El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó este viernes el respaldo de la administración de Donald Trump al diálogo que mantiene un bloque de la oposición venezolana encabezado por Dinorah Figuera con representantes del chavismo. Durante una reunión con Figuera en el Departamento de Estado, Rubio afirmó que el proceso cuenta con apoyo de los niveles más altos del Gobierno estadounidense y señaló que Washington seguirá acompañando los esfuerzos orientados a una transición democrática en Venezuela.

Rubio sostuvo que las conversaciones deben involucrar a distintos sectores de la sociedad venezolana y conducir a la realización de elecciones libres y democráticas, aunque agregó que el objetivo debe incluir también la construcción de instituciones capaces de sostener el sistema democrático en el tiempo. El secretario reconoció que se trata de un proceso complejo, pero manifestó su expectativa de que continúe produciendo avances, mientras las partes se preparan para una nueva ronda de conversaciones prevista para el 14 de octubre.

Figuera, quien presidió la Asamblea Nacional venezolana elegida en 2015, encabeza desde agosto una delegación opositora que participa en las conversaciones impulsadas con apoyo estadounidense y en las que María Corina Machado no interviene directamente. Figuera regresó a Venezuela en junio, tras varios años en el exilio, y posteriormente sostuvo reuniones con representantes del chavismo, incluido el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dentro de una agenda enfocada en garantías políticas, civiles y fortalecimiento institucional.

Durante el encuentro en Washington, Figuera afirmó que el objetivo del diálogo es establecer una hoja de ruta que permita avanzar hacia elecciones y agradeció el acompañamiento de Estados Unidos al proceso. La dirigente también destacó el acercamiento entre Washington y Caracas desde la captura de Nicolás Maduro en enero, periodo durante el cual Estados Unidos restableció relaciones diplomáticas con Venezuela y amplió sus contactos con el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez.

El respaldo de Rubio se produce mientras Washington busca combinar su interlocución con el gobierno venezolano con el acompañamiento a sectores opositores que participan en las negociaciones sobre la transición política. Figuera ha señalado previamente que el proceso también debe abordar garantías políticas, libertades civiles y la situación de los presos políticos, mientras Estados Unidos mantiene que cualquier acuerdo debe conducir tanto a elecciones competitivas como al establecimiento de instituciones democráticas duraderas.  

ECONOMÍA

Presidente Trump anuncia acuerdo con Rusia para el suministro de diésel

El presidente Donald Trump anunció este viernes un acuerdo con el mandatario ruso, Vladimir Putin, para que Estados Unidos reciba grandes volúmenes de diésel procedente de Rusia, en medio de los elevados precios del combustible en el mercado estadounidense. Trump señaló que Moscú suministrará inicialmente más de 300.000 toneladas, seguidas de otras 500.000 toneladas en noviembre y un millón de toneladas adicionales posteriormente, además de otros tres millones de toneladas previstas para una etapa siguiente.

El anuncio supone una flexibilización de la presión que Washington ha mantenido sobre el sector energético ruso desde la invasión de Ucrania. Estados Unidos dejó de importar petróleo y gas rusos en 2022 y, apenas el mes pasado, Trump promulgó una nueva legislación de sanciones dirigida contra funcionarios, bancos y operaciones vinculadas al sector energético de Rusia, además de restringir nuevas inversiones estadounidenses y operaciones con deuda soberana rusa.

Poco después del anuncio presidencial, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia temporal que permite el suministro de diésel ruso al mercado internacional, creando una excepción al régimen de sanciones para facilitar las operaciones anunciadas. Trump no detalló cómo se implementarán las compras ni qué empresas participarían en las transacciones, pero afirmó que reducir los precios para agricultores, ganaderos, transportadores y otros consumidores estadounidenses constituye una prioridad de su administración.

La medida se produce en un contexto de fuertes presiones sobre el mercado energético internacional por el conflicto con Irán y las disrupciones en el suministro de combustibles. La OPEP+, grupo de productores que incluye a Rusia y Arabia Saudita, decidió esta semana mantener sin cambios sus niveles de producción durante noviembre, mientras los países del G7 acordaron la semana pasada liberar 100 millones de barriles de sus reservas de petróleo y diésel para contener el incremento de los precios.

En Estados Unidos, el precio promedio nacional del galón de diésel se ubicaba este viernes en US$6,28, frente a US$3,68 un año antes, según AAA. El combustible alcanzó un máximo histórico promedio de US$6,53 por galón el 22 de septiembre, una situación que ha incrementado los costos para sectores como transporte y agricultura y ha llevado a la administración a adoptar otras medidas temporales, incluida la ampliación del uso de diésel teñido con beneficios tributarios.

El acuerdo con Moscú también introduce una excepción relevante dentro de la estrategia reciente de Washington hacia Rusia, cuya legislación de sanciones contempla incluso aranceles de hasta 100% contra algunos de los principales compradores internacionales de petróleo y gas rusos. La Casa Blanca no anunció cambios más amplios en esa política y presentó el acuerdo de diésel como una respuesta específica a las presiones sobre los precios internos, mientras continúa vigente el resto de las restricciones relacionadas con la guerra en Ucrania.

POLÍTICA

Presidente Trump crea comité para evaluar la destitución de Lisa Cook de la Reserva Federal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estableció un comité de investigación para examinar las acusaciones contra Lisa Cook, integrante de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), por presuntas declaraciones falsas en solicitudes de créditos hipotecarios. La medida, formalizada mediante un memorando presidencial fechado el 7 de octubre, representa un nuevo intento de la administración por determinar si existen fundamentos legales para destituir a Cook, luego de que una decisión judicial le permitiera permanecer en su cargo.

El comité estará integrado por el asesor presidencial de Política Económica, el presidente de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) y el director de la Oficina de Ética Gubernamental (OGE). Según el memorando, Cook deberá comparecer el próximo 5 de noviembre en una audiencia privada en la Casa Blanca, con una duración máxima de cuatro horas, durante la cual podrá presentar pruebas, argumentos y declaraciones escritas. La sesión será transcrita y la funcionaria tendrá hasta el 10 de noviembre para presentar observaciones adicionales.

La decisión se produce después de que la Corte Suprema de Estados Unidos determinara en junio que Cook podía continuar en su puesto mientras avanzaba el litigio relacionado con el intento de destitución anunciado por Trump en 2025. El tribunal estableció que la remoción de un gobernador de la Fed requiere una causa legalmente justificada y el respeto de garantías procesales, aunque dejó abierta la posibilidad de que el presidente iniciara un nuevo procedimiento. En este contexto, el comité deberá presentar sus conclusiones y recomendar si existen motivos suficientes para separar a Cook de su cargo.

La nueva investigación también se desarrolla en medio de diferencias entre la administración Trump y la Reserva Federal sobre la orientación de la política monetaria. El presidente ha solicitado reducciones de las tasas de interés, mientras que el banco central, presidido por Kevin Warsh, decidió elevarlas por unanimidad el pasado 16 de septiembre. Cook forma parte de los 12 integrantes con derecho a voto en el Comité Federal de Mercado Abierto (Federal Open Market Committee, FOMC), responsable de las decisiones sobre las tasas de referencia, lo que ha situado su permanencia en el organismo dentro del debate sobre la independencia de la institución.

En el memorando, Trump sostuvo que su responsabilidad como presidente incluye garantizar el cumplimiento de las leyes y destituir a funcionarios que, a su juicio, no sean confiables para ejercer sus responsabilidades. Sin embargo, Cook ha rechazado las acusaciones relacionadas con sus solicitudes hipotecarias y hasta el momento no enfrenta cargos penales. El procedimiento anunciado permitirá al comité examinar la información presentada y formular una recomendación al mandatario, sin que su creación implique por sí misma una decisión definitiva sobre la continuidad de la gobernadora en la Fed.

POLÍTICA

Condado de Arlington demanda a la administración Trump para frenar construcción de arco monumental en Washington

La Junta del Condado de Arlington, en Virginia, presentó una demanda federal contra la administración del presidente Donald Trump para detener la construcción del denominado Arco Triunfal, un monumento de 76 metros de altura proyectado en Memorial Circle, cerca del Cementerio Nacional de Arlington. La acción judicial, presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Este de Virginia, convierte al condado en la primera autoridad gubernamental en emprender acciones legales contra el proyecto, al cuestionar la rapidez con la que avanza su desarrollo sin haber completado, según los demandantes, los procedimientos de revisión exigidos por la legislación estadounidense.

La demanda sostiene que el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos (NPS), responsable de los terrenos federales donde se ubicaría la estructura, estaría avanzando hacia la construcción sin cumplir plenamente los requisitos establecidos en la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA). Las autoridades locales solicitaron suspender las actividades relacionadas con el proyecto hasta que se realicen los estudios ambientales y técnicos correspondientes, argumentando que la obra podría generar afectaciones al tránsito, la seguridad pública y las comunidades cercanas.

El presidente de la Junta del Condado de Arlington, Matt de Ferranti, señaló que la administración local ha participado en el proceso de evaluación y presentado observaciones sobre los posibles impactos del monumento, aunque sostuvo que sus preocupaciones no han recibido suficiente atención. Por su parte, el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, rechazó los cuestionamientos y afirmó que la administración ha cumplido con todos los requisitos legales y administrativos aplicables. Asimismo, defendió el proyecto al señalar que contribuirá a mejorar la experiencia de quienes visitan el Cementerio Nacional de Arlington y otros espacios conmemorativos de la capital estadounidense.

La controversia también incluye preocupaciones relacionadas con la seguridad aérea, debido a la proximidad del monumento al Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington. Sara Nelson, presidenta de la Asociación de Auxiliares de Vuelo, advirtió que la estructura podría agravar riesgos que, según sostuvo, continúan sin resolverse desde el accidente aéreo ocurrido en enero de 2025 sobre el río Potomac, que dejó 67 fallecidos. Nelson también cuestionó la propuesta de Trump de incorporar instalaciones militares al monumento, incluidas capacidades para operar drones y almacenar equipamiento de seguridad.

Aunque el proyecto recibió una aprobación preliminar de la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos, enfrenta otro proceso judicial iniciado por tres veteranos y un historiador de arquitectura, quienes sostienen que su construcción requiere autorización del Congreso. En ese caso, un juez federal ordenó a la administración notificar al tribunal con 48 horas de anticipación antes de realizar actividades relacionadas con la construcción. El arco forma parte de una serie de proyectos impulsados por Trump para modificar espacios públicos y monumentales de Washington, mientras continúan las disputas judiciales sobre los procedimientos necesarios para su ejecución.

POLÍTICA

Katie Zacharia reemplazará a Karoline Leavitt como portavoz de la Casa Blanca

El presidente Donald Trump anunció este viernes que Katie Zacharia será la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, cargo que permanecía vacante desde la salida de Karoline Leavitt a finales de agosto. Trump comunicó la decisión a través de Truth Social, donde destacó la trayectoria de Zacharia dentro de su entorno político y afirmó que había participado en sus campañas, incluida su labor en estados considerados decisivos para las elecciones presidenciales.

Zacharia se desempeña actualmente como asesora senior de comunicaciones de Trump Media & Technology Group, empresa propietaria de Truth Social, cargo que ocupa desde junio. Anteriormente trabajó como portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (U.S. Department of Homeland Security, DHS) y también ha tenido presencia como comentarista en medios como Fox News y Newsmax.

Según su perfil profesional, la próxima portavoz es abogada egresada de Pepperdine University. Su trayectoria combina el trabajo en campañas políticas y comunicación pública con apariciones frecuentes en medios de comunicación.

Zacharia reemplazará a Leavitt, quien ejerció como secretaria de prensa desde enero de 2025 hasta el 27 de agosto de este año y dejó el cargo para dedicar más tiempo a sus hijos. Leavitt, quien fue la persona más joven en ocupar la posición, anunció posteriormente que se incorporará a Fox News como colaboradora a partir del 1 de noviembre.

La designación pone fin a varias semanas en las que la Casa Blanca operó sin una secretaria de prensa permanente y distintos funcionarios asumieron funciones de comunicación de manera provisional. Zacharia pasará a ser una de las principales portavoces de la administración ante los medios y tendrá a su cargo las sesiones informativas de la Casa Blanca, así como la comunicación pública de las posiciones y decisiones del presidente y su gobierno.

POLÍTICA

Presidente Trump reivindica el legado de Cristóbal Colón durante ceremonia en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump rindió homenaje este viernes a Cristóbal Colón durante una ceremonia en la Casa Blanca con motivo de la conmemoración del 12 de octubre, acompañado por los embajadores de Italia y España. Durante el acto, realizado en el Salón Este, Trump afirmó que su administración había “resucitado” la figura del navegante y reiteró que considera su legado parte relevante de la historia estadounidense.

La ceremonia se produjo después de que Trump proclamara oficialmente el 12 de octubre de 2026 como Día de Colón, festividad federal dedicada a conmemorar la llegada de Colón al continente americano en 1492 tras una expedición financiada por la Corona española. En la proclamación, la Casa Blanca destacó la exploración realizada por Colón y vinculó su figura con el desarrollo histórico posterior de Estados Unidos.

La posición de Trump contrasta con la adoptada durante la administración de Joe Biden, que reconoció paralelamente el segundo lunes de octubre como Día de los Pueblos Indígenas, en medio de un debate sobre las consecuencias de la colonización para las comunidades indígenas. Tras regresar a la presidencia en 2025, Trump anunció que dejaría de reconocer esa conmemoración federal y reforzó su respaldo al Día de Colón.

Como parte de esa política, la administración instaló en marzo una estatua de Colón cerca de la Casa Blanca, réplica de un monumento que había sido derribado durante las protestas de 2020 en Baltimore. En mayo, el Gobierno también inauguró tras su restauración una fuente dedicada al navegante frente a la estación de trenes de Washington, en un acto que contó igualmente con representación diplomática de Italia y España.

Trump también ha vinculado la conmemoración con la comunidad italoestadounidense, a la que destacó durante el acto y en intervenciones anteriores relacionadas con la restauración de monumentos dedicados a Colón. La ceremonia forma parte de los esfuerzos de su administración por reforzar el reconocimiento oficial del navegante, cuya figura continúa siendo objeto de interpretaciones contrapuestas en Estados Unidos por su papel histórico en la exploración europea y el posterior proceso de colonización.

SEGURIDAD

Expresidente Petro afirma que no enfrenta cargos penales en EE. UU.

El expresidente Gustavo Petro afirmó este viernes que no enfrenta cargos penales en Estados Unidos y reiteró que no existen pruebas que lo vinculen con actividades de narcotráfico. Su pronunciamiento retomó lo informado a finales de marzo, cuando, según reportes de prensa, funcionarios estadounidenses aseguraron al gobierno colombiano que las investigaciones federales en Nueva York no habían derivado en cargos en su contra. Sin embargo, hasta ahora el Departamento de Justicia de Estados Unidos (U.S. Department of Justice, DOJ) y el Departamento de Estado no han emitido un pronunciamiento público que confirme específicamente la interpretación presentada por Petro.

Las pesquisas conocidas públicamente involucran a las fiscalías federales de Manhattan y Brooklyn y cuentan con participación de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA). Hasta el momento no se ha hecho pública una acusación penal federal contra Petro derivada de esas investigaciones.

Petro vinculó nuevamente esta situación con su inclusión, desde octubre de 2025, en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El exmandatario sostuvo que la medida constituye un castigo político relacionado con sus posiciones sobre la guerra en Gaza y sus críticas al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, argumento que ha reiterado en diferentes intervenciones públicas.

La explicación oficial de Washington para la sanción ha sido distinta. El Departamento del Tesoro anunció el 24 de octubre de 2025 la designación de Petro bajo la Orden Ejecutiva 14059, una autoridad dirigida contra personas vinculadas al comercio ilícito internacional de drogas, y señaló entonces que también sancionaba a integrantes de su entorno. El Tesoro atribuyó la decisión a su evaluación de la política antidrogas del gobierno Petro y al aumento de la producción de cocaína en Colombia, afirmaciones que el exmandatario ha rechazado.

Petro ha sostenido que su inclusión en la lista OFAC no equivale a una acusación penal y ha cuestionado el uso de sanciones administrativas estadounidenses contra dirigentes políticos, jueces y otras figuras internacionales. En una publicación reciente anunció además que promovería una campaña internacional contra lo que considera una utilización política del régimen de sanciones estadounidense, particularmente frente a personas que han cuestionado las actuaciones de Israel en Gaza.

SEGURIDAD

Gobierno federal defiende disparos de agentes de ICE durante operativo en Nueva York

Funcionarios federales de inmigración defendieron este viernes la actuación de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE), quienes dispararon e hirieron a Oscar Belgal durante un operativo realizado el jueves en el sector de Marble Hill, en Nueva York. En el vehículo se encontraba un niño de cinco años, identificado por la policía como hijo de Belgal, quien no resultó herido durante el incidente.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, afirmó que los agentes desconocían que el menor estaba en el automóvil cuando abrieron fuego. Según la versión presentada por las autoridades federales, Belgal, ciudadano dominicano que se encontraba en el país de manera irregular, se negó a abandonar el vehículo cuando los agentes intentaron detenerlo y posteriormente utilizó el automóvil de una forma que puso en riesgo a los funcionarios y al menor.

Marcos Charles, alto funcionario de ICE, sostuvo que Belgal aceleró el vehículo, impactó dos automóviles de la agencia y condujo posteriormente en dirección a otros agentes, tras lo cual los funcionarios dispararon. Belgal sufrió una herida superficial en el cuello y quedó bajo custodia federal en un centro de detención ubicado fuera del estado de Nueva York. Las autoridades también señalaron que tiene antecedentes penales, incluida una condena por hurto mayor, además de un proceso pendiente relacionado con cargos por drogas.

Las imágenes de las cámaras corporales utilizadas por los agentes todavía no han sido divulgadas públicamente, por lo que algunos aspectos de lo ocurrido continúan dependiendo de las versiones ofrecidas por las autoridades. Mullin indicó que las grabaciones serán publicadas posteriormente, mientras continúa la revisión del incidente y de las circunstancias que llevaron a los agentes a utilizar sus armas.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, cuestionó la actuación de ICE y afirmó que este tipo de operativos disminuye la seguridad de la ciudad. Mamdani señaló que se comunicó con el presidente Donald Trump y con Mullin para solicitar la liberación de Belgal, sin lograrlo, y reiteró su oposición a las operaciones de ICE en espacios públicos, escuelas y hospitales de Nueva York.

Mullin, por su parte, cuestionó las denominadas políticas de “ciudad santuario” de Nueva York, que limitan determinadas formas de cooperación entre las autoridades locales y las agencias federales de inmigración. El secretario sostuvo que esas restricciones dificultan que ICE reciba bajo custodia a personas buscadas por las autoridades migratorias y obligan a realizar arrestos directamente en las comunidades, mientras que funcionarios de la ciudad mantienen que dichas políticas buscan delimitar el papel de las agencias locales en la aplicación de la legislación federal migratoria.

SANCIONES

Washington amplía sanciones contra la Corte Penal Internacional

La administración del presidente Donald Trump anunció nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI; International Criminal Court, ICC), en una medida que amplía la presión de Washington sobre el tribunal con sede en La Haya. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que la decisión busca impedir que la corte avance en acciones que, según la administración, amenazan la soberanía estadounidense y podrían afectar a ciudadanos de Estados Unidos e Israel.

Rubio señaló que Estados Unidos prohibirá transacciones con la CPI para limitar sus recursos y su capacidad de operar frente a los intereses estadounidenses. La medida incluye restricciones financieras amplias y contempla un plazo de seis meses antes de su aplicación, que según Rubio busca dar espacio a los Estados miembros para negociar una solución, aunque el Departamento del Tesoro de Estados Unidos mantiene algunas excepciones limitadas para transacciones esenciales.

El anuncio se produjo horas después de que la jurista sudafricana Navi Pillay, exjueza de la CPI y exalta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recibiera el Premio Nobel de Paz. Sin embargo, la nueva ronda de sanciones forma parte de una ofensiva que venía desarrollándose desde antes, después de que Rubio anunciara en julio una campaña más amplia contra el tribunal por considerar que sus actuaciones exceden su jurisdicción frente a Estados Unidos.

La CPI rechazó la decisión y sostuvo que las sanciones buscan obstaculizar el curso de la justicia e impedir que el tribunal cumpla el mandato para el que fue creado. La presidenta de la corte, Tomoko Akane, afirmó que la institución continuará ejerciendo sus funciones con independencia e imparcialidad, con base en la ley y la evidencia, y pidió respaldo a los Estados miembros para proteger el orden internacional sustentado en el Estado de derecho.

Rubio también dijo que Washington espera que sus aliados acompañen las acciones contra la CPI, incluidos países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y Japón. El ministro de Exteriores de Países Bajos, Tom Berendsen, calificó la medida como lamentable y defendió el papel de la corte, mientras que los cancilleres de Alemania, Canadá, Dinamarca, Francia, Italia, Japón, Países Bajos y Reino Unido advirtieron en una declaración conjunta sobre el impacto significativo de la medida en el trabajo de la corte.

COMERCIO

Representante comercial Greer visitará plantas de manufactura avanzada en Utah

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, realizará una visita de dos días a Utah el 15 y 16 de octubre para recorrer instalaciones de manufactura avanzada y destacar las políticas de la administración Trump orientadas a fortalecer la base industrial y la resiliencia de las cadenas de suministro. La agenda incluirá empresas de semiconductores, productos de consumo, equipos médicos y manufactura especializada.

El 15 de octubre, Greer visitará la planta de Lifetime Products en Clearfield y participará en una conversación en la Universidad Brigham Young. Al día siguiente intervendrá en un panel del G20 Interfaith Forum en la Universidad de Utah y recorrerá las instalaciones de DPS Skis, Texas Instruments y Varex Imaging, donde también sostendrá una conversación con el director ejecutivo de la compañía, Sunny Sanyal.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (Office of the United States Trade Representative, USTR) señaló que la gira busca mostrar distintas capacidades manufactureras del estado, desde la producción de semiconductores hasta bienes de consumo como kayaks, sillas plegables y equipos deportivos. Greer cerrará su agenda con una cena organizada por World Trade Center Utah, mientras varias de las actividades previstas durante la visita estarán cerradas a la prensa.