumido alrededor de 1,05 billones en los últimos once meses, de acuerdo con cifras del Tesoro y la Oficina de Presupuesto del Congreso reseñadas por Fortune.

La propuesta requeriría una apropiación aprobada por el Congreso. El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, ha manifestado preferencia por destinar el recaudo arancelario a la reducción del déficit antes que a nuevo gasto, y analistas de distintas orientaciones, entre ellos el Cato Institute y el American Enterprise Institute, advirtieron sobre presiones inflacionarias derivadas de una inyección de esa magnitud. Especialistas en ética gubernamental, como Richard Painter, cuestionaron además el condicionamiento del pago a un resultado electoral.

El antecedente inmediato es el dividendo arancelario de 2.000 dólares anunciado el año pasado, que no se materializó después de que la Corte Suprema invalidara los aranceles impuestos al amparo de la principal norma invocada por la administración, decisión que abrió un proceso de devoluciones a empresas importadoras estadounidenses que sigue en curso. Tampoco avanzaron el llamado dividendo DOGE ni la propuesta de depósitos en cuentas de ahorro para salud; los cheques de 1.776 dólares entregados a miembros de las Fuerzas Armadas en diciembre de 2025 fueron posteriormente identificados como una reasignación de recursos de subsidios de vivienda militar.

El 3 de noviembre se eligen los 435 escaños de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado, más tres vacantes, y 36 gobernaciones.

SEGURIDAD

Estados Unidos hunde un atunero industrial señalado de apoyar el narcotráfico

El Comando Sur informó que fuerzas de la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental (JTF-WHEM) interdictaron una estación flotante de reabastecimiento que apoyaba operaciones ilícitas de tráfico de drogas en el Pacífico Oriental, y afirmó que información de inteligencia confirmó la vinculación del buque con Los Choneros, organización ecuatoriana designada por Washington como terrorista extranjera. Según el comunicado, los ocupantes fueron retirados de la embarcación y transferidos a las autoridades ecuatorianas antes del hundimiento. El Comando Sur no identificó la nave por su nombre ni precisó el número de tripulantes.

Medios ecuatorianos identificaron la embarcación como el atunero industrial Montecristi, de cerca de 400 toneladas, que había zarpado del puerto de Manta el 16 de agosto con 23 tripulantes. Familiares de la tripulación se congregaron ese lunes en la Capitanía del Puerto de Manta para pedir información. El caso se suma a los de los pesqueros Los Tres Hermanos, Conquista II, OM2 y María Candelaria, destruidos desde finales de agosto en operaciones conjuntas de Estados Unidos y Ecuador. Según La Jornada, las acusaciones formuladas por las autoridades ecuatorianas en esos casos no han presentado pruebas públicas del transporte de droga.

El registro de embarcaciones pesqueras industriales de Ecuador atribuye la propiedad del Montecristi a Industria Ecuatoriana Productora de Alimentos (Inepaca), según la investigación publicada en 2025 por el medio colombiano Vorágine. Inepaca comercializa atún en Ecuador bajo la marca Van Camp’s y, de acuerdo con reportes de Infobae, adquirió en 1963 a Seatech International, la compañía que produce el atún Van Camp’s en Colombia desde su planta en la zona industrial de Mamonal, en Cartagena. En abril de 2025 la Armada ecuatoriana incautó cerca de 2,9 toneladas de cocaína a bordo del mismo Montecristi en cercanías de las Galápagos; consultada entonces por Vorágine, una fuente de Seatech afirmó que la empresa no tenía relación con ese hecho.

La operación se inscribe en la campaña militar estadounidense contra embarcaciones señaladas de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico, que según el recuento de CNN en Español ha destruido 69 naves y dejado al menos 227 muertos desde septiembre de 2025. En este caso, a diferencia de los ataques letales contra lanchas, la tripulación fue evacuada antes del hundimiento.

SEGURIDAD

Washington eleva a una veintena los grupos latinoamericanos designados como terroristas

La campaña comenzó en febrero de 2025 con una designación múltiple contra ocho grupos vinculados al narcotráfico, a la que se sumaron otras cinco organizaciones en los meses siguientes y designaciones adicionales a lo largo de 2025 y 2026. El Departamento de Estado sostiene que la medida es necesaria para frenar el flujo de drogas ilícitas hacia Estados Unidos y afirma que puede apoyar las acciones policiales de otras agencias estadounidenses y de otros gobiernos.

La designación más reciente recayó sobre la banda ecuatoriana Los Tiguerones, anunciada el 9 de septiembre por el secretario de Estado, Marco Rubio, durante una visita oficial a Quito. La medida la clasifica simultáneamente como organización terrorista extranjera y terrorista global especialmente designado, al amparo de la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y de la orden ejecutiva 13224, y quedó registrada el mismo día en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. Rubio anunció además que solicitará al Congreso 45 millones de dólares para iniciativas de seguridad en Ecuador, según reportó AP.

En el caso colombiano, el Departamento del Tesoro designó en diciembre de 2025 al Clan del Golfo, también conocido como Clan Úsuga, Los Urabeños o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, como organización terrorista extranjera, al atribuirle ataques contra funcionarios públicos, agentes del orden, personal militar y civiles en Colombia.

El listado incluye a los mexicanos Cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Carteles Unidos, Cartel del Noreste, Cartel del Golfo, La Nueva Familia Michoacana, Cartel de Juárez y Los Viagras; los venezolanos Tren de Aragua y Cartel de los Soles; los ecuatorianos Los Choneros, Los Lobos, Los Chone Killers y Los Tiguerones; los haitianos Viv Ansanm y Gran Grif; los brasileños Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital; la MS-13 y el Barrio 18, de alcance centroamericano; y el Clan del Golfo. El Gobierno de Venezuela ha rechazado la designación del Cartel de los Soles y, según especialistas citados por CNN, ese nombre describe más a presuntos funcionarios corruptos que a una estructura de crimen organizado.

Analistas señalaron desde el inicio de estas designaciones que la figura de organización terrorista extranjera habilita sanciones financieras más severas y consecuencias legales en Estados Unidos para quienes se relacionen con los grupos señalados, y que puede anteceder al uso de la fuerza militar. De acuerdo con el recuento de CNN en Español, las Fuerzas Armadas estadounidenses han ejecutado desde septiembre de 2025 al menos 75 ataques contra embarcaciones señaladas de transportar drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico, con al menos 227 muertos.

SEGURIDAD

Florida aprueba un mecanismo estatal para designar organizaciones terroristas

La norma fue aprobada por teleconferencia en el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, en una sesión que duró menos de dos minutos y con escasa deliberación. DeSantis sostuvo que el marco permite al estado actuar frente a actores hostiles y grupos terroristas. El jefe de Seguridad Interior de Florida y comisionado del Departamento de Aplicación de la Ley (FDLE), Mark Glass, manifestó ante el gobernador y el gabinete que existían peligros inminentes para la salud, la seguridad y el bienestar públicos.

El procedimiento establece que el jefe de Seguridad Interior notifique por escrito al gobernador y al gabinete su intención de designar a una organización. La entidad señalada tendrá siete días para presentar alegatos y solo podrá comparecer ante el gabinete si este lo autoriza. Aprobada la designación, se publicará en el registro administrativo estatal en un plazo de siete días y entrará en vigor 30 días después. Las designaciones podrán recurrirse ante un tribunal estatal del condado de Leon.

El reglamento desarrolla la ley HB 1471, aprobada este año por la legislatura estatal con votos de 80 a 25 en la Cámara y 25 a 11 en el Senado, y firmada en abril. La ley contempla sanciones penales por apoyo material, pertenencia y entrenamiento de tipo militar vinculados a organizaciones designadas; prohíbe que escuelas afiliadas a esas organizaciones reciban recursos del programa estatal de becas de educación básica y que universidades públicas destinen fondos estatales o federales a programas o actividades que las promuevan. El reglamento precisa que ni la pertenencia a una organización designada ni la prestación de asistencia jurídica bastan por sí solas para abrir un proceso penal.

DeSantis anunció el 1 de julio su intención de designar al Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR), a la Hermandad Musulmana y al movimiento antifascista conocido como Antifa. A ellos se suman recomendaciones para más de 90 organizaciones extranjeras ya incluidas en la lista federal de organizaciones terroristas extranjeras, entre ellas la banda venezolana Tren de Aragua, los cárteles mexicanos de Sinaloa, del Noreste y del Golfo, y la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, escribió en la red social X que el estado ya cuenta con el proceso para nombrar a estos grupos, cortarles el apoyo del contribuyente y exigir responsabilidades a quienes los financian. CAIR y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) demandaron en julio la constitucionalidad de la ley ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Norte de Florida, en Tallahassee, alegando vulneración de la Primera Enmienda y de la cláusula del debido proceso de la Decimocuarta Enmienda. El litigio sigue en curso.

SEGURIDAD

Trump atribuye a Irán el ataque que forzó el cierre del oleoducto saudita

El Ministerio de Asuntos Exteriores saudita informó el viernes que el oleoducto fue alcanzado el jueves por múltiples drones procedentes de Iraq, en tramos de las regiones de Riad y Medina, con varios heridos y daños materiales. El Ministerio de Energía ordenó el cierre del ducto como medida de precaución mientras se evalúa su seguridad; imágenes satelitales difundidas por Reuters mostraron humo al sur de Medina. Consultado por periodistas en Dublín, Trump señaló a Irán como probable responsable. La autoría no está establecida: la Resistencia Islámica en Iraq, coalición de milicias iraquíes respaldadas por Teherán, negó su participación.

El mandatario indicó haber conversado por teléfono con el príncipe heredero saudita, Mohammed bin Salman. Una fuente declaró a CNN que el príncipe heredero habló dos veces con Trump el jueves y le pidió atacar a los hutíes ante el avance del grupo hacia el mar Rojo, solicitud que Trump declinó. La Casa Blanca respondió a consultas de esa cadena que Estados Unidos mantiene contacto con las autoridades sauditas y está centrado en proteger sus intereses de seguridad nacional, incluida la libertad de navegación en el mar Rojo, al tiempo que habilita a sus socios regionales para liderar la gestión de los desafíos de seguridad en la región.

El oleoducto Este-Oeste, de unos 1.200 kilómetros, conecta el yacimiento de Abqaiq, en el este del país, con el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, y tiene capacidad para 7 millones de barriles diarios. Desde el inicio del conflicto, Riad ha desviado por esa vía cerca de 5 millones de barriles diarios que antes salían por el golfo Pérsico, después de que Irán bloqueara de hecho el estrecho de Ormuz, por donde circulaba alrededor del 20% del petróleo mundial. Con el ducto fuera de operación no existe una alternativa inmediata para redirigir ese volumen.

El cierre presiona los mercados energéticos: el crudo superó los 100 dólares por barril por primera vez en meses y cerró la semana con un alza superior al 8%, con el Brent por encima de 105 dólares. La Agencia Internacional de Energía indicó que el suministro saudita cayó a su nivel más bajo en más de tres décadas.

En paralelo, los hutíes tomaron la isla estratégica de Mayun, en el estrecho de Bab el-Mandeb, en su mayor avance territorial en años. El grupo declaró un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita el 20 de julio y ha advertido a las navieras contra el arribo a puertos sauditas; el tránsito por Bab el-Mandeb ha caído cerca de 60% desde finales de 2023, según Lloyd’s List Intelligence. Riad ha comenzado a enviar crudo hacia el Mediterráneo por el canal de Suez o por ducto a través de Egipto, una ruta considerablemente más larga hacia sus clientes en Asia.

El Gobierno iraquí condenó el ataque, ordenó una investigación urgente, destituyó el sábado a un comandante militar y afirmó que no permitirá el uso de su territorio o espacio aéreo para acciones de ese tipo; las autoridades cerraron además varios pasos fronterizos por precaución. Irán tiene previsto reunirse el lunes en Omán con países del Golfo para tratar la situación del estrecho de Ormuz.

DIPLOMACIA

Trump señala en Dublín que respaldaría la reunificación de Irlanda

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó este sábado en Dublín que vería con agrado la reunificación de la isla de Irlanda y sostuvo que es algo que “ocurrirá tarde o temprano”. Las declaraciones se dieron ante periodistas al término de una reunión bilateral con el taoiseach (primer ministro) Micheál Martin, celebrada en la casa de huéspedes estatal de Farmleigh, en el parque Phoenix.

Trump se describió a sí mismo como la persona indicada para impulsar un eventual proceso de reunificación, aunque precisó que el Reino Unido también tendría voz en el asunto. El Gobierno británico respondió que su posición no ha cambiado: la oficina del primer ministro Andy Burnham indicó que no se convocaría un referendo sin evidencia de que una mayoría en Irlanda del Norte favorezca un cambio en su estatus constitucional. El líder del Partido Unionista Democrático, Gavin Robinson, sostuvo que el futuro constitucional del territorio lo define la población norirlandesa y no los comentarios hechos en Londres, Dublín o Washington.

En la rueda de prensa conjunta con Martin, el mandatario estadounidense dirigió críticas a los países europeos por su situación en materia de comercio, energía e inmigración, y calificó de decepcionante la respuesta de los aliados europeos a su estrategia frente a Irán, según reportó Euronews.

La agenda oficial de la visita se centró en la relación económica bilateral. Un funcionario de la Casa Blanca indicó a CNN que los encuentros con los líderes irlandeses abordarían la cooperación económica, la generación de oportunidades de negocio para la industria estadounidense y asuntos internacionales de interés mutuo. Trump también tenía previsto intervenir ante empresarios estadounidenses e irlandeses en la residencia oficial del embajador de Estados Unidos en Irlanda, Edward Walsh, un componente relevante en un país que alberga la sede europea de numerosas compañías estadounidenses.

Además de Martin, Trump se reunió con la presidenta de Irlanda, Catherine Connolly, en la residencia presidencial de Áras an Uachtaráin. Tras la agenda en Dublín, el mandatario viajó a su club de golf en Doonbeg, en la costa atlántica, para asistir al Abierto de Irlanda, que concluye el domingo. Es su primera visita a Irlanda como presidente desde junio de 2019, según AP.