El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, inició este lunes reuniones con ministros de Finanzas del Grupo de los Veinte (G20) en Asheville, Carolina del Norte, donde busca ampliar el respaldo internacional a la estrategia de presión económica contra Irán, en medio de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y algunos de sus principales socios. La agenda del encuentro también contempla discusiones sobre crecimiento económico global, regulación financiera y los elevados niveles de deuda.

Bessent señaló que Washington prepara nuevas sanciones contra Irán como parte de la denominada “Economic Outcast”, incluida una medida contra otra entidad bancaria iraní. Consultado sobre el efecto de las restricciones, afirmó que el deterioro de la economía iraní podría producirse en cuestión de semanas o meses, aunque sostuvo que el objetivo de Estados Unidos no es necesariamente provocar su colapso, sino aumentar la presión para modificar las decisiones del Gobierno iraní.

El funcionario aseguró que la Unión Europea ha respaldado los esfuerzos estadounidenses para endurecer las sanciones. El bloque europeo indicó el domingo que apoya una mayor presión económica sobre Irán y que continuará trabajando con Estados Unidos y otros socios, mientras el ministro de Finanzas de Francia, Roland Lescure, expresó su expectativa de que el G20 alcance una posición común sobre las medidas necesarias para impulsar el crecimiento de la economía mundial.

La búsqueda de apoyo se produce mientras las relaciones comerciales de Estados Unidos con algunos aliados atraviesan nuevas tensiones por la aplicación y el aumento de aranceles. Daniel Fried, exsecretario adjunto de Estado para Asuntos Europeos durante la administración de George W. Bush, consideró que este escenario podría dificultar que Washington obtenga el respaldo de sus socios tradicionales y señaló que una mayor coordinación con los aliados podría ser necesaria para fortalecer la estrategia frente a Irán.

Estados Unidos también mantiene la atención sobre China, principal comprador de petróleo iraní. Bessent afirmó que "todas las opciones están sobre la mesa" respecto a posibles sanciones relacionadas con las compras chinas de crudo, aunque rechazó que Washington esté evitando confrontar a Pekín y sostuvo que ambos países comparten intereses en la reapertura del estrecho de Ormuz y en impedir que Irán desarrolle un arma nuclear.

Además de Irán, las reuniones del G20 abordarán asuntos relacionados con la expansión de la economía global, la desregulación, la seguridad energética, los desequilibrios internacionales, la regulación bancaria y la reestructuración de deuda soberana en países en desarrollo. Bessent destacó que el elevado endeudamiento mundial será uno de los principales temas de discusión y afirmó que una mayor tasa de crecimiento será necesaria para reducir gradualmente esa carga.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este martes en la Casa Blanca a ejecutivos de algunas de las principales compañías petroleras y refinadoras del país, en una reunión centrada en la capacidad de refinación y los precios de la gasolina. El encuentro se produce después de que Trump acusara a las refinadoras de mantener precios elevados y solicitara una investigación sobre el sector.

La administración busca analizar medidas para mantener abastecido el mercado y contener los precios de los combustibles, que actualmente promedian más de US$4 por galón. El aumento se ha producido en medio del conflicto con Irán, que ha elevado los precios internacionales de la energía y generado nuevas presiones sobre el costo de la gasolina para los consumidores estadounidenses.

Según fuentes conocedoras de los preparativos citadas por Reuters, las invitaciones fueron enviadas a finales de la semana pasada y contenían pocos detalles sobre la agenda y los participantes. Algunas compañías evaluaron la conveniencia de enviar a sus principales ejecutivos, aunque representantes del sector también consideran la reunión una oportunidad para plantear directamente al presidente asuntos regulatorios relevantes para la industria.

Entre los temas que las empresas podrían abordar se encuentran la política estadounidense sobre biocombustibles y la Ley Jones (Jones Act), que regula el transporte marítimo de mercancías entre puertos estadounidenses y puede incidir sobre el costo y la disponibilidad de los combustibles. La Casa Blanca, por su parte, indicó que el principal objetivo será identificar medidas de corto plazo que permitan ampliar la capacidad de refinación.

De acuerdo con un funcionario de la Casa Blanca, las refinerías estadounidenses están operando cerca del 100% de su capacidad existente. La administración sostiene que el cierre de instalaciones y la falta de nuevas inversiones durante años anteriores redujeron el margen disponible para responder a aumentos de la demanda o disrupciones externas, por lo que busca incentivar expansiones que contribuyan a aumentar la oferta de combustibles.

Entre las compañías invitadas se encuentran Marathon Petroleum, Delek US Holdings, Chevron, PBF Energy y Valero Energy, según fuentes consultadas por Reuters. ExxonMobil, la tercera mayor refinadora del país por capacidad, no habría recibido una invitación, aunque la Casa Blanca no confirmó públicamente la lista de asistentes.

El encuentro se produce después de varios meses de presión de Trump sobre las compañías energéticas para reducir los precios de la gasolina. En junio, el mandatario solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos (U.S. Department of Justice, DOJ) investigar a empresas petroleras por los incrementos registrados, mientras en agosto pidió al sector utilizar parte de sus ganancias para contribuir a disminuir los precios de los combustibles.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (Environmental Protection Agency, EPA) otorgó este lunes exenciones a pequeñas refinerías por un total de 1.760 millones de créditos de combustibles renovables correspondientes al año de cumplimiento 2025, una cifra cercana al doble de lo previsto inicialmente por la entidad. La medida se produce mientras la administración busca aliviar las presiones sobre los precios de la gasolina.

Las exenciones reducen las obligaciones de determinadas refinerías bajo el Estándar de Combustibles Renovables (Renewable Fuel Standard, RFS), que exige mezclar biocombustibles con gasolina y diésel o adquirir créditos de cumplimiento conocidos como Renewable Identification Numbers (RIN). Las empresas del sector han solicitado estas flexibilizaciones argumentando que pueden disminuir sus costos de producción.

La EPA informó que concedió exenciones completas a 18 de las 34 refinerías que presentaron solicitudes para 2025, mientras otras 11 recibieron una reducción de 50%. Tres solicitudes fueron rechazadas y dos no cumplían los requisitos para acceder al beneficio; entre las compañías beneficiadas se encuentran refinerías pertenecientes a Marathon Petroleum y Chevron.

La agencia también anunció que propondrá antes de finalizar octubre reasignar el 100% de la diferencia entre las exenciones proyectadas y las efectivamente concedidas en 2025 a las obligaciones de combustibles renovables de 2026 y 2027, lo que equivale a unos 770 millones de créditos adicionales sobre los 990 millones ya previstos. La EPA informó además que ampliará en 30 días el plazo de cumplimiento correspondiente a 2025, hasta el 1.º de octubre de 2026, para permitir que el mercado incorpore los créditos liberados.

La decisión reavivó el debate entre las industrias petrolera, agrícola y de biocombustibles. Legisladores de estados agrícolas han advertido que un mayor número de exenciones podría reducir la demanda de cultivos utilizados para producir biocombustibles, mientras el American Petroleum Institute (API), principal gremio petrolero estadounidense, pidió a la administración rechazar un paquete de exenciones superior al proyectado por la EPA y sostuvo que concederlo por encima de esa estimación afectaría la certidumbre regulatoria del mercado de combustibles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que su Gobierno responderá a los ataques iraníes contra objetivos estadounidenses en Oriente Medio, luego de un nuevo intercambio de fuego que reactivó los enfrentamientos directos entre ambos países. Según Fox News, Trump aseguró que "habrá una respuesta" y anticipó que la réplica estadounidense será contundente.

Las declaraciones se produjeron después de que Irán lanzara misiles contra instalaciones estadounidenses en Jordania, en represalia por un ataque de Estados Unidos contra la isla iraní de Larak, ubicada en el estrecho de Ormuz. Autoridades iraníes informaron que dos personas murieron y varias resultaron heridas durante la operación estadounidense, mientras Jordania señaló que interceptó ocho misiles que ingresaron a su espacio aéreo.

El nuevo intercambio puso fin a cerca de un mes sin ataques directos entre Estados Unidos e Irán, periodo durante el cual Washington había intensificado la presión económica sobre Teherán con el objetivo de obtener concesiones, incluida la reapertura del estrecho de Ormuz al tráfico marítimo. Las restricciones sobre esta vía estratégica han afectado los flujos comerciales y energéticos internacionales, dado que por allí circulaba aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado mundialmente antes del conflicto.

La reanudación de los ataques también elevó nuevamente la presión sobre los mercados energéticos y llevó el petróleo Brent por encima de los US$90 por barril. El incremento de los precios se suma a los efectos económicos derivados del conflicto y representa un desafío adicional para la administración Trump de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán sostuvo que el país “responderá de manera decisiva ante cualquier agresión militar”. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó antes de viajar a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái que Teherán no busca ampliar la guerra, aunque reiteró que responderá a nuevos ataques contra su territorio.

El Comando Central de Estados Unidos (U.S. Central Command, CENTCOM) indicó que la operación del domingo tuvo como objetivo lanzadores utilizados por fuerzas de la Guardia Revolucionaria iraní, después de detectar preparativos relacionados con el lanzamiento de cohetes y el despliegue de minas marítimas en el estrecho de Ormuz. Funcionarios militares estadounidenses describieron la acción como “limitada y precisa”, mientras Irán sostuvo que se trató de una agresión contra su territorio.

La nueva escalada generó además reacciones en otros países de la región. Emiratos Árabes Unidos informó que neutralizó un dron iraní detectado sobre sus aguas territoriales y calificó el incidente como una amenaza para su seguridad, mientras Anwar Gargash, asesor diplomático del presidente emiratí, pidió avanzar hacia una solución política que permita restablecer la navegación normal por el estrecho de Ormuz y reducir las tensiones regionales.

La administración Trump anunció este lunes una nueva ronda de acuerdos con nueve compañías farmacéuticas y biotecnológicas internacionales para reducir los precios de medicamentos en Estados Unidos. Entre las participantes figuran Astellas, BeOne Medicines, CSL, BridgeBio, Sun Pharmaceutical, Teva y UCB.

Los acuerdos contemplan que las compañías ofrezcan determinados medicamentos a los programas estatales de Medicaid bajo el esquema de “nación más favorecida”, que busca acercar los precios pagados en Estados Unidos a los registrados en otros países desarrollados. El presidente Donald Trump afirmó que la medida permitirá obtener descuentos y reducir los costos asociados a la atención médica.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de la administración para disminuir el precio de los medicamentos recetados, después de que estudios y comparaciones internacionales mostraran que los pacientes estadounidenses pagan precios considerablemente superiores a los de otras economías desarrolladas. El Gobierno ha presionado a las farmacéuticas para que adopten valores similares a los ofrecidos en otros mercados.

Los nuevos acuerdos se suman a los alcanzados previamente con 17 grandes compañías farmacéuticas, entre ellas Pfizer, Eli Lilly y Amgen. Esas empresas aceptaron reducir algunos precios para programas federales de salud y comercializar determinados medicamentos directamente a pacientes a través de una plataforma promovida por la administración, a cambio de alivios arancelarios.

Hasta ahora, las farmacéuticas pequeñas y medianas habían mostrado menor participación en el programa, debido en parte a dudas sobre los beneficios financieros de adherirse. Reuters señaló que todavía no está claro cuánto ahorro generarán los nuevos acuerdos para el Gobierno o los pacientes, dado que Medicaid ya obtiene descuentos importantes de los fabricantes y muchos de sus beneficiarios enfrentan costos reducidos por medicamentos.

La administración ha intensificado durante este año la presentación pública de medidas orientadas a reducir los costos de salud antes de las elecciones legislativas de noviembre. El Gobierno estima que el conjunto de acuerdos sobre precios de medicamentos podría generar ahorros de US$64.300 millones para los gobiernos federal y estatales durante la próxima década, aunque Reuters señaló que esta proyección todavía está sujeta a incertidumbre.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos retomó este lunes sus sesiones tras un receso legislativo de cinco semanas, con la aprobación de una nueva financiación federal como uno de los principales asuntos de la agenda. El Congreso deberá alcanzar un acuerdo antes del 30 de septiembre para evitar un cierre del Gobierno por falta de fondos.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, prevé someter esta semana a votación un procedimiento acelerado para extender temporalmente el presupuesto federal. La iniciativa requeriría el respaldo de dos tercios de la Cámara, por lo que necesitaría apoyo tanto de republicanos como de demócratas.

De no aprobarse una nueva financiación antes de finalizar septiembre, varias agencias federales tendrían que suspender parcialmente sus operaciones. No obstante, ambos partidos han mostrado disposición a alcanzar un acuerdo que permita mantener financiado al Gobierno al menos hasta después de las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.

El Senado aprobó a comienzos de agosto una resolución que extendería la financiación gubernamental hasta el 11 de diciembre. Un cierre del Gobierno podría afectar el funcionamiento de distintas agencias, dejar temporalmente sin sueldo a miles de empleados federales y generar disrupciones en servicios públicos, incluido el transporte aéreo.

Las negociaciones presupuestarias se desarrollan además a pocas semanas de las elecciones de mitad de mandato, en las que estará en juego el control del Congreso. La mayoría republicana busca mantener su posición en ambas cámaras, mientras demócratas y republicanos deberán acordar una fórmula de financiación que permita evitar una nueva interrupción de las actividades federales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este lunes la expansión de los centros de datos en el país y sostuvo que estas instalaciones pueden generar inversión, empleo e ingresos fiscales para las comunidades. En una publicación en Truth Social, afirmó que oponerse a su desarrollo podría reducir las oportunidades económicas y favorecer a China en la competencia por el liderazgo en inteligencia artificial.

Trump señaló que las comunidades que permitan la construcción de centros de datos podrían beneficiarse de una mayor actividad económica y menores cargas fiscales, mientras aseguró que existen numerosas localidades interesadas en recibir este tipo de inversiones. También afirmó que el movimiento contrario a estas instalaciones beneficia a China, al considerar que podría ralentizar el desarrollo de la infraestructura tecnológica estadounidense.

Estados Unidos cuenta actualmente con alrededor de 4.000 centros de datos, aunque al menos 75 proyectos enfrentaron retrasos, restricciones o moratorias locales durante el primer trimestre de 2026. La expansión del sector responde principalmente al crecimiento de los servicios en la nube y de la inteligencia artificial, que requieren una mayor capacidad para procesar y almacenar grandes volúmenes de información.

Amazon, Microsoft, Google, Meta y Oracle prevén destinar conjuntamente más de US$750.000 millones a este tipo de infraestructura durante 2026. Los centros de datos concentran miles de servidores y requieren un suministro constante de electricidad y sistemas de refrigeración, lo que ha incrementado el debate sobre su impacto en el consumo energético y de agua.

La expansión también ha generado preocupación entre comunidades por sus posibles efectos sobre las tarifas de electricidad y los recursos locales. Según una encuesta reciente de Gallup, más del 70% de los estadounidenses se opone a la construcción de centros de datos en sus localidades, un nivel de rechazo que ha llevado a distintas autoridades a considerar nuevas restricciones.

La oposición ha comenzado a extenderse entre legisladores y autoridades tanto demócratas como republicanas, pese al respaldo de la Casa Blanca al sector. El debate sobre nuevas instalaciones, moratorias y condiciones para su funcionamiento ha adquirido además mayor relevancia de cara a las elecciones legislativas de noviembre, en las que se renovará la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

La Corte Suprema de Estados Unidos permitió este lunes que continúe la construcción de un salón de baile de US$400 millones en la Casa Blanca mientras avanzan los litigios sobre el proyecto. La decisión, adoptada por cinco votos contra cuatro en un auto sin firma, sustituye la orden temporal que el presidente del tribunal, John Roberts, había emitido el pasado 21 de agosto para dejar sin efecto la suspensión judicial de las obras mientras la corte estudiaba el caso.

La mayoría no se pronunció sobre la legalidad definitiva del proyecto, sino que consideró probable que el National Trust for Historic Preservation, organización que presentó la demanda, no tenga legitimación jurídica para impugnarlo. El fallo también hizo referencia a los argumentos de seguridad nacional presentados por el Gobierno para justificar la continuidad de los trabajos.

El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, se apartó de la decisión y sostuvo en su salvamento de voto que la construcción es "probablemente ilegal", al carecer de la autorización expresa del Congreso exigida por la ley federal para levantar edificaciones en terrenos públicos de la capital. A su posición se sumaron los magistrados Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson. Roberts añadió que el fallo "no es una victoria para la separación de poderes".

La demanda sostiene que el presidente Donald Trump no tiene autoridad unilateral para ejecutar el proyecto, que ha incluido la demolición del Ala Este de la Casa Blanca. Tribunales inferiores habían ordenado detener parte de la construcción al considerar que se requería autorización legislativa, mientras la administración ha defendido que el presidente posee facultades para realizar modificaciones en la residencia presidencial y otros edificios federales.

La administración también ha argumentado que la finalización del proyecto responde a necesidades de seguridad nacional, aunque ese aspecto no había sido central cuando se anunció inicialmente la obra, que será financiada mediante donaciones privadas. Según documentos judiciales, los equipos de obra trabajan alrededor de 20 horas diarias y la estructura principal podría estar terminada en noviembre, mientras la finalización completa está prevista para agosto de 2028.

El litigio regresará ahora a instancias inferiores para continuar el análisis de fondo, aunque la construcción podrá avanzar mientras se resuelve el caso. La decisión se suma a otros fallos favorables obtenidos por la administración Trump en procedimientos de emergencia ante la Corte Suprema, aunque el tribunal también ha rechazado algunas políticas presidenciales tras revisiones más amplias.

La aprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mantuvo en 33%, el nivel más bajo de su trayectoria política, según una encuesta de Reuters/Ipsos concluida este lunes. El resultado se repite por tercer sondeo consecutivo y refleja un escenario de descontento relacionado principalmente con el manejo de la economía y el conflicto con Irán.

La medición también muestra diferencias en el nivel de entusiasmo de cara a las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre. Entre quienes se identifican como demócratas, 46% afirmó estar “muy entusiasmado” por votar, frente a 31% entre los republicanos, en momentos en que este último partido busca conservar sus estrechas mayorías en el Congreso.

Entre los votantes independientes, 36% señaló que apoyaría a candidatos demócratas si las elecciones al Congreso se celebraran actualmente, mientras 22% optaría por candidatos republicanos. Estos resultados sugieren una ventaja demócrata dentro de un segmento del electorado que puede resultar determinante en contiendas competitivas.

La economía continúa siendo uno de los principales puntos de presión para la administración. De acuerdo con el sondeo, 71% de los estadounidenses desaprueba la gestión de Trump frente al costo de vida, incluida una proporción cercana a cuatro de cada diez republicanos.

Además, durante el último mes los votantes registrados consultados por Reuters/Ipsos han señalado que el Partido Demócrata tiene mejores propuestas para la economía que el Partido Republicano, algo que no ocurría desde hacía aproximadamente una década. La encuesta se realizó durante cuatro días entre 1.167 adultos en todo el país y tiene un margen de error de tres puntos porcentuales.