La economía de Estados Unidos creció a una tasa anualizada de 1,5% durante el segundo trimestre de 2026, según la segunda estimación publicada este miércoles por la Oficina de Análisis Económico (Bureau of Economic Analysis, BEA). El resultado se mantuvo sin cambios frente a la estimación preliminar divulgada en julio y confirmó una desaceleración respecto al crecimiento de 2,1% registrado durante los primeros tres meses del año.

Aunque la cifra general no fue revisada, los nuevos datos mostraron una mayor fortaleza de algunos componentes de la demanda interna. El gasto de los consumidores, que representa cerca de dos tercios de la actividad económica estadounidense, aumentó a una tasa anualizada de 3,4%, frente al 3,2% calculado inicialmente y al 0,5% registrado durante el primer trimestre.

La inversión empresarial también mantuvo un comportamiento favorable, especialmente en sectores relacionados con tecnología e inteligencia artificial. La inversión fija no residencial creció 8,5%, impulsada por compras de equipos y productos de propiedad intelectual, mientras las empresas continuaron destinando recursos a infraestructura tecnológica y capacidad de procesamiento.

Una medida que excluye componentes más volátiles de la actividad mostró un desempeño todavía más fuerte. Las ventas finales reales a compradores privados domésticos, que combinan el consumo y la inversión privada fija y son utilizadas como indicador de la demanda interna subyacente, crecieron 4,2%, más del doble del 1,7% registrado en el primer trimestre.

El BEA atribuyó la desaceleración frente al primer trimestre a una caída del gasto del Gobierno y a un menor dinamismo de la inversión y las exportaciones. Parte del incremento de las importaciones estuvo relacionado con mayores compras de semiconductores, equipos informáticos y otros bienes de capital utilizados en inversiones vinculadas con inteligencia artificial.

Los datos publicados este miércoles también mostraron un aumento de US$400.900 millones en las ganancias corporativas durante el segundo trimestre, uno de los mayores incrementos registrados. Reuters señaló que el avance coincidió con mayores inversiones empresariales y con los efectos de cambios recientes en la política tributaria corporativa.

Los datos también incorporaron una revisión al alza de los indicadores de precios. El índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) aumentó 5,3% en el segundo trimestre, frente al 5,1% de la estimación preliminar, mientras el PCE que excluye alimentos y energía subió 3,6%, por encima del 3,4% calculado en julio, según el BEA.

La segunda estimación deja así una lectura mixta sobre la economía estadounidense: el crecimiento agregado perdió impulso frente al primer trimestre, pero el consumo y la inversión privada mostraron mayor fortaleza de la calculada inicialmente. El BEA publicará la tercera y última estimación del PIB del segundo trimestre el próximo 30 de septiembre, cuando incorporará información adicional disponible sobre la actividad económica.

La combinación de una demanda interna todavía sólida con indicadores de precios revisados al alza mantiene abierta la incertidumbre sobre la trayectoria de las tasas de interés en Estados Unidos y sobre el costo de la financiación en dólares, un factor relevante para la planeación de compras, inventarios y contratos de exportación en los próximos trimestres.

ECONOMÍA

Cuatro decisiones pendientes podrían modificar la composición del equipo de política monetaria de la Reserva Federal

La Administración del presidente Donald Trump podría disponer de hasta cuatro oportunidades para ampliar su participación en los nombramientos del Comité Federal de Mercado Abierto (Federal Open Market Committee, FOMC), según un análisis publicado por Reuters. Sus gestiones iniciales para remover a funcionarios del banco central han encontrado obstáculos en los tribunales y reservas en el Senado, pero varias decisiones de personal pendientes podrían abrir espacio para designaciones durante el resto del mandato.

El mandatario ha mantenido su respaldo al presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, aunque este no ha acompañado las solicitudes de reducción de tasas de interés y en junio, poco después de asumir, dejó de ofrecer orientación sobre la trayectoria futura de la política monetaria. Trump ha señalado que la Junta de Gobernadores dificulta esa orientación. La Reserva Federal fue diseñada con mandatos escalonados: solo dos de los siete puestos de la Junta vencen dentro de un mismo periodo presidencial.

El primer frente es el de la gobernadora Lisa Cook, designada por el expresidente Joe Biden en 2022 para un mandato que se extiende hasta 2038. La Administración intentó removerla hace un año, en un proceso que concluyó con un pronunciamiento de la Corte Suprema según el cual un presidente no puede destituir a un gobernador de la Fed sin causa suficiente y sin un procedimiento que exponga las razones y las pruebas. El fallo mantuvo a Cook en el cargo y devolvió el caso a un tribunal federal de distrito.

La Administración decidió continuar el trámite y sostiene que una declaración incorrecta en un documento hipotecario, realizada años atrás, constituiría causa suficiente. La Casa Blanca le solicitó responder este miércoles a una comunicación en la que expone sus argumentos. Cook ha calificado la gestión como un pretexto para incidir en la política de tasas y, de acuerdo con Reuters, previsiblemente continuará su defensa, por lo que el caso podría derivar en un litigio prolongado mientras ella permanece en la Junta.

Un segundo frente corresponde a Jerome Powell, quien encabezó el banco central por más de ocho años hasta mayo y optó por permanecer como gobernador hasta el vencimiento de su mandato, a comienzos de 2028. Esa salida constituye, por ahora, la única vacante cierta que la Administración podría cubrir en lo que resta del periodo presidencial.

El tercer elemento es la decisión del vicepresidente de la Fed, Philip Jefferson, quien el próximo año deberá optar entre retirarse al término de su periodo en ese cargo o permanecer como gobernador hasta 2036. La práctica habitual ha sido que los vicepresidentes se retiren al concluir su liderazgo. Jefferson, también designado durante la Administración de Biden, no se ha pronunciado sobre sus planes. Si decidiera permanecer, la Administración tendría que escoger al vicepresidente entre los gobernadores en ejercicio, un grupo reducido en el que, además de Warsh, figuran solo dos designados propios: Michelle Bowman, actual vicepresidenta de supervisión, y Christopher Waller.

Fuera de Washington, la presidencia de la Reserva Federal de Atlanta permanece vacante desde el 28 de febrero. Según Reuters, el proceso de selección estaba próximo a definirse en torno a un finalista, pero se aplazó para que Warsh asumiera y revisara la escogencia. Los presidentes de los 12 bancos regionales participan en las ocho reuniones anuales de política monetaria y cinco de ellos votan de manera rotatoria sobre las tasas; sus nombramientos son propuestos por las juntas locales y aprobados por la Junta de Gobernadores. El análisis anota que estos cargos no han sido considerados tradicionalmente una vía de influencia del Ejecutivo: en la reunión del 28 y 29 de julio fueron tres presidentes regionales quienes salvaron su voto a favor de un aumento de tasas.

En conjunto, el caso de Cook, la eventual salida de Powell, la decisión de Jefferson y la vacante en Atlanta podrían modificar de manera gradual la composición del equipo que define la política monetaria estadounidense. El diseño institucional de la Reserva Federal, la duración de los mandatos y los mecanismos de designación y remoción acotan, sin embargo, el margen de cualquier Administración para introducir cambios inmediatos.

MIGRACIÓN

Estados Unidos pausa temporalmente las citas para visas de inmigrante en consulados de todo el mundo

El Departamento de Estado de Estados Unidos suspendió temporalmente la programación de nuevas citas para visas de inmigrante en embajadas y consulados de todo el mundo, mientras capacita a su personal sobre nuevos procedimientos consulares. La medida no implica una suspensión indefinida de la emisión de estos visados, que permiten a ciudadanos extranjeros ingresar al país con el objetivo de obtener la residencia permanente.

Un portavoz del Departamento de Estado señaló que la pausa busca permitir el entrenamiento de los funcionarios consulares antes de aplicar las nuevas directrices, aunque no precisó una fecha para la reanudación completa de las citas. Las entrevistas que ya habían sido programadas no fueron canceladas definitivamente, sino que están siendo reprogramadas, y los solicitantes afectados comenzaron a recibir notificaciones por correo electrónico.

De acuerdo con información divulgada por The Wall Street Journal, la actualización de los procedimientos busca reforzar la evaluación sobre la posibilidad de que los solicitantes puedan convertirse en una “carga pública” bajo la legislación estadounidense o dependan de determinados beneficios gubernamentales. La capacitación del personal consular comenzó la semana pasada y forma parte de la aplicación de estos nuevos criterios.

La pausa afecta únicamente a las visas de inmigrante, incluidas categorías familiares, algunas basadas en empleo como EB-1, EB-2 y EB-3, y la visa para inversionistas EB-5. En contraste, las visas de no inmigrante, entre ellas las de turismo y negocios B1/B2, estudiantes F y M, intercambio J y trabajadores temporales, no forman parte de la suspensión.

La decisión se produce mientras la Administración del presidente Donald Trump avanza en una serie de cambios a su política migratoria y de visados. Entre las medidas recientes se encuentra una propuesta para elevar significativamente las tarifas asociadas a determinadas visas de trabajo H-1B, así como mayores controles sobre extranjeros que ingresaron con visas temporales y posteriormente solicitaron asilo.

El Departamento de Estado también anunció esta semana que estudia una posible revocación de visas temporales de hasta 200.000 extranjeros que ingresaron a Estados Unidos con permisos de turismo o negocios antes de presentar solicitudes de asilo. Según el portavoz Tommy Pigott, la revisión se concentra en personas que utilizaron inicialmente visas destinadas a estancias de corta duración.

A estas decisiones se suman otras medidas migratorias impulsadas por la Casa Blanca, incluidas nuevas acciones relacionadas con la ciudadanía por nacimiento después de que la Corte Suprema bloqueara un intento previo de restringir ese derecho para determinados hijos de padres no ciudadanos. Por ahora, el Departamento de Estado no ha establecido cuándo concluirá la pausa en las citas de visas de inmigrante.

Para las empresas, la pausa introduce incertidumbre en los cronogramas de traslado de personal, en los procesos de residencia asociados a categorías de empleo como EB-1, EB-2 y EB-3, y en proyectos vinculados a la visa de inversionista EB-5. Mientras no se anuncie una fecha de reanudación, conviene revisar los calendarios de movilidad internacional, prever holguras en los trámites en curso y confirmar el estado de cada cita directamente con el consulado correspondiente.

POLÍTICA

Estados demandan al Gobierno de Trump por las nuevas reglas federales sobre voto por correo

Una coalición integrada por 23 estados y el Distrito de Columbia, junto con el gobernador de Pensilvania, presentó este miércoles una nueva demanda contra el Gobierno del presidente Donald Trump para bloquear las reglas del Servicio Postal de Estados Unidos (United States Postal Service, USPS) que modifican el manejo del voto por correo de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre. La acción fue presentada ante un tribunal federal de Massachusetts, dos días después de que la Corte Suprema levantara una orden judicial previa que impedía aplicar parte de las medidas.

La disputa se concentra en una regulación publicada por el USPS para implementar una orden ejecutiva firmada por Trump en marzo. Entre otras disposiciones, la norma exige a los estados proporcionar al Servicio Postal listas de los electores habilitados para recibir papeletas por correo y someter a aprobación federal determinados elementos utilizados en los sobres, además de incorporar nuevos requisitos de identificación y seguimiento de los envíos.

Los estados demandantes sostienen que el Servicio Postal carece de autoridad para imponer requisitos sobre la administración de las elecciones y argumentan que las nuevas obligaciones podrían alterar procesos que ya se encuentran en marcha. También señalan que el corto plazo disponible antes del envío de las primeras papeletas podría generar mayores costos, dificultades operativas y riesgos para la participación de votantes que utilizan esta modalidad.

“En todo el país, los estados ya están profundamente involucrados en los preparativos para las elecciones de 2026”, afirmó la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien cuestionó la intervención del Gobierno federal y sostuvo que el USPS no tiene autoridad para determinar quién puede votar por correo. La demanda plantea además que la Constitución reserva a los estados y al Congreso competencias centrales sobre la regulación de las elecciones federales.

La Casa Blanca defendió las modificaciones y afirmó que las propuestas del Servicio Postal constituyen “medidas de sentido común que protegen la seguridad de las papeletas por correo”. La Administración señaló que continuará trabajando para implementar las disposiciones con el objetivo, según su posición, de fortalecer la seguridad de las elecciones, mientras el USPS indicó que no haría comentarios debido al litigio pendiente.

La nueva demanda se produce después de que la Corte Suprema determinara el lunes que una impugnación anterior presentada por 23 estados y el Distrito de Columbia era prematura, una decisión que levantó una de las restricciones judiciales contra la orden de Trump, pero no resolvió de fondo su legalidad. El litigio actual parte de una situación distinta, ya que el USPS publicó posteriormente la regulación definitiva que establece cómo pretende aplicar las disposiciones.

Este miércoles, la jueza federal Indira Talwani también levantó una orden judicial que impedía al Servicio Postal ejecutar las medidas durante las elecciones de noviembre, al considerar que la decisión de la Corte Suprema la obligaba a retirar esa restricción. No obstante, el plan continúa enfrentando otros procesos judiciales y la nueva demanda busca obtener una orden que impida la aplicación de la regulación antes de los comicios.

El voto por correo ha sido objeto de sucesivas disputas políticas y judiciales durante la Administración Trump, que ha impulsado mayores controles sobre esta modalidad argumentando razones de seguridad electoral. Sus opositores, incluidos fiscales generales demócratas y organizaciones de derechos electorales, cuestionan la autoridad del Ejecutivo para introducir estos cambios y advierten sobre posibles alteraciones en la organización de los comicios, por lo que serán los tribunales federales los encargados de determinar el alcance de las nuevas reglas.

POLÍTICA

Meta acuerda pagar hasta US$17.000 millones y reforzar protecciones para menores en Facebook e Instagram

Meta alcanzó este miércoles un acuerdo por hasta US$17.000 millones con 47 estados de Estados Unidos para resolver demandas relacionadas con el impacto de Facebook e Instagram sobre menores de edad. El pacto, que todavía debe recibir aprobación judicial, también contempla nuevas medidas de seguridad dirigidas a niños y adolescentes que utilizan ambas plataformas.

El acuerdo pone fin a un proceso judicial en el que varios estados acusaban a Meta de diseñar determinadas funciones para incrementar el tiempo de uso de sus plataformas entre jóvenes y de no informar adecuadamente sobre sus posibles efectos. El fiscal general de Virginia, Jay Jones, sostuvo que la compañía había ocultado durante años características que, según los demandantes, podían afectar la salud mental de los menores.

Como parte del acuerdo, Meta incorporará límites diarios obligatorios de uso, pausas para menores y restricciones a las notificaciones durante el horario escolar entre semana. También implementará mecanismos más estrictos de verificación de edad, controles de contenido adaptados a cada grupo etario y mayores herramientas para que los padres supervisen las cuentas de sus hijos.

Las medidas incluyen además restricciones sobre funciones vinculadas con la comparación social, como los conteos de “me gusta”, así como controles destinados a reducir la exposición de menores a contenidos relacionados con acoso, trastornos alimentarios y autolesiones. Un auditor independiente evaluará posteriormente la implementación y efectividad de estas disposiciones.

El monto que puede alcanzar los US$17.000 millones será distribuido entre los estados durante un periodo de diez años y parte de los recursos se destinará a programas relacionados con salud mental infantil, actividades extracurriculares y alfabetización digital. California recibiría al menos US$1.500 millones, mientras que Nueva Jersey espera obtener US$525 millones, Massachusetts US$366 millones y Virginia US$353 millones.

Meta afirmó que el acuerdo complementa sus esfuerzos para mejorar la experiencia de adolescentes y padres en sus plataformas y señaló que las nuevas medidas podrían servir como estándar para la industria. La compañía también instó a TikTok y YouTube a adoptar protecciones similares, entre ellas límites diarios de uso, restricciones nocturnas y mecanismos para verificar la edad de los usuarios. Según los términos divulgados, algunas disposiciones se endurecen si esas plataformas asumen compromisos equivalentes: el límite diario para menores bajaría de dos horas a una y el monto a cargo de Meta aumentaría.

El pacto también interrumpe un juicio federal que se desarrollaba en California y en el que participaban California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, aunque Meta todavía enfrenta demandas presentadas por particulares y distritos escolares. Las acciones judiciales surgieron después de una investigación de una coalición bipartidista de fiscales generales y sostenían, entre otros señalamientos, que la empresa habría recopilado datos de menores de 13 años sin consentimiento parental.

SEGURIDAD

Jefe del Comando Sur visita Colombia para reforzar la cooperación contra el narcotráfico

El comandante del Comando Sur de Estados Unidos (U.S. Southern Command, SOUTHCOM), general Francis L. Donovan, llegó a Colombia para reunirse con los nuevos mandos de las Fuerzas Militares y revisar las acciones conjuntas contra el narcotráfico y las organizaciones que Washington identifica como “narcoterroristas”. La visita busca fortalecer la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Colombia en medio de una nueva etapa de coordinación bilateral.

Donovan asumió el mando del SOUTHCOM el pasado 5 de febrero y desde entonces ha establecido entre sus prioridades aumentar la presión contra carteles de drogas y organizaciones terroristas en el hemisferio occidental. Durante su visita, está previsto que sostenga encuentros con los nuevos líderes militares colombianos para analizar mecanismos de cooperación y acciones contra las redes vinculadas al tráfico de drogas.

La llegada del comandante se produce dos semanas después de que Colombia formalizara su ingreso como miembro número 19 de la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C), en el marco de la iniciativa Escudo de las Américas. Durante una reunión celebrada en Panamá el 12 de agosto, Estados Unidos y Colombia también acordaron fortalecer el trabajo conjunto entre la Fuerza Pública colombiana y el Departamento de Guerra estadounidense.

La visita coincide además con una intensificación de las operaciones estadounidenses contra las rutas marítimas utilizadas para el narcotráfico. El SOUTHCOM informó que el 23 de agosto ejecutó un ataque contra una embarcación en el Pacífico oriental que, según inteligencia estadounidense, participaba en actividades de narcotráfico, y que el 25 de agosto, bajo la dirección de Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental (Joint Task Force Western Hemisphere, JTF-WHEM) atacó una lancha rápida en el Caribe, en una operación en la que murieron cuatro personas identificadas por el comando como narcoterroristas.

La agenda se desarrolla después de que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, señalara durante el encuentro de la A3C en Panamá que el Gobierno colombiano había solicitado ampliar la cooperación estadounidense frente a organizaciones armadas vinculadas al narcotráfico. La visita de Donovan permitirá avanzar en la definición de los mecanismos operativos de esa cooperación y en la coordinación entre las fuerzas militares de ambos países.

SEGURIDAD

Jefe del Comando Sur visita Colombia para reforzar la cooperación contra el narcotráfico

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este miércoles que firmó la extradición de cinco ciudadanos colombianos requeridos por cortes de Estados Unidos y que hasta ahora contaban con beneficios derivados de su participación en procesos de paz adelantados durante el gobierno de Gustavo Petro. Según el mandatario, los requerimientos corresponden a delitos relacionados con narcotráfico, concierto para delinquir, lavado de activos, porte de armas y narcoterrorismo.

La entrega procede de manera inmediata en tres casos: Willington Henao Gutiérrez, alias El Mocho Olmedo; Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca; y Geovanny Andrés Rojas, alias Araña. Los tres se encuentran privados de la libertad. Henao Gutiérrez es señalado por las autoridades como presunto segundo cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las Farc, y la Corte Suprema de Justicia había emitido concepto favorable a su extradición en 2025. Rojas es identificado como presunto cabecilla de los Comandos de la Frontera y es requerido por la Corte del Distrito Sur de California. Castillo Carrillo, presunto jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como Los Pachenca, es solicitado por la Corte del Distrito Este de Texas; el gobierno anterior había suspendido su entrega en julio de 2025 por los diálogos sociojurídicos con esa estructura.

El mandatario informó además que firmó la extradición de Gabriel Yepes Mejía, alias HH, y de Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, quienes no han sido capturados. En consecuencia, impartió a la Fuerza Pública la orden de arrestarlos para proceder con su entrega. Yepes Mejía es señalado como presunto comandante del frente Comuneros del Sur, disidencia del ELN en Nariño que sostuvo diálogos con el gobierno anterior, y es requerido por la Corte del Distrito Este de Texas por concierto para delinquir y tráfico internacional de cocaína; su entrega había sido suspendida en mayo de 2025 mientras aportara al proceso de paz. Castillo Carrillo, hermano de alias Muñeca, había sido reconocido en 2025 como vocero en la mesa con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y también es requerido por esa corte federal.

Las decisiones se producen en el marco del desmonte de los beneficios otorgados bajo la política de Paz Total, que el Ejecutivo inició en agosto con el traslado de internos de alto perfil vinculados a esos espacios de diálogo. La suspensión de órdenes de captura y de entregas a Estados Unidos, adoptada por el gobierno anterior para favorecer las negociaciones, había sido uno de los puntos de fricción en la relación bilateral.

En mensajes dirigidos a aliados internacionales, y en particular a Estados Unidos, el presidente sostuvo que Colombia cumple sus compromisos y reiteró la disposición del país a trabajar de manera conjunta en la lucha contra el narcotráfico.

SEGURIDAD

Presidente De la Espriella firma la extradición de cinco ciudadanos requeridos por cortes de Estados Unidos

El presidente Abelardo de la Espriella anunció la extradición a Estados Unidos de Willinton Henao Gutiérrez, alias “El Mocho Olmedo”; Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias “Muñeca”; y Giovanni Andrés Rojas, alias “Araña”. También autorizó la extradición de Gabriel Yepes Mejía, alias “HH”, y Fredy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”, quienes deberán ser capturados antes de que pueda hacerse efectiva su entrega.

Aunque los cinco habían estado vinculados a iniciativas de diálogo o paz durante el gobierno anterior, no pertenecían al mismo proceso. Henao estaba acreditado como representante de estructuras disidentes de las FARC; Gabriel Yepes, alias “HH”, participaba en la mesa de conversaciones con Comuneros del Sur; Carmen Evelio Castillo, alias “Muñeca”, y Fredy Castillo, alias “Pinocho”, estaban vinculados al proceso con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada; y Giovanni Andrés Rojas, alias “Araña”, había participado en los acercamientos con los Comandos de Frontera.

Las solicitudes estadounidenses corresponden igualmente a expedientes diferentes. Carmen Evelio Castillo es requerido por la Corte Federal del Distrito Este de Texas por cargos relacionados con concierto para delinquir, tráfico de drogas y porte de armas; la Corte Suprema de Justicia colombiana emitió concepto sobre su extradición en mayo de 2025. En el caso de Gabriel Yepes, las actuaciones también están vinculadas a un requerimiento estadounidense por delitos relacionados con narcotráfico. Fredy Castillo, por su parte, aparece desde años atrás en procesos relacionados con organizaciones criminales y narcotráfico, incluido un expediente estadounidense en el que se le atribuyeron conductas asociadas con distribución de cocaína destinada a Estados Unidos.

Según informó el Presidente, en conjunto los requerimientos se relacionan con delitos como narcotráfico, concierto para delinquir, lavado de activos, porte de armas y narcoterrorismo. La decisión del Gobierno no unifica jurídicamente los cinco casos: cada extradición mantiene su propio expediente, autoridad requirente y situación procesal.

El anuncio tiene efectos tanto internos como bilaterales. En Colombia, marca una diferenciación entre la participación en procesos de diálogo y la existencia de solicitudes judiciales internacionales. En la relación con Estados Unidos, refuerza la cooperación judicial y antinarcóticos, uno de los componentes históricos de la agenda bilateral.

El Gobierno también utilizó la decisión para reiterar ante Washington y otros socios internacionales que Colombia mantendrá sus compromisos de cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado. El siguiente paso dependerá ahora de cada expediente: quienes están detenidos deberán completar el procedimiento de entrega, mientras que para quienes permanecen en libertad será necesario hacer efectivas las órdenes de captura.

SEGURIDAD

Autoridades federales incautan dominios usados en operaciones de ciberespionaje vinculadas a China

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (Department of Justice, DOJ) y la Oficina Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation, FBI) anunciaron la desarticulación de una infraestructura de ciberespionaje que, según las autoridades estadounidenses, estaba vinculada a actores patrocinados por el Estado chino y había comprometido redes de instituciones como la NASA, la Reserva Federal y el Senado.

La operación permitió incautar los dominios asociados a QScan y QTRouter, dos plataformas utilizadas por un grupo identificado como QTFY y relacionado por las autoridades con la empresa china Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company. Documentos judiciales presentados en California señalan que entre las entidades afectadas también estuvieron el Departamento de Energía, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, los Institutos Nacionales de Salud (National Institutes of Health, NIH) y varias empresas de Estados Unidos y Corea del Sur.

Según el DOJ, QScan permitía identificar y comprometer automáticamente miles de dispositivos conectados al Internet de las Cosas (IoT), que posteriormente eran incorporados a QTRouter. Esta segunda red habría servido para ocultar el origen de las operaciones, haciendo que el tráfico malicioso pareciera provenir de dispositivos ubicados fuera de China, mientras la incautación de los dominios asociados permitió inutilizar ambas plataformas.

Los documentos judiciales sostienen que los servicios de QTFY eran ofrecidos a clientes de pago, entre ellos el Ministerio de Seguridad del Estado chino y el Ejército Popular de Liberación, y que su infraestructura habría sido utilizada desde al menos 2018 para atacar redes en Estados Unidos y otros países. “Los piratas informáticos maliciosos patrocinados por Estados que atacan la infraestructura crítica de Estados Unidos serán detenidos y procesados”, afirmó el fiscal general Todd Blanche.

El director del FBI, Kash Patel, señaló que estas herramientas habrían sido utilizadas por actores cibernéticos de China para ocultar el origen de sus ataques. La investigación estuvo a cargo de la oficina del FBI en San Diego, su División Cibernética y la Sección de Seguridad Nacional del DOJ, en el marco de los esfuerzos federales para identificar y desactivar infraestructura utilizada en operaciones de ciberespionaje.

La acción se suma a otras operaciones estadounidenses contra grupos señalados por Washington de mantener vínculos con China, entre ellas la eliminación en 2025 del malware PlugX de miles de computadores y la desactivación de redes asociadas a Flax Typhoon y Volt Typhoon en años anteriores. China ha rechazado reiteradamente acusaciones de participar en actividades de piratería informática y su embajada en Washington no respondió a solicitudes de comentarios sobre esta operación.

SEGURIDAD

Juez federal rechaza intervenir en disputa entre Minnesota y Texas por extradición de agente de ICE

Un juez federal rechazó este miércoles intervenir en la disputa entre Minnesota y Texas por la extradición de Christian Castro, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) que enfrenta cargos en Minnesota por un tiroteo ocurrido este año y permanece detenido en Texas. El juez Fernando Rodriguez Jr. concluyó que no existían elementos suficientes para determinar que el gobernador de Texas, Greg Abbott, hubiera incumplido la legislación federal al no resolver todavía la solicitud de extradición.

La demanda había sido presentada la semana pasada por el gobernador de Minnesota, Tim Walz, quien buscaba impedir la liberación de Castro y conseguir que Texas lo entregara a las autoridades de su estado. Rodriguez señaló que Abbott aún no ha rechazado formalmente la solicitud y que Minnesota no identificó ninguna disposición legal o constitucional que obligue al gobernador texano a decidir sobre la extradición dentro de un plazo determinado.

Castro fue detenido por los Texas Rangers el 29 de mayo en el condado de Cameron a partir de una orden de captura nacional y enfrenta en Minnesota cuatro cargos graves y uno menor. Los fiscales del condado de Hennepin sostienen que el agente disparó contra Julio Sosa-Celis a través de la puerta de una vivienda durante la operación migratoria Metro Surge en el área de Minneapolis, hiriéndolo en una pierna y poniendo en riesgo a otras personas que se encontraban en el inmueble.

El agente podría quedar en libertad a partir de este jueves debido a una norma procesal de Texas que limita a 90 días la detención de personas que esperan ser extraditadas. Minnesota argumentó que Castro representa un riesgo de fuga hacia México, pero el juez consideró que esa posibilidad, aunque podría dificultar un eventual proceso penal, no era suficiente para justificar una intervención judicial en este momento.

Texas ha cuestionado hasta ahora que Castro pueda ser considerado un “fugitivo”, debido a que regresó a su base en ese estado en enero por instrucciones de ICE después del tiroteo. La oficina de Abbott sostiene que debe determinar primero si su traslado puede interpretarse como un intento de escapar de una eventual responsabilidad penal, mientras el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, afirmó que continuará litigando para conseguir que Castro enfrente los cargos en su estado.

Paralelamente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (Department of Justice, DOJ) analiza la posibilidad de presentar cargos federales contra Castro y ha mantenido conversaciones con fiscales de Minnesota, aunque hasta ahora no se ha tomado una decisión. Una eventual acusación federal podría avanzar de manera simultánea al proceso estatal y no impediría que Minnesota mantuviera los cargos actualmente formulados contra el agente.

DIPLOMACIA

Presidente Trump descarta fijar un plazo para retomar las negociaciones de paz con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que no tiene prisa por retomar las negociaciones de paz con Irán y aseguró que Washington mantiene una posición de ventaja frente a Teherán, en momentos en que el Gobierno estadounidense intensifica su estrategia de presión económica y el conflicto se aproxima a los seis meses.

En una entrevista con la cadena catarí Al Jazeera, Trump señaló que no ha establecido una fecha límite para que Irán regrese a la mesa de negociaciones con el objetivo de alcanzar un acuerdo que ponga fin a las hostilidades. Las conversaciones permanecen estancadas después de varios intentos de mediación, mientras Washington ha reforzado las sanciones como uno de los principales instrumentos de presión sobre Teherán.

Las declaraciones se producen después del lanzamiento de la operación “Paria económico”, con la que Estados Unidos busca ampliar el aislamiento financiero de Irán y aumentar la presión sobre empresas y países que mantienen relaciones comerciales con Teherán. La estrategia contempla nuevas sanciones dirigidas a sectores como activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo, aunque Washington todavía no ha establecido un calendario completo para su aplicación.

Preguntado sobre si considera más efectivas las sanciones económicas o una nueva acción militar, Trump respondió que “ambas son efectivas”. El mandatario aseguró además que las fuerzas estadounidenses han avanzado en el desminado del estrecho de Ormuz y advirtió a Irán contra la instalación de nuevos explosivos en esta ruta estratégica, mientras Washington busca recuperar el tránsito marítimo afectado por el conflicto.

Las declaraciones mantienen abierta la posibilidad de nuevas acciones militares pese al énfasis reciente de Washington en la presión económica. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó esta semana que el Pentágono no descarta nuevos “ataques cinéticos” contra objetivos iraníes, mientras la Administración Trump continúa combinando sanciones, presión militar y esfuerzos diplomáticos para modificar la posición de Teherán.      

SANCIONES

EE.UU. sanciona a tres organizaciones por presuntos vínculos con redes terroristas de extrema izquierda

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra Autistici Inventati, Palestine Action y Masar Badil, organizaciones a las que vinculó con redes de terrorismo de extrema izquierda y con el apoyo material o tecnológico a actividades consideradas terroristas. La medida fue adoptada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC), como parte de una estrategia de Washington para limitar las fuentes de financiamiento y la infraestructura utilizada por este tipo de grupos.

“Los extremistas de extrema izquierda, sus organizaciones pantalla y quienes los facilitan deben tomar nota: utilizaremos todo el peso de nuestras herramientas económicas”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien agregó que el Gobierno continuará actuando contra los canales financieros asociados a estas organizaciones. El Tesoro señaló que la Estrategia Antiterrorista de Estados Unidos de 2026 identifica a los grupos violentos de extrema izquierda entre las principales amenazas terroristas que enfrenta el país.

Entre las organizaciones sancionadas se encuentra Autistici Inventati, una entidad con sede en Italia que, según el Tesoro, proporciona herramientas tecnológicas a grupos extremistas, entre ellas alojamiento de sitios web en servidores extranjeros, cuentas de correo electrónico cifradas, servicios de chat y videoconferencia y otras soluciones de infraestructura digital. La entidad estadounidense sostuvo que estos servicios también habrían sido facilitados a organizaciones sancionadas, incluido el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

OFAC también sancionó a Palestine Action, organización con sede en Reino Unido que fue proscrita como grupo terrorista por el Gobierno británico en julio de 2025. Según el Tesoro, desde 2020 el grupo ha participado o respaldado acciones que causaron lesiones a integrantes de las fuerzas del orden, daños a instalaciones de defensa y pérdidas por millones de dólares en equipos militares, además de promover en redes sociales tácticas similares para ser replicadas internacionalmente, incluso en Estados Unidos y en la frontera entre Estados Unidos y México.

La tercera organización sancionada fue Masar Badil, un grupo transnacional que el Tesoro describió como vinculado a Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network, organización sancionada conjuntamente por Estados Unidos y Canadá en octubre de 2024 por sus presuntos nexos con el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP). De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Masar Badil y Samidoun comparten mecanismos de recaudación de fondos, dirigentes y miembros de sus comités ejecutivos.

Las medidas también alcanzaron a Rawa Alsagheer, radicada en Brasil, y Zaid Abdulnasser, con sede en Alemania, identificados por el Tesoro como dirigentes de Masar Badil. Washington indicó que las sanciones forman parte de un esfuerzo más amplio para interrumpir estructuras financieras, tecnológicas y organizativas que, según sus autoridades, permiten a grupos considerados terroristas operar y coordinar actividades entre distintos países.