Alertas Regulatorias, Alianza De AmCham Colombia Con El Apoyo De Orza, Relacionamiento Estratégico -  AmCham Colombia
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Exportaciones No minero

Alertas regulatorias, alianza de AmCham Colombia con el apoyo de Orza, relacionamiento estratégico

5 de febrero de 2026

Lea aquí el resumen de las noticias más relevantes de la semana en sectores de interés para la Comunidad AmCham Colombia preparado por Orza a través de la herramienta de monitoreo y estimación de riesgos regulatorios Sonar.

  • Comercio

– El Ministerio de Comercio ha publicado para comentarios, el proyecto de decreto que busca, en primer lugar, imponer un arancel recíproco del 30% ad valorem a 23 partidas (73 subpartidas) de productos originarios y provenientes de Ecuador —principalmente bienes industriales, insumos y algunos agroindustriales— como respuesta equivalente a la “tasa de seguridad” del 30% aplicada por Ecuador a las exportaciones colombianas. La medida se plantea como temporal y estaría vigente hasta que Ecuador levante dicha tasa, bajo el argumento de proteger la seguridad nacional y restablecer condiciones “equitativas” de comercio bilateral.

En segundo lugar, propone restricciones al ingreso por vía terrestre (únicamente por las Direcciones Seccionales de Ipiales y Puerto Asís) de ciertos productos específicos: (i) arroz y derivados seleccionados; (ii) un conjunto amplio de productos agropecuarios frescos (incluye, entre otros, papa y otras solanáceas, plátano, banano bocadillo, aguacate, coco, cebolla, tomate, fríjol, maracuyá y algunos productos pesqueros y acuícolas); y (iii) insumos químicos asociados a la producción de fentanilo. Estos productos podrían seguir ingresando por vía marítima o aérea, pero su entrada terrestre quedaría prohibida, con aprehensión de mercancías y vehículos en caso de incumplimiento.

● Salud

– La Resolución 157 de 2026 adopta formalmente la Política de Prevención del Daño Antijurídico (PPDA) del Ministerio de Salud y Protección Social para las vigencias 2026–2027, en cumplimiento de la Ley 2220 de 2022 y de los lineamientos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE). Su propósito central es que el Ministerio cuente con una política y un plan de acción institucional para identificar riesgos jurídicos, especialmente aquellos que puedan generar litigios contra la entidad, y adoptar medidas administrativas para mitigarlos de manera preventiva. De manera más específica, la política se enfoca en prevenir la configuración del llamado

“contrato realidad” dentro del Ministerio (es decir, situaciones en las que relaciones de prestación de servicios puedan ser consideradas laboralmente como contratos de trabajo), por ser este el principal foco de litigiosidad identificado a partir del análisis de procesos judiciales en curso.

● Laboral

– El Ministerio del Trabajo de Colombia ha implementado un código QR para facilitar la denuncia de incumplimientos relacionados con el nuevo salario mínimo de 2023. Esta herramienta permite a los trabajadores reportar de manera rápida y sencilla cualquier irregularidad en el pago de su salario, promoviendo así el cumplimiento de las normativas laborales vigentes.

Al escanear el código QR, los usuarios son redirigidos a una plataforma donde pueden registrar su denuncia, la cual será atendida por las autoridades competentes. Esta iniciativa busca fortalecer la vigilancia y el control del cumplimiento del salario mínimo, garantizando los derechos laborales de los trabajadores en el país.

● Minero energético

– El Ministerio de Minas y Energía dispuso para comentarios, hasta el 14 de febrero de 2026, el proyecto de resolución mediante el cual se establecen lineamientos para el ejercicio de la fiscalización minera en el país. La propuesta busca actualizar y sistematizar los criterios técnicos, jurídicos y operativos que orientan las labores de inspección, vigilancia y control sobre los títulos mineros, precisando el alcance de las actuaciones de la autoridad minera y los estándares mínimos que deben observar los titulares en materia de cumplimiento contractual, técnico, ambiental y de seguridad minera. El proyecto se enmarca en el objetivo de fortalecer la gestión integral del ciclo minero y mejorar la trazabilidad y consistencia de las actuaciones de fiscalización.

La resolución define roles, procedimientos y herramientas para la programación y ejecución de visitas de fiscalización, la evaluación de informes técnicos y el seguimiento a los planes de mejoramiento cuando se identifiquen incumplimientos. Asimismo, establece criterios para la graduación de hallazgos, la articulación con otras autoridades (ambientales y territoriales) y el uso de sistemas de información para el registro y análisis de resultados.

● Tributario – Asuntos financieros

– El Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 110 de 2026 adiciona al presupuesto del bienio 2025–2026 del Sistema General de Regalías (SGR) los recursos correspondientes a los rendimientos financieros generados entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2025 por los recursos de Asignaciones Directas depositados en la Cuenta Única del SGR, así como los rendimientos y saldos que fueron reintegrados a dicha cuenta en ese mismo periodo (provenientes de saldos no aprobados en cuentas maestras y de saldos no ejecutados de proyectos de inversión de vigencias anteriores). En total, incorpora $300.388.270.041 al presupuesto del SGR.

El decreto precisa cómo estos recursos se incorporan tanto en el presupuesto de ingresos como en el de gastos del Sistema, y establece su distribución detallada por tipo de asignación y por entidad beneficiaria (departamentos, municipios y corporaciones autónomas regionales), conservando la destinación original de los recursos conforme a la normativa del Sistema General de Regalías.

● TIC

– Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) expidió la Resolución 00204 de 2026, la cual establece las condiciones y características de las garantías que deben constituir los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST) que sean exceptuados del pago de la contraprestación periódica única. Esta medida busca asegurar que los recursos que los PRST dejarán de pagar al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC), en virtud de las excepciones previstas en la Ley 1341 de 2009, sean efectivamente invertidos en beneficio de los usuarios. La resolución también fija las disposiciones para el seguimiento al cumplimiento de los planes de inversión, con el objetivo de garantizar que los PRST beneficiados cumplan efectivamente con los compromisos establecidos en dichos planes. El Ministerio enfatiza que el cumplimiento de estos planes es una obligación de interés público, pues está directamente relacionado con la adecuada prestación del servicio público esencial de telecomunicaciones, su masificación y cobertura. Por ello, los planes deben ejecutarse bajo los principios de eficacia, eficiencia y responsabilidad consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, con la supervisión del Ministerio para garantizar calidad, continuidad y oportunidad

Para más información puede contactar a Gonzalo Araujo en el correo [email protected]