La decisión fue revelada por The New York Times y afecta a periodistas específicos, no a los medios en conjunto, de tres de las principales salas de redacción económicas de Estados Unidos. El encuentro ministerial tiene como anfitrión al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y está precedido por la reunión de viceministros y subgobernadores de banca central del 29 y 30 de agosto, según el cronograma publicado por el propio Departamento.

Entre los excluidos figura Alan Rappeport, periodista de política económica que cubre el Tesoro para The Times desde 2017 y ha asistido de manera presencial a cerca de una docena de reuniones del G7 y del G20. También se negó la credencial a Matt Grossman, reportero de economía de The Wall Street Journal; un vocero del Journal declinó pronunciarse. De acuerdo con el Times, el Departamento sí acreditó a otro de sus periodistas, Jim Tankersley, jefe de la corresponsalía en Berlín, y el jefe de la oficina en Washington, Dick Stevenson, remitió el jueves una carta pidiendo reconsiderar la exclusión de Rappeport, sin que a la fecha se haya revertido la decisión.

Nicole Taylor, vocera de The New York Times, señaló en un comunicado que la medida constituye un intento de eludir el escrutinio público y de socavar el periodismo independiente. El medio agregó que la agenda del encuentro incluye asuntos de alta sensibilidad para la economía global, entre ellos sanciones, mercados de deuda e inflación. 

Un vocero del Tesoro respondió que el Departamento recibirá a cerca de 300 representantes de medios de aproximadamente una docena de países, incluidos NPR, The Washington Post y Al Jazeera, y que Bessent sostendrá múltiples encuentros con prensa durante el evento, entre ellos entrevistas individuales con medios locales y nacionales. Según el mismo vocero, el acceso a los formuladores de política pública conlleva la responsabilidad de informar con apego a los estándares periodísticos establecidos. 

La medida se inscribe en una serie de restricciones de acceso a la prensa adoptadas por la administración: el año pasado el Pentágono impuso una política de prensa más estricta que llevó a la mayoría de los medios a retirarse antes que suscribirla. The Times demandó a esa entidad y un juez determinó en marzo de 2026 que la política era inconstitucional. 

El episodio ocurre en el marco de la presidencia estadounidense del G20 durante 2026. La agenda del Finance Track en Asheville incluye crecimiento, deuda pública, regulación financiera, activos digitales y desbalances económicos entre países, y el año anfitrión concluirá con la cumbre de líderes del 14 y 15 de diciembre en Miami. 

De acuerdo con The Washington Post, que cita a personas familiarizadas con el asunto y documentación que respalda la información, estos veteranos han utilizado sus plataformas para respaldar los planteamientos del secretario y cuestionar a quienes fiscalizan a la administración, mientras el Departamento se abstuvo de informar sobre sus vinculaciones laborales.

El caso más documentado es el de Jennica Pounds, quien publica bajo el seudónimo DataRepublican ante cerca de un millón de seguidores en X. El Pentágono confirmó esta semana que se desempeña como empleada gubernamental especial desde julio, una figura de carácter temporal que no está sujeta a los mismos requisitos de divulgación que los funcionarios de tiempo completo. Según CBS News, cuyo productor coordinador de seguridad nacional, Jim LaPorta, obtuvo la confirmación oficial, Pounds había integrado hasta junio el cuerpo de prensa acreditado ante el Departamento y publicó cuestionamientos contra el entonces secretario del Ejército, Dan Driscoll, sin revelar que estaba en la nómina de la entidad.

La confirmación se produjo únicamente después de una disputa pública en la que Pounds afirmó estar siendo objeto de una maniobra para incriminarla; el episodio involucró a un funcionario del Departamento de Estado. El medio The Bulwark, en un reporte del periodista Will Sommer, identificó a otras figuras vinculadas al Departamento: el coronel retirado Thomas R. Anderson, conocido en redes como Cynical Publius, y el teniente coronel en servicio activo Adam D. Ortona. Anderson defendió públicamente a Pounds al sostener que no tenía obligación de revelar su rol gubernamental. El Departamento no respondió a las preguntas sobre si Anderson también trabaja para la entidad.

El asunto se inscribe en la política de acceso a prensa que Hegseth ha aplicado durante más de un año. En octubre, prácticamente la totalidad de los periodistas acreditados de medios tradicionales devolvió sus credenciales en protesta por la nueva política, y el vocero del Departamento, Sean Parnell, anunció que más de 60 periodistas de otro conjunto de medios habían suscrito el nuevo marco de acceso. Un juez federal determinó posteriormente que el propósito real de la política de acreditación era excluir a periodistas no favorecidos, aunque un tribunal de apelaciones permitió mantener vigente un requisito conexo de acompañamiento mientras avanza el proceso.

Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato para detallar movimientos militares sensibles, informó que se observó a fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria preparándose para lanzar cohetes con minas marinas hacia el estrecho. De acuerdo con el mismo funcionario, las fuerzas estadounidenses alcanzaron dos lanzadores en la isla, ubicada cerca del estrecho de Ormuz, una ruta clave del comercio marítimo global que se mantiene en el centro de las tensiones regionales. Al Jazeera reportó, citando a un funcionario estadounidense, que las fuerzas en la región permanecen en alerta máxima y que Washington seguirá defendiendo el libre flujo del comercio marítimo por el estrecho; no hay confirmación oficial sobre el resultado preciso del ataque ni sobre si los lanzadores quedaron destruidos. 

 Residentes reportaron haber escuchado una explosión cerca de la isla de Larak el domingo, según la agencia semioficial iraní Fars. En un comunicado difundido por la emisora estatal iraní, la Guardia Revolucionaria se refirió a la muerte y las heridas de varios de sus combatientes y de civiles, y advirtió que el ataque derivará en el "castigo del agresor". 

 La acción ocurre después de que el Comando Central de Estados Unidos completara la semana pasada la limpieza de minas marinas en las rutas internacionales de navegación del estrecho, según ha informado la administración Trump. El presidente Donald Trump afirmó el martes que Irán fue notificado de que cualquier embarcación que instale nuevas minas será destruida de manera inmediata y sistemática. 

Horas antes del ataque, la Guardia Revolucionaria sostuvo que el estrecho de Ormuz se encuentra bajo su control total y advirtió que atacaría a cualquier embarcación que intentara cruzarlo sin su autorización. Según un vocero de esa fuerza, Irán alcanzó entendimientos con Omán sobre la administración del estrecho y el reparto de los ingresos que genera, y acusó a Estados Unidos de obstruir y demorar el acuerdo. La confrontación se produce mientras Teherán enfrenta una crisis económica agravada por las sanciones estadounidenses, con protestas el sábado en la capital por la inflación y el recorte de beneficios estatales. 

En el plano energético, la interrupción del tránsito por Ormuz sigue reflejándose en los balances globales. La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) estimó que el crudo y los líquidos del petróleo transportados por el estrecho promediaron 4,9 millones de barriles diarios en el segundo trimestre de 2026, frente a 21,6 millones diarios en el cuarto trimestre de 2025, antes del inicio del conflicto. La EIA tampoco prevé que la producción de petróleo de Medio Oriente regrese a niveles cercanos a los previos al conflicto antes de comienzos de 2027, y proyecta un precio promedio del Brent de 87 dólares por barril en 2026. El Brent cerró la semana pasada alrededor de 88 dólares por barril, mientras Goldman Sachs calculó que las exportaciones del Golfo Pérsico se han recuperado hasta cerca de dos tercios de los niveles previos a la guerra, entre 15 y 16 millones de barriles diarios. 

El aviso fue publicado el jueves en el Sistema de Pronóstico de Planeación de Adquisiciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y fue reportado inicialmente por el medio 404 Media. De acuerdo con el documento, la adquisición busca dotar a la agencia de una capacidad robótica operada de manera remota para inspección, reconocimiento del entorno y evaluación de amenazas en entornos que puedan representar un riesgo para el personal. El texto agrega que la tecnología contribuye a la seguridad de los oficiales, respalda la toma de decisiones operativas y mejora la capacidad del Departamento para responder a incidentes en áreas peligrosas, confinadas, inestables o de difícil acceso. El aviso no precisa cuántas unidades se adquirirían.

Un funcionario de alto nivel del DHS confirmó los planes a NBC News y precisó que los robots no se utilizarán para realizar arrestos, sino en situaciones que puedan resultar inseguras para los oficiales. Los equipos Spot son cuadrúpedos dotados de cámaras de 360 grados y sensores capaces de detectar vibraciones, gases y radiación, así como de brazos extensibles, y no están diseñados para acciones de ataque como las de un canino policial convencional.

Un vocero de Boston Dynamics señaló que la compañía vende a numerosas agencias gubernamentales y organizaciones de seguridad pública, y que sus robots se emplean para mantener a las personas fuera de peligro y apoyar a los cuerpos de primera respuesta en la evaluación de situaciones riesgosas. ICE y el DHS no respondieron a solicitudes de comentario de The Boston Globe. La tecnología ya es utilizada por el Servicio Secreto y el Departamento de Policía de Nueva York operó previamente un programa con estos equipos.

La compra se enmarca en un aumento del gasto en equipamiento de ICE en paralelo a la intensificación de sus operativos. El jueves, The Associated Press reportó que la agencia adjudicó un contrato por 16,7 millones de dólares para la adquisición de 6.000 pares de guantes con capacidad de descarga eléctrica, un dispositivo distinto de los robots. Según la información disponible, los guantes incorporan electrodos conductores en la palma que producen pulsos eléctricos por contacto directo con la piel y no operan a través de la ropa. El DHS los presenta como una herramienta de desescalamiento, mientras organizaciones como la National Day Laborer Organizing Network (NDLON) han cuestionado su incorporación por sus implicaciones sobre los límites del uso de la fuerza.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, presentó el cartel el 29 de agosto en el área de conservación Fifty Point, en Grimsby, Ontario, y posó para fotografías vistiendo la camiseta de la selección canadiense de fútbol, según reportó The Associated Press. La estructura mide 24 por 12 pies (7,3 por 3,6 metros) y se levanta sobre soportes de 6 pies, de modo que su parte superior queda a unos 18 pies del suelo, cerca de dos pisos de altura. El mensaje se repite en francés, la segunda lengua oficial de Canadá. En un video difundido en redes sociales, Ford afirmó que el lago se llamaba lago Ontario mucho antes del presidente Trump y que seguirá llamándose así después de su mandato.

El gesto responde a la orden ejecutiva firmada por Trump el 27 de agosto, que instruye a las agencias federales estadounidenses, entre ellas el Departamento del Interior, a utilizar la denominación "Lago América". De acuerdo con AP, el mandatario vinculó explícitamente la medida al deterioro de las negociaciones comerciales con Canadá, país al que calificó como el socio más difícil en materia de comercio.

La Casa Blanca celebró el domingo 30 de agosto que Google Maps aplicara el cambio de nombre para sus usuarios en Estados Unidos. En una entrada de blog, la compañía explicó que ajustó la denominación para alinearse con las fuentes oficiales del gobierno estadounidense, específicamente el Sistema de Información de Nombres Geográficos (GNIS). Los usuarios en Canadá seguirán viendo "lago Ontario" y el resto del mundo verá ambos nombres, según informó Deutsche Welle con base en AFP y Reuters.

La medida no cuenta con reconocimiento internacional y fue rechazada por las autoridades canadienses. Ford calificó la decisión de completamente absurda en declaraciones a ABC News el domingo y sostuvo que "nadie lo va a llamar lago América". El antecedente inmediato es el cambio del golfo de México por "golfo de América" ordenado al inicio del segundo mandato de Trump, impugnado por el gobierno mexicano y que también derivó en modificaciones de visualización en las aplicaciones de Google y Apple.

La reacción de los dirigentes canadienses ha combinado rechazo y burla más que confrontación formal. Ford calificó la decisión de completamente absurda en declaraciones a ABC News el domingo y sostuvo que "nadie lo va a llamar lago América". El primer ministro Mark Carney señaló que el nombre del lago tiene más de 400 años y es anterior tanto a la Confederación canadiense como a la Declaración de Independencia de Estados Unidos, mientras que el primer ministro de Manitoba, Wab Kinew, comparó la medida con un intento de repetir un éxito anterior.

El episodio se inscribe en una escalada comercial de fondo. Las negociaciones bilaterales colapsaron el 21 de agosto y al día siguiente entraron en vigor aranceles estadounidenses del 50% sobre un conjunto amplio de bienes canadienses, que incluye materiales de construcción, licores, ciertas prendas de vestir y palos de hockey, por un valor cercano a los 20.000 millones de dólares, según NPR. Carney anunció que Canadá replicará dólar por dólar a partir del 8 de septiembre: duplicará al 50% sus contrarranceles sobre acero y aluminio estadounidenses y aplicará esa misma tasa a lácteos, muebles, ropa, consolas de videojuegos, teléfonos inteligentes y otros productos electrónicos, de acuerdo con Bloomberg. El propio Ford manifestó su respaldo a la respuesta arancelaria del gobierno federal.

El presidente Donald Trump señaló en una publicación en redes sociales que el proceso de llenado comenzará en breve y describió el crudo venezolano como un "regalo de Venezuela al pueblo de Estados Unidos", según reportó Reuters. No está claro con qué rapidez el acuerdo podrá aportar barriles a la reserva ni si generará algún beneficio de corto plazo para los consumidores estadounidenses: el pacto busca reactivar la industria petrolera venezolana, pero requerirá inversión significativa y obras de infraestructura antes de que la producción aumente de forma sustancial.

La reserva se ha reducido de manera drástica en los últimos años, tanto bajo el gobierno de Joe Biden como bajo el de Trump, en respuesta a interrupciones del suministro global asociadas a la invasión rusa de Ucrania y al conflicto con Irán. De acuerdo con Telemundo, a comienzos de agosto el inventario cayó por debajo de los 300 millones de barriles, una disminución superior a 100 millones desde el inicio de 2026.

El anuncio se apoya en el acuerdo que Trump comunicó el viernes 28 de agosto en Truth Social, en el que afirmó haber asegurado el control mayoritario estadounidense sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas venezolanas. Según el mandatario, la operación fue negociada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en coordinación con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Un funcionario de la Casa Blanca indicó a CNN que el acuerdo otorga a Estados Unidos el control efectivo del 55 % de la producción de una nueva empresa conjunta privada, descrita como la segunda mayor propietaria corporativa de reservas probadas del mundo, sin revelar su nombre. Rubio afirmó que el acuerdo traerá cerca de 100.000 millones de dólares en inversión privada para Venezuela.

Del lado venezolano, Rodríguez informó el sábado que el acuerdo tendrá una vigencia de 25 años, con una meta de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios y el desarrollo de 17 campos estratégicos, incluidos bloques de la Faja Petrolífera del Orinoco, con regalías mínimas del 16 % e impuesto sobre la renta del 34 %. La mandataria encargada sostuvo que "Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos" y que Estados Unidos aportará capital, tecnología y capacidad operativa. Mencionó además la firma de acuerdos con compañías como Chevron, Repsol, Eni, Shell y BP.

Existen diferencias entre las versiones oficiales sobre el alcance del pacto: un funcionario estadounidense señaló a CBS que la concesión a la empresa conjunta sería de 100 años, mientras que Rodríguez la describió como un acuerdo de 25 años. El texto del acuerdo no ha sido publicado.

El anuncio ocurre en medio de la crisis energética derivada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que durante seis meses ha interrumpido cerca de una quinta parte del suministro mundial de crudo por el estrecho de Ormuz, con la consiguiente presión sobre los precios de los combustibles.

En declaraciones a Fox News, Weeks sostuvo que la inteligencia artificial "genera muchísimos puestos de trabajo", especialmente en manufactura, y que casi todas las nuevas contrataciones de la compañía serán en fabricación avanzada, buena parte de ellas en Estados Unidos. El directivo señaló que, aunque la atención pública se concentra en los fabricantes de chips y los desarrolladores de software, son las conexiones de fibra óptica las que enlazan esos sistemas dentro de las instalaciones.

Corning, con sede en Nueva York y conocida por el vidrio de los teléfonos inteligentes y sus utensilios de cocina, anunció el 6 de mayo de 2026 una alianza comercial y tecnológica plurianual con NVIDIA para ampliar la manufactura estadounidense de soluciones ópticas de alta capacidad. Según el comunicado conjunto de ambas empresas, el acuerdo contempla la construcción de tres nuevas plantas de manufactura avanzada en Carolina del Norte y Texas, la multiplicación por diez de su capacidad de conectividad óptica en territorio estadounidense, un aumento superior al 50% en su capacidad de producción de fibra y la creación de más de 3.000 empleos.

El fundador y presidente ejecutivo de NVIDIA, Jensen Huang, describió la construcción de infraestructura asociada a la inteligencia artificial como la mayor de su tiempo y como una oportunidad para revitalizar la manufactura y las cadenas de suministro estadounidenses. La capacidad ampliada de Corning abastecerá la conectividad óptica que utilizan los centros de datos de hiperescala para desplegar cómputo acelerado, un segmento en el que las cargas de trabajo modernas requieren miles de procesadores gráficos y volúmenes elevados de fibra y fotónica.

El movimiento se suma a un acuerdo previo con Meta, anunciado en enero y por un valor de hasta 6.000 millones de dólares, que amplía la planta de cable óptico de Corning en Hickory, Carolina del Norte, con cerca de 1.000 empleos adicionales. En el plano financiero, la acción de la compañía acumula un alza superior al 250 % en doce meses según CNBC, y sus ventas centrales del primer trimestre crecieron 18 % interanual hasta unos 4.350 millones de dólares.

La medición, publicada el miércoles, confirma que las presiones de precios se mantienen en un nivel muy por encima de la meta de la Reserva Federal. En un discurso pronunciado el viernes en Jackson, Wyoming, el presidente de la Fed, Kevin Warsh, condicionó cualquier movimiento a la evidencia de que la inflación subyacente avanza hacia el objetivo con claridad y a velocidad suficiente; de lo contrario, señaló, "tenemos trabajo por hacer". De acuerdo con el análisis, los responsables de política monetaria han manifestado inquietud por la inflación, pero por ahora se han abstenido de subir las tasas.

Sobre el frente fiscal, el Times consigna que la deuda nacional superó los 40 billones de dólares, ampliando su distancia frente al producto anual de la economía, y que el costo de servirla se ubica ya entre los mayores gastos del gobierno federal. Jessica Riedl, investigadora en presupuesto e impuestos de la Brookings Institution y exasesora de un senador republicano, sostuvo que los recortes de gasto prometidos no se han materializado pese al control republicano del gobierno.

En materia comercial, el análisis vincula la presión sobre los precios con la escalada arancelaria de la semana pasada frente a Canadá, que incluyó nuevos gravámenes sobre un subconjunto de importaciones y la amenaza de derechos adicionales sobre la industria automotriz, seguida de la retaliación canadiense. El Yale Budget Lab, de carácter no partidista, estimó este mes que los hogares estadounidenses enfrentarían en promedio unos 1.100 dólares adicionales en costos anuales por el conjunto actualizado de aranceles. Consultado el jueves sobre posibles aumentos de precios, el presidente Donald Trump sostuvo que los aranceles a Canadá resultarán favorables para Estados Unidos.

A esos factores se suma el conflicto con Irán, que cumplió seis meses el viernes y ha mantenido elevados los precios de los combustibles, además de aumentar el costo de la intervención militar. Olu Sonola, jefe de economía para Estados Unidos de Fitch Ratings, describió el efecto acumulado de esos choques, guerra y aranceles, como un desgaste sostenido que incide tanto en los precios como en las expectativas de los consumidores. Sarah House, economista sénior de Wells Fargo, proyectó que la inflación podría cerrar el año alrededor de 3,5 %, por encima de lo anticipado a comienzos de 2026.

El propio análisis matiza que no todos los indicadores son negativos: la economía sigue creciendo, la manufactura muestra recuperación y el mercado laboral se ha mantenido estable, en medio de una oleada de inversión en inteligencia artificial que ha producido jornadas de récord en los mercados financieros. Gregory Daco, economista jefe de EY-Parthenon, señaló en una nota de investigación que el país habría registrado un crecimiento más robusto de no mediar una serie de choques originados en decisiones de política pública. Desde la Casa Blanca, Christopher Phelan, nuevo presidente del Consejo de Asesores Económicos afirmó que las expectativas de inflación de largo plazo se han mantenido moderadas y sin cambios desde el inicio de la administración.

Los planteamientos aparecen en una carta fechada el 27 de agosto y publicada por Bessent en su cuenta de X al día siguiente, en respuesta a la solicitud de explicaciones de la senadora demócrata Elizabeth Warren, principal representante de su partido en el Comité Bancario del Senado, sobre la operación cambiaria adelantada con Tokio, según reportó Reuters. En el documento, el secretario subrayó que Japón es un tenedor relevante de deuda del Tesoro estadounidense, de hecho, el mayor tenedor extranjero de títulos del gobierno de Estados Unidos, y que un mercado desordenado del yen puede transmitirse a las tasas de interés estadounidenses.

Estados Unidos y Japón ejecutaron el 31 de julio una inusual intervención conjunta de compra de yenes, con el objetivo de evitar que una venta masiva de la divisa y de los bonos del gobierno japonés se propagara a los mercados globales. Se trató de la primera intervención estadounidense para comprar yenes desde 1998. Bessent precisó que el Tesoro utilizó activos en moneda extranjera ya existentes en su Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF), que fueron intercambiados por yenes, y anteriormente había indicado que se emplearon euros. "La crisis mejor manejada es la que nunca ocurre", afirmó el secretario al defender la decisión.

De acuerdo con CNBC, la respuesta de una página dejó varias preguntas de Warren sin resolver: Bessent no reveló el monto de yenes adquiridos, el precio de ejecución ni el valor actual de la posición, ni precisó si el Banco Central Europeo fue consultado antes de la venta de euros. El secretario sostuvo que el Departamento actuó conforme al estatuto del ESF, que autoriza expresamente al secretario, con aprobación presidencial, a operar en los mercados cambiarios en apoyo de acuerdos cambiarios ordenados, y afirmó que no se extendió crédito alguno a Japón.

El pronunciamiento coincidió con un nuevo debilitamiento del yen frente al dólar, pese a las expectativas de que el Banco de Japón eleve sus tasas de interés en el corto plazo. La divisa se ha recuperado del mínimo de 40 años cercano a 164 por dólar registrado el mes pasado y llegó a 155,20 poco después de la intervención, pero ha vuelto a debilitarse hacia 160. El viernes, Japón informó que destinó un monto récord de 96.400 millones de dólares en el último mes para sostener su moneda.

Durante la sesión plenaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, Ebrard señaló que México ha buscado conservar la posición más privilegiada posible en el mercado estadounidense, pero que al mismo tiempo está exportando cada vez más, según reportó la agencia EFE. El funcionario afirmó que México paga actualmente un arancel efectivo del 3,4% en Estados Unidos, el menor entre los principales socios comerciales de ese país, y recordó que más del 83% de las exportaciones mexicanas tienen como destino ese mercado.

De acuerdo con el secretario, entre 2025 y 2026 se produjo un fuerte salto de las ventas mexicanas, impulsado principalmente por equipos electrónicos, de cómputo y productos asociados al auge de la inteligencia artificial en Estados Unidos. Ebrard advirtió que ese crecimiento supone una dificultad adicional frente a la política proteccionista del presidente Donald Trump, quien considera perjudicial el déficit comercial estadounidense, y describió el riesgo de que cada nueva cifra de déficit derive en una discusión sobre elevar los aranceles a México.

México se ha consolidado como el principal socio comercial de Estados Unidos y en mayo alcanzó un récord mensual de exportaciones a ese mercado por 54.180 millones de dólares. Alrededor del 85% de esas exportaciones continúa ingresando sin aranceles al cumplir las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Ambos países mantienen negociaciones en el marco de la revisión del T-MEC, con una nueva ronda bilateral prevista para septiembre en Washington. México busca reducir los gravámenes que todavía pesan sobre sectores como el automotriz, el acero y el aluminio, aplicados bajo la Sección 232, y ha solicitado que no se impongan nuevos aranceles mientras duren las conversaciones. Ebrard ha sustentado la petición señalando que los vehículos fabricados en México enfrentan una tarifa del 25 %, frente al 15% que pagan los producidos en Japón, Corea del Sur, Alemania o Marruecos, pese al alto contenido de autopartes estadounidenses en la producción mexicana.

Sobre la inversión extranjera directa, el secretario sostuvo que, pese a las previsiones de caída por la incertidumbre comercial, se mantiene en promedios muy altos, con Estados Unidos, España y Canadá como principales países de origen. Ebrard subrayó además la importancia de la diversificación y destacó la modernización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea, firmado en mayo y pendiente de ratificación, que según indicó permitirá que más del 95% de las exportaciones mexicanas accedan al mercado europeo y que autopartes y vehículos ingresen sin aranceles a los 27 países miembros.