Presidente Trump Concluye Gira Por Asia Con Acuerdos Económicos Por Más De US$17.000 Millones -  AmCham Colombia
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Presidente Trump concluye gira por Asia con acuerdos económicos por más de US$17.000 millones

20 de noviembre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concluyó una gira de cuatro días por Filipinas y China durante la cual anunció acuerdos comerciales e inversiones por más de US$17.000 millones, además de compromisos de cooperación en materia energética, tecnológica y de seguridad. Según el balance publicado por la Casa Blanca, las iniciativas buscan ampliar las oportunidades para empresas estadounidenses, respaldar decenas de miles de empleos y fortalecer la presencia económica y estratégica del país en el Indo-Pacífico.

En materia comercial, la administración destacó el acuerdo alcanzado con Tailandia, que contempla la eliminación de aranceles sobre el 99% de las exportaciones estadounidenses y una mayor apertura para vehículos, dispositivos médicos, productos farmacéuticos, etanol y productos avícolas. El Gobierno tailandés también se comprometió a incrementar sus compras anuales de productos agrícolas estadounidenses en US$2.600 millones. Por su parte, Filipinas anunció su intención de reducir hasta eliminar el déficit comercial bilateral de Estados Unidos mediante mayores importaciones de energía y productos agrícolas estadounidenses.

En el sector energético, Trump promovió ante los líderes de la región el proyecto de gas natural licuado (GNL) de Alaska y la ampliación de la cooperación energética. De acuerdo con la Casa Blanca, esta agenda busca ampliar la capacidad de producción y suministro energético estadounidense, reducir los costos internos y fortalecer la seguridad energética. La administración también destacó que la producción de energía del país se encuentra en niveles récord, como parte de su estrategia de expansión del sector.

En el ámbito diplomático, Trump participó en Shenzhen en una reunión trilateral con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de China, Xi Jinping, durante la cual abordaron la estabilidad internacional, la seguridad nuclear y los mecanismos de cooperación entre las tres potencias. El mandatario estadounidense planteó la necesidad de reducir los arsenales nucleares y avanzar hacia una solución de la guerra entre Rusia y Ucrania. Según la declaración conjunta, los tres gobiernos acordaron mantener el diálogo sobre riesgos nucleares, prevención de la proliferación y seguridad internacional.

La agenda también incluyó iniciativas de seguridad regional y cooperación tecnológica. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) adoptó un plan de trabajo para combatir las estafas digitales y otras modalidades de delincuencia transnacional, mientras que Trump participó en una reunión con los líderes del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (Quad) para abordar los desafíos estratégicos del Indo-Pacífico. Finalmente, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el presidente destacó el crecimiento económico estadounidense y el desarrollo de tecnologías de superinteligencia como componentes de la agenda de innovación de su administración.

DIPLOMACIA

Embajada de Colombia y Voyager Technologies exploran el potencial de La Guajira en la economía espacial

La embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, sostuvo una reunión con representantes de Voyager Technologies para analizar el potencial de La Guajira en la economía espacial. El encuentro dio continuidad a las conversaciones iniciadas durante la Milagro Week, la agenda de promoción de inversión que el Gobierno colombiano realizó en Nueva York. Según la Embajada, el diálogo se centró en oportunidades de infraestructura espacial, cooperación tecnológica e inversión, en momentos en que Colombia busca desarrollar sus capacidades aeroespaciales y atraer socios internacionales.

Voyager Technologies es una compañía aeroespacial estadounidense que cotiza en bolsa y tiene su sede en Denver, Colorado. Trabaja en defensa, seguridad nacional e infraestructura espacial, y desde 2021 desarrolla la estación espacial comercial Starlab.

El acercamiento se suma a Guajira Spaceport, la iniciativa que presentó el gobernador del departamento, Jairo Aguilar, durante la Milagro Week. El proyecto propone evaluar las condiciones de Puerto Bolívar, en la Alta Guajira, como posible plataforma para el lanzamiento de cohetes y satélites. Entre sus ventajas, el departamento destaca la ubicación de Puerto Bolívar, cerca de los 12 grados de latitud norte, una condición que podría favorecer determinadas trayectorias de lanzamiento.

SEGURIDAD

Departamento de Estado confirma apoyo a Colombia para reanudar la erradicación aérea de cultivos de coca

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó su respaldo a los planes del Gobierno colombiano para reanudar la erradicación aérea de cultivos de coca, suspendida desde hace 11 años, y anunció que facilitará asistencia técnica y aeronaves para apoyar las operaciones. La posición quedó consignada en una carta fechada el 18 de noviembre de 2026 y dirigida al congresista demócrata Mark Pocan, en respuesta a las inquietudes presentadas por un grupo de legisladores sobre la participación estadounidense en el programa.

El documento, firmado por Katherine Bowles, secretaria adjunta de Estado para Asuntos Legislativos, señala que Washington respalda los esfuerzos de Colombia contra el narcotráfico y el narcoterrorismo, incluida la recuperación de la aspersión aérea como parte de una estrategia que también contempla la erradicación manual y la interdicción. Según la comunicación, estas medidas tienen el potencial de reducir los cultivos de coca, la producción de cocaína y el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

La administración colombiana prepara un programa piloto de corta duración para evaluar la viabilidad de retomar las operaciones aéreas, con una intervención inicial prevista sobre 1.000 hectáreas de cultivos de coca en Putumayo. El Departamento de Estado precisó que Colombia liderará el proceso y asumirá el suministro de personal, combustible y herbicidas, mientras que Estados Unidos proporcionará asistencia técnica y aeronaves, incluidos helicópteros y aviones de ala fija para aspersión, cuyo mantenimiento estará a cargo de Washington.

La selección del herbicida corresponderá exclusivamente al Gobierno colombiano, de conformidad con la legislación nacional, los procedimientos regulatorios y las decisiones judiciales. El programa contempla utilizar glufosinato de amonio, aunque su implementación permanece suspendida provisionalmente por decisión del Tribunal Administrativo de Putumayo, que señaló la necesidad de resolver incertidumbres sobre sus posibles efectos sanitarios y ambientales. La reanudación de las operaciones también está sujeta a los procedimientos de evaluación y autorización correspondientes.

La respuesta estadounidense se produjo después de que 19 congresistas demócratas, encabezados por Pocan, solicitaran al secretario de Estado, Marco Rubio, que Washington se abstuviera de respaldar financiera o logísticamente la reactivación de las fumigaciones. Los legisladores expresaron preocupaciones sobre los posibles efectos de los herbicidas en la salud humana y los ecosistemas amazónicos, además de cuestionar la eficacia histórica de esta modalidad de erradicación. Tras conocer la respuesta, Pocan reiteró su oposición al programa y sostuvo que sus riesgos no justifican la reanudación.

Finalmente, el Departamento de Estado indicó que evaluará la mejor manera de apoyar una campaña sostenida de erradicación aérea una vez concluido el piloto, sin precisar nuevos compromisos financieros ni un cronograma para esa etapa. La entidad también destacó la importancia de ampliar la presencia institucional en las zonas rurales donde operan economías ilícitas, aunque señaló que Colombia deberá liderar estas iniciativas y compartir los costos de su implementación. Washington continuará definiendo las áreas específicas de cooperación y mantendrá informado al Congreso estadounidense sobre los avances.

SEGURIDAD

OEA aprueba convocar a los cancilleres del TIAR para examinar sanciones contra organizaciones narcoterroristas

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este viernes, en una sesión extraordinaria en Washington, convocar al Órgano de Consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), conocido como Tratado de Río. La resolución obtuvo 14 votos a favor, dos en contra y una abstención, la de Bahamas. Uruguay y Brasil votaron en contra. Solo votaron los Estados miembros de la OEA que son parte del tratado.

La propuesta la presentaron países del Escudo de las Américas, la alianza regional de seguridad promovida por Estados Unidos, entre ellos Colombia. La resolución basa la convocatoria en la existencia de una “situación de peligro a la paz hemisférica” vinculada al crimen organizado “implicado en tráfico de drogas y terrorismo”. Según el texto aprobado, los cancilleres de los países del TIAR deberán reunirse dentro de los próximos 75 días para examinar posibles medidas diplomáticas, jurídicas u otras acciones que no impliquen el uso de la fuerza armada. Hasta esa reunión, el Consejo Permanente podrá actuar provisionalmente como órgano de consulta.

El secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, afirmó que los países del Escudo de las Américas lideraron el esfuerzo regional para imponer sanciones y otras consecuencias a las organizaciones narcoterroristas que amenazan la vida y los medios de subsistencia de los ciudadanos. Señaló que la resolución abre el proceso para que los ministros de Relaciones Exteriores impongan esas sanciones en virtud del Tratado de Río.

La decisión desarrolla la declaración conjunta que Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago difundieron el 22 de septiembre. En ella se comprometieron a coordinar sanciones, congelamiento de activos y restricciones de visado contra 24 organizaciones narcoterroristas. México, que no es parte del TIAR, expresó su rechazo a la activación del mecanismo. Uruguay y Brasil también se opusieron.

El TIAR, suscrito en 1947, es el mecanismo de defensa colectiva del hemisferio. Su Órgano de Consulta, integrado por los cancilleres de los Estados parte, puede acordar medidas colectivas frente a amenazas a la paz regional. El mecanismo se activó tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y en 2019 frente al gobierno de Nicolás Maduro.

 

SEGURIDAD

Estados Unidos anuncia US$13,5 millones en equipamiento militar para Honduras y amplía cooperación en seguridad

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció un aporte inicial de US$13,5 millones en equipamiento militar para Honduras durante una reunión con el presidente Nasry Asfura, celebrada el 19 de noviembre en la base aérea José Enrique Soto Cano, en Palmerola. El anuncio forma parte de los compromisos de cooperación bilateral para el periodo 2026-2027, orientados a fortalecer la seguridad fronteriza, las capacidades de defensa y la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales.

Durante el encuentro, ambos gobiernos suscribieron dos instrumentos de cooperación en materia de defensa y seguridad nacional. El primero consiste en un memorando de entendimiento sobre ciberdefensa, mediante el cual buscarán mejorar la protección de sistemas críticos, intercambiar información sobre amenazas digitales y fortalecer las capacidades tecnológicas de las Fuerzas Armadas hondureñas. El acuerdo contempla especial atención a la infraestructura eléctrica del país, considerada una de las áreas prioritarias para la cooperación tecnológica.

El segundo instrumento corresponde a una declaración conjunta sobre Áreas de Defensa Nacional, cuyo propósito es reforzar la vigilancia fronteriza y limitar el tránsito de drogas, armas y organizaciones criminales. Hegseth explicó que Estados Unidos ha implementado este modelo en su frontera sur y destacó el compromiso del Gobierno hondureño de impulsar medidas similares. Según el funcionario, el fortalecimiento del control territorial constituye una herramienta para proteger la soberanía y reducir las actividades de las redes delictivas.

En sus declaraciones, Hegseth afirmó que Washington busca profundizar la cooperación militar con Honduras para desarticular las operaciones de los cárteles y restringir sus movimientos. También reconoció las decisiones del Gobierno hondureño de designar a la Mara Salvatrucha (MS-13), Barrio 18 y el denominado Cártel del Diablo como organizaciones terroristas. Por su parte, Asfura agradeció el apoyo estadounidense y sostuvo que su administración mantendrá las acciones contra el narcotráfico, las pandillas y el crimen organizado.

La reunión también abordó la situación de seguridad interna de Honduras, particularmente después de los hechos violentos registrados en el departamento de Yoro, donde 12 personas fueron asesinadas. Hegseth expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y reconoció las operaciones desplegadas por las autoridades hondureñas contra las estructuras señaladas como responsables. Asimismo, destacó el papel de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, establecida en la base de Soto Cano, como mecanismo de cooperación militar y asistencia humanitaria entre ambos países.

La visita a Honduras constituyó la última escala de una gira regional de Hegseth que también incluyó Venezuela, Colombia y Ecuador, durante la cual sostuvo encuentros con autoridades nacionales para abordar la cooperación en defensa y seguridad. Tras su reunión con Asfura, el Departamento de Guerra estadounidense reiteró su compromiso de trabajar conjuntamente contra las organizaciones vinculadas al narcotráfico. Los nuevos acuerdos establecen mecanismos de colaboración cuya implementación continuará durante 2026 y 2027, con énfasis en seguridad fronteriza, defensa tecnológica y fortalecimiento de las capacidades militares hondureñas.

SEGURIDAD

Alcalde Mamdani propone aplazar hasta 2032 el cierre de Rikers Island

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó un plan para cerrar el complejo penitenciario de Rikers Island antes de finalizar 2032 y sustituirlo por cuatro centros de detención distribuidos en distintos distritos de la ciudad. La propuesta contempla retrasar cinco años el plazo establecido por una ley municipal de 2019, que ordenaba el cierre de las instalaciones en agosto de 2027. Mamdani afirmó que la iniciativa busca transformar el sistema penitenciario y mejorar las condiciones de seguridad y atención de las personas privadas de la libertad.

Rikers Island ha sido objeto de denuncias durante décadas por presuntos abusos, episodios de violencia y deficiencias en la atención médica y psiquiátrica. En noviembre de 2024, una jueza federal cuestionó el incumplimiento de las medidas ordenadas para mejorar las condiciones del complejo, mientras que el caso de Kalief Browder, quien permaneció tres años detenido sin juicio y posteriormente se suicidó, se convirtió en uno de los antecedentes más citados en las discusiones sobre la reforma penitenciaria de Nueva York.

El cronograma presentado por la alcaldía establece que el primer centro de detención comenzará a funcionar en Brooklyn en 2029, seguido de las instalaciones del Bronx y Queens en 2031, mientras que la cárcel de Manhattan abriría en 2032. Las nuevas instalaciones tendrán menor capacidad y estarán ubicadas cerca de tribunales y estaciones de transporte público, con el objetivo de facilitar las visitas familiares, el acceso a los abogados y los traslados judiciales. Según la administración municipal, esta distribución también permitirá mejorar la supervisión y reducir el hacinamiento.

La estrategia incluye una inversión de US$146 millones durante el próximo año fiscal para ampliar los servicios de salud mental, tratamiento de adicciones, educación y capacitación laboral, tanto dentro de los centros penitenciarios como en programas comunitarios. Adicionalmente, la ciudad proyecta habilitar 236 nuevas camas terapéuticas en hospitales para personas detenidas con enfermedades graves o necesidades psiquiátricas complejas, que se sumarían a las 104 plazas ya habilitadas por la administración.

El plan también busca reducir la población penitenciaria de aproximadamente 6.600 personas a un máximo de 4.100 para finales de 2032, mediante medidas para agilizar los procesos judiciales y disminuir la detención preventiva. Para modificar el plazo legal de cierre, la administración deberá trabajar con el Concejo Municipal en una nueva legislación que ajuste el calendario aprobado en 2019. Entretanto, el Gobierno local continuará implementando medidas para mejorar las condiciones del complejo mientras avanza la construcción de las instalaciones que lo reemplazarán.

SEGURIDAD

Presidente Trump afirma que su Gobierno impedirá un eventual ataque iraní en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes en una rueda de prensa en la Casa Blanca que su administración impedirá un eventual ataque de Irán con una bomba sucia en Washington. Según el mandatario, el Gobierno estadounidense tiene amplia información sobre lo que ocurre en Irán, incluso sobre quiénes participarían y dónde se encuentran. Trump aseguró que los habitantes de la capital están a salvo y cuestionó que Teherán pudiera considerar un ataque de ese tipo.

Las declaraciones responden a un informe divulgado el 16 de noviembre por la cadena CNN. Según ese informe, las agencias de inteligencia estadounidenses detectaron que Irán estaría preparando planes para atacar a altos funcionarios del Gobierno en Washington con una bomba sucia o un arma química. Siete funcionarios citados por el medio señalaron que, por ahora, esa planificación se interpreta como un esfuerzo de Teherán por ampliar sus opciones de respuesta y no como indicio de un ataque inminente. Dentro del Gobierno también se debate si Irán tiene la capacidad de ejecutar una operación de ese tipo.

Una bomba sucia combina explosivos convencionales con material radiactivo. La Casa Blanca ha señalado que no hay amenazas creíbles contra el territorio estadounidense, y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional no quiso pronunciarse sobre el informe. Irán calificó de fabricadas las acusaciones en su contra, aunque no se refirió directamente a la información sobre la bomba sucia. El informe se conoció mientras siguen estancadas las conversaciones para poner fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán.

COMERCIO

Secretario Bessent descarta cambios en las restricciones a la exportación de chips avanzados hacia China

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó que los procesadores H200 de Nvidia continuarán siendo los chips más avanzados cuya exportación a China está permitida bajo determinadas condiciones, y descartó modificaciones inmediatas a la política comercial estadounidense. Durante una entrevista, el funcionario aseguró que la administración de Donald Trump mantendrá los límites tecnológicos establecidos para el mercado chino, al señalar que los H200 representan el umbral máximo autorizado para las ventas de semiconductores avanzados al país asiático.

Las declaraciones se producen después de que Nvidia anunciara la suspensión de los envíos de procesadores de su familia Hopper, que incluye los modelos H200, pese a contar con licencias estadounidenses para comercializarlos con determinados clientes chinos. Bessent explicó que Washington no ha solicitado modificar estas autorizaciones y atribuyó la reducción de las operaciones a una menor demanda de compradores chinos, que actualmente buscan desarrollar sus propias capacidades de fabricación y procesamiento de semiconductores.

La política de exportaciones forma parte de los controles tecnológicos establecidos por Estados Unidos para regular el acceso de China a componentes utilizados en inteligencia artificial y computación avanzada. El Departamento de Comercio mantiene un sistema de licencias individuales para determinadas operaciones, mientras que las restricciones sobre los procesadores de mayor capacidad continúan vigentes. Bessent reiteró que la administración busca preservar las ventajas tecnológicas estadounidenses sin interrumpir por completo las relaciones económicas con China.

El secretario también confirmó que la situación del exdirector ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, no fue abordada durante la reciente reunión entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, en Shenzhen. Huang renunció a la dirección de la compañía en noviembre, tras conocerse su relación con una persona vinculada a Megaspeed, empresa con sede en Singapur señalada por presuntamente facilitar el acceso de China a procesadores avanzados de Nvidia.

En materia de inteligencia artificial, Bessent afirmó que Trump y Xi alcanzaron un entendimiento para mantener la intervención humana en las decisiones militares que involucren esta tecnología. Según el funcionario, ambos mandatarios coincidieron en que los sistemas de inteligencia artificial no deben actuar de manera autónoma en operaciones militares de importancia, independientemente de la competencia tecnológica entre sus países. El acuerdo fue presentado como uno de los resultados de la reciente reunión bilateral, que también abordó asuntos comerciales y de seguridad internacional.

Finalmente, Bessent se refirió a la reciente salida a bolsa de Anthropic y anunció que uno de los fundadores de la empresa realizará una contribución significativa al programa "Trump Accounts" durante las próximas semanas, aunque no precisó su identidad ni el monto previsto. La iniciativa gubernamental busca promover el ahorro y la inversión mediante cuentas de ahorro e inversión para menores de edad, con un aporte inicial del Gobierno para los nacidos entre 2025 y 2028. El anuncio se suma a los esfuerzos de la administración para vincular al sector tecnológico con sus programas de inversión y ahorro infantil.

ECONOMÍA

Presidente Trump plantea penalizaciones tributarias a empresas que construyan centros de datos fuera de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su administración contempla imponer elevados impuestos y sanciones a las empresas tecnológicas estadounidenses que construyan centros de datos de inteligencia artificial (IA) en otros países. Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el mandatario afirmó que busca concentrar estas inversiones dentro del territorio nacional y evitar que China acceda a infraestructura tecnológica desarrollada por compañías estadounidenses. Sin embargo, no precisó los mecanismos legales para implementar las medidas ni presentó un calendario para su entrada en vigor.

Trump sostuvo que las compañías deberán priorizar la construcción de centros de datos en Estados Unidos y advirtió que quienes desarrollen estas instalaciones en el exterior enfrentarán penalizaciones económicas. El presidente reconoció que todavía no había comunicado formalmente la propuesta a los funcionarios de su administración, por lo que las posibles restricciones permanecen en una fase preliminar. Asimismo, pidió a las comunidades estadounidenses que aprovechen las oportunidades económicas asociadas a estos proyectos y negocien compensaciones con las empresas responsables de su construcción.

El anuncio se produce mientras las principales compañías tecnológicas enfrentan una creciente oposición local a la expansión de centros de datos, debido a su elevado consumo de electricidad y sus posibles efectos sobre los costos energéticos. Ante estas preocupaciones, empresas como Google y Meta han comenzado a ofrecer mayores incentivos económicos a las comunidades receptoras, compromisos para reducir su impacto ambiental y mecanismos de transparencia sobre sus operaciones. Trump reiteró que las instalaciones deben contribuir económicamente a las localidades donde se establezcan, aunque pidió evitar restricciones que impidan su desarrollo.

En paralelo, el Senado aprobó una reforma bipartidista, respaldada por Trump, que agiliza los permisos de infraestructura energética y exige a los centros de datos asumir los costos de su consumo eléctrico.

Las declaraciones también se relacionan con las recientes restricciones estadounidenses al acceso internacional a tecnologías avanzadas de inteligencia artificial. La administración anunció nuevas normas para limitar el uso remoto de procesadores y servidores estadounidenses desde otros países, con el propósito de restringir la capacidad de empresas chinas para utilizar estos recursos en el entrenamiento de modelos de IA. Estas disposiciones se suman a los controles existentes sobre la exportación de semiconductores avanzados, mientras Washington busca mantener su capacidad tecnológica y orientar las inversiones del sector hacia el mercado interno.

ECONOMÍA

Senado de Estados Unidos aprueba reforma para acelerar proyectos energéticos y regular costos de centros de datos

El Senado de Estados Unidos aprobó, con 62 votos a favor y 33 en contra, un proyecto de ley bipartidista destinado a acelerar los procesos de autorización ambiental para la construcción de infraestructura energética y establecer nuevas obligaciones para los centros de datos. La iniciativa, denominada Ley Bipartidista de Asequibilidad y Empleo de Estados Unidos de 2026, busca ampliar la capacidad de generación y transmisión eléctrica, reducir los tiempos de ejecución de grandes proyectos y evitar que los costos energéticos asociados a la inteligencia artificial recaigan sobre los consumidores.

La legislación contempla modificaciones a los procedimientos federales de evaluación ambiental para facilitar la construcción de centrales eléctricas, gasoductos, minas y líneas de transmisión. Entre sus disposiciones se incluyen cambios a la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA), la Ley de Agua Limpia y la Ley de Especies en Peligro de Extinción, con el propósito de reducir los plazos de aprobación y ofrecer mayor certidumbre regulatoria a los inversionistas. También establece que los centros de datos deberán asumir los costos de su consumo energético y de las ampliaciones necesarias en las redes eléctricas.

La votación contó con el respaldo de 15 senadores demócratas e independientes, incluido el líder de la minoría, Chuck Schumer, mientras que los republicanos Josh Hawley y Mike Rounds se opusieron a la iniciativa. El proyecto fue negociado por los senadores republicanos Shelley Moore Capito y Mike Lee, junto con los demócratas Martin Heinrich y Sheldon Whitehouse, quienes sostienen que la reforma permitirá atender la creciente demanda eléctrica y reducir los retrasos que enfrentan las inversiones en infraestructura. El presidente Donald Trump también manifestó su respaldo y afirmó que la medida contribuirá a disminuir los costos de energía y fortalecer la producción nacional.

La propuesta recibió el apoyo de organizaciones empresariales vinculadas tanto a las energías renovables como a la industria del petróleo y el gas, que consideran necesario agilizar los permisos para ampliar la oferta energética. Sin embargo, organizaciones ambientalistas, entre ellas Sierra Club y la Federación Nacional de Vida Silvestre, cuestionaron las modificaciones a los mecanismos de revisión judicial y a las normas de protección ambiental. Jen Duggan, directora ejecutiva del Environmental Integrity Project, sostuvo que la reforma podría favorecer la expansión de proyectos de combustibles fósiles y reducir las garantías de protección para las comunidades afectadas.

Las diferencias también se manifestaron entre legisladores demócratas. El senador Jeff Merkley, de Oregón, intentó incorporar enmiendas para restringir la construcción de centros de datos en terrenos públicos y limitar determinadas decisiones de la administración Trump sobre proyectos de energía limpia, aunque sus propuestas no fueron sometidas a votación. Por su parte, la senadora Maria Cantwell, de Washington, cuestionó la rapidez del trámite legislativo y advirtió sobre posibles consecuencias para los recursos naturales y los derechos de las comunidades indígenas, al considerar que las modificaciones requieren una evaluación más amplia.

Las preocupaciones sobre la soberanía tribal también fueron planteadas por representantes de comunidades indígenas, quienes señalaron que la aceleración de los permisos no debería limitar los mecanismos de consulta ni la protección de territorios con valor histórico y cultural. El senador demócrata Alex Padilla, de California, explicó que votó en contra pese a respaldar varias disposiciones sobre infraestructura de transmisión, debido a sus inquietudes sobre los efectos ambientales y los derechos de las 109 tribus reconocidas federalmente en su estado. En contraste, la exsecretaria de Energía Jennifer Granholm sostuvo que las modificaciones recientes al proyecto incorporan mayores garantías para la consulta tribal y la autoridad estatal sobre la calidad del agua.

La aprobación representa uno de los primeros avances legislativos del Congreso tras las elecciones de medio término de noviembre, en las que los demócratas obtuvieron el control de ambas cámaras para el próximo periodo legislativo. El proyecto pasará ahora a la Cámara de Representantes, que anteriormente había aprobado una versión más limitada de la reforma, por lo que ambas cámaras deberán acordar un texto definitivo antes de enviarlo al presidente para su promulgación. Su eventual entrada en vigor modificaría los procedimientos de autorización de infraestructura energética y establecería nuevas condiciones para financiar la expansión de las redes eléctricas asociada al crecimiento de los centros de datos.

 

POLÍTICA

Congreso enfrenta riesgo de cierre federal por desacuerdos sobre Irán y presupuesto militar

El Congreso de Estados Unidos enfrenta dificultades para alcanzar un acuerdo presupuestario antes del 11 de diciembre, cuando vence la financiación provisional de las agencias federales, debido a las diferencias sobre la guerra contra Irán y la solicitud del presidente Donald Trump de destinar US$350.000 millones adicionales al Pentágono. Legisladores de ambos partidos advirtieron sobre la posibilidad de un nuevo cierre parcial del Gobierno antes de Navidad, mientras las negociaciones permanecen estancadas a pocas semanas del vencimiento y del receso legislativo por Acción de Gracias.

Republicanos y demócratas buscan negociar una resolución de continuidad presupuestaria que permita mantener las operaciones federales durante los primeros meses de 2027, cuando los demócratas asumirán el control de ambas cámaras del Congreso tras las elecciones de medio término. Sin embargo, cualquier acuerdo deberá reunir al menos 60 votos en el Senado, donde persisten diferencias sobre los recursos destinados a las operaciones militares en Irán. Paralelamente, los legisladores evalúan aprobar algunas de las leyes de asignaciones presupuestarias para financiar determinadas agencias durante el resto del año fiscal, que finaliza el 30 de septiembre.

Entre los demócratas, la principal discusión gira en torno a la posibilidad de condicionar la financiación federal a restricciones sobre las operaciones militares estadounidenses en Irán. El senador Peter Welch reconoció las dificultades de evitar un cierre gubernamental sin mantener los recursos destinados a la guerra, mientras que otros integrantes del partido consideran que suspender las actividades federales no constituye un mecanismo efectivo para detener el conflicto. La representante Rosa DeLauro, principal demócrata del Comité de Asignaciones de la Cámara, manifestó su oposición a un cierre y defendió la búsqueda de alternativas legislativas para limitar las operaciones militares.

Otros legisladores han planteado que las consecuencias económicas de la guerra justifican considerar medidas presupuestarias más restrictivas. El senador demócrata John Hickenlooper, de Colorado, señaló que el aumento de los precios energéticos y sus efectos sobre los hogares estadounidenses representan factores relevantes para evaluar una eventual suspensión de la financiación. No obstante, reconoció las dificultades que supondría un cierre federal durante las festividades, especialmente después de los tres cierres parciales registrados desde el regreso de Trump a la presidencia en enero de 2025.

En el Partido Republicano tampoco existe consenso sobre cómo tramitar los US$350.000 millones adicionales solicitados por Trump para defensa. Aunque inicialmente se consideró utilizar el mecanismo de reconciliación presupuestaria, que permitiría aprobar la iniciativa por mayoría simple sin respaldo demócrata, los senadores republicanos decidieron priorizar negociaciones bipartidistas. Estas conversaciones se concentran en un proyecto de asignaciones para defensa por US$1,1 billones, que incorpora US$69.000 millones de los recursos adicionales solicitados por el presidente, aunque la posibilidad de retomar una iniciativa exclusivamente republicana permanece abierta.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, advirtió que un nuevo cierre gubernamental perjudicaría a la población estadounidense y confirmó que, pese a algunos avances en las conversaciones, todavía no existe un acuerdo. Por su parte, la presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, Susan Collins, aclaró que las exigencias demócratas relacionadas con Irán se concentran principalmente en los recursos adicionales para defensa y no necesariamente en la resolución provisional de financiación. El senador republicano Mike Rounds también expresó preocupación por el tiempo disponible para alcanzar consensos antes del vencimiento presupuestario.

Ante las dificultades para aprobar la totalidad de las 12 leyes de asignaciones correspondientes al año fiscal 2027, ambos partidos consideran una solución combinada que permita financiar algunas agencias durante el año completo y mantener las restantes mediante una resolución temporal. DeLauro reconoció que completar todos los proyectos antes del plazo establecido resulta inviable, aunque consideró posible avanzar en varios de ellos. Las negociaciones continuarán después del receso de Acción de Gracias, con el objetivo de evitar una nueva interrupción de servicios federales y resolver las diferencias sobre el presupuesto militar.

 

POLÍTICA

Segunda jueza federal suspende la construcción del arco conmemorativo de Trump en Washington

Una segunda jueza federal de Estados Unidos ordenó suspender la construcción del arco conmemorativo impulsado por el presidente Donald Trump en Washington D. C. La magistrada Leonie Brinkema, jueza federal de distrito con sede en Alexandria, Virginia, emitió una medida judicial que mantiene paralizadas las obras sin una fecha determinada de vencimiento, mientras se examina una demanda presentada por las autoridades del condado de Arlington contra el proyecto.

La demanda del condado sostiene que la construcción del monumento podría agravar la congestión vehicular y comprometer la seguridad pública en Arlington, ubicado al otro lado del río Potomac, frente a Washington. Tras conocerse la decisión, los representantes legales del condado afirmaron que la medida reconoce los posibles perjuicios para los residentes y trabajadores de la zona. El condado también cuestionó las dimensiones y características del proyecto, que considera incompatible con las condiciones del sector.

La decisión de Brinkema se produjo dos días después de que otra jueza federal, Tanya Chutkan, ampliara hasta el 3 de diciembre una orden temporal que impedía iniciar las obras. Chutkan había suspendido inicialmente la construcción el 5 de noviembre, poco después de que la Comisión Nacional de Planificación de la Capital aprobara el diseño definitivo del monumento mediante una votación de ocho votos a favor y cuatro en contra, pese a las objeciones presentadas por decenas de participantes durante la audiencia pública.

El proyecto también enfrenta otras acciones judiciales relacionadas con sus posibles efectos sobre el patrimonio histórico y los espacios conmemorativos de la capital. Una de las demandas fue presentada por veteranos de la guerra de Vietnam y un historiador de arquitectura, mientras que integrantes de la familia Kennedy interpusieron una acción separada por el impacto que, según sus argumentos, tendría la estructura sobre el Cementerio Nacional de Arlington, donde se encuentran sepultados varios miembros de la familia.

El arco forma parte de las iniciativas promovidas por Trump para modificar determinados espacios históricos y monumentales de Washington durante su administración. Con una altura proyectada de 250 pies, equivalentes a aproximadamente 76 metros, la estructura tendría más del doble de la altura del Monumento a Lincoln. Aunque el proyecto recibió la aprobación de la autoridad federal de planificación, su ejecución continuará suspendida mientras avanzan los procedimientos judiciales, sin que exista una fecha definida para el inicio de las obras.